El Citibank recurrió a la justicia para frenar el avance del gobierno y el desplazamiento de su CEO, Gabriel Ribisich, como representante legal. El banco, con el respaldo de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) presentó hoy un recurso de amparo en el juzgado federal número 3 en lo Contencioso Administrativo para revertir rápidamente esta decisión. La entidad presenta batalla al gobierno justo en el mismo momento en el que el Banco Central inició una suerte de «inspección integral» de la entidad.
La decisión del Central de revocar la habilitación de Ribisich fue duramente cuestionada por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AMCHAM) que pidieron la revisión de la medida y alertaron que se generaba un daño a la entidad monetaria.
El 27 de marzo, la Comisión Nacional de Valores suspendió al Citibank Argentina para operar en mercado de capitales local por considerar que el acuerdo que firmó con holdouts viola la legislación nacional.
El miércoles 1 de abril, a última hora, el directorio del Banco Central resolvió dejar sin efecto la habilitación otorgada a Gabriel Juan Ribisich para desempeñarse como representante legal y máximo responsable de la sucursal de ese banco al considerar que desconoció el marco legal vigente sobre las normas sobre reestructuración soberana de deuda, según informa el sitio TN.
El Citibank estaba en la disyuntiva de cumplir con el gobierno argentino y la justicia estadounidense. Por un lado, tenia que hacer de custodio de los bonos argentinos y pagar los vencimiento del 31 de marzo y el 30 de junio. Pero por otro lado, el juez Griesa le frenó el pago por considerar que primero había que cumplir con los fondos buitre que obtuvieron una sentencia a favor por sus bonos impagos desde el default de 2002.
Los abogados del banco, por mandato de las autoridades estadounidenses de la entidad, acordaron con el juez y los fondos buitre pagar los vencimientos y luego desprenderse del negocio de custodia de bonos argentinos. La decisión no fue del agrado del gobierno y fue el mismo ministro de Economía y la Presidenta quienes salieron a criticar al banco y acusarlo de «violar la ley argentina».
Citibank Argentina, con el patrocinio de sus abogados del estudio Marval O´Farrell, presentó una medida precautoria a la Justicia (en el juzgado de Claudia Rodríguez Vidal en lo Contencioso Administrativo Federal) para poder preservar a su presidente, Gabriel Ribisich y que pueda seguir en sus funciones. El BCRA, por medio de la Superintendencia de Entidades Financieras, le había fijado un plazo perentorio de 24 horas para definir un reemplazante.
La Sala 2ª de la Cámara del Trabajo dio a conocer la resolución sobre una medida cautelar presentada en septiembre de 2012, donde se pidió la paralización de la obra de la empresa Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, según informa el sitio cba24n. El fallo fue dividido: 2 a 1.
La acción presentada contra la Municipalidad de Malvinas Argentinas declara inconstitucional la ordenanza municipal que autoriza a Monsanto a realizar las tareas preliminares para la obra de la planta secadora de granos, que la empresa proyecta construir en un pedio ubicado en Ruta A 188 Km 9 ½.
El amparo solicita como medida cautelar que se suspendan las obras de la planta acondicionadora de granos de Monsanto, hasta tanto se presente el estudio de impacto ambiental y las autoridades municipales llamen a una consulta popular para conocer si los habitantes están a favor o contra el emprendimiento de Monsanto.
En la práctica, la obra estaba suspendida de manera momentánea debido al bloqueo que un grupo de ambientalistas realiza en el ingreso al predio desde hace más de tres meses.
Qué dice Monsanto
Minutos después de que se conociera el fallo judicial, la multinacional emitió un comunicado que se reproduce a continuación:
«A partir de la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo conocida hoy con respecto al amparo presentado por el Club de Derecho en referencia a las autorizaciones emitidas por las autoridades provinciales y municipales para la construcción de la planta acondicionadora de maíz en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba, Monsanto desea expresar que no comparte la resolución judicial de suspender la continuidad de la obra hasta la obtención del estudio de impacto ambiental.
Sin embargo, Monsanto es respetuosa de las decisiones del Poder Judicial y acatará como siempre sus medidas.
Asimismo, Monsanto confirma que apelará dicha sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia, dado que considera legítimo su derecho a construir la planta al haber dado cumplimiento con todos los requisitos legales y haber obtenido las autorizaciones para ello conforme la normativa vigente, lo que fuera confirmado por sentencia del Juzgado de Primera Instancia de fecha 7 de octubre de 2013.
Hace más de tres meses que los empleados y contratistas de Monsanto no pueden ejercer el derecho a trabajar, debido a la acción de extremistas que bloquean los ingresos al predio, ejercen violencia y desoyen sistemáticamente las decisiones judiciales.
Monsanto desea aclarar además que ya ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental, documento que está en proceso de evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia».
La jueza federal, con competencia electoral, María Servini de Cubría, no aceptó el pedido de una medida cautelar presentada por una agrupación de abogados contra la reforma del Consejo de la Magistratura en el marco de los proyectos de democratización de la justicia.
“Dada la naturaleza de la acción no corresponde expedirse de momento con respecto de la medida cautelar intentada”, dijo Servini de Cubría en su resolución en la que “corrió traslado” al Poder Ejecutivo por cinco días para que responda; tras lo cual estaría en condiciones resolver sobre la cuestión “de fondo”, es decir, sobre la constitucionalidad o no de la reforma, informa Ámbito.com
Los letrados que conforman la agrupación “Gente de Derecho” que encabeza el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, habían pedido ante la justicia electoral que se impida la elección popular de representantes en el Consejo de la Magistratura.
Sobre la excusación del fiscal electoral Jorge Di Lello, Servini de Cubría sostuvo: “No resulta imprescindible la participación del representante del Ministerio Público”.
De esa manara, Servini de Cubría optó por escuchar al Estado antes de resolver sobre las cautelares, y para ello habilitó días y horarios inhábiles, lo que prevé que dará una definición lo más rápido posible antes del 22 de junio próximo que es el límite en que las listas deben presentar los candidatos.
El abogado cordobés Martín Carranza Torres está ultimando detalles de la redacción de una acción de amparo colectivo para evitar que rija la ley de Consejo de la Magistratura, incluida dentro de la llamada reforma judicial y que seguramente será aprobada el próximo miércoles por el Senado de la Nación.
¿Cómo surgió la iniciativa? Carranza Torres decidió crear un grupo en Facebook “con gente preocupada por el avance del Poder Ejecutivo sobre la Justicia. Venía pensando en presentar un amparo colectivo, ya que no hacen falta demasiadas adhesiones, pero la reacción de la gente me terminó de confirmar que debía hacerlo”, sostuvo Carranza Torres, al frente del estudio Carranza Torres y Asociados.
-¿En qué consiste la acción de amparo?
-Lo que está en juego son los derechos de incidencia colectiva, es decir que cualquier persona lo puede iniciar. Tenemos por ejemplo el derecho a un medio ambiente puro y cualquier persona puede presentar un amparo cuando ve violado ese derecho. Del mismo modo, la división de poderes en el país es un derecho de cualquier ciudadano y se puede presentar a través de un amparo.
-¿Quiénes están representados en este grupo?-El grupo en Facebook empezó el 1º de mayo y espontáneamente la gente fue sumando a otros en la red. En este momento hay casi 6.500 adherentes, ya que hay una efervescencia muy grande, porque esto está planteando desde un punto de vista no político. A esto se lo puede ligar con la gente que estuvo en la calle el 18 de abril. Si dentro de 2 ó 4 años hay otro gobierno, ese gobierno se va a aprovechar de este avasallamiento institucional. Acá hay una oligarquía política enquistada en la Cámara de Diputados y Senadores, que de alguna manera se retroalimenta. Es esperable que esta reforma se afiance con el tiempo.
-¿Cuándo y dónde va a presentar el amparo?
-Por lo pronto, hay que esperar a que la ley se haya sancionado, promulgado y publicado en el Boletín Oficial. Vamos a ser muy prudentes en esperar que se cumpla con las formalidades de la ley. Una vez presentado el amparo se van a hacer las adhesiones como corresponde.