En los próximos meses Rosario podría tener su propio índice de precios a partir de la puesta en funcionamiento de una ordenanza que fue aprobada en 2014 y que exige a los supermercados informar semanalmente sus precios reales ante la oficina de la defensoría del consumidor.
Con esos datos concretos y de manera semanal, el municipio podría cruzar la información y lograr un índice de precios de Rosario (Ipro), que tendría un impacto directo en la ciudad y que permitiría hacer la mejor elección para las compras de los productos básicos.
La ordenanza que exige a los supermercados informar sus precios, fue presentada por el concejal Jorge Boasso en 2014 y aprobada por el cuerpo legislativo pero nunca se puso en funcionamiento.
Desde el entorno del edil indicaron a Impulso Negocios que el proyecto es de fácil aplicación y que el hecho de que se discuta el tema a nivel nacional podría acelerar los pasos.
La oficina de defensa del consumidor deberá exhibir la información con la dirección del establecimiento, el producto y el precio. La posibilidad de contar con esa información de manera regular resulta clave para poder pensar en establecer un índice confiable que ayude a los consumidores.
La oportunidad para llevar adelante un mecanismo así encuentra en el contexto de precios a nivel nacional su mejor justificación. La propuesta es que todas las organizaciones defensa de los consumidores se sumen para actuar como controladores y así aportarle mayor veracidad al sistema.
Defensa del Consumidor de la Provincia multó y clausuró a distintas empresas que comercializan y venden viviendas prefabricadas en la Provincia de Córdoba.
Las sanciones fueron aplicadas mediante resoluciones que se originaron en reclamos realizados por adquirientes de dichas viviendas perjudicados por diversos incumplimientos, tales como la falta de entrega de las viviendas o de terminación de partes esenciales (baños, pisos, techos, instalación eléctrica); incorrecta instalación de cerraduras o aberturas; problemas de humedad y de electricidad, según informaron desde la Provincia.
Las empresas de viviendas sancionadas con multa fueron “La Pirámide” por un monto de 70 mil pesos; “La Soñada” con 45 mil pesos; “Mi sueño” con 30 mil pesos y “Dulce Hogar” con 30 mil pesos. En todos los casos se estableció además la clausura durante plazos de entre 3 a 5 días.
Las penalidades fueron aplicadas por los perjuicios resultantes para los consumidores frustrando el derecho de acceso a una vivienda digna, el cual por tener reconocimiento en la Constitución Nacional (art. 14 Bis) y Provincial (art. 58), requiere una especial protección por parte de los organismos del Estado provincial. Se puntualizó en este caso que pretende modificar las malas prácticas comerciales detectadas, actuando como prevención frente a este tipo de conductas.
Asimismo, “el hecho de que las viviendas de tipo prefabricadas, por su menor costo, son elegidas principalmente por personas de escasos recursos, quienes no pueden optar por las contrataciones tradicionales (préstamos hipotecarios o compraventa directa), supone una mayor vulnerabilidad de sus derechos e intereses”, explicó Andrés Varizat, director de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.
Se detectaron también comprobantes de pago entregados a los consumidores al momento de la entrega de dinero, que no poseían validez como documento de venta en los términos del art. 10 de la ley de Defensa del Consumidor 24.240.
Varizat también hizo hincapié en que las sanciones tienen como objetivo primordial “la prevención de situaciones similares en el futuro y el objetivo que las firmas denunciadas readecúen sus procesos de fabricación y comercialización hacia un estricto cumplimiento de lo que disponen las leyes de Defensa del Consumidor N° 24.240 y de Lealtad Comercial N° 22.802″.