El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó ayer los Indicadores Socioeconómicos correspondientes a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que no arrojó ninguna sorpresa.
El dato principal es que un tercio de los cordobeses asalariados permanece trabajando sin que se les realicen los descuentos jubilatorios correspondientes; es decir, en negro.
Las estadísticas difundidas por el INDEC muestran que, al cierre del primer trimestre, el 32,5% de los asalariados del Gran Córdoba no estaban debidamente registrados.
Esto supone una reducción en comparación con el 33,7% registrado en el mismo período del año pasado.
De todos modos, hace ya una década que los valores oscilan entre el 32% y el 36%, lo que implica que la economía no ha logrado generar las condiciones para achicar esa proporción y sumar más puestos de trabajo formales.
La proporción de cordobeses bajo este inconveniente laboral es similar a la del país, que arrojó una estadística del 31,9%, lo que significa unos 4 millones de trabajadores en esa condición.
(DyN) – La Comisión Nacional de Justicia y Paz condenó el trabajo «en negro» y la explotación laboral, llamó a recrear la «cultura del trabajo» en el país y reclamó a la dirigencia política que la generación de fuentes de trabajo «decente» sea una política de Estado.
El organismo episcopal, que preside Gabriel Castelli e integran mayormente laicos, dijo hacerse eco de la voz de quienes son «explotados en trabajos indignos y mal remunerados, trabajan ‘en negro’, carentes de los derechos que la ley les otorga, y de quienes no tienen trabajo» y expresó su preocupación por el desempleo juvenil, cuyas cifras, advirtió, «triplican las del también lamentable desempleo y subempleo adulto».
«La generación de fuentes de trabajo debe ser uno de los objetivos compartidos por todas las fuerzas políticas en el actual debate electoral, y alentamos a que se constituya como una de las anheladas políticas de Estado», sostuvo en un mensaje por el Día del Trabajador.
«Que esta nueva conmemoración nos aliente a responder a la tarea que nos compete para poder celebrar el próximo aniversario con más trabajo de calidad, con menos desempleo y trabajo ‘en negro’, con mejores salarios y condiciones de trabajo más adecuadas, sin trabajo esclavo, con más oportunidades para los jóvenes y, en consecuencia, con una sociedad más justa», sostuvo.
En esta línea, la CNJyP pidió a los dirigentes sindicales que «depongan intereses y cuestiones personales en pos del bien común del movimiento obrero» y desarrollen «demandas y negociaciones honestas y siempre en el marco de la ley».
El organismo eclesial exhortó a los empresarios a «generar puestos de trabajo con salarios justos y plena vigencia de las leyes laborales, anteponiendo el bien de las personas al lucro» e instó a los gobernantes y legisladores a priorizar las acciones tendientes a «generar empleo genuino, productivo y de calidad» y velar por «la abolición del trabajo esclavo y en negro».
La CNJyP demandó en particular priorizar «el empleo de los jóvenes y crear las condiciones para superar la prolongada etapa de los subsidios paliativos del desempleo, y posibilitar el acceso a fuentes de trabajo auténticas que dignifiquen plenamente a las personas».
El 35,5% de los trabajadores del Gran Córdoba que cobran un sueldo mensualmente por su labor no está registrado formalmente.
Así lo muestra el informe de Indicadores Socioeconómicos elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
El guarismo, correspondiente al cuatro trimestre del año pasado, supone un fuerte crecimiento en relación al 32,2% que había marcado el último trimestre de 2013.
Pero más importante aún es que, por cuestiones estacionales, siempre la comparación válida en materia de datos de empleo es la interanual y allí aparece un dato muy relevante: se trata de la mayor proporción de empleados en negro desde los últimos tres meses de 2007.
Al cierre de ese año, el guarismo se había ubicado en 40,5% y al año siguiente se redujo hasta 34,5%, que venía siendo el “techo” para un cierre de año hasta el 2014. En el medio, las tasas fueron las siguientes: 32,4% (2009), 33,6% (2010), 33,9% (2011), 33,8% (2012) y 32,2% (2013).
En tanto, la cifra de Córdoba está por encima del 34,3% de promedio de empleo en negro registrado por el INDEC a nivel nacional, que significó un incremento de 0,8 punto porcentuales respecto a 2013, cuando la porción de trabajadores en negro correspondía al 33,5 por ciento.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó 14 domicilios en capital y Gran Buenos Aires y realizó más de diez procedimientos de control, en todo el país, de “SUSHI CLUB” tras detectar una evasión previsional de 12,6 millones de pesos y por pagarle en negro a sus empleados y traspasarlos de una empresa a otra para evitar los pagos de adicionales por antigüedad y vacaciones.
La AFIP denunció penalmente por evasión tributaria y previsional a los integrantes del Grupo Económico, quienes podrían recibir penas desde 2 a 9 años de prisión y una multa que podría llegar a más de 120 millones de pesos.
Las investigaciones de la AFIP detectaron a 405 empleados fueron declarados por dos o más de las sociedades.
A pedido de la AFIP, las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1 de Morón, a cargo del Dr. Juan Pablo Salas.
La maniobra descubierta por los agentes de la AFIP, involucra a las sociedades Sushi Recoleta SA, Sushi Club SRL, Sushi Cañitas SA, Sushi Gasset SRL, Sushi Puerto Madero SRL, Sushi Acasusso SRL, Sushi Este SA, Sushi Gorriti SA y Sushi Parque SRL.
Todas ellas pertenecen a un Grupo Económico que comercialmente opera bajo el nombre de fantasía “Sushi Club”, ya que tienen los mismos socios mayoritarios, directores y/o gerentes comunes, idéntica actividad económica y administración centralizada.
Sushi Club SRL factura más de 100 millones de pesos al año y les paga a sus empleados, en promedio, $5.600 pesos y unos $2.400 en negro.
Además se observaron 576 registros de bajas en Simplificación Registral con motivo renuncia del trabajador que luego fueron declarados por otras empresas del grupo. Con la nueva contratación, la firma abusó de los beneficios de la reducción de las contribuciones –de entre 25% y 50%- que prevé la ley para los nuevos puestos de trabajo.
¿Cuál fue la maniobra denunciada por AFIP?
Las sociedades Sushi Recoleta SA, Sushi Club SRL, Sushi Cañitas SA, Sushi Gasset SRL, Sushi Puerto Madero SRL, Sushi Acasusso SRL, Sushi Este SA, Sushi Gorriti SA y Sushi Parque SRL pertenecen a un Grupo Económico que comercialmente opera bajo el nombre de fantasía “Sushi Club”, ya que tienen los mismos socios mayoritarios, directores y/o gerentes comunes, idéntica actividad económica y administración centralizada.
Las mismas actúan como un conjunto económico de carácter permanente dirigido y controlado por Sushi Club S.R.L., el cual realizó efectivamente maniobras fraudulentas, tales como el pago en negro de parte de la remuneración y las constantes modificaciones en la antigüedad de los empleados obligándolos a renunciar para traspasarlos de una firma a otra, lo que se tradujo en el insuficiente pago del adicional por antigüedad y vacaciones.
¿Cómo se descubrió la maniobra?
La investigación de la AFIP se inició por una denuncia recibida en el organismo, donde se informaban las maniobras defraudatorias llevadas a cabo por empresas que realizan su actividad comercial bajo el nombre de fantasía“SUSHI CLUB”.
A partir de allí, se realizaron diversas tareas tendientes a verificar la veracidad de los hechos denunciados, concluyendo en una solicitud de allanamientos ante la Justicia Federal de Morón, al entenderse que estábamos en presencia de una maniobra delictiva en los términos de la Ley Penal Tributaria y Previsional.
¿Cuál fue el accionar de la AFIP?
Se allanaron 14 domicilios en los que se secuestró documentación contable y extracontable, legajos de personal, recibos de sueldo, se extrajeron los archivos que se encontraban en los sistemas informáticos y servidores, donde surgían los pagos marginales de salarios, se relevó al personal para profundizar así la investigación de los pagos de salarios en negro de los empleados.
Se secuestró documentación a los fines de establecer las relaciones entre las distintas sociedades y determinar los verdaderos dueños del grupo económico.
Se efectuó un operativo de relevamiento de personal a nivel país en todos los domicilios donde se encuentran locales comerciales que operan bajo el nombre de fantasía “SUSHI CLUB”.
¿Cuál es el perjuicio para los trabajadores?
El perjuicio de los trabajadores es que, al percibir parte de su remuneración por fuera del recibo de sueldo, el día de mañana necesitarán de esos aportes para jubilarse.
Recordemos que uno de los principios del Sistema Previsional Argentino, es la solidaridad. Es decir que mediante este tipo de defraudaciones, se dejan de ingresar en el Sistema fondos destinados no sólo a las futuras jubilaciones de los empleados, sino a los que se destinan a cubrir los riesgos derivados de las diversas contingencias sociales, como ser el pago de la asignación universal por hijo, las jubilaciones y pensiones, las pensiones por discapacidad, los seguros de desempleo, etc.
(Especial / DyN) – El empleo en negro aumentó con fuerza durante el segundo trimestre del año en el Gran Córdoba.
Según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la tasa de asalariados sin descuento jubilatorio pasó del 32,5% en el segundo trimestre de 2013 al 38,6% en la actualidad.
El guarismo de abril-junio último también está muy por encima del 33,7% que exhibió el primer trimestre y del promedio nacional (33,1%).
En todo el país, unos 4,7 millones de trabajadores asalariados no registraban aportes jubilatorios en el segundo trimestre de este año, de acuerdo con los datos dados a conocer por el INDEC.
No obstante, el dato implica un leve empeoramiento de 0,3 punto porcentual respecto del primer trimestre de este año y una mejora del 1,4 punto porcentual respecto de un año atrás.
Sobre un total de 14,2 millones de trabajadores empleados, el 76,1 por ciento registra como que percibe salario y un 23,9 por ciento es no asalariado.
Según el INDEC, la situación más precaria se observa en el Noroeste, donde el 41,5 por ciento de los trabajadores no está inscripto. Luego aparece la región Noreste con 35 por ciento y Cuyo con 35,2 por ciento. En el Gran Buenos Aires el 32,6 por ciento de los empleados no está anotado y en la región Pampeana el porcentaje se ubica en 32,2 por ciento. La mejor situación aparece en la región Patagónica, donde el 19,1 por ciento de los empleados trabaja de manera informal.
El fenómeno del empleo no registrado, según indican las planillas del INDEC, afecta con mayor intensidad a las ciudades de más 500 mil habitantes, donde trepa al 33,7 por ciento, mientras que en aglomerados de menos de medio millón desciende a 30,4 por ciento.
(DyN) – La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sancionará con clausura de tres a cinco días a los empleadores que tengan trabajadores no registrados.
A través de un comunicado de prensa, el organismo informó que a través de la resolución general 3589, publicada en el Boletín Oficial, se dispuso que la AFIP «sancionará con clausura de tres a cinco días corridos a los empleadores que cometan infracciones».
Las sanciones se aplicarán cuando se «involucren a dos o más trabajadores y alguno de ellos no haya sido incluido en alguna de las declaraciones juradas determinativas».
Además, se indica que se sancionará al «empleador haya sido sancionado por cualquier tipo de infracción cometida con relación a las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social, dentro de los cinco años anteriores a la fecha del acta respectiva».
«A su vez, la normativa establece que estas penalidades podrán acumularse a las multas que corresponda aplicarse, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten procedentes en virtud de otros incumplimientos», destaca el comunicado de la AFIP.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anticipó que en menos de 30 días el Gobierno nacional pondrá en marcha nuevas medidas para lograr un descenso mayor del trabajo informal.
En declaraciones a radio Cooperativa, Tomada puntualizó: “Vamos a darle prioridad a la inmensa cantidad de trabajadores informales que están en la economía formal, porque hay situaciones de explotación por mera búsqueda de más rentabilidad”.
“No es por las políticas de este gobierno que hay trabajo no registrado, al contrario, pero dado que en los últimos años fluctúa entre 30 y 35%, planteamos hacer una sintonía fina que nos permita volver a tener un descenso destacado”, agregó.
Sobre las medidas, que empezaron a considerarse la semana pasada en la mesa de diálogo entre el Gobierno nacional, los empresarios y los sindicalistas, anticipó: “Hoy tenemos una competencia menguada y necesitamos facultades compartidas, por eso pensamos en una norma que establezca cierta complementariedad y coordinación de acciones entre los ministerios de Trabajo de la Nación y de las provincias”.
Según Tomada, se requiere una norma “que iguale el comportamiento y las responsabilidades de ambas autoridades laborales para llegar más a fondo” en el combate al empleo no registrado. El ministro precisó que “hemos construido un mapa que da cuenta de que en algunas provincias y en algunos sectores, hay más trabajo no registrado que en otros lugares y actividades”.
Tomada anunció, además, que otra medida será la creación de un registro público que permitirá sancionar a empresas que reiteren incumplimientos en la obligación de anotar a sus trabajadores. “Hicimos mucha inspección, mucha presencia, y luego la cuestión administrativa no ha tenido la misma respuesta. Hemos tenido más eficiencia en la detección de trabajo infantil que el mismo ritmo en el tema de las sanciones y esto los estamos solucionando con tecnología”, afirmó el ministro.
Y una medida adicional “estará dirigida a las microempresas, para facilitar la registración de trabajadores a través de una tarifa única, que haga más fácil, más simple y más barata la registración de los trabajadores”.
Por otra parte, anticipó, “se enviará al Parlamento un proyecto de ley de trabajo a domicilio, para actualizar una norma con la cual se han cometido verdaderos latrocinios, e impedir situaciones cercanas al trabajo esclavo en muchos talleres textiles”. Tomada adelantó, también, que se creará “una unidad especializada para detectar las situaciones de tercerización fraudulenta en gran escala, que es una práctica importante en algunos sectores”.
“Vamos a tratar de ayudar a las PyMEs que están en situación de subsistencia, pero los trabajadores no pueden ser la respuesta a las dificultades de las empresas: el empleo debe ser registrado y decente”, concluyó el titular de la cartera laboral.
Uno de cada tres asalariados del Gran Córdoba trabaja en la informalidad, según cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en las últimas horas.
Concretamente, el organismo estadístico reveló que el empleo en negro alcanzó al terminar el segundo trimestre del año al 32,5% de los trabajadores que perciben un salario mensual por sus tareas, lo que significa una ostensible reducción en relación al 39,6% que se veía afectado por esta situación en el mismo período de 2012. Es decir, que mientras hace un año cuatro de cada diez empleados no recibía aportes jubilatorios, ahora esa proporción se redujo a tres de cada diez. Además, este porcentaje está dos puntos por debajo del promedio del país: 34,5%.
En términos reales, son alrededor de 147.000 «gran cordobeses» los que están en esta situación. Esto es así porque son el 32,5% de los 453.000 asalariados que hay en Córdoba (75% de los 604.000 ocupados). Si a estos sumamos los 69.000 desocupados y 65.000 subocupados (trabajan menos de 35 horas semanales) también relevados por el Indec, se puede llegar a la conclusión de que hay más de 280.000 personas con problemas laborales en la capital provincial y sus localidades aledañas.
Por otro lado, el Indec también difundió los datos correspondientes a Río Cuarto. Allí, el empleo informal se ubicó en el 31,7% en el segundo trimestre, más de tres puntos por debajo del ejercicio anterior (34,9%). Sin embargo, el dato distintivo es que se trata del menor valor de la última década.