El secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, César Ferreyra, uno de los cuatro imputados por supuesta defraudación a la administración pública, señaló que «no hubo desvío de fondos públicos de la empresa Tamse a Ersa».
«Ersa hizo un acuerdo privado con Tamse, pero no hubo desvío de fondos ni daño al erario público», aseguró el funcionario en declaraciones a Cadena 3.
Según Ferreyra, «la flota de vehículos de la cual se habla fue dada de alta en la gestión del intendente Ramón Mestre y se solicitó a la Nación que los incorporaran al inventario general del transporte».
«La Nación nunca contestó y lo incluyó a la flota de buses, a pesar de que eran troles, porque la norma dice que los troles sólo pueden ser eléctricos, por eso nunca recibieron el subsidio de gasoil», explicó el secretario.
«Ersa hizo un acuerdo privado y le proveyó a Tamse el subsidio que nunca recibió de la Nación», añadió. La causa indica que «empresas privadas percibieron el cobro de sumas en subsidios para coches del transporte urbano de la ciudad, que corresponden a vehículos de la Tamse residual, provocando un perjuicio al estado municipal cercano a los 240.000 pesos por mes».
«Lo que se paga con subsidios nacionales no es cada vehículo, es el servicio de transporte en general», explicó el funcionario.
El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano imputó al intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, por defraudación a la administración pública.
Es en el marco de la causa en la que se investiga el desvío de los subsidios a trolebuses articulados de Tamse a favor de las empresas Ersa y Autobuses Santa Fe, que asumieron el servicio de transporte que brindaba la ex empresa municipal a fines del año pasado.
Además, también fueron imputados el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y el actual titular del área, César Ferreyra.
Vidal Lascano afirmó que los elementos recabados le permitieron realizar las imputaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales destinados al transporte público de pasajeros.
«Desde marzo teníamos una denuncia y comenzamos la investigación que llevó a este resultado provisorio», aseveró el funcionario judicial, que precisó que la causa es «por supuestas irregularidades en la asignación de subsidios al gasoil para el transporte».
Según el fiscal, a partir de declaraciones juradas de los funcionarios municipales, «la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) asignaba subsidios a Ersa Autobuses, para ochos unidades, que se correspondían con unidades de la firma Transporte Autormotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse residual)».
Vidal Lascano subrayó que, cuando los funcionarios municipales tomaron conocimiento de la denuncia penal formalizada por el concejal Daniel Juez (Frente Cívico y Social), «presentaron un escrito», no obstante lo cual «otros elementos investigatorios llevaron provisoriamente a tomar esta decisión».
Aunque sin aludir a fechas posibles, el fiscal precisó que el próximo paso procesal consistirá «en la citación a prestar declaración indagatoria», para que los investigados ejerzan «su derecho de defensa».
«Aquí no hay un error administrativo, sino una intencionalidad, que Ersa recibiera los subsidios que correspondían a Tamse», expresó Juez al enterarse de lo resuelto por Vidal Lascano.
El origen de la causa es la presentación que, en marzo pasado, había formalizado el concejal Juez, que denunció una supuesta estafa «en el cobro de subsidios nacionales (por gasoil) para unidades del sistema de transporte urbano de pasajeros» de la capital cordobesa. Según la denuncia, dos empresas privadas «percibían el cobro de sumas en subsidios para coches del transporte urbano de la ciudad, que correspondían a vehículos de la firma Tamse residual».
Según la denuncia de Juez y en función de «documentación de la CNRT, la Unión Transitoria de Empresas que conforman Ersa Urbano y Autobuses Santa Fe cobraba en forma indebida dichos subsidios», lo que habría generado «un perjuicio al Estado municipal cercano a los 240.000 pesos por mes».
«De acuerdo con las reglamentaciones de la CNRT, el intendente Mestre era el responsable y, como máxima autoridad, debía asegurar en una declaración jurada, con su firma, la información que se enviaba para el cobro de subsidios», destacaba la denuncia.
El servicio de transporte urbano es prestado en la capital cordobesa por tres empresas: Coniferal, la UTE integrada por dos firmas (Ersa y Autobuses Santa Fe) y la Tamse residual, que sólo tiene a su cargo las tras líneas de trolebuses.