Por estafas y asociación ilícita, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó la detención de Juan Carlos Barrera (presidente de Bacar y expresidente de Instituto), aunque la medida puede apelarse.
La sala judicial, presidida por el doctor Abel G. Sánchez Torres e integrada por los jueces Luis Roberto Rueda y Liliana Navarro pidió que sean apresados, además de Juan Carlos Barrera, sus hijos Pablo Adrián Barrera, Iván Ariel Barrera y Mariano Dan Barrera, «en el marco de la investigación por la cual se los acusa de la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera y bursátil no autorizada agravada y estafa», según el comunicado de prensa de la Justicia federal.
En el fallo de la Cámara se sostiene que los Barrera deben ser detenidos porque «los imputados habrían desplegado maniobras tendientes a engañar el accionar de la justicia, falseando información respecto de pruebas que se buscaban en el marco de la denominada ‘causa CBI'».
Además, se menciona «la ocultación de dinero y documentos relacionados con el accionar delictivo que se está investigando». Sánchez Torres y Navarro se refieren, por ejemplo, a que habían consigando un listado de 129 cajas de seguridad desocupadas durante un allanamiento, aunque en ese caso «47 de ellas se encontraban ocupadas».
En esta misma causa el Juzgado Federal Nº 1 había resuelto conceder el beneficio de exención de prisión bajo caución juratoria a los nombrados, revocado por esta decisión, según informa Día a Día.
La defensa de los imputados puede apelar la medida y, eventualmente, se suspendería la ejecución del arresto.
(DyN) – La Cámara Federal de Mendoza otorgó la libertad bajo fianza a Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou que lleva 25 días detenido a pedido de un juez de Uruguay, que lo investiga por supuesto lavado de dinero y pide su extradición.
Fuentes judiciales informaron que los camaristas Juan Antonio González Macias, Héctor Cortes y Carlos Parra revocaron la negativa a la excarcelación del juez de primera instancia, Walter Bento, e impusieron una fianza de 400 mil pesos a Vandenbroele que deberá cumplir antes de salir en libertad.
Hasta que reúna ese dinero o presente la escritura de alguna propiedad de ese valor como garantía, Vandenbroele seguirá detenido en los calabozos de la U32 de los Tribunales Federales de esta provincia, donde ingresó el 20 de febrero pasado.
Una semana después el juez Wento rechazó la excarcelación de Vandenbroele por entender que si recuperase la libertad podría «eludir el accionar de la Justicia».
«Si bien surge que tendría un nivel económico elevado, no se tiene conocimiento de que posea una fuente de ingresos legítima que permita justificar su modo de vida» y «cabe colegir que, de recuperar su libertad, Vandenbroele podría darse a la fuga y sostenerse económicamente», sostuvo el fallo.
Vandenbroele, titular de The Old Fun, firma que manejaba la ex Ciccone Calcográfica, fue detenido cuando llegaba a la casa de su ex mujer, en la localidad de Chacras de Coria, para dejarle a una de sus hijas.
En ese momento, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que custodiaba a Laura Muñoz, procedió a detenerlo tras el pedido de captura internacional solicitado por la justicia de Uruguay.
De allí fue trasladado a las dependencias que la PSA tiene en el Aeropuerto «Francisco Gabrielli» y luego, a la U32 de los Tribunales Federales, en la capital provincial, donde permanece alojado.
Vandenbroele fue la cara visible de la sociedad «The Old Fund», que levantó la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, y está procesado junto al vicepresidente Boudou por supuestos sobornos.
El juez uruguayo Néstor Valetti pidió su arresto preventivo con fines de extradición a Montevideo porque era titular de la sociedad uruguaya Dusbel SA, desde la cual, «presuntamente salió el dinero que se inyectó» en «The Old Fund», dijo el juez, y añadió que «eso luego determinó la adquisición de Ciccone».
El juez remarcó que «el origen y movimiento de ese dinero no se justifica, prima facie, por los giros que manejó esa sociedad», por lo que se investiga «el eventual delito de lavado de activos».