La jueza María Servini de Cubría designó a tres veedores judiciales en la Asociación del Fútbol Argentino por la investigación de la ruta del dinero del Fútbol para Todos El objetivo principal es seguir de cerca los movimientos financieros de la entidad; por lo que no habría intervención estatal y el seleccionado no corre el riesgo de ser sancionado por la FIFA.
En rigor, la figura del «veedor judicial» no sería una intervención, ya que la casa del fútbol seguiría funcionando con normalidad. Sólo que tendría puertas adentro a un colaborador de la magistrada que la pondría al tanto de todos los movimientos (sobre todo los financieros) de la entidad que maneja el fútbol argentino.
Los tres veedores son: Alicia López, experta en cuestiones de lavado de dinero; Alberto Piotti, ex-juez; y Horacio Della Rocca, perito de la Suprema Corte de Justicia.
La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos desentrañó una supuesta red organizada para cobrar sobornos, evadir impuestos y lavar dinero proveniente de la compra-venta de derechos televisivos. La AFA está involucrada a través de su ex presidente, Julio Humberto Grondona, y de Alejandro Burzaco, el ex CEO y presidente de Torneos, la compañía que sigue siendo la organizadora de los amistosos del seleccionado argentino y que, además, co-organiza la Copa Argentina junto a la firma Santa Mónica.Asimismo el escándalo también involucra a funcionarios y ex-funcionarios del gobierno nacional como Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina
(DyN) – El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, aseguró hoy que un informe aprobado por esa dependencia determinó que se pagaron «sumas» que «no aparecen justificadas» y se cerraron contrataciones que «no» se concretaron «mediante una licitación» para la transmisión de los partidos del «Fútbol para Todos».
Despouy explicó que, tras haberse analizado el destino de «alrededor de 3000 millones de pesos del período 2009-2012», se detectaron maniobras que no respetan «las reglas de las contrataciones públicas» ni «los reglamentos de contratación del Estado. No aparecen fundadas las razones concretas por las cuales se pagan esas sumas».
La Auditoría analizó no sólo los contratos entre el Estado y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la transmisión de los partidos de primera división y el Nacional B, y también la adquisición de derechos televisivos del Mundial de Brasil 2014 y la Copa América de este año, entre otros campeonatos internacionales.
En declaraciones a las radios Continental y Mitre, Despouy resaltó que algunos de los contratos cuestionados estarían relacionados con «estas revelaciones internacionales con respecto a la posibilidad de que, en la adquisición de derechos, pudo realizarse con empresas que aparecen ahora implicadas en esta conflictiva internacional que recién empieza a investigarse».
«Los pagos para las producciones a otras empresas se hacen contra factura y no mediante una licitación, como corresponde de acuerdo a las leyes de la administración pública. Ha habido pagos por legítimo abono tanto a Torneos y Competencias a nivel nacional como a Torneos y Competencias internacional por el pago de los mismos derechos que más tarde aparecen comprometidos y están siendo investigados por los famosos sobornos en el fútbol», indicó.
El funcionario destacó que la empresa de camiones «Iveco es el único sponsor (de las transmisiones televisivas), pero podría haberse hecho una compulsa un poco más amplia y condiciones de pago que probablemente pudieron ser más favorables para el Estado».
Despouy precisó que el informe, que había sido archivado hace un mes y medio a pedido del auditor kirchnerista Oscar Lamberto, fue ayer aprobado luego de que el ex legislador santafesino pidiera su rehabilitación.
«Lo que había sido anormal había sido el archivo», advirtió Despouy, quien añadió que «lo importante es que se aprobó un informe cuyo contenido ya es conocido y estaba siendo esperado por la Justicia. Estaba en juego nuestra credibilidad».
Este informe había sido elevado preliminarmente el año pasado a la jueza federal María Servini de Cubría y al fiscal Eduardo Taiano, quien imputó a los últimos tres jefes de Gabinete (Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina) y varios directivos de la AFA.