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El Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6 Córdoba) comunicó su apoyo al proyecto de Ley Complementaria del Régimen sobre Riesgos del Trabajo que será discutido en el Congreso de la Nación.

“Entendemos que se trata de una iniciativa que busca proteger al trabajador y a las fuentes de trabajo, evitando los abusos que con la ley vigente se cometen. Para comprender la relevancia de esta iniciativa, cabe mencionar que la litigiosidad aumentó un 173 % en los últimos años, mientras que la siniestralidad –muy por el contrario- bajó en proporción inversa”, dice el comunicado.

En ese sentido, señala que “las distorsiones que se generan bajo la actual legislación empujan a un eventual colapso del sistema de Riesgos del Trabajo, dejando así a empleados y empleadores totalmente desprotegidos. La altísima litigiosidad, causante del aumento de las alícuotas a niveles muy por encima de las medias regionales e internacionales, quita competitividad a las empresas argentinas”.

“El G6 Córdoba hará llegar, asimismo, sus aportes para la discusión del proyecto en el seno del Poder Legislativo nacional a través de los legisladores que representan a nuestra provincia y solicitará, oportunamente, la adhesión de la provincia de Córdoba al nuevo sistema propuesto en el proyecto de ley”.

“Enfáticamente instamos a los integrantes del Congreso de la Nación a avanzar con este proyecto en vistas a una política laboral fundada en la prevención del riesgo, que cuide la salud y la vida de los trabajadores, permitiendo el desarrollo productivo del país y poniendo freno a los abusos e inequidades del actual sistema”.

El Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6) se reunió con el Gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, para proponer “una agenda común de trabajo” sobre temas prioritarios para el desarrollo productivo y social de la provincia.

“El objetivo de la reunión fue generar un canal de diálogo entre el Gobierno Provincial y las Entidades Empresarias que permita profundizar el análisis y desarrollar propuestas que se conviertan en planes estratégicos de desarrollo  institucional, económico y social a nivel provincial”, señaló el G6 a través de un comunicado.

En ese sentido, se acordaron los mecanismos de trabajo en conjunto entre el Gobierno y el sector empresario, con la definición de equipos de trabajo y seguimiento de los temas de agenda común.

En la reunión se abordaron diversos temas, entre los que se destacaron  “el fomento de mecanismos de inversión pública y privada en base a una planificación concertada; las obras de infraestructura tanto urbanas como rurales  necesarias para promover el desarrollo productivo de la provincia -rutas y caminos, gasoductos, energía, canalización y manejo del agua-“.

Además, “se hizo hincapié en estudiar medidas para la disminución de la presión tributaria en la Provincia, con el objetivo de generar mayor competitividad y por lo tanto expansión del sistema productivo provincial”.

Finalmente, se abordaron las medidas y programas que incentiven la inclusión social, la mejora en el acceso a los servicios sociales como la educación, el empleo y la seguridad, todo ello como premisa para el desarrollo sostenible y crecimiento con integración.

La reunión se desarrolló en Casa de Gobierno y asistieron Marcelo Stehli (presidente de la Federación Comercial de Córdoba), Gerardo Seidel (presidente de la Unión Industrial de Córdoba), Horacio Busso (presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba), Manuel Tagle (vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba),  Mario Buttigliengo (vicepresidente Cámara Argentina de la Construcción – Delegación Córdoba) y Norberto Delfino (vicepresidente de la  Cámara de Comercio Exterior de Córdoba).

 

(DyN) Entidades que forman parte del denominado Grupo de los Seis reclamaron hoy el «resguardo de todas las pruebas» que iba a presentar el fallecido fiscal Alberto Nisman ante el Congreso, en tanto expresaron su «profundo pesar» por el fallecimiento del magistrado.
En un comunicado titulado «Ante la muerte del Fiscal Nisman» el nucleamiento de las cámaras empresarias mas importantes del país expresaron «su profundo pesar por el fallecimiento del fiscal federal y acompañan a su familia en este difícil momento».
El comunicado está firmado por la Asociación de Bancos de Capital Argentino (ADEBA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pero no figura la Cámara Argentina de la Construcción, que generalmente acompaña las iniciativas del grupo.
El comunicado señala que las entidades «reclaman que avance la investigación para esclarecer su muerte y exigen todas las garantías de transparencia sobre la investigación que llevaba adelante el Fiscal Federal sobre el atentado a la AMIA así como el resguardo de todas las pruebas y de la documentación que permitan que la justicia continúe trabajando en la búsqueda de la verdad».

(DyN) – El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró «vergonzoso» que el Grupo de los 6 (G6) haya decidido ir a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la nueva Ley de Abastecimiento, y acusó a sus integrantes de «mafiosos» y de ser los «responsables directos de generar inflación».
«Es una actitud vergonzosa por parte del Grupo de los 6. La ley regula las relaciones de producción y de consumo. Pretendemos proteger el eslabón más débil de la cadena», señaló el funcionario al hablar con la prensa en la Casa Rosada.
Allí, les atribuyó una «conducta mafiosa, distorsiva del verdadero capitalismo. Defienden una renta extraordinaria que pretenden hacerla frente al eslabón más débil de la cadena. Que lo hagan en términos de presentación judicial, es lisa y llanamente aceptar que son culpables del proceso de formación de precios, que son responsables directos de la inflación».
Capitanich señaló que la ley «excluye a cerca de un millón de medianas y pequeñas empresas» de los controles, ya que lo que pretende es «proteger al eslabón más débil de la cadena».
El ministro indicó que se procura con la flamante normativa «relaciones equilibradas de producción y consumo y a su vez verificar los procesos de concentración económica, que es un factor que genera precios distorsivos, lo que tiene un impacto inflacionario».
Capitanich aseveró finalmente que «los grandes grupos económicos están representados por el Grupo de los 6» los que «no pretenden ningún marco regulatorio, porque son los formadores de precios y son los que destruyen a la pequeña y mediana empresa en la Argentina».
Por último, advirtió que «la conducta de los formadores de precios es muchas veces mafiosa» y concluyó que «es mentira que defiendan la libre empresa, lo que defienden es la renta extraordinaria».
El viernes pasado, el secretario de Comercio, Augusto Costa, defendió también la normativa, y aseguró que «no tiene ningún viso de anticonstitucionalidad».
«Cuando enviamos el paquete de leyes al Congreso» que incluye las relaciones entre empresas y consumidores y una justicia para dirimir diferencias en la materia, «lo que buscamos era darle más herramientas a los consumidores para evitar situaciones de abuso», planteó el funcionario.
Sobre la posibilidad de que el G6 (UIA, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción, Bolsa de Comercio, Sociedad Rural y Asociación de Bancos Argentinos) haga una presentación en los Tribunales para pedir que se declare inconstitucional la norma, Costa contestó que «si lo concretan, será la Justicia la que determinará si el reclamo tiene razón o no».

El Grupo de las principales entidades empresarias de Córdoba (G6) y la Comunidad Agroalimentaria emitieron sendos comunicados en las últimas horas en las que cuestionaron los incidentes protagonizados por un grupo de militantes anti Monsanto en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba.
Al respecto, el titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Horacio Parga, amplió su visión en diálogo con Punto a Punto Radio, criticando con dureza el accionar de estos grupos y asegurando que esta situación puede afectar las inversiones en Córdoba.
“Esto ya traspasó cualquier tipo de frontera. Toda la ciudadanía tiene que tener en cuenta la gravedad de estos hechos, reaccionar y los mismos medios también tienen que darle trascendencia a una cosa así porque sino esto es una bola que se va a ir aumentando y ya no vamos a saber cuál es el límite”, disparó Parga.
Parga aseguró que “no hablo de violencia ni de represión, sólo digo que tiene que haber un respeto, un orden. En un sistema democrático tiene que haber reglas del juego, no se pueden decidir las cosas a palos y bajo ordenanzas”, subrayó.
En ese marco, se preguntó: “¿quién va a venir a invertir en Argentina si sabe que un grupo de 40 personas puede torcer la dirección de un acuerdo que había o de una decisión de la universidad?”.
Y remató: “Bajo el disfraz de la ideología se atacan cosas sin fundamento técnico. Yo estoy a favor de que las cosas sean correctamente y no en función de presiones con palos y caras tapadas. Ojalá que Monsanto espere hasta que se pueda, después de un estudio de impacto ambiental serio y democrático, hacer un dictamen científico y allí basta de mitos, slogans e ideología. Si es positivo, es bueno para la producción y si es negativo, lamentablemente no podrá funcionar”.
El comunicado del G6
“Desde las entidades empresarias nucleadas en el denominado Grupo de los Seis, manifestamos nuestro repudio a los tristes y penosos actos de violencia ejercidos contra las autoridades del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, bajo el marco del conflicto por el proyecto de radicación de la firma Monsanto en nuestra provincia.
Como es de público conocimiento, asistimos, una vez más, a medidas de acción intempestivas y desproporcionadas que dañan sensiblemente a nuestro sistema democrático; que afectan el debate plural, impidiendo escuchar las diferentes voces y posiciones de quienes habitamos el suelo cordobés.
Nos solidarizamos pues, con cada uno de los miembros del Consejo Superior que debieron soportar conductas anti-sociales y vandálicas, las cuales consideramos inaceptables. Repudiamos la violencia, la intimidación y el anonimato de estas manifestaciones y estamos convencidos de que no hay fundamento alguno, ni diferencia de visión que justifiquen las mismas cuando existen instituciones y mecanismos que permiten evaluar las consecuencias de cualquier política pública o iniciativa privada y debatir sobre su conveniencia o no para toda la sociedad civil.
Exhortamos, a todos y cada uno de los actores sociales a propiciar el diálogo frente a  cualquier  forma de reclamo; siendo este el único camino posible para el desarrollo con equidad de nuestra sociedad.
Tal como la manifestáramos en varias oportunidades, reiteramos la necesidad de una profunda reflexión cívica ante hechos de estas características; la necesidad de sobreponernos a nuestras propios intereses particulares y posiciones, y  disponernos a encontrar acuerdos y prácticas que nos animen a pensar que seremos capaces de aprender de nuestras miserias y escuchar al otro para volver más virtuosa nuestra vida en común.
La visión de la Comunidad Agroalimentaria
“Sorprendidos por los episodios ocurridos en el consejo superior de la Universidad de Cordoba, las instituciones que integran la Comunidad Agroalimentaria de esta provincia, sienten la obligación y la necesidad de hacer público su rechazo a la violencia, la agresión y la vejación a la dignidad de las personas.
Creemos que la Universidad, nuestra Universidad, ha padecido un ultraje a su tradición y a su razón misma de ser, que es la existencia de la pluralidad de ideas, la investigación objetiva y el respeto al libre discernimiento.
El ataque realizado ayer por un grupo anónimo, no solo es un ataque a la universidad, sino a toda la sociedad, porque en el seno de una de sus instituciones más importantes se ha herido a la democracia, que es el sistema político que los argentinos hemos elegido para nuestra patria.
Solamente en el respeto a las instituciones y a las personas, podremos construir el país libre y soberano que todos anhelamos”.
Crédito foto: La Voz del Interior

(DyN, enviado especial) – Empresarios del Grupo de los Seis ratificaron que el nucleamiento ira ante la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la Ley de Abastecimiento y que no aguardará a que el Gobierno trate de aplicarla contra una empresa.
Así coincidieron el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevere, y el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de Fiat, Cristiano Rattazzi, en declaraciones a DyN.
«Está en marcha el trabajo de los abogados constitucionalistas y está firme la intención de ir a la Justicia. La ley es inconstitucional. Ataca la propiedad privada», señaló Etchevere.
El presidente de la SRA afirmó «de parte de nuestra entidad, la intención es concurrir ya» ante los tribunales sin esperar a que el gobierno la aplique concretamente contra una empresa, tal cual sostienen algunas entidades del G-6 más cercana al gobierno.
Etchevere señaló, no obstante, que «hay que estar alerta para pedir una cautelar en caso de que algún funcionario pretenda entrar a algún campo esgrimiento la ley de Abastecimiento».
Por su parte, Rattazzi consideró que el trabajo que desarrollan los abogados asesores del G-6 tiene la intención de «presentarse ya» ante la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la norma.
Rattazzi relativizó la decisión de la Secretaría de Comercio de multar a la empresa Peugeot-Citroen por haber demorado la entrega de autos del programa ProCreAuto de la versión uno, al asegurar que no se trata de la aplicación de la Ley de Abastecimiento.
Rattazzi explicó que se trató de la aplicación de la vieja ley de Defensa del Consumidor.

El presidente de la Federación Comercial de Córdoba, Rubén Martos, sostuvo que el gobernador José Manuel de la Sota les prometió que no habrá subas en la tasas de Ingresos Brutos, Industria y Comercio.
Martos participó de la reunión que habitualmente el gobernador mantiene con integrantes del Grupo de los Seis (G6), que agrupa a las principales cámaras empresarias de Córdoba. En ese sentido, Martos sostuvo que acordaron analizar con el ministro de Economía, Ángel Elettore la situación de los mínimos de Ingresos Brutos “que quedaron fuera del descuento del 30%”.
“Nos dijo que no tocará los impuestos al sector productivo”, sostuvo Martos en diálogo con Radio Mitre Córdoba, y aclaró que no se habló del tema del impuesto a los sellos.
Además, el empresario explicó que se analizó la marcha de la economía y en ese sentido, definió a la situación como “complicada”.
De la reunión, participaron los presidentes de las Cámaras de Comercio, Horacio Busso; de Comercio Exterior de Córdoba, Norberto Delfino; de la Bolsa de Comercio, Horacio Parga; de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba, Mario Buttigliengo; de Fedecom, Rubén Martos; de la Unión Industrial de Córdoba, Ercole Felippa y el coordinador del Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba, Manuel San Pedro.

(DyN) – El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, lanzó un contundente mensaje a la Justicia al advertir que «ahora» se va a saber si ese poder «protege a los más débiles o a los más fuertes», a la hora de resolver la presentación que realizarán los empresarios del G-6 contra la Ley de Abastecimiento, a la que calificó como carente de «sentido».
«Lo que pretenden estos grandes grupos empresarios es castigar a los mas débiles y allí tiene que haber no solamente un gobierno ungido de la voluntad popular para utilizar las herramientas del Estado para proteger a los mas débiles, sino también esto debe involucrar al Poder Judicial», alertó el funcionario.
En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Capitanich sostuvo que, ante la presentación judicial del G-6 por la presunta inconstitucionalidad de la Ley de Abastecimiento, «ahora vamos a ver si el Poder Judicial protege a los más débiles o a los más fuertes. Será el dilema del Poder Judicial».
Capitanich sostuvo que «carece absolutamente de sentido» el planteo que harán los empresarios, al insistir que la flamante normativa «genera protección al productor y al consumidor».
 
 

(DyN) – El Grupo de los Seis (G-6), que integran las principales entidades empresarias, decidió comenzar a preparar una presentación judicial para invalidar los alcances del proyecto de modificación de la ley de abastecimiento, en caso de que se transforme en ley.
Así se resolvió en el encuentro en el que participaron los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, y de los Bancos Privados de Capital Argentina (ADEBA), Jorge Brito.
De la reunión -que se desarrolló en el sede de la UIA, por casi dos horas- también participaron el vicepresidente de la central fabril Daniel Funes de Rioja y el secretario de esa entidad, José Ignacio de Mendiguren.
De Mendiguren informó que el G-6 decidió «en forma inmediata la preparación judicial para el caso de que no se pueda modificar la norma, porque claramente atenta contra la división de poderes», para lo cual comentó: «Vamos a trabajar con el Estudio Cassagne para preparar la eventual presentación judicial».
«Estamos preparando el camino, la vía más adecuada, por si se aprueba la ley en Diputados», señaló el dirigente, quien comentó que durante la reunión «se analizaron los avances que hubo en el Senado, no obstante y a pesar de que se limaron algunas asperezas, el fondo del problema sigue que es la intervención arbitraria a través de los gobernadores».
Para De Mendiguren, el proyecto de modificación de ley de abastecimiento «es una norma muy laxa, imposible de comprender», por lo que sostuvo que «vamos a insistir, trabajando con los legisladores», pero sostuvo que «hay que evitar el daño», que ocasionaría la sanción de la ley para las empresas. «En un momento en donde hay que seducir a la inversión, medidas como esta van en sentido contrario», expresó el también diputado por el Frente Renovador, quien remarcó que el G-6 está a favor de «la defensa del consumidor».
El dirigente cuestionó «la ambigüedad» de la norma, ya que «es tan amplia que es imposible determinar cuándo se cumple o no con la ley» y se preguntó «qué es un stock adecuado o una rentabilidad adecuada, será el mismo concepto para (el gobernador del Chaco, Gildo) Insfrán, que para (el gobernador de Tucumán, José) Alperovich o (el gobernador de Córdoba, José Manuel) de la Sota?».
«Esperemos que el sentido común prime, porque (la iniciativa) va en contra de aquello que se quiere defender que es el trabajo», apuntó De Mendiguren, quien expresó que «hoy se defiende al consumidor diciéndole que no va a perder el empleo, que va a recuperar las horas extras que hoy no está haciendo, que vamos a bajar la inflación, esa es su verdadera protección, con eso se va a volver a animar y va a consumir».
El secretario de la UIA enfatizó que «con estas medidas vamos a lograr que aquel que piensa invertir postergue la decisión» y el consumidor «va a seguir muy protegido teóricamente por una ley que, por otro lado, está poniendo en riesgo su fuente de trabajo».
El G-6 tiene previsto emitir un comunicado que, según adelantó De la Vega «expresa el absoluto acuerdo de que los mercados deben ser transparentes y competitivos» y cuestiona «la arbitraria y discrecional intervención del Estado».
De la Vega comentó que el texto del comunicado que se difundirá en las próximas horas fue «aprobado por unanimidad» por las entidades que conforman el G-6 y reconoció que durante el encuentro «se habló de la eventualidad de recurrir a la Justicia en caso de que (la ley) sea sancionada».

Tras reunirse con las entidades empresarias que conforman el Grupo de los Seis y representantes de la Mesa de Enlace Agropecuaria, el gobernador José Manuel de la Sota reclamó al Gobierno Nacional que libere las exportaciones de carnes, lácteos y granos, y pidió que se garantice la paz social. Para ello presentó un documento que firmaron todas las partes que formaron parte de la reunión.
“Frente a la situación que atraviesan las empresas, los puestos de trabajo y las tensiones sociales manifestamos que nos oponemos a la sanción de las llamadas leyes de abastecimiento y expresar nuestro repudio al intento de aplicación de la Ley Antiterrorista”, señaló el gobernador.
De la Sota reclamó además a la Nación “la inmediata liberación de los impuestos” a la exportaciones de carnes, de lácteos y de granos y exhortó a la «continuidad de las industrias frigoríficas y de los puestos de trabajo del sector».
En otra parte de su discurso sostuvo que “la grave preocupación por la situación social de los más postergados, que tiende a agravarse frente a medidas que ponen en riesgo nuestra paz social” y aseguró que “todos los sectores del diálogo exhortan a las autoridades del gobierno nacional a convocar a un diálogo plural y sostenido para buscar las soluciones”.