(Reuters) Funcionarios de primera línea del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas llevaron tranquilidad en estas últimas horas a los banqueros que pasaban por sus despachos en busca de definiciones acerca del juicio con los holdouts. La incógnita era si podrá conseguir los dólares necesarios para pagar la abultada cuenta.
El monto que tendrá que pagar el Gobierno será de USD 15.000 millones en total. La cifra, dada a conocer por Alfonso Prat-Gay, pone a prueba la capacidad del mercado financiero de absorber tanta emisión. Pero funcionarios de la Secretaría de Finanzas no titubearon al afirmar que esos fondos «están asegurados».
En diálogo con banqueros e inversores, los funcionarios comentaron que ese fondeo ya fue «hablado» con varios bancos de inversión que están en Buenos Aires en busca de negocios.
«La visión es que se pueden conseguir los USD 15.000 millones en una sola emisión. Eso ya estaría cerrado con varios bancos de inversión que prometieron su participación activa en una emisión de la Argentina», confió un allegado a esos cónclaves.
La ruta de la deuda para llegar a pagar ese monto es el siguiente. El nominal asciende a USD 6.500 millones de capital tan sólo que con el correr de los años se engrosó a USD 20.000 millones, por los intereses corridos y punitorios en 15 años de litigio.
Entonces, de ese total de USD 20.000 millones que se transformó la deuda, USD 9.000 millones corresponden a las sentencias del juicio «pari passu»; alrededor de USD 2.500 millones corresponden a holdouts italianos (el grupo de Nicola Stock) y otros 8.500 millones son de fallos dispuestos en Europa y en Nueva York distintos del pari passu incluyendo a los denominados «me too».
El Gobierno calcula, entonces, que con la quita del 25% a los bonistas por el total del juicio (los USD 20.000 millones), tendrá que emitir estos USD 15.000 millones para pagarle a los holdouts. Incluso habían dicho que se ahorraban USD 3.000 millones por pagarle a los bonistas en efectivo y no mediantes bonos. En total, la «reducción» de la deuda que estima Hacienda llegará a USD 8.000 millones sobre el total del juicio (USD 5.000 millones por la quita del 25% más los mencionados USD 3.000 millones).
El acuerdo fue confirmado por Daniel Pollack, el mediador designado por el juez de Nueva York Thomas Griesa, en un comunicado que elogia al juez, al presidente Mauricio Macri y sus funcionarios de Hacienda y tanto a Paul Singer como al resto de los negociadores en nombre de los holdouts.
Estos son los 10 puntos principales del anuncio:
- Los fondos involucrados son cuatro: NML, que depende de Elliot Management, de paul Singer; Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital.
- Monto: el acuerdo es por 4.653 millones de dólares.
- El monto debe pagarse en efectivo. Según explicó Pollack en conferencia de prensa, debe hacerse «en dólares estadounidenses», lo que implica que, al menos según el arreglo, el país no podrá cancelar la deuda con nuevos bonos.
- Deadline. El pago debe haberse acreditado para el mediodía del 14 de abril. El plazo, de todos modos, es prorrogable, aunque la Argentina necesita para eso la aprobación por parte de los holdouts.
- ¿Qué pasa si no se hace el pago para la fecha acordada? En ese caso, y si no hay una prórroga de comun acuerdo, el arreglo se cae y vuelve todo a foja cero en la mesa del mediador.
- ¿Qué representa el acuerdo para los holdouts? Según especificó Pollack, equivale al 75% del reclamo de ese grupo de holdouts, más un pago para poner fin a los reclamos en otras jurisdicciones y pagar las costas y otros gastos.
- ¿Qué proporción de los reclamos están ya bajo acuerdo? Entre este arreglo y los anteriores, ya suman un 85% del total de demandas presentadas en el juzgado de Griesa o aceptadas como “me too”. Queda por resolver el 15% restante.
- ¿Por qué se habla de un “principio de acuerdo”? El arreglo con los fondos buitre ya está firmado, pero para que se haga efectivo el Gobierno de Macri aún debe conseguir que el Congreso apruebe la derogación de la Ley Cerrojo que impide mejorar la oferta realizada en el canje de 2005.
- ¿Cuándo habrá salido Argentina del default? Cuando se les pague a los holdouts y Griesa levante el bloqueo que impuso al país.
- El compromiso de los buitres. Para pagarles, el Gobierno de Macri ya a nunció que piensa financiarse emitiendo deuda en los mercados internacionales. Los holdouts se comprometieron en el acuerdo a no bloquear esas emisiones.
(DyN) – Se cumple un año hoy del rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a aceptar la revisión de las sentencias en contra de la Argentina, en el juicio contra los holdouts y de la caída en default técnico de la deuda pública.
Tras esa decisión, el 20 de junio del año pasado, el juez Thomas Griesa ordenó que el país no pueda pagar los bonos reestructurados con las operaciones de 2005 y 2010 hasta que se cumpla con su sentencia.
El 30 de junio de 2014, la Argentina depositó 539 millones de dólares de un vencimiento en las cuentas del banco fiduciario New York Mellon en Buenos Aires y Griesa le impidió a la entidad su transferencia.
El juez designó un «special master» judicial, Dan Pollack, para que oficie de mediador entre la Argentina y los acreedores.
A un año de esa resolución, el status jurídico no ha cambiado y el país se encuentra sin posibilidades de buscar financiamiento en el exterior.
En septiembre la Argentina dictó la Ley de Pago Soberano por la cual se pretendía cancelar sus obligaciones en el país y Griesa respondió declarando al país en «desacato».
Tras unas negociaciones frustradas con los holdouts, que incluyó la participación de bancos privados locales y extranjeros, la Argentina desconoció a Pollack y comenzó a pedir su remoción.
Los últimos meses de 2014 transcurrieron con la perspectiva de que el 1º de enero, tras expirar la cláusula RUFO -que impedía al país ofrecer mejores condiciones de canje a las ofrecidas en 2005 y 2010- se reanudaran conversaciones, diálogo que finalmente no ocurrió.
En el primer trimestre de 2015, Griesa convocó a los denominados «me too» a que presenten sus acreencias y se hicieron nuevos reclamos por 5 mil millones de dólares».
Dos semanas atrás, Griesa aceptó estos requerimientos y por ende la deuda a renegociar se elevó a unos 7 mil millones de dólares.
La Argentina denunció que Griesa «extorsiona» al país y pretende una negociación con todos los holdouts cuyos reclamos podrían llegar hasta 20 mil millones de dólares.
(DyN) – El juez de Nueva York, Thomas Griesa, consideró que los holdouts tienen derecho a conocer los términos de la colocación de BONAR 24 que realizó la Argentina.
Según reportes de agencias internacionales, Griesa se expidió durante una audiencia que fue pedida por el fondo NML para solicitarle al magistrado que les conceda la potestad de reclamar información.
(DyN).- La Corte de Apelaciones de Nueva York desestimó por «prematuro» el requerimiento de la Argentina, para que revise la orden de «desacato» dictada por el juez, Thomas Griesa, según reportaron agencias internacionales.
El Tribunal señaló que el fallo de Griesa aún no está completo y por lo tanto no se cumplen las condiciones legales para darle curso a la apelación.
La Corte de Apelaciones de Nueva York demoró dos semanas en dar a conocer su posición acerca del pedido que había realizado la Argentina en enero.
(DyN) – El Ministerio de Economía volvió a intimar al Citibank, como en agosto pasado, para que en 48 horas informe «la actitud que adoptará en relación a la distribución de los pagos efectuados y próximos a realizarse» en torno a los bonos en litigio ante el juez de Nueva York Thomas Griesa.
En ese marco, el banco indicó que planea dejar «lo antes posible» su negocio de custodia de bonos en el país.
La intimación, confirmada a DyN por fuentes con acceso al expediente, está dirigida al titular del Citibank en la Argentina, Gabriel Ribisich, con fecha 16 de marzo, el mismo día en que Griesa rechazó el pedido de una medida cautelar que había presentado la entidad para poder pagar, por lo que mantuvo en firme su decisión de impedir la liquidación del vencimiento que opera el 31 de marzo.
El Citibank solicitó al magistrado un «stay» mientras eleva la apelación al fallo de la semana pasada en el que no hizo lugar a un reclamo del banco para que excluya de su sentencia de 28 de julio de 2014, que impidió todos los pagos de deuda pública reestructurada, a los títulos emitidos bajo legislación local.
La misiva, firmada por el secretario Legal y Administrativo del Palacio de Hacienda, Federico Thea, volvió a señalar a la entidad que «tiene la obligación de someterse a las normas nacionales que regulan» su actividad y que, por tanto, el incumplimiento «puede derivar en la suspensión y revocación» del registro para operar.
El banco indicó que planea dejar «lo antes posible» su negocio de custodia de bonos en el país.
De acuerdo con la presentación que hicieron ante Griesa los abogados del banco, formalizada a través de la letrada Karen Wagner en un escrito al que accedió DyN, el banco expresó que «ante los recientes desarrollos» del litigio, ha decidido «desarrollar y ejecutar un plan para dejar el negocio de custodia (de títulos) tan pronto como sea posible».
La última semana, Griesa le negó al Citibank la posibilidad de procesar el pago de bonos denominados en dólares con legislación argentina, lo que provocó el enojo de Economía.
El Palacio de Hacienda embistió contra el juez y lo acusó de ser «funcional» a la «extorsión» de los acreedores sobre la Argentina.
(DyN) – El Ministerio de Economía sostuvo que el juez neoyorquino Thomas Griesa le pidió, con su decisión, al Citibank y a sus directivos «que violen las leyes argentinas» y consideró que ese magistrado «se ha convertido una vez más en cómplice del intento de extorsión de los fondos buitre».
A través de un comunicado de prensa, el palacio de Hacienda sostuvo que Griesa «pretende con otra orden insólita que el Citibank de Argentina y sus directivos actúen en contra de las leyes argentinas».
Griesa rechazó ayer el pedido de autorización para pagar los bonos reestructurados bajo legislación argentina, lo que motivó que la entidad apelara esa determinación.
El comunicado de Economía sostiene que «según Griesa, los bonos argentinos bajo ley argentina, denominados en dólares, que fueron emitidos en el marco de los canjes 2005 y 2010, deben considerarse pari passu con la deuda externa, por el solo hecho de haber sido emitidos para reestructurar la deuda».
«Claramente, estos bonos son deuda doméstica por lo que esta decisión es un despropósito a todas luces», agrega el comunicado, que añade que «esta nueva confusión se deriva una vez más de su lamentable fallo original sobre pari passu, que no responde a la lógica económica o financiera sino exclusivamente al interés de los fondos buitres».
El comunicado considera que «en un vergonzoso exceso de jurisdicción» la decisión de Griesa, quien «le ordenó a Citibank Argentina que cumpla una orden que no sólo es operativamente imposible sino que, más grave aún, expone a la sucursal argentina del Banco estadounidense a violar las leyes argentinas y perder su licencia bancaria en el país».
«En este sentido, el propio Citibank ha señalado que su sucursal en Argentina si no remite los fondos que recibe a sus clientes, tal como lo hará el resto de los custodios, incumplirá la ley bancaria de Argentina. La República podría revocar la licencia de Citibank Argentina e incluso imponer responsabilidad penal a sus empleados», menciona el comunicado.
Para Economía, «la orden del Juez Griesa vuelve a violar principios legales básicos, y deja en claro que sus decisiones no están basadas en derecho sino en su manifiesta parcialidad en contra de Argentina».
«La República reitera que continuará efectuando los pagos de toda su deuda normalmente, en cumplimiento de sus obligaciones legales» y recuerda que «aquellas entidades que operan en la República Argentina están obligadas a cumplir la legislación nacional, y que las autoridades locales serán inflexibles en asegurar su cumplimiento».
(DyN) – El juez Thomas Griesa rechazó el pedido de Citibak, para pagar intereses de deuda pública argentina cuyo vencimiento opera el 31 de marzo.
La entidad le había requerido al magistrado una nueva excepción tal como lo había hecho tres oportunidades previas, para atender servicios de bonos nominados en dólares con legislación argentina.
(DyN) – El ministro de Economía, Axel Kicillof, cargó contra el juez de Nueva York, Thomas Griesa, a quien acusó de armar «un puchero legal» en el marco del litigio con los holdouts, lo que impide, según aseguró, «cobrar a los acreedores» de la deuda argentina.
«Armó tal ensalada de conceptos, de temas, de jurisdicciones, y no está dejando que cobren nuestros acreedores», se quejó el titular del Palacio de Hacienda.
En diálogo con radio Nacional, Kicillof criticó al magistrado porque «armó un puchero legal», un día después de que la deuda impaga presentada por holdouts para reclamar el mismo fallo favorable que otorgó derechos a fondos NML Capital y Aurelius por 1.330 millones de dólares llegara a los 6 mil millones de dólares, según reportes internacionales.
(Télam) – El Gobierno presentó los nuevos argumentos en contra de la orden de desacato dictada por el juez neoyorquino Thomas Griesa.
Esta presentación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se inscribe en el marco del proceso de apelación de la Argentina contra la orden de Griesa, dictada en septiembre pasado en el marco del litigio que enfrenta el país con fondos buitres.
El Palacio de Hacienda, en un comunicado, recordó que en medio del proceso, los fondos buitre presentaron una «moción de desestimación» para tratar de impedir que Argentina pueda completar su argumentación de apelación, en la que sostuvieron que la orden de desacato declarada por el juez Griesa no tiene relevancia y por lo tanto no resulta apelable.
«En el escrito presentado hoy (por ayer), Argentina refuta la moción de los fondos buitre, quienes de manera maliciosa y contradictoria con la propia campaña de difamación que han iniciado, dicen ahora que la Corte de Apelaciones no debería ni siquiera dar trámite ya que la declaración de desacato del Juez Griesa no reviste ninguna importancia, y no contiene ni sanciones monetarias ni ninguna otra consecuencia práctica», señaló la cartera que conduce Axel kicillof.
«La insólita contradicción de los fondos buitre corrobora lo que la República Argentina siempre ha afirmado: que la absurda orden de desacato dictada por el juez Griesa a pedido de los fondos buitre carece de todo efecto práctico, y que sirve únicamente como una herramienta mediática para extorsionar a la República Argentina», agregó el comunicado.
Economía subrayó que «Argentina no va a dejar de cuestionar cualquier orden de un juez extranjero que opine y se entrometa ilegalmente sobre actos dictados por nuestro país como un Estado Soberano», tas lo cual agregó que «resulta inadmisible bajo la reglas del derecho internacional público que un juez extranjero declare en desacato a la República Argentina por actos llevados a cabo dentro de su propio territorio y en estricto cumplimiento de las disposiciones de la propia Constitución Nacional y de Leyes de Orden Público dictadas por el Congreso de la Nación».
En el documento presentado se sostiene que «la renuncia a la inmunidad consentida en los Bonos emitidos en los años´90 no le confieren a la justicia de Nueva York la facultad para revisar actos realizados por la República en su carácter de Estado Soberano en su propio territorio; y que, de acuerdo a la propia opinión del gobierno de los Estados Unidos, la legislación de dicho país no habilita a sus tribunales a siquiera analizar la validez de los actos de otros Estados Soberanos dentro de sus propios territorios, y mucho menos de dictar órdenes de desacato en relación a dichos actos soberanos».
«Por lo tanto, la República Argentina espera que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechace la «moción de desestimación» y proceda a analizar de manera completa la apelación presentada contra la orden de desacato de Griesa que, si bien carece de cualquier efecto práctico, constituye una manifiesta violación del derecho internacional y debe ser revocada», concluye el comunicado de prensa.