“Si aparezco suicidado, busquen al asesino porque no es mi estilo”. Sin medias tintas, el juez federal Claudio Bonadio, al que acaban de apartar de la causa judicial que más complica a la presidenta Cristina Kirchner, dejó en claro que está convencido de que su apartamiento fue una maniobra del Gobierno y de que incluso podrían ir por más.
El magistrado habló con radio Mitre después de que la Sala 1 de la Cámara Federal aceptara un planteo de Romina Mercado, la sobrina de Cristina y titular de Hotesur, la empresa que administra los hoteles de los Kirchner, para sacarle la investigación.
Por sorteo, el expediente recayó esta mañana en el juzgado de Daniel Rafecas.
“No son inusuales este tipo de maniobras en la Sala 1”, dijo Bonadio, quien, ante una pregunta, se excusó de opinar sobre Rafecas: “No hablo sobre colegas”.
Horas después de la polémica generada en el kirchnerismo por los procedimientos ordenados por el juez Claudio Bonadio en le caso Hotesur, la Sala I de la Cámara Federal porteña decidió el apartamiento del magistrado de la investigación.
En el segundo piso de los Tribunales de Comodoro Py, los tres integrantes del cuerpo debatieron el pedido de nulidad realizado por la defensa de Romina Mercado, presidente de Hotesur y sobrina de Cristina Kirchner. Es el mismo tribunal que desechó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidente.
Los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler se pronunciaron a favor del desplazamiento de Bonadio, mientras que Eduardo Farah votó por la continuidad. El recurso de Mercado se basó en el rechazo a una convocatoria de contadores de la Corte Suprema de Justicia que realizó Bonadio meses atrás.
El magistrado los había convocado para que –debido a la complejidad de la operatoria de lavado de dinero del caso– lo orientaran desde el punto de vista técnico. Tras el asesoramiento, Bonadio ordenó el peritaje contable sobre las empresas de la Presidente y también del empresario Lázaro Báez.
Fuentes judiciales consultadas por Infobae confirmaron que la Cámara, en disidencia, removió de la causa a Bonadio, al declarar la nulidad de la convocatoria de los contadores.
Bonadio es considerado un juez «enemigo» por la Casa Rosada y blanco de críticas de funcionarios kirchneristas.
El Congreso acaba de aprobar la creación de un tribunal que podría tratar causas como la de Hotesur; el lugar tiene 10.000 habitantes, está lejos de todo y su juzgado provincial está vacante por falta de inscriptos.
En Comandante Piedrabuena, la vida transcurre con mansedumbre en este bucólico pueblo de la Patagonia ubicado en la margen norte del río Santa Cruz y a la vera de la ruta nacional 3. Sin aeropuerto comercial, casi sin jueces ni abogados, este pueblo será el depositario de los secretos judiciales más importantes del kirchnerismo cuando se establezca la flamante Cámara Federal de Apelaciones.
Hace pocos días, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto del senador santacruceño Pablo González que promueve la instalación de una Cámara Federal de Apelaciones en esta ciudad, pese a cuestionamientos de abogados locales, del Consejo de la Magistratura y de diputados de la oposición que consideran su instalación no sólo un gesto de oportunismo político, sino que lo cuestionan por no representar un mecanismo acertado para garantizar la accesibilidad a los servicios de justicia.
La jurisdicción territorial comprenderá Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y será tribunal de alzada para los juzgados federales con asiento en estas provincias, que hasta ahora remitían sus causas y expedientes a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
En este tribunal deberían recaer todas las causas en las que estén o puedan estar involucrados funcionarios del gobierno nacional que tienen sus domicilios en Santa Cruz, o bien aquellos que ejerzan sus cargos en la provincia, dependiente del gobierno nacional. Ése sería el caso si hubiera alguna denuncia contra Rocío García, esposa de Máximo Kirchner y coordinadora de la Articulación local de Políticas Socio Sanitarias en la provincia de Santa Cruz del Ministerio de Salud. O bien, un caso similar, el de su hermana, Virginia García, titular de la a Dirección Regional Río Gallegos de la AFIP.
La creación de esta Cámara Federal levanta sospechas respecto de a quiénes trataría eventualmente de proteger en un futuro. Para el diputado nacional Manuel Garrido (UCR), ex fiscal de Investigaciones Administrativas, esta cámara se crea «para cubrir las espaldas a los funcionarios que tienen domicilio fiscal en la provincia de Santa Cruz; al señor Lázaro Báez, que tiene domicilio fiscal en la provincia de Santa Cruz, y a otros que están buscando desplazar las causas penales a la provincia para garantizar la impunidad».
La causa judicial más sensible al Gobierno que podría terminar en la flamante Cámara Federal de Piedrabuena sería la que actualmente lleva el juez federal Claudio Bonadio y que investiga a la empresa Hotesur, de la familia presidencial. La titular de Hotesur, Romina Mercado, sobrina de la presidenta Cristina Kirchner , pidió que la causa sea remitida al juzgado federal de Río Gallegos. La causa investiga si se lavó dinero en el hotel Alto Calafate simulando una ocupación hotelera inexistente.
En esa misma causa, ya se había presentado el socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, para pedir que el caso aterrizara en el juzgado federal de Río Gallegos, hoy a cargo de la jueza subrogante, afín al kirchnerismo, Andrea Askenazy Vera. El planteo del pedido de traslado se basa en que el hotel Alto Calafate está en El Calafate, que las sociedades en investigación tienen domicilio fiscal en Río Gallegos, que las empresas de Báez tienen domicilio en Santa Cruz y que los documentos están allí.
Tres días después de que el juez Claudio Bonadio fuera ratificado al frente del caso Hotesur, los abogados de Osvaldo Sanfelice, socio de la familia presidencial en diferentes negocios, pidieron que la investigación sea entregada a la Justicia federal de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, según publica Infobae.
Cabe recordar que, la semana pasada, la Cámara de Casación confirmó a Bonadío al frente de la investigación sobre el posible lavado de dinero en la firma Hotesur, propiedad de la familia presidencial.
Aunque también sucedió la semana pasada, el pedido de la defensa de Sanfelice para apartar al magistrado recién se dio a conocer este lunes.
El lunes pasado, la Sala I de la Cámara de Casación rechazó el pedido de recusación que había hecho Romina Mercado, sobrina de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y actual presidente de la sociedad Hotesur, con los votos de los jueces Luis Cabral y Gustavo Hornos.
En el caso Hotesur se investiga el delito de lavado de dinero en el que están involucrados los integrantes de la familia presidencial y el empresario Lázaro Báez.
Sanfelice, según fuentes judiciales, solicitó que pase a Río Gallegos el caso por varios motivos:
– Que el Hotel Alto Calafate, propiedad de Hotesur queda en la localidad santacruceña de El Calafate.
-Que las sociedades bajo investigación Hotesur, Valle Mitre e Idea S.A tiene domicilio fiscal en Río Gallegos.
-Que las empresas de Báez tienen domicilio en Santa Cruz y allí fue su desarrollo económico.
– Que la mayoría de las personas investigadas tienen domicilio en Santa Cruz.
-Que la documentación necesaria para la investigación (facturas, extractos bancarios, etc) se hallan en Santa Cruz.
Ante el pedido de Sanfelice, Bonadio tiene que consultar la opinión del resto de las partes –incluido el fiscal Carlos Stornelli– para luego resolver.
Si el juez le rechazara el pedido a Sanfelice tendrá que intervenir la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Eduardo Freiler, Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah.
(DyN) – La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que ya tiene en sus manos la causa por la compañía Hotesur, vinculada a la familia presidencial, intervendrá en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento en la causa AMIA.
Fuentes judiciales informaron que en el sorteo realizado esta mañana en el máximo tribunal penal del país la causa recayó en la sala integrada por los camaristas Gustavo Hornos, Luis María Cabral y Ana María Figueroa.
Además, Cabral y Figueroa también intervienen, aunque en la Sala II, en la causa por la firma del memorándum firmado por el Gobierno nacional con Irán por la causa AMIA y resolvieron que el texto del acuerdo sea traducido del inglés al español, antes de resolver si es o no constitucional.
Antes de que la Sala I se aboque a la denuncia de Nisman, el fiscal Javier De Luca, del colectivo oficialista «Justicia Legítima», será quien deba decidir si mantiene la apelación de la causa, sostenida en dos instancias por sus antecesores Gerardo Pollicita y Germán Moldes, o la rechaza.
Moldes había advertido que un fiscal de «Justicia Legítima» podía intervenir en el caso, en referencia a De Luca, y dando a entender que iba a dictaminar en contra de la denuncia.
De Luca dijo por su lado que estaba «ofendido» por los dichos de Moldes y calificó como «una locura, una barbaridad» la apelación rápida de aquel para determinar qué fiscal iba a intervenir, lo que entendió como un «forum shopping» de fiscales.
«Los fiscales que pertenecemos a ese espacio político judicial no resolvemos los expedientes políticamente sino jurídicamente, y esa es justamente una de las banderas de Justicia Legítima: el no resolver más las cosas por conveniencias políticas, por política comiteril», sostuvo De Luca.
Nisman denunció a la presidenta Cristina Fernández, al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés «Cuervo» Larroque y al dirigente Luis D’Elía, entre otros, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA mediante el dictado del memorándum de entendimiento con Irán.
Tras la denuncia inicial de Nisman -quien murió de un balazo pocos días después de radicarla- el fiscal Gerardo Pollicita imputó a todos los acusados y pidió abrir una investigación, pero el juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia al entender que no había delito.
La Sala I de la Cámara Federal confirmó la desestimación de la denuncia y el fiscal Moldes apeló la resolución para que en el caso intervenga Casación.
El tribunal aceptó la apelación al entender que su fallo se puede equiparar a una sentencia definitiva, porque cierra el avance de una investigación, y por lo tanto es materia para que intervenga la Cámara de Casación.
La empresa Hotesur pertenece a la presidenta Fernández y el juez Bonadio investiga la falta de entrega de balances de parte del hotel Alto Calafate, uno de los emprendimientos que administraba la compañía.
(DyN) – El juez federal Claudio Bonadio recibió una amenaza de muerte en su despacho y lo denunció ante la justicia, según confirmaron fuentes judiciales.
La amenaza fue recibida el jueves pasado en su despacho en los tribunales federales de Comodoro Py, pero Bonadio no se enteró sino hasta el día siguiente, cuando formuló la denuncia.
La causa quedó radicada ante el juzgado federal número cinco, a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, y quedó registrada con el número 743/2015.
El expediente está caratulado como “averiguación de delito”.
Las fuentes no precisaron la metodología ni tampoco el contenido de la amenaza, pero los investigadores orientaron la búsqueda a las eventuales relaciones con la investigación que Bonadio está llevando adelante sobre la empresa Hotesur, que administra el hotel Alto Calafate.
En esa empresa, según constancias judiciales, es accionista la presidenta Cristina Fernández.
La empresa Hotesur utilizó la cuenta oficial de Twitter de la Casa Rosada para defender a la familia Kirchner y responder a una nota publicada por el diario Clarín. La firma dijo que el medio pretende «generar un manto de sospecha en los actos económicos y legales de la familia Kirchner».
A través de un comunicado, Hotesur criticó «la permanente intencionalidad», a través de tapas de Clarín como la del domingo, «que no es más que la continuidad de este tipo de armados mediáticos y judiciales, que en forma permanente y continua se vienen dando en estos medios de comunicación opositores». La respuesta de la empresa privada, vale aclarar, se realizó a través de Télam, la agencia estatal de noticias.
En este sentido, la empresa desmintió nuevamente al matutino porteño indicando que «las acciones de titularidad del Dr. Néstor Carlos Kirchner, a partir de la declaratoria de herederos efectuada a partir de su fallecimiento, pasan a ser incorporadas a la Sucesión del Doctor Néstor Carlos Kirchner».señala La Nación.
Y que «la designación del Sr. Máximo C. Kirchner como su administrador judicial obviamente implica que todos los actos legales que correspondan a la Sucesión de Néstor Carlos Kirchner respecto a la titularidad accionaria en Hotesur SA sea su administrador judicial quien actúa en representación de la misma».
Clarín publicó un artículo titulado «Caso Hotesur: la Justicia profundiza la investigación sobre Máximo» en el cual afirma que el hijo de Cristina Kirchner firmó al menos dos documentos de Hotesur en el cual se detectaron irregularidades y que un juez pidió a la AFIP una ampliación de su declaración impositiva.
En tanto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, justificó hoy que se haya utilizado la cuenta oficial de Twitter del Gobierno para defender la posición del hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, en una causa judicial, al asegurar que “es lo que corresponde hacer” frente a una investigación periodística sobre la empresa hotelera de la familia Kirchner, que calificó como “un agravio”.
En su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, el funcionario señaló que “el Gobierno debe, inexorablemente, promover su legítima defensa” ante notas periodísticas que, según su criterio, se publican “para agraviar, hostigar, injuriar y atacar” al Poder Ejecutivo.
“Claramente es lo que corresponde hacer”, dijo Capitanich, y agregó que “lo que corresponde hacer es aclarar. No podemos convalidar en forma sistemática el ataque reiterado y el hostigamiento mediático que hace el Grupo Clarín”.
(Télam) – «Hotesur S.A. informa que a raíz de la publicación del día de la fecha en el diario Clarín, en la que se afirma que el contador Hugo Álvarez es el contador de esta empresa: una vez más, debemos señalar como falsa dicha información. Dicho profesional no es contador de Hotesur S.A.», señaló la empresa en un comunicado.
«Lamentablemente -agregó- una vez más somos victimas de la impericia mediática, o de lo que en realidad sólo es una campaña permanente de ataques mediáticos, cuyo único fin es colocar en un manto de sospecha a una sociedad que paga sus impuestos y ejerce el comercio conforme la normativa vigente».
«Ya es más que notorio e inocultable la real malicia con que el grupo económico Clarín instrumenta en forma sistemática. La mentira y la confusión como método permanente», concluyó el comunicado de la empresa.
(DyN) – El juez federal Claudio Bonadio fue sancionado por el plenario del Consejo de la Magistratura con un descuento del 30 por ciento de su salario, como consecuencia de las demoras en que incurrió en dos expedientes relacionados con la privatización de Tandanor y créditos incobrables a las Curtiembres Yoma.
El magistrado, a cargo de una investigación por presuntas irregularidades contables de la empresa Hotesur, propiedad de la presidenta Cristina Fernández, vino siendo blanco de durísimas críticas desde sectores kirchneristas en las últimas semanas.
La sanción contra Bonadio fue aprobada por una mayoría estricta de siete votos (contra seis que se inclinaron por la desestimación), conformada por los cinco integrantes del kirchnerismo en el Consejo, más el representante del sector académico y la presidenta del cuerpo, la jueza Gabriela Vázquez.
El viceministro de Justicia y representante del Ejecutivo ante el Consejo, Julián Alvarez, había presentado un dictamen proponiendo la suspensión de Bonadio hoy mismo y el envío a un Jurado de Enjuiciamiento.
Pero para ello eran necesarios los votos de dos tercios de los consejeros presentes, es decir nueve sobre 13, y el oficialismo no llegaba a esa cifra.
Entonces, el consejero académico Jorge Candis, introdujo la moción de la sanción económica, e inmediatamente Julián Alvarez retiró su propuesta de máxima y adhirió al recorte del 30 por ciento del salario de un mes para el magistrado.
A esa postura se sumaron los senadores Ruperto Godoy y Pablo González y los diputados Eduardo «Wado» De Pedro y Héctor Recalde -todos del Frente para la Victoria- y definió con su séptimo voto la jueza Gabriela Vázquez.
Los legisladores radicales Ángel Rozas y Gustavo Valdés, y la abogada porteña Adriana Donato, se inclinaron por rechazar la sanción argumentando que desde el inicio del proceso contra Bonadio se había excedido el plazo máximo de tres años para adoptar una resolución, en tanto que el abogado del interior Miguel Piedecasas y los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes directamente desestimaron los argumentos acusatorios contra el juez.
La decisión fue adoptada tras un por momentos áspero debate, en el que los consejeros se enrostraron la supuesta pertenencia de Bonadio a los «jueces de la servilleta» y sus vinculaciones con la «década infame», en alusión a los nombres de magistrados que el ex ministro del Interior Carlos Corach habría anotado como jueces adeptos al menemismo en los 90.
El viernes pasado, el viceministro Alvarez, uno de los más ásperos críticos del juez federal, llegó a advertir que «Bonadio es un extorsionador, un pistolero, que está utilizando las causas judiciales como la (pistola) Glock que tiene en su casa».
La novela que se generó tras la decisión del juez Claudio Bonadio de allanar la firma Hotesur, que administra el hotel de la familia Kirchner en El Calafate, no para de sumar nuevos capítulos.
Es que, mientras Bonadio decidió avanzar con la causa que también involucraría al empresario Lázaro Báez, el kirchnerismo redobló su apuesta contra el magistrado y le sumará otra denuncia en su contra, en el Consejo de la Magistratura.
En concreto, Bonadio pidió a la AFIP las declaraciones juradas de impuestos de la presidenta Cristina Fernández; de su difunto marido, Néstor Kirchner; y de los hijos de ambos, Máximo y Florencia, además de las correspondientes al empresario Lázaro Báez.
Efectivos de la Policía Metropolitana fueron comisionados por Bonadio para presentarse ante la AFIP para recabar esa información, en el marco de la causa en la que investiga presuntas irregularidades en la empresa Hotesur S.A., que administra el hotel Alto Calafate, informaron fuentes judiciales.
En el caso del ex presidente Néstor Kirchner, se trata de las declaraciones juradas entre los años 2008 y 2010, cuando falleció.
La medida ordenada por Bonadio tiene que ver con las declaraciones de impuestos a los bienes personales y a las ganancias e involucra también a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista; a integrantes de la sociedad Hotesur, entre ellos Romina Mercado, y directivos de Valle Mitre, una firma también vinculada con Lázaro Báez.
Si bien la denuncia que formuló la diputada opositora Margarita Stolbizer no tenía relación con Lázaro Báez sino con irregularidades registrales y contables de Hotesur, el juez dispuso ampliar la investigación y llevarla hasta el vínculo entre la familia presidencial y el empresario santacruceño.
Contraataque
Del lado del kirchnerismo, el secretario de Justicia de la Nación y miembro del Consejo de la Magistratura, Julián Álvarez, presentó un nuevo pedido de juicio político contra el juez federal Claudio Bonadio por «extorsionar» a ese cuerpo con medidas que involucran a altos funcionarios cada vez que avanza en el análisis de su conducta.
«Claudio Bonadio es un extorsionador, un pistolero, que está utilizando las causas judiciales como la (pistola) Glock que tiene en su casa», sostuvo el número dos del Ministerio de Justicia de la Nación al hablar antes los periodistas en el Consejo.
Álvarez presentó el pedido ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, denunciando que Bonadio adoptó esa conducta en al menos cinco oportunidades, contra distintos funcionarios públicos, entre ellos el vicepresidente Amado Boudou, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno; el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti, además de la presidenta de la Nación.
El planteo de Álvarez contra Bonadio apunta a la causal de «mal desempeño en sus funciones», pero de la alocución del viceministro se desprendieron términos como «extorsión» y «protección» que podría constituir delitos.
Alvarez consideró que con el allanamiento ordenado por Bonadio en la AFIP en busca de las declaraciones juradas de la Presidenta Cristina Fernández y miembros de su familia «está extorsionando al Consejo de la Magistratura», que iba a analizar algunas de las denuncias en su contra.
El funcionario sostuvo que Bonadio «tiene 69 denuncias» en el Consejo «de las cuáles nueve están en condiciones de removerlo».
«Todo el mundo sabe que Bonadio es un juez de la servilleta de (el ex ministro menemista de Interior Carlos) Corach, un pistolero, no tiene antecedentes para ser juez de la Nación», disparó.
Y recordó que el magistrado en su momento debió apartarse de una de las causas que llevaba, sobre el atentado terrorista a la mutual judía AMIA, porque «no quiso llamar a declaración indagatoria a Corach» ya que, sostuvo «responde a él».
Para Álvarez la situación creada en torno a Bonadio «es una cuestión institucional grave» y lo definió como «uno de los jueces mas cuestionados de la Republica Argentina».