El canciller Héctor Timerman afirmó que el gobierno argentino “espera que la justicia condene a quien usurpa y roba lo que es parte de las riquezas naturales de la Argentina” en referencia a la exploración de petróleo en la zona de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña.
Al finalizar la reunión de cancilleres realizadas en el hotel Sheraton de la ciudad de Panamá en el marco de la VII Cumbre de las Américas, Timerman se refirió a la denuncia penal presentada por Argentina contra las empresas que realizan la exploración y explotación petrolera.
En ese sentido, explicó que el Gobierno “inició acciones penales en defensa de la soberanía y de las riquezas naturales –de las Islas Malvinas- que le pertenecen al pueblo argentino”.
Al respecto, el funcionario nacional consideró que “la exploración es una violación a las resoluciones de las Naciones Unidas que impiden la exploración y explotación de zonas donde hay una disputa de soberanía” como es el caso de las Malvinas.
“Esta política de exploración es digna de un país –Gran Bretaña- que cree que puede imponer una práctica colonialista en cualquier lugar a pesar de estar en el siglo XXI”, concluyó Timerman, según reproduce el portal de prensa del Gobierno.
Al ser consultado sobre si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se referirá a este tema, el canciller sostuvo que “seguramente” lo hará porque “la Argentina no varía” sobre este tema.
Durante la reunión de ministros del exterior, la única representante que citó la cuestión Malvinas y el aumento de la militarización en esa zona por parte de Gran Bretaña fue el gobierno de Venezuela.
Por otra parte, el canciller también contó que “hubo una suerte de convocatorias paralelas en la relación con Gran Bretaña”, ya que la embajador argentina en el Reino Unido, Alicia Castro, fue citada por el gobierno británico al igual que fue convocado el embajador inglés en Argentina.
El Gobierno citó al embajador británico ante Buenos Aires, John Freeman, para que dé «explicaciones» sobre acciones de espionaje contra la Argentina y por la «militarización y exploración ilegal de hidrocarburos» en las Islas Malvinas, informó la Cancillería.
La convocatoria fue realizada por el vicecanciller Eduardo Zuain, quien expresó al diplomático del Reino Unido el «malestar» de la Casa Rosada por ambos hechos. Además, anunció la decisión de denunciar penalmente a empresas británicas que están explorando la extracción de petróleo en la plataforma continental de las islas.
La citación surge sólo un día después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico hiciera algo similar, citando a la embajadora argentina en esa nación, Alicia Castro, para manifestarle su preocupación por las declaraciones que hizo Cristina durante el acto por el 33º aniversario de la Guerra de Malvinas de 1982.
«Somos la excusa perfecta, la coartada de un gobierno que ha tenido que (…) abrir bancos de alimentos para alimentar a un millón de ingleses. No se preocupen, que no pongan una sola libra más en la defensa de Malvinas, que las pongan en alimentar ingleses, en darles trabajo, educación a los ingleses. No somos un peligro para nadie, no solamente para los ingleses. No somos un peligro en términos militares, de ofensiva militar», enfatizó ese día, desde Ushuaia, la jefa de Estado.
«Hoy casi provocadoramente dicen que han descubierto petróleo. En una actitud más de provocación, pero nosotros no nos vamos a dejar arrastrar por ninguna provocación porque tenemos chapa, tenemos historia, tenemos política de convivencia y de diálogo», agregó.
«Nos oponemos fuertemente a las recientes declaraciones de la presidenta argentina y de la embajadora argentina en Londres y, por tanto, hemos convocado a la embajadora para que dé cuenta de esto», explicó un vocero del Foreign Office.
El portavoz agregó que el Reino Unido «no tiene dudas sobre su soberanía» de las islas y las áreas marítimas circundantes, «ni tampoco el derecho de los habitantes a decidir su propio futuro», según informaron las agencias EFE y Reuters.
En el caso de Argentina, la convocatoria al embajador Freeman tiene que ver fundamentalmente con «el silencio del Gobierno británico frente a revelaciones de Edward Snowden, a través del medio ‘The Intercept’, sobre acciones de espionaje electrónico masivo dirigidas contra la Argentina».
«Según este medio, las acciones fueron llevadas adelante ante la creciente presión internacional para resolver la disputa de soberanía sobre las Malvinas», precisó la información.
Zuain hizo presente al representante británico que «acciones de ese tipo violan el derecho a la privacidad conforme lo establecido en las resoluciones 68/167 y 69/166 de la Asamblea General de las Naciones Unidas».
«Ambas resoluciones ponen de relieve que ‘la vigilancia y la interceptación ilícitas o arbitrarias de las comunicaciones, así como la recopilación ilícita o arbitraria de datos personales, al constituir actos de intrusión grave, violan los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión y pueden ser contrarios a los preceptos de una sociedad democrática'», agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, Zuain comunicó a Freeman que la Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, «presentarán una denuncia penal contra las empresas que llevan adelante actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina».
Ello, por violar la ley 26.915 y resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambas partes en la disputa de soberanía a «no introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras se encuentre pendiente la solución de la controversia».
Durante el encuentro, el vicecanciller expresó también el «malestar» del Gobierno por las declaraciones efectuadas del secretario de Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, ante el Parlamento Británico.
Allí, remarcó la diplomacia nacional, Fallon «anunció el incremento del gasto militar en las Islas Malvinas y la introducción de nuevo equipamiento bélico, alegando una supuesta e inverosímil ‘amenaza’ argentina».
«Frente al armamentismo británico, la Argentina sostiene que sólo el diálogo y la negociación deben primar para poner fin a esta situación colonial anacrónica que lleva más de 182 años, mediante la aplicación de la resolución 2065 (XX), y siguientes, de las Naciones Unidas», expuso Zuain.
El Poder Ejecutivo Nacional oficializó su decisión de desclasificar los documentos secretos vinculados a la guerra de Malvinas, anunciada el pasado 2 de abril por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del acto por el 33° aniversario del conflicto bélico.
Según publica el portal de prensa oficial de la Casa Rosada, la medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 503, que lleva la firma de la Presidenta, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y del ministro de Defensa, Agustín Rossi.
“Relévase de la clasificación de seguridad, establecida conforme a las disposiciones de la Ley
N° 25.520 y su modificatoria, a toda aquella documentación, de carácter no público, vinculada al desarrollo del conflicto bélico del Atlántico Sur obrante en los archivos de las Fuerzas Armadas”, ordena la norma en su artículo 1°.
Luego, para “aquellos documentos donde se encuentre información de carácter sensible, de acuerdo a la Ley N° 25.326”, se dispone “su acceso previa acreditación del interés legítimo y bajo acuerdo expreso de responsabilidad por la utilización de la información”.
Finalmente, el Decreto otorga “un plazo de 30 días hábiles al Ministerio de Defensa para disponer a la consulta pública los registros de la totalidad de los documentos obrantes en los archivos de las Fuerzas Armadas y su modalidad de consulta”.
En los considerandos se destaca que “desde el actual Estado democrático y republicano corresponde relevar el secreto y la confidencialidad de la información y documentación que pueda favorecer el conocimiento integral de los hechos vinculados al conflicto bélico del Atlántico Sur”.
Moscú no está en negociaciones con Argentina sobre el arrendamiento de una docena de bombarderos supersónicos, indicó un alto cargo ruso, señalando que Rusia estaría dispuesta a considerarlo.
Se trata de la supuesta negociación que utilizó Gran Bretaña como argumento para justificar un aumento del presupuesto destinado a militarizar las Islas Malvinas, ante el temor de un presunto ataque que haría Argentina a ese territorio con el aval de esta tecnología rusa.
Al respecto, Alexander Fomin, responsable del Servicio Federal para la Cooperación Militar-Técnica, una agencia del gobierno encargada de coordinar el comercio de armas, desmintió esas noticias sobre que Rusia estuviera negociando con Argentina para ofrecer una remesa de 12 bombarderos Su-24 en condiciones de arrendamiento financiero.
«Por desgracia, el asunto no está en discusión, pero estamos dispuestos a discutirlo», dijo Fomin en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Interfax y que reproduce AP.
Como se mencionó, las noticias sobre el posible acuerdo plantearon el temor en Gran Bretaña a que Argentina pudiera utilizar estos bombarderos, con capacidad para realizar incursiones a alta velocidad y baja altitud, para atacar las islas Malvinas.