El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata ordenó la excarcelación de Leonardo Fariña, el ex cerebro financiero del grupo Báez que el viernes pasado declaró durante más de diez horas ante el juez Casanello para dar detalles, nombres y números precisos de lo que calificó como un «plan sistemático» de corrupción para esquilmar cientos de millones de dólares de las arcas estatales.
Fariña estaba preso por una causa de evasión fiscal que ya fue elevada a juicio oral por el juez Ernesto Kreplak, y por eso su destino estaba en manos de los tres magistrados del tribunal oral que lo va a juzgar.
Aunque el tribunal había negado la excarcelación del valijero el miércoles previo a la Semana Santa, cuando estaban a punto de cumplirse dos años de prisión preventiva, su abogada Giselle Robles repitió la solicitud el lunes, cuando Fariña ya se había incorporado al programa de testigos protegidos del mininsterio de Justicia nacional tras su explosiva declaración en la causa de «la ruta del dinero K».
Aunque el motivo para negarle la excarcelación hace un mes fue el supuesto peligro de fuga, ese argumento se había debilitado con la custodia y vigilancia oficial que implica ser testigo protegido. El tribunal oral platense -con dos de los tres jueces miembros de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima- no respondió al pedido ayer martes, y todo se retrasó más cuando uno de ellos, Carlos Rozanski, pidió una sorpresiva licencia.
El tribunal se completó ayer con el juez Jorge Michelli, y esta mañana pidió información al ministerio de Justicia respecto de cuáles serían las medidas con las que custodiarían a Fariña si fuera liberado. Aunque desde el organismo no dieron ninguna información a la prensa, esas precisiones viajaron a La Plata pasado el mediodía, y en apariencia fueron lo suficientemente convincentes para que el tribunal aceptara excarcelar a Fariña.
(Agencias) La ex presidenta Cristina Kirchner fue imputada en la Justicia en la causa por lavado de dinero. La medida contra la ex mandataria la decidió el fiscal Guillermo Marijuan y se conoció luego de la maratónica declaración del financista Leonardo Fariña en la causa que también investiga al empresario patagónico Lázaro Báez.
Acogido a la figura del «arrepentido», el valijero Fariña mencionó a Néstor y Cristina Kirchner y vinculó a altos funcionarios del anterior gobierno maniobras de sobreprecios en la obra pública y lavado de dinero. Los dichos de Fariña también involucran al ex ministro Julio De Vido, quien también fue imputado.
La imputación contra Cristina Kirchner se conoce a cuatro días de que la ex presidenta declare en otra causa: en Comodoro Py ya se la investiga por la operatoria del Banco Central con dólar futuro.
Según consignó la agencia DyN, el fiscal evalúa solicitar la declaración indagatoria de la ex presidenta, aunque esa decisión la adoptará recién cuando regrese a la Argentina tras un viaje que emprenderá esta noche a los Estados Unidos, en el marco de la investigación por otro caso de presunta corrupción, conocido como «Cerro Dragón».
Durante los días de ausencia de Marijuán por su viaje a los Estados Unidos, la causa quedará a cargo en el Ministerio Público del fiscal Carlos Rívolo. Marijuán regresará a la Argentina el sábado 16 de abril.
La declaración de Fariña
El valijero aportó datos de computadoras, teléfonos celulares, y archivos que documentan su relación con el manejo de fondos negros del empresario patagónico. Tras la declaración de Fariña, el juez de la causa, Sebastián Casanello, dispuso que se lleven a cabo nueve medidas de prueba para determinar si puede usar esos dichos como elementos de cargo contra los demás imputados.
Fariña mencionó el traslado de dinero en bolsos, como lo había hecho la primera vez en el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata, antes de desdecirse. Pero además contó que los vuelos se hacían hasta un aeropuerto uruguayo cercano a Montevideo, donde no hay funcionarios de Aduana, para evitar que revisaran sus pertenencias.
Fariña se refirió además al fideicomiso que firmó Báez con el Banco Nación por 350 millones de pesos y donde el valijero intervino para reestructurar los pasivos de la empresa.
Latinoamérica es una de las regiones a nivel mundial que sufre más graves problemas relacionados con el tema de Lavado de Dinero.
Por caso, según un informe de LexisNekis Risk Solutions reproducido por PR Newswire, el narcotráfico es una actividad que diariamente fortalece esta situación, al punto de representar un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de la zona, unos US$400 mil millones al año, causando graves problemas para la economía de los países que conforman dicha entidad.
Es decir, no se declaran los orígenes y se evaden impuestos por alrededor de US$ 1.000 millones diarios.
Según Carlos Garcia-Pavia, director de Soluciones y Prevención de Lavado de Dinero de LexisNekis, «los bancos han sido severamente castigados por la regulaciones para combatir estos delitos financieros, algunos han sido penalizados con hasta US$ 9.000 millones en multas por las violaciones a las leyes de secreto bancario”.
“Para prevenir el lavado de dinero, la corrupción y el fraude es vital tener acceso a la información y transparencia para el adecuado conocimiento de clientes, proveedores, socios comerciales y en general cualquier entidad con quién se establece una relación de negocio para saber quién está detrás de éstas relaciones. La falta de disponibilidad y acceso a información digital en Latinoamérica dificultan significativamente la tarea de investigar adecuadamente a las personas y empresas que diariamente operan en las Instituciones Financieras», agregó el especialista.
Según el informe, los principales factores que permiten que el Lavado de Dinero siga creciendo en Latinoamérica son los siguientes:
– Crisis Financiera mundial. La recesión a partir del 2008 es parte del problema. Los fondos son más restringidos, los trabajos son más escasos y a causa de esto, algunas personas recurren a otros medios (economía informal/actividades ilegales/lavado de dinero) para poder llevar recursos a sus casas.
– Controles de divisas y demanda del dólar. Los controles en el cambio de divisas impuestos por algunos gobiernos de la región resultan en un mayor uso de efectivo en transacciones financieras, por lo tanto favoreciendo los esquemas de Lavado de Dinero basado en el intercambio de efectivo en la economía informal.
– Crimen Organizado. Latinoamérica ha sufrido un incremento en los altos índices de violencia y actividades criminales relacionadas con la delincuencia organizada.
– Corrupción. El pago de sobornos a funcionarios públicos y personas con posiciones de poder en la iniciativa privada pasa desapercibido para las instituciones financieras debido a prácticas inadecuadas de conocimiento del cliente, lo cual impide establecer los controles de monitoreo de flujos financieros necesarios para esos individuos.
Como resultado de la experiencia y conocimiento, el Ejecutivo de LexisNexis afirma que las empresas deben de contemplar y desarrollar ciertas cualidades para poder acabar con el Lavado de Dinero, destacando los siguientes cuatro puntos principales:
– Nitidez Financiera. Mantener un conocimiento total acerca de las operaciones financieras que se realizan en las empresas
– Equipos Especializados. Contar con equipos de administración y contabilidad que conozcan perfectamente los temas de lavado de dinero, corrupción y cómo prevenirlos
– Conocimiento del Cliente. ¿Quién es esa persona o empresa que pretende hacer negocios con la compañía? ¿Cuál es su objetivo?
– Aplicación de herramientas de apoyo. Existen programas de software con bases de datos públicas que permiten a las compañías obtener la información necesaria para evaluar el riesgo asociado con el cliente o inversor que se acerca a ellos.
«El 1 de julio la embajada de Estados Unidos en Berna transmitió al Ministerio de Suiza los pedidos en los plazos previstos por el tratado de extradición entre los dos países», informó el comunicado emitido por las autoridades helvéticas, según reprodujo la agencia de noticias EFE.
La solicitud de extraditar a los dirigentes se basa en las sospechas de que los siete dirigentes y empresarios tuvieron participación en una red de corrupción que permitió el pago de más de 100 millones de dólares en sobornos, en un caso conocido como ‘fifagate’.
Según las investigaciones de la fiscalía de Nueva York, los siete altos dirigentes del máximo organismo del fútbol mundial recibieron de representantes de medios deportivos y empresas comerciales millones de dólares a cambio de conferirles los derechos de transmisión, comercialización y auspicio de torneos de fútbol en Estados Unidos y América latina.
«Esos actos de corrupción, acordados y preparados en suelo estadounidense, también fueron el objetivo de transacciones a través de bancos norteamericanos, por esa razón la Justicia en Nueva York abrió un procedimiento sobre el caso», detalló el comunicado del Ministerio suizo.
En los próximos 14 días los ahora ex dirigentes, detenidos en Zurich desde el 27 de mayo pasado, podrán responder la demanda de extradición, que pueden aceptarla voluntariamente o recurrir a una apelación ante una instancia superior, como el Tribunal Penal Federal.
Entre los implicados en el ‘fifagate’ hay tres argentinos: Hugo y Mariano Jinkis, titulares de la empresa Full Play; y Alejandro Burzado, ex CEO de la empresa Torneos.
(Télam) – La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó al banco Santander Río y a ocho miembros de su directorio, con una multa por $ 554.628 a cada uno y aparte a la institución financiera, lo que da como resultado $ 4.991.652, al detectar que no se informaron operaciones sospechosas de encubrir el lavado de activos de origen delictivo.
Lo hizo a través de la Resolución 115/15, dictada en el expediente UIF 1334/13, conforme lo dispuesto en el artículo 24 incisos 1. y 3. de la Ley 25.246.
Esos incisos fijan que «la persona que actuando como órgano o ejecutor de una jurídica o de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF) creada por esta ley, será sancionada con pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave».
La sanción recayó sobre Leonardo Vio, en su carácter de oficial de Cumplimiento; y también fueron multados el presidente del Santander Río, Enrique Cristofani; y los directores Claudio Cesario, quien a su vez es el titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); Luis Aragón; Luis García Morales; Carlos Grindre; Norberto Rodríguez y Guillermo Tempesta.
Todos ellos fueron multados por «hallar sus conductas encuadradas en lo dispuesto en el artículo 21 inciso b. de la Ley 25.246»
Este dice que se deberá «Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma, que resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada».
El punitivo sobre el Banco fue encuadrado en el artículo 24 inciso 2, que indica que «la misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor».
(DyN) – El Gobierno fijó hoy en 2,2 millones de pesos el nivel de las transacciones a partir de las cuales se pedirá documentación que respalde el origen de los fondos, con el fin de evitar maniobras destinadas al lavado de activos y financiación del terrorismo.
Lo hizo a través de la Resolución 56/2015, publicada en el Boletín Oficial, con la firma del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella.
La medida, que modifica una resolución de 2011, eleva el nivel de las transacciones sujetas a control que, anteriormente, estaba en 200 y 500 mil pesos.
De esa manera, para las transacciones que superen los 2,2 millones de pesos se requerirá documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, o copia autenticada de la escritura, en el caso de venta de inmuebles, o certificado de un contador público, validado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente.
También se requerirá para validar el origen de los fondos, documentación bancaria, documentación que acredite venta de bienes, valores, u otra documentación de carácter respaldatorio que se considere pertinente.
Además, para las operaciones que superen los 2,2 millones de pesos, se deberá «definir el perfil del cliente».
La norma indica que «cuando las transacciones superasen la suma de 2,2 millones de pesos se requerirá documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos. La documentación respaldatoria a requerir, podrá consistir en copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realiza la compra».
También podrá ser «certificación extendida por Contador Público matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, que indique el origen de los fondos, y señale en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma» o «documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos».
Además, se podrá exigir «documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes» o «cualquier otra documentación que respalde de acuerdo al origen declarado, la tenencia de fondos suficientes para realizar la operación».
(Télam) – El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, solicitó en Londres al banco británico HSBC Holdings que permita a la Argentina repatriar los U$S 3.500 millones detectados en las cuentas ocultas en la sede suiza de la entidad financiera, que corresponden a unos 4.000 perfiles argentinos y datan de 2006.
Echegaray explicó en conferencia de prensa que espera del banco «que repare el daño causado a las finanzas públicas», y pidió a la entidad que muestre «una conducta pública de que no es un banco que causa perjuicio a los gobiernos», consignó la agencia de noticias EFE.
El titular de la Afip asistió como espectador a la sesión de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes, donde declarará el consejero delegado del grupo HSBC, Stuart Gulliver, y el secretario permanente del HMRC (fisco británico), Edward Troup.
A Echegaray le interesa saber primeramente si HSBC Holdings, la casa matriz del grupo bancario internacional, «respalda la actitud de su filial argentina», a través de la cual se organizó la fuga de capitales argentinos a Suiza y su consiguiente evasión fiscal.
Si no la respalda, lo que la Afip espera es que «clarifique públicamente», y que tome medidas para «reparar los daños».
Por eso, reclaman al banco la repatriación de los capitales que «salieron ilegalmente» de Argentina en 2006, según reveló la llamada lista Falciani, compilada por un ex empleado de la sucursal suiza del HSBC y remitida a varios países.
Echegaray subrayó que los U$S 3.500 millones «sólo se refieren a un día de 2006», por lo que el monto traspasado a Suiza y posiblemente evadido del Estado argentino en los años en que se produjeron las irregularidades podría ser muy superior.
De acuerdo con la lista de Hervé Falciani, Argentina es el octavo país con más clientes registrados en el HSBC de Ginebra, por delante de los Estados Unidos, Alemania y Rusia.
El Grupo Clarín, con más de U$S 100 millones, lidera la lista, y le siguen el Grupo Fortabat, con US$ 101.306.936; la generadora termoeléctrica Central Puerto, con US$ 82.277.040; y Telecom Argentina, con US$ 18.822.872.
La AFIP denunció penalmente al HSBC el 26 de noviembre del año pasado, tras acceder a una lista de 4.040 clientes argentinos con cuentas ocultas en Suiza.
Echegaray precisó que esta denuncia comprende «a los titulares de esas 4.040 cuentas, la plataforma ilegal montada por el HSBC y sus directivos, con el único objetivo de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos», y al resto de «asesores profesionales y facilitadores de la maniobra».
En la demanda de la AFIP está el contador argentino Miguel Gerardo Abadi, titular del fondo de inversión Gems, domiciliado en Londres, que gestionó U$S 1.400 millones, la mayor fortuna de entre los algo más de 100.000 clientes con cuentas opacas en Suiza expuestos por Falciani.
Paralelamente, la Afip pidió a Suiza información sobre las operaciones del HSBC en ese país, así como a los paraísos fiscales mencionados en la lista Falciani.
(DyN) – El empresario kirchnerista Lázaro Báez fue citado a declaración indagatoria por presunto lavado de dinero en la compra de un campo en la provincia de Mendoza, por la que está procesado Leonardo Fariña.
Fuentes judiciales informaron a DyN que el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a Báez para el próximo 13 de marzo.
También fueron citados a indagatoria el contador Daniel Pérez Gadín; Fabián Rossi, ex esposo de la vedette Ileana Calabró; y el escribano Martín Rosta.
(Télam) – La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA) aplicó una multa de 85,7 millones de pesos al HSBC Bank Argentina S.A. y a sus autoridades, por «incumplir normas sobre prevención del lavado de dinero”.
Fuentes de la Superintendencia indicaron a Télam que la multa a la entidad financiera de capitales británicos se debe a que no cumplió disposiciones “vinculadas con el conocimiento del cliente, que apuntan a determinar la capacidad económica del mismo y/o ingresos suficientes, que permitan determinar el verdadero origen de los fondos operados».
La nueva sanción se distribuye del siguiente modo: la entidad deberá pagar 42 millones de pesos, mientras los directivos involucrados, incluyendo su presidente y vice, abonarán 43,7 millones.
El dictamen de la Superintendencia señala que “las infracciones a las normativas del Banco Central fueron detectadas en las supervisiones regulares que lleva adelante sobre bancos y casas de cambio».
El banco HSBC «había dado curso a operaciones de cambio de clientes por un monto total de 42 millones de pesos, respecto de los cuales no aportó las correspondientes declaraciones juradas acerca de la licitud y el origen de los fondos, con la documentación respaldatoria que las sustente», agregó la Superintendencia de Entidades Financieras.
Si bien las operaciones detectadas corresponden a un sumario abierto en el período 2008, no se habían aplicado hasta ahora las sanciones correspondientes.
Entre los directivos multados se encuentran el actual presidente del banco, Gabriel Diego Martino (7,5 millones de pesos) y el vicepresidente de la entidad, Miguel Ángel Estévez (8,4 millones).
En el BCRA explicaron que la medida no está vinculada con la denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita realizada a fines del año pasado por la AFIP contra el holding y sus directivos.
En esa causa se investiga al banco por facilitar la apertura y ocultamiento de 4.040 cuentas de empresas e inversores argentinos por aproximadamente 3000 millones de dólares en una sucursal suiza del banco.
Con respecto a la nueva multa, si bien la decisión gubernamental puede ser apelada en la Justicia, la entidad financiera está obligada a pagar ahora y previsionar luego la multa en su balance.
En los dos últimos años y medio la entidad financiera fue sancionada por la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) por otras tres operaciones sospechadas de lavado de dinero, por más de 100 millones de pesos en total, que no fueron informados a las autoridades.
Las multas aplicadas por la UIF al HSBC fueron por 63,3 millones de pesos, 30 millones y 10,6 millones, respectivamente.
En el primer caso -de agosto de 2012- el banco no reportó operaciones de un cliente entre septiembre y diciembre de 2007, cuando no poseía ningún documento que diera cuenta del origen de los fondos y la firma en cuestión, una consignataria rural, no presentaba actividad registrada.
La firma se constituyó a fines del año 2006 e inició su actividad ante la AFIP en junio del año siguiente, y al momento de pedir la apertura de una cuenta corriente en el HSBC la sociedad declaraba no tener empleados ni instalaciones propias, y sus declaraciones juradas y facturación figuraban en cero.
Según el banco, la firma le habría dicho que su facturación anual estimada sería de unos 900 mil pesos, pero o la empresa realizó operaciones por casi 32 millones de pesos en apenas tres meses y el oficial de cumplimiento no envió ningún reporte a la UIF (tampoco lo hizo cuando, inmediatamente después, ésta cerró la cuenta).
En el segundo caso, en diciembre de 2012 se aplicó la multa a HSBC Bank Argentina porque no se reportó una operación sospechosa realizada por la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio en 2007, por un monto superior a los 15 millones de pesos.
Esa entidad, señaló el organismo, «no contaba con un perfil que le permitiera justificar el origen del dinero ni el monto de las operaciones señaladas, ni el banco poseía en los legajos de dicho cliente los balances necesarios para determinar su perfil».
Además, el monto total de las operaciones investigadas resultó un 5.800% superior al monto de los ingresos totales declarados por la Asociación en los ejercicios 2005-2006, según la UIF.
El HSBC reportó las operaciones «dos años y medio después de realizadas, luego de haber recibido un requerimiento por parte de la UIF y por aproximadamente $10 millones menos de lo que debió haber reportado».
Por último, en junio de 2013 el organismo volvió a multar al banco, por no reportar como sospechosa una maniobra realizada en 2007, injustificable según el perfil patrimonial del cliente.
La persona había declarado vivir de una renta que no alcanzaba los 3 mil pesos por mes; además, según los registros de la AFIP, no presentaba bienes a su nombre, no poseía declaraciones juradas de IVA respecto de los períodos posteriores a mayo de 2005, ni declaraciones juradas respecto de los impuestos a las Ganancias Personas Físicas y a la Ganancia Mínima Presunta, ni aportes a la seguridad social.
A pesar de ello el banco no consideró sospechoso el depósito de más de 5 millones de pesos en la cuenta del rentista, ni aún que este dinero fuera luego debitado en el curso de un mes, mediante cheques librados por 500 mil y 232 mil pesos, en favor de una misma persona jurídica.
Los negocios de Blaksley y su compañía Hope Funds S.A. sorprenden por el alto perfil de los involucrados: se asoció a la familia Messi para abrir en España una cadena de cafés con su nombre, trajo a Roger Federer a la Argentina junto a la empresa Imagen Deportiva del empresario Guillermo Marín, pagó para que Usain Bolt viniese a correr contra el Metrobus, adquirió el 47% del fondo de comercio del Buenos Aires Design por u$s20 millones, compró la licencia del Hard Rock Café Argentina por unos u$s7 millones, se quedó con el manejo de parte del merchandising de Boca Juniors, es auspiciante de la selección nacional de básquet y hasta adquirió la mitad del estudio de animación Smilehood, conocido por la creación del personaje del payaso Plim Plim, indica Infobae en su edición digital.
Sus numerosos acuerdos lo llevaron a ser entevistado por los medios incontables veces en los últimos dos años. A todo aquel que quisiera escucharlo, le contaba la historia de cómo se inició en los negocios con un servicio de venta de huevos a domicilio en el San Isidro de su juventud. Su nombre se volvió conocido sobre todo en el mundo de los caballos y el polo: se convirtió en el sponsor principal del mejor equipo del mundo (La Dolfina); abrió el club de polo La Indiana Hope Funds y se asoció con la familia Heguy para encarar la cría de equinos. Cumplidos los 40 años, él mismo se hizo jugador y fundó un equipo amateur.
En los reportajes, Blaksley define su rol actual como «mecenas del deporte y el arte». También se considera un «desarrollador de talentos». Pero eso «requiere de un financiamiento importante», aclara. Sobre ese «financiamiento importante» es que la Justicia posó su lupa.
Hope Funds S.A. está integrada por dos accionistas: Blaksley tiene el 97% de la empresa, con 1.455.000 acciones, mientras que su socio Federico Armando Dolinkue posee el 3% restante, con 45.000 acciones. En su página web, la firma se presenta como una compañía de inversiones que opera «con discreción sobre el patrimonio de las personas, dentro de un marco global denominado Arquitectura Financiera Múltiple». Según relataron fuentes del mercado a Infobae, la sociedad creada en 1989 ofrecía llamativos porcentajes de ganancias: aquellos clientes que aceptasen dejar sus dólares en manos de Blaksley por cinco años recibían la promesa de percibir un interés de 12% anual. También sorprende a las fuentes la comisión del 6% sobre el contrato firmado que recibían todos los vendedores que cerraban acuerdos por más de un año.
Semejantes negocios lograron llamar la atención de la AFIP. Los investigadores de la entidad recaudadora pusieron la lupa sobre el hombre de 49 años, Hope Funds y las más de 50 sociedades vinculadas. Infobae contabilizó empresas a su nombre o de sus allegados repartidas entre la Argentina, España, Suiza, Perú, Panamá y los Estados Unidos. Entre ellas se destacan Hope Funds Holding SL, que sería utilizada para los «Café Messi» en España; Cameron Court LLC, con más de 30 propiedades en los EEUU que hasta hace poco estaban a su nombre, y la inversión que comparte con el empresario del tango Juan Fabbri para la explotación de los lujosos «Malbec Wine Bar & Restaurant» y «Tango House» en Nueva York.
Las profusas pesquisas de la AFIP revelaron que el empresario no sólo no podría justificar el crecimiento de su patrimonio, sino que ni siquiera tendría forma de explicar el origen de los fondos que utilizó para sus inversiones. El ente recaudador alertó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que a su vez presentó una denuncia a la Justicia. «Los múltiples indicios detectados sobre la inusualidad manifiesta en los negocios desarrollados por Blaksley Señorans a través de su empresa ‘Hope Funds S.A.’ [son] elementos que sustentan con holgura el inicio de una investigación orientada al posible lavado de activos de origen delictivo», señala el escrito del titular de la Procelac, Carlos Gonella, al que tuvo acceso Infobae.
Debido a que Blaksley tiene domicilio en el partido bonaerense de San Fernando, la causa recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N°1, a cargo de la magistrada Sandra Arroyo Delgado. A su vez, Fernando Domínguez fue el fiscal sorteado. Aunque Gonella presentó su denuncia el 6 de mayo del año pasado, sorprendió tanto a la AFIP como a los fiscales el poco interés que la magistrada puso en la investigación.
En diálogo con Infobae, el propio Gonella sembró un manto de sospechas sobre el manejo de la causa: «La jueza dispuso tareas de inteligencia sobre los domicilios, lo que alertó a los principales acusados». Los sospechosos, con aparente información sobre los movimientos del juzgado, entregaron por «propia voluntad» algunos documentos. Recién después de que ocurriera eso, Arroyo Salgado habría ordenado algunos de los 17 allanamientos que habían sido solicitados de forma «urgente» por la fiscalía.