Dos representantes de la American Task Force Argentina (ATFA), el grupo de lobby que representa al fondo NML en la batalla legal en tribunales de Estados Unidos contra el Gobierno, reveló «la última evidencia» en torno a la ruta del dinero K, que involucran hasta ahora unos u$s65 millones y 123 empresas petroleras de Lázaro Báez, el empresario relacionado con el kirchnerismo.
A través de una teleconferencia de la que participó Infobae, Robert Shapiro, presidente de ATFA, reveló el nombre de cuatro bancos que están presentes en la ruta, aunque aclaró que no significa que las entidades estén acusadas de lavado de dinero, sino que apuntan a los «depositantes».
Estas entidades financieras son LGT Bank, con sede en Lichtenstein; y otros tres en Suiza: PICTEC, de la ciudad de Ginebra; y Schroder & Co Bank AG y AIG Private Bank, ambos en Zurich.
Estos bancos que fueron revelados surgen de una investigación previa del fondo que hasta ahora involucra la participación 18 entidades, aunque ninguna otra fue nombrada en esta oportunidad. Shapiro estuvo acompañado por Dennis Hranitzky, asesor en litigios en el fondo del multimillonario Paul Singer y el artífice de retener la Fragata Libertad en Ghana en octubre de 2012.
«Continuaremos presionando», enfatizó Hranitzky. «No pretendemos parar aquí con esta investigación. Como hemos dicho en otras oportunidades, es la punta de un iceberg y más información saldrá a la luz», dijo a la prensa extranjera y local.
Los representantes de ATFA brindaron a la prensa un gráfico que titularon «La ruta del dinero de Lázaro Báez», en el que indican cómo salió el dinero del empresario desde la Argentina, basándose en la investigación del fiscal José María Campagnoli.
En primer lugar, el dinero viaja del país a Uruguay, Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas. Luego, se transfieren los fondos a bancos pequeños en las islas Bahamas.»Parece que este dinero no es convertido en dólares hasta que no sale de Uruguay», aclaró Hranitzky.
Desde las Bahamas el dinero viaja sin escalas a Estados Unidos. El cuarto paso es el uso de empresas privadas «controladas por Bárez en el estado de Nevada», con el objetivo de acumular activos sudamericanos. Es en esta instancia donde se involucran a 123 compañías relacionadas al negocio del shale. En quinto lugar, los fondos son depositados en cuentas en Liechtenstein y Suiza, «muchas de las cuales probablemente pertenecen a entidades en las islas Seycheles».
El titular de ATFA aseguró a los periodistas que los movimientos de dinero que se produjeron entre estos países evidencian «patrones parecidos a organizaciones criminales». Y subrayó: » No hay empresa o individuo honesto que crearía esta ruta del dinero porque sí, hay sólo un propósito».
«NML está preparado para cooperar con esos países para localizar los fondos al Tesoro que fueron robados a los argentinos», enfatizó Shapiro, quien en julio de este año visitó por primera vez el país, cuando pidieron una «negociación seria» con el Gobierno. En ese momento, el país no había sido declarado en default «selectivo» por incumplimiento de pagos.
(PRNewswire/DyN) – El copresidente de la American Task Force Argentina (ATFA), Robert Shapiro y Dennis Hranitzky, asesor en litigios del Fondo NML y asociado del estudio Dechert LLP informaron que, en una teleconferencia, hablarán «sobre las nuevas evidencias reveladas» a través del proceso de descubrimiento solicitado por NML Capital «en relación con las presuntas actividades de malversación y lavado de dinero por parte de Lázaro Báez», calificado por la ATFA como «el cómplice de Kirchner».
Según un comunicado distribuido por PRNewswire, «estas nuevas evidencias apoyan las alegaciones desarrolladas por los fiscales y los medios de prensa en Argentina y los reguladores de la banca en Uruguay, que vinculan a Báez con millones de dólares que fluyeron a través de la empresa constructora Decavial entre septiembre de 2010 y abril de 2012».
«Estas nuevas evidencias siguen a una orden judicial de fecha 11 de agosto emitida por un juez de la corte federal de Nevada, exigiendo a 123 empresas fantasma de Nevada controladas por Báez que proporcionaran la información solicitada por NML en el marco del proceso de descubrimiento.
«NML solicitó el proceso de descubrimiento en respuesta a una exposiciónde los fiscales argentinos que alegaban que los Kirchner se complotaron con Báez para lavar decenas de millones de dólares de fondos destinados a obras públicas, a través de esta red de compañías fantasma con sede en Nevada. El 16 de junio, la Corte Suprema de EE.UU. afirmó que Argentina no está protegida del proceso de descubrimiento por la Ley de Inmunidades de la Soberanía Extranjera», agrega el comunicado
La ATFA informó que se podrá acceder a la teleconferencia a través de números telefónicos gratuitos: Estados Unidos / Canadá: +1- 800-862-9098, 785-424-1051; Argentina: 0- 800-666-0250, con el ID: BAEZ.
También señaló que hay que tener «en cuenta que, si un sitio internacional no puede acceder a la llamada usando el número internacional gratuito para su país, es posible marcar usando el número de pago (785)» y aclaró que «se requiere confirmación previa enviando un correo electrónico a media@atfa.org».
La comunicación de la ATFA añadió que Dennis H. Hranitzky «ha sido asesor de litigios para NML Capital y otros acreedores de Argentina desde el comienzo del litigio por el default de la deuda en 2002”.
«Además de liderar los esfuerzos de NML para descubrir información acerca de las actividades corruptas de Lázaro Báez, Cristóbal López, Amado Boudou y otros, el Sr. Hranitzky lideró el esfuerzo para embargar la Fragata Libertad en Ghana, en octubre de 2012 y obtuvo la primera y gran recuperación contra Argentina desde que comenzara el litigio: los valores mantenidos en un fideicomiso creado como parte de la privatización del Banco Hipotecario en los años noventa, valorados en más de US$30 millones”, señalan.
«El Sr. Hranitzky se especializa en cuestiones de litigios complejos con dimensión internacional, incluyendo disputas con estados soberanos e instrumentalidades, litigios con deudores/acreedores multinacionales y asuntos de bancarrotas transfronterizas. A menudo escribe y da conferencias sobre estos temas y ha sido un conferencista itinerante en la Escuela de Leyes de Stanford y en la Escuela de Leyes de la Universidad de Georgetown», agrega.
Por último, la American Task Force Argentina recordó que «es una alianza de organizaciones unidas en pro de una conciliación justa y equitativa del default de la deuda del gobierno argentino en 2001 y su subsecuente reestructura. Nuestros miembros trabajan con legisladores, medios de comunicación y otras partes interesadas, con el propósito de alentar al gobierno de Estados Unidos a procurar enérgicamente un acuerdo negociado con el gobierno argentino en interés de los tenedores estadounidenses de títulos de deuda».
Por haber omitido a Lázaro Báez, el actor principal de la denuncia por supuesto lavado de dinero en la llamada «ruta del dinero K», en la confección del expediente que recogió las denuncias televisivas del programa Periodismo Para Todos, dos fiscales muy cercanos a la procuradora general Alejandra Gils Carbó fueron citados a prestar declaración indagatoria en una causa penal abierta en su contra: se los acusa de prevaricato, es decir de haber intervenido en favor de algún imputado en una investigación judicial.
Según publica Clarín, cuando en marzo del año pasado el programa televisivo de Jorge Lanata reveló el escándalo de supuesto lavado de al menos 55 millones de euros por parte del empresario patagónico y amigo íntimo de la familia Kirchner, Lázaro Báez, con la ayuda del financista Federico Elaskar y el «valijero» Leo Fariña, Gonella y Orsi -titular e integrante de la PROCELAC, Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, creada por Gils Carbó- intervinieron de entrada en las causas judiciales que se abrieron en los tribunales federales de Comodoro Py.
Aquellas primeras denuncias se unificaron en un expediente que cayó en manos del juez Sebastián Casanello, con la investigación a cargo del fiscal Guillermo Marijuan. Pero cuando el expediente llegó a su fiscalía, Marijuan estaba de licencia, y era reemplazdo por su colega Ramiro González. Fue en ese interín cuando Gonella y Orsi (que fue nombrado coordinador de la PROCELAC en lo referido a lavado de activos y financiamiento del terrorismo) se interesaron en la causa, aparentemente con el objetivo de evitar que Lázaro Báez fuera involucrado. Si esa fue la meta, en aquel momento la alcanzaron: en el primer requerimiento de instrucción -escrito con el que el fiscal le pide al juez que inicie una causa penal en base a determinadas pruebas o indicios que le presentan en ese momento-sólo se mencionaba a Elaskar y Fariña.
Pero cuando Marijuan regresó a su despacho hizo saber su disgusto: denunció que el texto en el que había estado trabajando había sido «intervenido», y de inmediato incluyó a Báez en el requerimiento de instrucción. En ese escrito manifestó su «enorme sorpresa y desagrado» por lo que había ocurrido, y se quejó de la intervención de Gonella y Orsi: “no logro comprender esta particular visión de una causa penal donde se tiene a la vista numerosas denuncias de todo tipo y color, programas televisivos de investigación, cámaras ocultas, etc., e, igualmente se hace un requerimiento limitado sólo a unos pocos reportes de operaciones sospechosas –ROS– que en modo alguno abarcan los sucesos denunciados en su totalidad», escribió Marijuan.
Y en otro tramo de su diatriba deslizó un argumento que ahora parece haber tomado el juez Martínez de Giorgi: «es obvio que el horizonte de un fiscal es centrar su atención sobre todos los hechos denunciados y no parcializar la investigación, vaya a saber con qué propósito. En todo caso, esto último quizás sea una estrategia válida o adecuada para un defensor particular u oficial, pero no para un fiscal, que representa los intereses de la sociedad toda en pos de esclarecer los sucesos presuntamente delictuales”.
La intervención de Gonella y Orsi causó varias denuncias contra ellos -Elisa Carrió presentó una de ellas-, que se unificaron en la causa que maneja Marcelo Martínez De Giorgi y en el marco de la cual fueron convocados a prestar declaración indagatoria, los próximos días 7 y 8 de octubre. El último elemento que lo habría decidido al juez sería la aparición, ayer, de un expediente interno de la PROCELAC en el que se mencionaba a todos los imputados en la investigación de «la ruta del dinero K», incluido Báez. El empresario luego fue omitido del requerimiento de instrucción, y estalló otro escándalo.
Los dos hombres de la fiscalía antilavado son de extrema confianza de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, que creó esa oficina en base a atribuciones que luego fueron discutidas en el Congreso y la justicia. Gonella, por ejemplo, fue nombrado su titular cuando aún no tenía acuerdo del Senado para ser fiscal. Después obtuvo un nombramiento como fiscal general en Formosa.
Semanas atrás se conoció que el fondo Elliott Associates, controlante de NML, había puesto la mira sobre empresas del empresario Lázaro Báez a raíz de los supuestos vínculos que lo unen con la familia de los Kirchner. A través de la cláusula Discovery, buscaría rastrear los activos de esas compañías que, sospechadas de haberse valido de dinero público por métodos corruptos, se volverían plausibles de embargos.
Tras el peritaje que llevó adelante un equipo de expertos, este holdout se presentó ante la Justicia de Nevada para solicitar que le permita avanzar sobre el dinero de 123 «sociedades fantasma» que estarían relacionadas a Báez. Una corte de ese estado accedió ayer al pedido.
Con la investigación, NML -que reclama una suma superior a US$ 1.600 millones- busca hacerse de US$ 65 millones que habrían sido lavados a través de esas compañías provenientes de fondos malversados, según consta en el escrito al que accedió Infobae. ¿De dónde surge la cifra? De la investigación que inició en 2013 el fiscal José María Campagnoli y que derivaría en el jury que enfrenta.
«En la Argentina se inició una investigación denominada La Ruta del Dinero K sobre el ex presidente Néstor Kirchner, su esposa y actual presidente, Cristina Fernández de Kirchner, su confidente Lázaro Báez y los asuntos financieros que lo relacionaban. Los tres presuntamente malversaron millones de pesos de proyectos públicos de infraestructura y lavaron las ganancias y otros fondos sustraídos a través de Panamá y varias corporaciones internacionales», sostiene la presentación.
El texto precisa que el monto involucrado fueron US$ 65 millones de dólares y que las sociedades implicadas reportaban a una misma dirección Aldyne, Ltd., una corporación radicada en las Islas Seychelles. Las sociedades mencionadas por Campagnoli eran 150; de acuerdo con NML, las 123 que ahora puso contra las cuerdas serían parte de las investigadas por el fiscal ya que brindan el mismo domicilio.
«No hay dudas de que se trata de empresas fantasma. Y no hay duda de que las empresas fantasma son creadas con frecuencia para cometer fraudes», señaló.
La ruta del dinero que reconstruyó Campagnoli comprobó que los US$ 65 millones salieron del país y volvieron blanqueados mediante la compra de bonos soberanos argentinos entre el 14 de diciembre de 2012 y el 8 de abril de 2013. La suma fue depositada en las cuentas de Austral Construcciones, propiedad de Báez.
El fondo requirió documentación a esas sociedades para dar con sus titulares pero estas aseguraron que esa información no estaba disponible. Solicitó entonces que expliquen las razones, pero encontró una nueva negativa de las firmas, que sindicaron como apoderada a Leticia Montoya, una abogada residente en Panamá.
Montoya aseguró que ninguna operaba a menos de 170 kilómetros de Las Vegas, de manera que entendía que no debía reportar a la corte en donde fue presentado el pedido.
El juez Cam Ferenbach concedió la totalidad de la petición de NML y ordenó una reunión entre sus representantes y los de las 123 corporaciones para abordar las cuestiones relativas a las certificaciones y depósitos de esas firmas. Estableció, además, que las partes deberán comparecer con un documento conjunto sobre el tema antes del 12 de septiembre.
El polémico caso develado por el programa Periodista Para Todos (PPT) de Jorge Lanata referido a las maniobras realizadas por el empresario K, Lázaro Báez, para lavar dinero en el exterior, sigue generando muchísimas repercusiones.
Punto a Punto Radio entrevistó al diputado por el PRO, Federico Pinedo, quien habló sobre la presentación que hicieron desde su partido en la fiscalía anti-lavado y realizó fuertes críticas a los manejos políticos del oficialismo.
“Nosotros, junto con la diputada Patricia Bullrich, otros legislador del PRO y el diputado Madeo del peronismo no kirchnerista hicimos una presentación ante el fiscal antilavado de la Argentina. El país tiene compromisos internacionales de combatir el lavado de dinero, referidos a mecanismos para pasar dinero producto de delitos al circuito blanco. Es un delito internacional, así que seguramente esto se va a investigar también en otros países”, explicó Pinedo.
Y acto seguido, disparó: “La verdad es que es una cosa entre desagradable, dolorosa e impactante. A mí la verdad no me gusta hacer denuncias penales, pero tampoco se puede dejar que el Estado sea como una maquina de hacer delitos, ¿no? Nuestro deber es proteger a la gente. Directamente, es como si en Argentina hubiera desaparecido el Estado de Derecho, que es por lo que venimos luchando. Hay límites que no se pueden pasar”.
– ¿Cree que es el Gobierno más corrupto desde la vuelta de la democracia?
– Este es un Gobierno que se está alejando de la democracia. La democracia consiste en que el soberano es el pueblo, pero cada uno de nosotros en parte es el pueblo y tiene sus derechos, derechos humanos que nadie nos puede privar de ellos. Ahora, si un gobernante, por más que sea elegido, lo que hace es quitarle los derechos más básicos, como ser juzgados por un juez imparcial a la gente que es la dueña del poder, eso es una ruptura de la democracia. Francamente.
El cuestionado empresario Lázaro Báez, cuyas operaciones para sacar del país millones de euros fueron reveladas anoche por el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata, no se considera ni corrupto ni multimillonario.
Así lo afirmó en declaraciones formuladas a Cadena 3 hace seis meses, cuando dicha emisora lo entrevistó en oportunidad del segundo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner.
En esa nota, Báez admitió poseer siete estancias en Santa Cruz, pero enfatizó: “No soy corrupto ni multimillonario”. “Que nos adjudiquen obras no quiere decir que seamos multimillonarios. A éstas hay que ejecutarlas”, dijo Báez. “¿Usted es corrupto?”, lo interpeló la periodista. “Por supuesto que no lo soy. Tenemos controles fiscales de todos los colores y son mucho más severos para nosotros”, contestó.