(DyN) – El diputado del Frente Renovador y secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA), José de Mendiguren, volvió a cuestionar la Ley de Abastecimiento, a la que consideró «contraria a la inversión» y a la «división de poderes».
Además, rechazó las críticas del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que tildó de «mafiosos» a los empresarios del G6, que prevén pedir la «inconstitucionalidad» de la norma: «No son felices esos términos. Todo reclamo que uno hace ante la Justicia no hay por qué calificarlo así. Si no es correcto será la Justicia quien determine que no. La Argentina requiere terminar con esto de estilo de blanco-negro, amigo-enemigo».
«A un empresario se lo puede obligar a cualquier cosa pero no se lo puede obligar a invertir y si algo necesita la Argentina hoy, es inversión», planteó el empresario a Radio La Red.
En el G6 «se cree que la ley atenta contra la división de poderes y lo que es más importante, trae una incertidumbre muy grande sobre el manejo de la economía. Es una ley muy imprecisa, con términos muy ambiguos, que permite al Ministerio de Economía y a cualquier gobernador intervenir en la cadena de valor, fijar precios, márgenes ‘razonables’, sobre los stocks ‘no adecuados’. Es una terminología muy ambigua», fustigó De Mendiguren.
Al ser consultado si le molestaron los dichos de Capitanich, que afirmó que el reclamo del G6 es «vergonzoso», el empresario contrapuso que «la Argentina requiere terminar con esto de estilo de blanco-negro, amigo-enemigo. A un empresario se lo puede obligar a cualquier cosa, pero no se puede obligar a invertir y si algo necesita la Argentina hoy, es inversión. Es como pegarle un tiro a la cantimplora en el desierto».
Del mismo modo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, aseguró que «el responsable de la inflación es el que administra la macroeconomía de un país», y le señaló a Capitanich, que el Gobierno «podría hacer un gran servicio si termina» con variables como los aumentos de precios, el narcotráfico y la inseguridad.
Etchevehere, quien volvió a quejarse de la nueva Ley de Abastecimiento impulsada por el kirchnerismo, señaló que la inflación «es la consecuencia del exceso de emisión monetaria y que no haya equilibrio en las cuentas fiscales. La única que puede solucionarla es la autoridad económica».
«En la medida de que no lo solucione el ministro de Economía, no vamos a tener resultados distintos», dijo el dirigente a la radio Nacional Rock, y reclamó que se instrumenten medidas para generar «un equilibrio entre la demanda y la oferta de bienes y podamos tener una moneda estable, en beneficio de todo el país».
Respecto de la Ley de Abastecimiento, insistió con que «vulnera principios fundamentales de la Constitución nacional como el derecho a la propiedad privada, el derecho a asociarse para ejercer industria lícita».
Para el dirigente rural, «leyes como la ley de abastecimiento inhiben el crédito. ¿Quién va a invertir sabiendo que un funcionario de tercer orden como el secretario de Comercio Interior puede fijar precios, márgenes de ganancia, decomisar mercadería en el caso que crea él, sin ir a la Justicia? Una cuestión completamente subjetiva, muy discrecional».
En ese sentido, cuestionó «dónde invierte» un empresario extranjero: «¿En Argentina, donde tengo todos estos problemas, o en Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, donde puedo producir, exportar, generar puestos de trabajo, donde hay leyes a largo plazo, se promueve la inversión?. Hay cuestiones institucionales que deben dar el marco para generar un ambiente de negocios e inversión».
(DyN) – El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró «vergonzoso» que el Grupo de los 6 (G6) haya decidido ir a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la nueva Ley de Abastecimiento, y acusó a sus integrantes de «mafiosos» y de ser los «responsables directos de generar inflación».
«Es una actitud vergonzosa por parte del Grupo de los 6. La ley regula las relaciones de producción y de consumo. Pretendemos proteger el eslabón más débil de la cadena», señaló el funcionario al hablar con la prensa en la Casa Rosada.
Allí, les atribuyó una «conducta mafiosa, distorsiva del verdadero capitalismo. Defienden una renta extraordinaria que pretenden hacerla frente al eslabón más débil de la cadena. Que lo hagan en términos de presentación judicial, es lisa y llanamente aceptar que son culpables del proceso de formación de precios, que son responsables directos de la inflación».
Capitanich señaló que la ley «excluye a cerca de un millón de medianas y pequeñas empresas» de los controles, ya que lo que pretende es «proteger al eslabón más débil de la cadena».
El ministro indicó que se procura con la flamante normativa «relaciones equilibradas de producción y consumo y a su vez verificar los procesos de concentración económica, que es un factor que genera precios distorsivos, lo que tiene un impacto inflacionario».
Capitanich aseveró finalmente que «los grandes grupos económicos están representados por el Grupo de los 6» los que «no pretenden ningún marco regulatorio, porque son los formadores de precios y son los que destruyen a la pequeña y mediana empresa en la Argentina».
Por último, advirtió que «la conducta de los formadores de precios es muchas veces mafiosa» y concluyó que «es mentira que defiendan la libre empresa, lo que defienden es la renta extraordinaria».
El viernes pasado, el secretario de Comercio, Augusto Costa, defendió también la normativa, y aseguró que «no tiene ningún viso de anticonstitucionalidad».
«Cuando enviamos el paquete de leyes al Congreso» que incluye las relaciones entre empresas y consumidores y una justicia para dirimir diferencias en la materia, «lo que buscamos era darle más herramientas a los consumidores para evitar situaciones de abuso», planteó el funcionario.
Sobre la posibilidad de que el G6 (UIA, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción, Bolsa de Comercio, Sociedad Rural y Asociación de Bancos Argentinos) haga una presentación en los Tribunales para pedir que se declare inconstitucional la norma, Costa contestó que «si lo concretan, será la Justicia la que determinará si el reclamo tiene razón o no».
(DyN, enviado especial) – Empresarios del Grupo de los Seis ratificaron que el nucleamiento ira ante la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la Ley de Abastecimiento y que no aguardará a que el Gobierno trate de aplicarla contra una empresa.
Así coincidieron el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevere, y el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de Fiat, Cristiano Rattazzi, en declaraciones a DyN.
«Está en marcha el trabajo de los abogados constitucionalistas y está firme la intención de ir a la Justicia. La ley es inconstitucional. Ataca la propiedad privada», señaló Etchevere.
El presidente de la SRA afirmó «de parte de nuestra entidad, la intención es concurrir ya» ante los tribunales sin esperar a que el gobierno la aplique concretamente contra una empresa, tal cual sostienen algunas entidades del G-6 más cercana al gobierno.
Etchevere señaló, no obstante, que «hay que estar alerta para pedir una cautelar en caso de que algún funcionario pretenda entrar a algún campo esgrimiento la ley de Abastecimiento».
Por su parte, Rattazzi consideró que el trabajo que desarrollan los abogados asesores del G-6 tiene la intención de «presentarse ya» ante la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la norma.
Rattazzi relativizó la decisión de la Secretaría de Comercio de multar a la empresa Peugeot-Citroen por haber demorado la entrega de autos del programa ProCreAuto de la versión uno, al asegurar que no se trata de la aplicación de la Ley de Abastecimiento.
Rattazzi explicó que se trató de la aplicación de la vieja ley de Defensa del Consumidor.
(Télam) – El secretario de Comercio, Augusto Costa, cuestionó la «falta de seriedad de un sector de la oposición» que publica mediciones sobre valores de productos «sin ningún tipo de rigor científico».
«No sé de dónde sacan esos números realmente, estamos cansados de explicar que eso no tiene ningún tipo de rigor científico, es poco serio, falta de seriedad de un sector de la oposición. Esos índices no me dicen mucho, yo sigo los precios con relevamientos propios y después, cuando el Indec publica, hacemos el análisis», señaló el funcionario en declaraciones a Radio América.
Costa agregó: «Según lo que nosotros estuvimos analizando, vemos que la tendencia a la desaceleración de precios se mantiene. Esto quiere decir que suben pero a tasas menores y esperamos este mes que siga esa tendencia. Por supuesto que no estamos ni cerca de ver que sea como publican los diarios, que los precios subieron 40%, no se de dónde sale; veremos que publica hoy el Indec».
Sobre el reclamo de algunos gremios de reapertura de paritarias, dijo que «cada uno puede reclamar lo que entiende que le corresponde», aunque aseguró que «para nosotros no hubo pérdida del salario real y lo que se pretende es instalar una situación de conflicto e incertidumbre que nosotros creemos que no están justificadas por lo que son objetivamente las variables económicas».
Por otra parte, Costa señaló que hoy se reunirá con el diputado Juan Cabandié y el secretario de Justicia, Julián Álvarez, para empezar a reglamentar la Justicia del Consumidor, que entrará en vigencia «a partir de febrero, cuando termine la feria judicial».
«Nuestra intención es hacer esta reglamentación e implementación lo más participativa posible, por eso estamos convocando a representantes de grandes, medianas y pequeñas (empresas), no sólo a un sector del empresariado sino a todas las voces, también a asociaciones de consumidores y de mediadores para ir llevando adelante los pasos para la implementación de la ley», sostuvo.
En ese marco, el secretario de Comercio señaló que «hay algunos autoproclamados candidatos presidenciales que pretenden volver atrás, porque con estas leyes lo que hacemos es avanzar en el pleno ejercicio de los derechos de los consumidores», y advirtió que «si alguien propone derogar un instrumento que propone hacer más justa la distribución del ingreso, realmente lo que está haciendo es ir en contra del ejercicio de nuevos derechos».
«La oposición lo único que hace es repetir los argumentos de las corporaciones de que esto limita la inversión, se están poniendo del lado de los más poderosos, no de los argentinos; quieren instalar una distorsión del debate que apunta a mantener un status quo de los que siempre se la llevaron en este país», aseguró.
Por último, consultado sobre la denuncia por falta de vacunas contra la varicela y el argumento de farmacéuticas y prepagas de que el problema se debería a las importaciones, respondió: «Este Gobierno prioriza en importaciones lo que tiene que ver con la salud, no hay ninguna limitación para insumos de medicamentos ni vacunas; quien se agarra de limitaciones de las importaciones para justificar faltantes, está mintiendo».
La Cámara Empresaria, Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto analiza por estas horas realizar una presentación en la Justicia, tras la aprobación de la Ley de Abastecimiento. Armando Becerra, secretario de la Cámara, sostuvo en Punto a Punto Radio que “se está evaluando la situación, ya que antes de que se aprobara la ley habíamos fijado una posición al respecto. Y eso incluía recurrir a la Justicia”.
En ese sentido, Becerra señaló que presentaron en su momento un documento “donde considerábamos la ley sumamente negativa para las actividades económicas del país. Y en ese documento dijimos que nos reservábamos el derecho de apelar a la Justicia”.
En concreto, desde la entidad aseguran que “la cantidad de atribuciones que la ley le da a funcionarios públicos en temas como precios, costos, niveles de stock, es muy grande. Un funcionario venir y decirnos que el stock que tenemos es muy chico, que tenemos que producir más, o a determinado precio. Son decisiones excesivamente arbitrarias”.
Becerra destacó además que “las experiencias que tenemos los argentinos en estos temas, de poner todas estas herramientas en manos de funcionarios públicos no nos dejan tranquilos. Además, es un tema difícil de comprender, cómo en momentos de tanta incertidumbre se genera aún más incertidumbre con todo esto”.
La Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo aprobada por la Cámara de Diputados, denominada coloquialmente “Ley de Abastecimiento”, sigue generando una fuerte polémica.
En ese marco, la agencia DyN hizo un extenso pero pormenorizado repaso de los alcances de la Ley, incluyendo cómo será la posibilidad de que el Gobierno fije los márgenes de utilidad y las multas que se aplicarán, que se reproduce a continuación.
Autoridad de aplicación
Las siguientes son las facultades de la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo:
a) Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas.
b) Dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción;
c) Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación. A los efectos de la fijación de dichos niveles o cuotas mínimas, la autoridad de aplicación tendrá en cuenta, respecto de los obligados, los siguientes datos y elementos: I) Volumen habitual de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios. II) Capacidad productiva, situación económica del sujeto obligado y ecuación económica del proceso o actividad. La autoridad de aplicación en la disposición de la presente medida, deberá contemplar que la continuidad resulte económicamente viable, en su defecto, establecerá una justa y oportuna compensación.
d) Acordar subsidios, cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento y/o la prestación de servicios;
e) Requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; dicha información tendrá carácter reservado y confidencial, y será de uso exclusivo en el marco de las competencias asignadas a la autoridad de aplicación.
Asimismo, podrá requerir información sobre los precios de venta de los bienes o servicios producidos y prestados, como así también su disponibilidad de venta;
f) Exigir la presentación o exhibición de todo tipo de libros, documentos, correspondencia, papeles de comercio y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios; realizar pericias técnicas;
g) Proceder, de ser necesario, al secuestro de todos los elementos aludidos en los incisos f) y h), por un plazo máximo de 30 días hábiles;
h) Crear los registros y obligar a llevar los libros especiales que se establecieren;
i) Establecer regímenes de licencias comerciales.
“Los que resulten obligados por la aplicación de la presente norma y que estimen que a consecuencia de ello sufrirán grave e irreparable perjuicio económico, podrán solicitar la revisión parcial o total de las medidas que los afectan”, resalta la norma.
Multas y clausuras
Las sanciones previstas son la siguientes:
a) Multa de $ 500 a $ 10.000.000. Este último límite podrá aumentarse hasta alcanzar el triple de la ganancia obtenida en infracción.
b) Clausura del establecimiento por un plazo de hasta 90 días. Durante la clausura, y por otro período igual, no podrá transferirse el fondo de comercio ni los bienes afectados.
c) Inhabilitación de hasta 2 años para el uso o renovación de créditos que otorguen las entidades públicas sujetas a la ley 21.526 de Entidades Financieras, y sus modificatorias.
d) Comiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.
e) Inhabilitación especial de hasta 5 años para ejercer el comercio y la función pública.
f) Suspensión de hasta 5 años en los registros de proveedores del Estado.
g) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
Los incisos de la vieja ley que se derogan establecían:
* arresto de hasta 90 días.
* publicación de la sentencia condenatoria, a costa del infractor.
* en caso de que los hechos adquieran por su naturaleza o por sus consecuencias especial gravedad, se aplicará la pena de prisión de 6 meses a 4 años.
Sujetos involucrados
Serán infractores quienes:
a) Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas;
b) Revaluaren existencias, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación;
c) Acapararen materias primas o productos, o formaren existencias superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción o demanda;
d) Intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización;
e) Destruyeren mercaderías o bienes; o impidieren la prestación de servicios o realizaren cualquier otro acto, sea de naturaleza monopólica o no, que tienda a hacer escasear su producción, venta o transporte;
f) Negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios, o redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren, habiendo sido intimados por la autoridad de aplicación a tal efecto con cinco) días hábiles de anticipación, en caso de tener capacidad productiva, para responder a la demanda;
g) Desviaren o discontinuaren el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada;
h) No tuvieren para su venta o discontinuaren, según el ramo comercial respectivo, la producción de mercaderías y prestación de servicios con niveles de precios máximos y mínimos, o márgenes de utilidad fijados, salvo los eximentes justificados que se establezcan por vía reglamentaria, teniendo en cuenta ramo, habitualidad, modalidad, situación de mercado y demás circunstancias propias de cada caso;
i) No entregaren factura o comprobante de venta o ejercieran su actividad fuera de los registros y licencias.
Quedan exceptuadas las micro, pequeñas o medianas empresas (MIPyMEs), siempre que no detenten posición dominante.
“El Gobierno ha decidido avanzar con una ley de abastecimiento que le permita poder inmiscuirse en las decisiones de las grandes empresas, para frenar precios, controlar volúmenes, lo que implica un aumento del intervencionismo del Estado, que a su vez genera disminución de las inversiones, desconfianza en el sector empresario, y eso es muy nocivo para la evolución de la economía argentina”.
De esta manera, Manuel Tagle, vicepresidente de la Bolsa de Comercio y titular de Autocity, se refirió a la sanción de la Ley de Abastecimiento. “La intervención del Estado en la economía le hace mucho daño al país”, dijo Tagle en Punto a Punto Radio 90.7, agregando que “medidas cómo éstas, sólo ahuyentan inversiones”.
-¿Cómo evalúa la sanción de esta ley?
-Es otra decisión equivocada del gobierno de intentar recurrir a instrumentos para lograr sus objetivos. Creo que el gobierno está encerrado en sus propios desaciertos económicos desde hace varios años, tiene un gasto público desmedido, no puede contener ciertas variables de la economía, y como ahora ha tenido este desenlace con el mercado financiero internacional, donde se ha rehusado a arreglar la situación de la deuda externa, le dificulta recurrir a los mercados financieros por lo que tiene que recurrir a la emisión de moneda como único recurso.
-Lo que va a generando cada vez más problemas…
-Sí, principalmente una inflación cada vez más creciente y una forma de controlar la inflación: en vez de resolverlo mediante las herramientas que corresponden, que es disminuir el gasto, la emisión y buscar financiamiento externo, ha decidido conseguir una ley de abastecimiento que le permita poder inmiscuirse en las decisiones de las grandes empresas, para frenar precios, controlar volúmenes. Es decir, un aumento del intervencionismo del Estado que a su vez genera disminución de las inversiones, desconfianza en el sector empresario.
-¿Han delineado una estrategia para recurrir a la Justicia por esta nueva ley?
-Nosotros vamos a apoyar cualquier movimiento que se inicie en el G6 a nivel nacional, que creo que está en esa línea de ir a la Justicia para declarar inconstitucional a esta ley que acaban de aprobar.
-¿Esta ley hace dar marcha atrás futuras inversiones?
-Indudablemente que sí, y además también la evolución de la crisis está afectando las decisiones. Nosotros (en Autocity) pensábamos hacer algunas refacciones en (la concesionaria de) Río Cuarto, que vamos a tener que postergar un poco porque el mercado se ha desplomado.
-¿Cómo se va a parar usted de cara a los últimos tres meses y medio que faltan para terminar el año?
-Estamos administrando las limitaciones que tenemos, es lo único que nos queda. Vamos a tener muy pocos autos y tener que manejarnos con los sistemas que hay del Pro.Cre.Auto y algunos autos por vía convencional quedarán, y a las limitaciones las vamos a tener que administrar de la mejor forma posible.
(Telam) La Cámara de Diputados convirtió esta madrugada en ley el paquete de proyectos del Poder Ejecutivo que incluye la actualización de la ley de Abastecimiento, de creación del fuero especializado sobre consumo y de Observatorio de precios.
En una sesión que se extendió por más de catorce horas, el oficialismo impuso su número para aprobar la modificación a la Ley de Abastecimiento por 130 votos contra 105 (y 5 abstenciones), en la que resultó la votación más ajustada por la resistencia que genera esta propuesta en las grandes empresas y en la oposición.
En el proyecto de creación del Observatorio de Precios el resultado fue de 136 a 104 y en la creación del fuero específico el resultado fue de 202 a 36, por ser éste un proyecto con alto grado de consenso entre las diferentes bancadas.
Para aprobar el primero de los textos el kirchnerismo contó con la colaboración de habituales aliados como Frente Cívico de Santiago del Estero, Nuevo Encuentro, PJ La Pampa, Movimiento Solidario Fueguino y de opositores como el sindicalista Omar Plaini y la ex piquetera Ramona Puchetta
El oficialismo ya había marcado su poderío al inicio de la sesión cuando reunió 139 diputados, 10 más de los necesarios para habilitar el debate, que fueron aportados por el oficialismo, sus aliados, y los opositores Plaini, Puchetta y los delasotistas Carlos Caserio y Blanca Rossi.
Desde la oposición, presidente del bloque radical, Mario Negri, dijo sobre la Ley de Abastecimiento: “La edulcoraron un poco, sacaron la pena de prisión, pero sigue siendo la vieja Ley de Abastecimiento”, al tiempo que afirmó que “es absolutamente inconstitucional y busca discrecionalidad, pensando que generando temor se puede generar disciplina”.
Por su parte, y por el Frente Renovador, el diputado y dirigente de la Unión Industrial Argentina, Ignacio De Mendiguren, se definió como «desarrollista» y consideró que el Estado «tiene que estar presente pero esa presencia tiene que ser justa, clara y transparente», al fundamentar su rechazo al proyecto de reforma de Ley de Abastecimiento y creación de Observatorio de Precios, aunque dijo que ese bloque respaldará la creación del fuero para usuarios y consumidores.
Desde el PRO, Federico Pinedo, titular de la bancada, dijo que “es la Constitución la que establece que quienes aplican sanciones son los jueces penales, no los funcionarios del Poder Ejecutivo” y que “el gobierno propone poner unos señores de la Secretaría de Comercio a controlar los costos de cada transacción que se hace en Argentina”.
Por su parte, el economista y diputado de Unen Martín Lousteau, señaló que «no hace falta votar esta ley porque hoy están las potestades que está reclamando el gobierno nacional en estos proyectos».
El ex titular de Cartez, y actual diputado del PRO, Néstor Roulet sostuvo que en caso de aprobarse la Ley de Abastecimiento, que ya comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados, “tanto los productores rurales como empresarios e individuos particulares van a recurrir a la Justicia, teniendo en cuenta que se trata de algo absolutamente inconstitucional”.
En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), Roulet agregó que el proyecto “retrasa la posibilidad de la Argentina de despegar como estamos esperando, porque desalienta la inversión. No hay dudas que va haber un problema productivo”.
En ese sentido, sostuvo que “ya tenemos antecedentes”, ya que una ley de similares características “fue sancionada en 1974 con el mismo objetivo y los resultados fueron realmente muy malos: no se logró bajar la inflación, ni producir más ni que el consumidor pagara menos. Tampoco frenar cierto desabastecimiento que había en ese momento. Hay antecedentes de que no anda”.
En otro tramo de la entrevista, Roulet sostuvo que la ley “avasalla la propiedad privada, ya que de alguna manera restringe la libertad de comercio y la libertad de trabajo. Este gobierno cree que los mercados se pueden manejar, ya lo hizo en el 2013 (el Secretario de Comercio) Guillermo Moreno con la resolución 67 de Comercio Interior, quien trató de utilizarla por el trigo y así nos fue: el trigo se fue como a $ 8.000 la tonelada y hoy está a $ 1.200, todo por un problema totalmente ideológico, donde en definitiva se desalienta la producción y la inversión”.
(DyN) – El ministro de Economía, Axel Kicillof, consideró que, a partir de la ley de Abastecimiento que impulsa el gobierno, «no hay ningún Estado que venga a intervenir, avasallar o poner precios».
Al hablar en las comisiones de Diputados, Kicillof afirmó que la norma «es para dotar de mayor eficiencia y capacidad al Estado para hacer efectivo los derechos de la gente y de las pequeñas empresas».
Asimismo, el jefe del Palacio de Hacienda indicó que «lo único que queremos es perseguir los abusos, sino los abusos van a seguir ocurriendo».
El funcionario defendió el proyecto de reforma a la Ley de Abastecimiento al asegurar que el objetivo es proteger «a los más débiles», que son los consumidores, «de los incumplimientos de las empresas».
«Si una empresa incumple, tiene que haber capacidad del Estado para regular para defender a los más débiles», alegó el ministro al exponer en la reunión de Comisiones donde se debate el proyecto.
Kicillof también afirmó que cuando hay incumplimientos de las empresas en la prestación de servicios «el Estado tiene que aparecer» no para «generar sensación de miedo» sino para que haya «sensación jurídica para todo el mundo».
En tanto, el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa aseguró en el Congreso que lo que «le molesta» a los empresarios que rechazan el proyecto de reforma a la Ley de Abastecimiento es que «el Estado cuente con instrumentos para evitar los abusos».
El funcionario reiteró que el proyecto «va a generar una expansión en el derecho de consumidores inédita, histórica, que no tiene precedentes» y que se basa «en el diagnóstico sobre las herramientas» con las que cuenta el Estado para defender a los usuarios.
Al exponer en la reunión de Comisiones en la Cámara de Diputados, Costa remarcó que «para el Gobierno no hay empresarios de primera y de segunda como parece haber para algunos medios», en alusión a que se resaltan el «rechazo» que hacen del proyecto las grandes corporaciones, pero no el «apoyo» de las pequeñas y medianas empresas.