(DyN) – El Ministerio de Economía depositó 161 millones de dólares en Nación Fideicomiso correspondientes al pago de los intereses del Bono Par, con que vencían hoy, para los acreedores que ingresaron a los canjes de deuda en 2005 y 2010, se informó oficialmente.
El primer depósito de servicios de deuda al amparo de la Ley de Pago Soberano, que se sancionó para evitar nuevos bloqueos del juez Thomas Griesa, se realizó un día después de que el magistrado declarara en «desacato» a la Argentina por pedido de los fondos buitre que litigan por cobrar 1.330 millones de dólares.
«Al realizar dichos depósitos, la República Argentina ratifica una vez más su compromiso inquebrantable de cumplir todas sus obligaciones respecto de los Bonistas y contribuir mediante las medidas que estén a su alcance a preservar su derecho a cobrar las sumas que les corresponden bajo los Títulos de Deuda», sostuvo el Palacio de Hacienda en un comunicado.
La cartera económica dirigida por Axel Kicillof reiteró que el pago anterior está «indebidamente obstaculizado por el incumplimiento de The Bank of New York Mellon de sus obligaciones como agente fiduciario del Trust Indenture de fecha 2 de junio de 2005, modificado el 30 de abril de 2010, entre la República Argentina y The Bank of New York Mellon».
El comunicado indica que «en el día de la fecha, la República Argentina depositó los montos correspondientes a los intereses de los Títulos de Deuda Bonos Par emitidos en los Canjes de Reestructuración de Deuda Soberana de los años 2005 y 2010 sujetos a la legislación del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, y a la legislación de Inglaterra y Gales por el equivalente a 161 millones de dólares».
«El depósito fue realizado en las cuentas fiduciarias «Fondo Ley N° 26.984 – Pago Soberano de Deuda Reestructurada en Dólares Estadounidenses» y «Fondo Ley N° 26.984 – Pago Soberano de Deuda Reestructurada en Euros» (las «Cuentas Fiduciarias») de Nación Fideicomisos S.A., en su carácter de fiduciario (el «Fiduciario») del Contrato de Fideicomiso «Pago Soberano – Ley N° 26.984» de fecha 22 de septiembre de 2014 entre la República Argentina y el Fiduciario (el «Contrato de Fideicomiso»), abiertas en el Banco Central de la República Argentina de conformidad con el Artículo 4° de la Ley N° 26.984 de Pago Soberano», agrega el comunicado.
La información oficial señala que «de acuerdo al Contrato de Fideicomiso y a lo establecido en la Ley N° 24.441, el depósito de fondos en las Cuentas Fiduciarias perfecciona su cesión irrevocable en propiedad fiduciaria al Fiduciario en beneficio de los tenedores de los correspondientes Títulos de Deuda (los «Bonistas»)».
(DyN) – El kirchnerismo consiguió esta madrugada convertir en ley el proyecto oficial para cambiar el lugar de pago de la deuda reestructurada y revocar el mandato del Bank of New York Mellon (BONY) como agente fiduciario, con el fin de esquivar las trabas impuestas por los fallos del juez estadounidense Thomas Griesa, tras casi 16 horas de debate.
La propuesta fue aprobada en general por 134 afirmativos contra 99 negativos, que correspondieron a casi toda la bancada radical, el PRO y el Frente Renovador, y las abstenciones de Víctor De Gennaro, Claudio Lozano y Antonio Riestra, todos de Unidad Popular, Victoria Donda (Libres del Sur) y Alcira Argumedo (Proyecto Sur).
El artículo 12 del proyecto, que establece la creación de una Comisión Bicameral investigadora de la deuda externa, fue aprobado con 134 votos afirmativos, 95 negativos y seis abstenciones.
El debate se inició cerca de las 14 del miércoles y tuvo algunos momentos de tensión cuando, desde la tribuna, insultaron y abuchearon a legisladores de la oposición, e incluso hubo un fuerte cruce entre Facundo Moyano (Cultura, Educación y Trabajo) y el ultrakirchnerista Carlos Kunkel.
En el cierre de la sesión, antes de la votación, los jóvenes que ocuparon las tribunas dieron la espalda al recinto cuando fue el turno de las exposiciones de los diputados de los bloques de la oposición.
La presidenta del bloque de diputados por el Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, insistió hasta casi el momento de la votación para que la oposición acompañe el proyecto del Gobierno porque esperaba «tener una jornada de unidad nacional».
El conflicto con los holdouts volvió a estar en el centro de la escena luego de que la ONU aprobara la iniciativa argentina para generar un nuevo marco jurídico que regule los procesos de reestructuración de deuda, a lo que se sumarán hoy la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Pago Soberano y una nueva audiencia convocada por el juez Thomas Griesa.
En ese marco, la pregunta que se hace gran parte de la sociedad es en qué pueden beneficiar o no estas iniciativas y a tal fin el economista Jorge Ingaramo desmenuzó al detalle los claroscuros de las mismas en diálogo con Punto a Punto Radio 90.7.
Proyecto en la ONU
Técnicamente, Ingaramo señaló que “lo de la aprobación de la ONU es una instrucción a que la Argentina presente un proyecto de resolución que se aprobaría antes de fin de año que obligue a que en los futuros canjes, o reestructuraciones de deuda soberana, con solo el 66% de aceptación se da por terminado el problema y el 33% restante no tiene ningún derecho a ejercer acciones contra el país que haya caído en default o esté reestructurando su deuda”.
Sin embargo, eso no significa que se aplique de inmediato. “Las resoluciones de la ONU no se caracterizan precisamente por la facilidad de su cumplimiento, tal como lo hemos comprobado con las resoluciones sobre Malvinas. Eso depende mucho de que los miembros del Consejo de Seguridad, que no son países que tienen reestructuraciones de deudas sino todo lo contrario, lo acepten cuando enrealidad tienen mucho poder para impedir que las cosas a veces lleguen a la vía ejecutiva. Declaraciones y resoluciones hay a patadas, sin embargo las cosas en el mundo siguen más o menos igual. Normalmente cuando las cosas van hacia la vía ejecutiva se empantanan ahí y terminan en nada”, argumentó.
Ley de Pago Soberano
“La Argentina está buscando una solución que algunos la pueden aceptar para cobrar ahora el 30 de setiembre el bono par. La Argentina va a hacer todo lo posible por depositar, como dice el proyecto que seguramente será promulgado mañana mismo, en el Banco Nación. Y han dado la posibilidad de que se disponga la jurisdicción de Francia, que es donde hay cierto tratamiento mucho más favorable hacia los países con problemas de deuda y mucho más desfavorable hacia los buitre”, explicó el economista.
En este caso, el problema es que “hay instituciones y fondos que tienen la obligación estatutaria de mantenerse en sede Nueva York, con lo cual es muy complicado, y más si el juez Griesa dicta algo así como un desacato”.
Audiencia con Griesa
Para Ingaramo, “la decisión de bloquear de Griesa es muy complicada, insostenible en el tiempo”, pero consideró que el objetivo de Argentina de “seguir el camino de esta vía legal y buscar una solución en bloque lo veo extremadamente complicado”, porque “vamos a seguir en un tire y afloje que a la Argentina no le va a beneficiar para nada”.
“Vamos a seguir estando durante muchísimo tiempo en esta situación, porque el gobierno ha desautorizado toda otra negociación privada y con este proyecto de ley cerró todas las puertas, quedó solamente la vía del canje 2010 como solución a todos los problemas pendientes”, señaló.
“Vamos a estar empantanados en esto hasta que los buitres se cansen y digan bueno aceptemos una propuesta o inventemos una propuesta, porque lo concreto es que hasta ahora los buitre no han cobrado, no han visto un solo dólar”, agregó.
¿Hay solución? ¿Cuándo llega?
El economista sostiene que difícilmente “el problema dure hasta que entre el próximo gobierno”, porque “el desgaste que produce esto en la economía argentina es insostenible”
El primer aspecto insostenible es el jurídico. “No creo que los buitres quieran quedarse sin cobrar”, aseguró Ingaramo. El segundo, el económico. “La Argentina tiene un problema de dolarización de portafolios terrible producto de la desconfianza y tampoco puede aguantar por mucho tiempo una situación así”, completó.
¿Cuál es la fecha límite entonces? El 30 de septiembre, “cuando se vea qué va a hacer el Gobierno nacional respecto a los 193 millones de pesos que tiene que pagar. “A partir de ahí volvemos a mezclar las cartas y empieza otra mano pero de un partido que no quedan tantas manos para jugar. El 30 es una fecha decisiva”, concluyó.
(DyN) – Empresarios y economistas cuestionaron el efecto que tendrá, en caso de ser aprobada, la ley de pago soberano local, así como también criticaron los cambios a la Ley de Abastecimiento, que en la madrugada obtuvieron media sanción del Senado
En declaraciones a DyN, el titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos; el CEO del banco HSBC, Gabriel Martino; el presidente de la Cámara de Importadores (CIRA), Diego Pérez Santiesteban y el economista Orlando Ferreres coincidieron en esas opiniones durante el XVII Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), realizada en la UCA bajo el título «Argentina sin Atajos».
Para Martino, a cargo de la filial local de uno de los bancos que participó en la fallida búsqueda de una compra de la tenencia a los holdouts que litigaron contra la Argentina, «lo que es el cambio de jurisdicción» que propone la iniciativa «no va a tener mucho impacto en el mercado».
«Veo mucha dificultad legal y no creo que los fondos que tengan bonos argentinos cambien de jurisdicción, no porque no quieran cobrar sino porque legalmente la mayoría no lo puede hacer», sostuvo Martino.
Por su parte, Ferreres consideró que «estamos violando la seguridad jurídica» al no acatar el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa,. «Nos hemos comprometido, para mal o para bien, en respetar un juicio en primera instancia, en segunda y en la Corte Suprema y después que terminó no lo queremos cumplir», expresó el economista.
En ese sentido, Ferreres advirtió sobre las consecuencias de esa situación al indicar que «cualquier persona que va a invertir en la Argentina» podría preguntarse «si éstos no cumplen lo que firmaron con los Estados Unidos, ¿qué nos van a cumplir a nosotros?».
Para Pérez Santiesteban, «esta problemática todavía tiene la posibilidad de tener un arreglo mucho más simple, sin que nos pongan en una situación de riesgo frente a todos los tenedores que acordaron». «Esos 1.300 ó 1.400 millones de dólares es 0,5 por ciento del total de la deuda reestructurada y no tiene ningún sentido poner en riesgo una negociación de deuda que fue muy exitosa por un monto tan menor», opinó.
«Traer la jurisdicción a la Argentina complica la situación con los tenedores de deuda que están dentro del canje y que confiaron en la Argentina aceptando una quita enorme y además complica hacia el futuro en la toma de nueva deuda», expresó Pérez Santiesteban.
Por último, Campos señaló que «todo lo que sea aislarnos del mundo, nos parece que es malo».
Ley de Abastecimiento
En cuanto a la Ley de Abastecimiento, Campos manifestó que «afecta el empleo, la producción y la inversión, ya que le da una enorme discrecionalidad a un funcionario público para intervenir en la vida de una empresa y esto va a ser muy desestimulante para la inversión y el empleo».
Pérez Santiesteban añadió que “las modificaciones no avanzan en el sentido de lo que en este momento necesita el país, que necesita tener un ambiente amigable para recibir inversiones y desarrollar empleo, y no esquemas que planteen acciones restrictivas, limitativas o persecutorias».
Martino sumó que “la norma implica retroceder 50 años la Argentina, aunque tenemos que esperar qué pasa en Diputados y después una vez que se reglamente».
Por último, Ferreres consideró que “estas leyes van en contra de la ocupación», ya que «va a haber más gente que no va a conseguir empleo o gente que lo va a perder, porque no generan un clima favorable para la inversión». «Es una total regulación del Estado, es como si estuviéramos en un país totalmente estatizado, tipo lo que era Rusia», disparó.