(DyN) – El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió que se investiguen las razones por las cuales el fiscal Alberto Nisman fue objeto de un seguimiento fílmico a su arribo al Aeropuerto de Ezeiza, proveniente de Europa, el 12 de enero pasado.
Mediante una denuncia que recayó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien también tiene a su cargo la investigación por el atentado contra la AMIA, Marijuán advirtió que los funcionarios que hicieron el seguimiento pudieron haber incurrido en el delito de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
«Se advierte que no se trata de imágenes generales de un sector del aeropuerto sino que se focalizan y dirigen particularmente sobre la persona de Nisman”, advierte la denuncia.
El fiscal -que luego apareció muerto en su departamento de Puerto Madero- “en ese momento se encontraba de licencia funcional y regresaba de un viaje familiar», por lo que no había razones para efectuar un seguimiento de seguridad.
La nueva causa, que aparece como un expediente conexo a la investigación por la muerte de Nisman, quedó a cargo del fiscal Juan Pedro Zoni.
(DyN) – La procuradura general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuán por los supuestos delitos de «inclumplimiento de deberes de funcionario público» y «abuso de autoridad».
Marijuan fue removido días pasados por la Procuradora de su cargo en la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES).
El titular de la fiscalía federal 11 imputó a su jefa máxima de los supuestos delitos de «inclumplimiento de deberes de funcionario público» y «abuso de autoridad» por su actitud ante el pedido de que removiera al titular de la PROCELAC, Carlos Gonella.
El dictamen de Marijuan se produjo porque actúa subrogando al fiscal federal Carlos Rívolo, que debería ser el titular en la acusación pero se encuentra de licencia, dijeron fuentes judiciales.
La causa se inició por una denuncia del juez federal Claudio Bonadio contra Gils Carbó porque supuestamente no habría cumplido con el protocolo de procedimientos ante el pedido de remoción de un fiscal, en este caso de Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Bonadio declaró en rebeldía a Gonella, le prohibió la salida del país y pidió su juicio político por no presentarse a declaración indagatoria en una causa en la que el fiscal está acusado de violación de secreto.
El juez hizo el pedido de juicio político de Gonella para que pierda la inmunidad de arresto que le da los fueros de fiscal y así llevarlo a declarar por la fuerza pública.
Gils Carbó rechazó lo solicitado por Bonadio y lo fundamentó en que el juez «pretende criminalizar una actividad propia del Ministerio Público Fiscal, cual es la política institucional de rendir cuentas a la sociedad a partir de la difusión de noticias en el sitio web del MPF (www.fiscales.gob.ar)».
«La persecución penal por la difusión de noticias sobre la actuación de los fiscales involucra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública garantizado por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos», agregó Gils Carbó.
La Procuradora recordó que los fiscales tienen inmunidad de arresto, otorgada por la Constitución Nacional, y que se trata de un resguardo para su actuación y «no un privilegio personal sino una garantía de los justiciables».
Gonella ya apeló la decisión del juez Bonadio para que sea revisada por la Cámara Federal.
El titular de la PROCELAC está acusado de la difusión pública de una causa por presunto lavado de dinero contra familiares y allegados del empresario español Valentín Temes Coto, condenado a 20 años de prisión por «Manzanas blancas», el mayor caso de narcotráfico del país.
Entre los investigados se encuentra la jueza de instrucción María Gabriela Lanz, pareja de Temes Coto, que denunció que el caso fue difundido por el sitio web «www.fiscales.gob.ar».
Gonella ya faltó a cinco citaciones a indagatoria y basó sus ausencias en que hay recursos pendientes contra el juez y su investigación, entre ellos un planteo de recusación.
Bonadio entendió que hay «mala intención» por parte de Gonella para presentarse, por lo que lo declaró rebelde, le prohibió la salida del país y le pidió a Gils Carbó su juicio político para que sea desaforado.
(DyN) – El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió al juez federal Sebastián Casanello que llame a declaración indagatoria por supuesto lavado de dinero al empresario kirchnerista de la construcción Lázaro Báez, adjudicatario de obras públicas.
Fuentes judiciales informaron hoy que el requerimiento del funcionario del Ministerio Público se produjo en el misma causa en que ya se encuentran procesados los intermediarios financieros Leonardo Fariña y Federico Elaskar, ex dueño de la casa de cambios apodada «La Rosadita», en Puerto Madero.
En su declaración indagatoria Fariña aseguró que Báez le había entregado cinco millones de dólares para la compra de un campo en la provincia de Mendoza. Y Elaskar dijo en «Periodismo para Todos» que había creado empresas off shore en el extranjero para depositar la plata del empresario.
La noticia sobre el dictamen de Marijuan se conoce al día siguiente que trascendiera que la Cámara Federal le ordenó a Casanello la profundización de la investigación contra Báez y le achacó que impulsa una pesquisa «desarticulada» y que «resulta inapropiado el fraccionamiento» del expediente. En ese marco, los camaristas aludieron también a las sumas de dinero «que habrían sido ilícitamente remitidas al exterior y posteriormente reintroducidas mediante bonos finalmente vendidos en el país».
El juez federal Casanello procesó por lavado de dinero a Fariña y al financista Federico Elaskar por distintas operaciones comerciales que no pueden justificar, como la compra de autos, viviendas y acciones en empresas.
Ambos revelaron en el programa «Periodismo Para Todos» que sacaron del país 55 millones de euros de Báez, Fariña en aviones y Elaskar mediante su financiera SGI con la que creó empresas off shore en el extranjero para depositar la plata.
Después los dos negaron sus dichos pero se inició una causa penal en la que se investiga a Báez, a su hijo Martín, a su contador Daniel Pérez Gadín y a Fabián Rossi.
Fariña está preso desde abril en una causa que tramita en la Justicia de La Plata por la evasión de 30 millones de pesos en impuestos vinculados a la compra de los campos en Mendoza.
Los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun ratificaron que ambas causas deben tramitar por separado porque investigan hechos distintos.
La Cámara se pronunció también sobre la causa que tramita Casanello, sobre la que señalaron que sobre algunos imputados, como Fariña y Elaskar, se avanzó hacia sus procesamientos, pero no sobre el resto de los acusados.
«También se debe señalar que merece ahondarse la pesquisa en relación a los dichos de Fariña que refieren que los cinco millones de dólares para la compra del campo en Mendoza provinieron de Lázaro Báez», explicaron los jueces que agregaron que la operación coincidió cuando Fariña trabajaba para Austral Construcciones, la empresa de Báez.
(DyN) El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación penal contra el saliente titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, para determinar si permitió el funcionamiento de una «cueva» financiera y si esa oficina es de su hermano, Rubén Cleofas Fábrega.
Fuentes judiciales informaron que Marijuán impulsó la investigación y le pidió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa. La denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten a instancias de una nota publicada en el portal «MDZ Online.
Según la denuncia, Rubén Cleofas Fábrega sería el dueño de una cueva financiera ubicada en la calle 25 de mayo 517 de esta capital y actuaría como «lobista para el otorgamiento de créditos del Banco de la Nación Argentina». También refiere la supuesta realización de «operaciones clandestinas de mercado de cambio, compraventa de divisas blue, cambio de cheques, etc».
En esa línea, Sánchez Kalbermatten sostuvo que el ex titular del BCRA «habría permitido el funcionamiento de una financiera ilegal a cargo de su hermano lobista a pesar de ejercer el control de ese tipo de entidades por la función que ejerce, presumiéndose cierta complicidad que una pesquisa debiera comprobar».
Juan Carlos Fábrega renunció el miércoles como titular del BCRA tras las críticas que la presidenta Cristina Fernández hizo a la falta de controles de la entidad sobre operaciones comerciales ilegales.
La denuncia es por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación y violación de tratados concluidos con naciones extranjeras. El fiscal Marijuán pidió una serie de medidas de prueba, entre ellas verificar si existe la cueva financiera denunciada.