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Antes de que finalice el 2016 la gestión Schiaretti quiere tener aprobada una nueva Ley de Promoción Industrial para las empresas de la provincia. El dato fue confirmado por el ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, en un breve diálogo con la prensa en el marco de la presentación de casos de éxito del programa Emprende INNdustria.

En ese sentido el ministro comentó: «Queremos tener una nueva Ley de Promoción Industrial antes d eque termine el año. Las cuestiones centrales se van a mantener, por ejemplo el esquema de apoyos a las empresas que es muy valorado por las firmas y estamos definiendo los detalles para los cambios. Por ejemplo, incorporar algunas ventanas de acceso para nuevas industrias. Pero lo más importante es que en esta nueva ley el foco va a estar puesto en el acompañamiento para las pequeñas y medianas empresas».

Monsanto no confirmó que se va
Por otro lado, Avalle repasó el conjunto de inversiones que ya se anunciaron para los próximos años en Córdoba. Destacó los fuertes desembolsos de Fiat, Renault-Nissan y Bimbo y recordó que en noviembre de este año, esta última compañía inaugurará su planta en la localidad de Malvinas Argentinas. –»¿De esa lista hay que restar a Monsanto?», «¿Está descartada esa inversión», preguntó Punto a Punto. «No, no. A nosotros no nos han comunicado nada al respecto. No tenemos ninguna información sobre eso», señaló Avalle.

 

El gigante estatal químico chino ChemChina ofreció la suma récord de 43.000 millones de dólares por la multinacional suiza especializada en productos agroquímicos Syngenta, cuyo consejo de administración aprobó de forma «unánime» la propuesta.
La operación representaría la adquisición más importante de una empresa china en el extranjero, indicó el miércoles un comunicado divulgado por ambos grupos.
En concreto, la China National Chemical Corp (ChemChina) propone 465 dólares por acción nominal, a los que se añadirá un dividendo especial de cinco francos suizos por título (casi 5 dólares). «La transacción propuesta respeta los intereses de todas las partes», destacó en el comunicado la firma helvética, con sede en la ciudad de Basilea.
Una declaración que confirmaba la Bolsa de Zúrich, donde la acción de Syngenta subía más de 5% en un mercado que retrocedía 0,29%. La fusión, mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA), se lanzará formalmente durante las dos próximas semanas en Suiza y en Estados Unidos y debería concluir antes de fin de año.
El año pasado, Syngenta había rechazado una OPA de 47.000 millones de dólares de su rival estadounidense Monsanto, que ahora podría estudiar una contraofensiva. ChemChina, un gigantesco conglomerado cuya gestión depende directamente del gobierno central chino, lleva a cabo una política de fuerte expansión internacional.
En 2015, se hizo con el control del fabricante de neumáticos italiano Pirelli, en una operación valorada en 7.400 millones de euros, y recientemente anunció la adquisición de Kraussmaffei, un emblemático fabricante alemán de máquinas-herramientas para la industria plástica, por 925 millones de euros (1.001 millones de dólares).
En su búsqueda de diversificación, ChemChina tomó en enero de este año un 12% de participación en el capital de la firma de corretaje suiza Mercuria. La adquisición de Syngenta convertiría a ChemChina en uno de los mayores fabricantes de pesticidas y de agroquímicos del mundo, reduciendo al mismo tiempo su dependencia de las actividades petroquímicas.
«Con esta oferta, ChemChina reconoce el potencial de Syngenta», subrayó el presidente de Syngenta, Michel Demaré, quien espera que gracias al acuerdo el grupo suizo «aumente su presencia en los mercados emergentes, y particularmente en China». ChemChina podrá ingresar por su lado en el sector de la elaboración y la comercialización de granos.
 
 
Se trataría de la mayor adquisición china de una empresa extranjera, muy por delante de la compra en 2013, por 15.100 millones de dólares, del grupo canadiense Nexen por la petrolera CNOOC.

El Grupo de las principales entidades empresarias de Córdoba (G6) y la Comunidad Agroalimentaria emitieron sendos comunicados en las últimas horas en las que cuestionaron los incidentes protagonizados por un grupo de militantes anti Monsanto en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba.
Al respecto, el titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Horacio Parga, amplió su visión en diálogo con Punto a Punto Radio, criticando con dureza el accionar de estos grupos y asegurando que esta situación puede afectar las inversiones en Córdoba.
“Esto ya traspasó cualquier tipo de frontera. Toda la ciudadanía tiene que tener en cuenta la gravedad de estos hechos, reaccionar y los mismos medios también tienen que darle trascendencia a una cosa así porque sino esto es una bola que se va a ir aumentando y ya no vamos a saber cuál es el límite”, disparó Parga.
Parga aseguró que “no hablo de violencia ni de represión, sólo digo que tiene que haber un respeto, un orden. En un sistema democrático tiene que haber reglas del juego, no se pueden decidir las cosas a palos y bajo ordenanzas”, subrayó.
En ese marco, se preguntó: “¿quién va a venir a invertir en Argentina si sabe que un grupo de 40 personas puede torcer la dirección de un acuerdo que había o de una decisión de la universidad?”.
Y remató: “Bajo el disfraz de la ideología se atacan cosas sin fundamento técnico. Yo estoy a favor de que las cosas sean correctamente y no en función de presiones con palos y caras tapadas. Ojalá que Monsanto espere hasta que se pueda, después de un estudio de impacto ambiental serio y democrático, hacer un dictamen científico y allí basta de mitos, slogans e ideología. Si es positivo, es bueno para la producción y si es negativo, lamentablemente no podrá funcionar”.
El comunicado del G6
“Desde las entidades empresarias nucleadas en el denominado Grupo de los Seis, manifestamos nuestro repudio a los tristes y penosos actos de violencia ejercidos contra las autoridades del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, bajo el marco del conflicto por el proyecto de radicación de la firma Monsanto en nuestra provincia.
Como es de público conocimiento, asistimos, una vez más, a medidas de acción intempestivas y desproporcionadas que dañan sensiblemente a nuestro sistema democrático; que afectan el debate plural, impidiendo escuchar las diferentes voces y posiciones de quienes habitamos el suelo cordobés.
Nos solidarizamos pues, con cada uno de los miembros del Consejo Superior que debieron soportar conductas anti-sociales y vandálicas, las cuales consideramos inaceptables. Repudiamos la violencia, la intimidación y el anonimato de estas manifestaciones y estamos convencidos de que no hay fundamento alguno, ni diferencia de visión que justifiquen las mismas cuando existen instituciones y mecanismos que permiten evaluar las consecuencias de cualquier política pública o iniciativa privada y debatir sobre su conveniencia o no para toda la sociedad civil.
Exhortamos, a todos y cada uno de los actores sociales a propiciar el diálogo frente a  cualquier  forma de reclamo; siendo este el único camino posible para el desarrollo con equidad de nuestra sociedad.
Tal como la manifestáramos en varias oportunidades, reiteramos la necesidad de una profunda reflexión cívica ante hechos de estas características; la necesidad de sobreponernos a nuestras propios intereses particulares y posiciones, y  disponernos a encontrar acuerdos y prácticas que nos animen a pensar que seremos capaces de aprender de nuestras miserias y escuchar al otro para volver más virtuosa nuestra vida en común.
La visión de la Comunidad Agroalimentaria
“Sorprendidos por los episodios ocurridos en el consejo superior de la Universidad de Cordoba, las instituciones que integran la Comunidad Agroalimentaria de esta provincia, sienten la obligación y la necesidad de hacer público su rechazo a la violencia, la agresión y la vejación a la dignidad de las personas.
Creemos que la Universidad, nuestra Universidad, ha padecido un ultraje a su tradición y a su razón misma de ser, que es la existencia de la pluralidad de ideas, la investigación objetiva y el respeto al libre discernimiento.
El ataque realizado ayer por un grupo anónimo, no solo es un ataque a la universidad, sino a toda la sociedad, porque en el seno de una de sus instituciones más importantes se ha herido a la democracia, que es el sistema político que los argentinos hemos elegido para nuestra patria.
Solamente en el respeto a las instituciones y a las personas, podremos construir el país libre y soberano que todos anhelamos”.
Crédito foto: La Voz del Interior

La Comunidad Agroalimentaria, un flamante grupo que nuclea a 14 entidades privadas dedicadas a la producción y comercialización en el sector agropecuario salió a respaldar al decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Marcelo Conrero.
La toma de posición de la Comunidad Agroalimentaria se da luego de las críticas que elevó el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) el convenio firmado entre la  Facultad con la empresa Monsanto.
“La Comunidad Agroalimentaria encuentra oportuno tomar posición en cuanto a la importancia de la intervención de instituciones del sistema científico tecnológico (Universidades, Institutos Técnicos, otras entidades de Investigación tanto públicas como privadas, etc.), en cuestiones que involucren el interés público, en cualquier dimensión. Al respecto considera imprescindible el aporte que puedan realizar para esclarecer – con fundamentos científicos y/o técnicos- situaciones conflictivas que estén comprendidas en sus áreas de incumbencia.
La ciencia investiga en beneficio de la humanidad. La Universidad, para cumplir con su rol universal, debe investigar y es lógico que lo haga comprometiéndose con la comunidad. La investigación debe estar liberada de preconceptos y fundamentalismos. Investigar es discutir, contraponer conceptos para llegar a una aproximación a la verdad. Este camino exige honestidad y respeto mutuo de las personas. También es necesaria valentía para exponer nuestra parte de verdad sin temor a que sea refutada, y humildad para aceptar la verdad del otro.
Acciones fundamentalistas, cerradas, significan una negación al diálogo necesario, y a la posibilidad de incorporar argumentos para la toma de decisiones más cimentadas. En base a estas ideas apoyamos a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en su interés de involucrarse en la búsqueda de soluciones del conflicto generado, en este caso, en Malvinas Argentinas”, señaló la entidad empresaria.
 

El Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, encabezó ayer la reunión conjunta de tres comisiones legislativas para explicar el alcance del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo referido a la política ambiental de la provincia de Córdoba.
Se trata de un proyecto de gran importancia ya que surgió luego de la polémica desatada en torno a la radicación en Córdoba de la multinacional Monsanto y su supuesta contaminación al ambiente.
Fabián López estuvo acompañado por el secretario de Ambiente, Germán Pratto; y por la asesora legal del ministerio, Marta Juliá. Durante dos horas y media hizo una exposición del contenido del proyecto y respondió a las preguntas de los legisladores.
En esencia, el Proyecto de Ley Nº 13428/E/14 busca complementar los presupuestos mínimos establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25675, para la gestión sustentable y adecuada del ambiente.
El Ministro explicó que el texto propuesto aspira a “actualizar y modernizar la legislación de la Provincia de Córdoba complementando la ley de presupuestos mínimos nacionales”.
López expresó que uno de los elementos más importantes del proyecto es el proceso de ordenamiento territorial ambiental de la Provincia, que servirá de marco al desarrollo de otras herramientas ambientales. Del mismo modo, el ministro confirmó que está prevista la participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental mediante la realización de consultas públicas, no vinculantes pero de implementación obligatoria.
Este punto es uno de los más importantes ya que surgió luego de la polémica generada por el caso Monsanto, en el que los ambientalistas reclaman una consulta popular para que la población pueda opinar sobre si esa inversión debe realizarse o no en la ciudad de Malvinas Argentinas.
Concretamente, la normativa en su artículo 9º señala que “en los casos que corresponda, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte, la Autoridad de Aplicación deberá instrumentar el procedimiento de participación ciudadana, en forma previa a la resolución e integrante del procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental” y que “a los fines de instrumentar el procedimiento de participación ciudadana, la Autoridad de Aplicación determinará conforme a la reglamentación, los proyectos ó actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”.
Del mismo modo, el artículo 10º complementa que la Provincia “deberá establecer criterios para institucionalizar las audiencias públicas y mecanismos de consulta, los que se realizarán en forma previa a cualquier resolución. con carácter no vinculante y de implementación obligatoria por parte de la Autoridad de Aplicación” y el 11º agrega que “la Autoridad de Aplicación publicará en su página oficial (página web) e informará sobre los nuevos proyectos que ingresen al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, los ciudadanos o interesados, las Organizaciones No Gubernamentales y el Defensor del Pueblo podrán solicitar la realización de la Audiencia Pública, cumpliendo los requisitos y plazos que se determinen por la Autoridad de Aplicación”.
Tras la exposición, Fabián López respondió a las preguntas de los legisladores.
El acto contó con la presencia de la Vicegobernadora Alicia Pregno; el presidente provisorio, Oscar González; y por legisladores integrantes de las comisiones de Asuntos Ecológicos, Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.

Monsanto Argentina emitió un comunicado en el que ratifica “su voluntad de avanzar con la inversión en una nueva planta de embolsado de semillas de maíz en la provincia de Córdoba y de cumplimentar con todos los requisitos que exijan las ordenanzas municipales, les leyes provinciales y nacionales y los requerimientos que estipulen las autoridades medioambientales de la provincia”.
Desde la empresa ratificaron su predisposición al diálogo “para superar la violencia y lograr reunir, sin necesidad de marchas ni riesgos para las personas, a los vecinos, activistas e instituciones que han expresado su preocupación para definir las garantías que debe dar el proyecto y la empresa a fin de certificar que se cumplirán los requisitos de protección del ambiente”.
“Creemos que este diálogo podría ser incluso mucho más amplio y abordar los temas del modelo agropecuario, el uso de la biotecnología y la protección del medio ambiente, pues ese es el marco en el que se sustentan algunos de los argumentos de los que se oponen a la construcción de la planta”, dice el comunicado.
Y agrega: “ratificamos nuestra disposición ya manifestada públicamente a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental con todos los estándares y requerimientos fijados por las nuevas autoridades del área y la legislación que se prevé sancionar”.
Luego, la empresa hace referencia al nuevo estudio de impacto ambiental, pero aclara que decidieron presentar uno nuevo y no discutir “en términos judiciales” el rechazo al estudio anterior.
“Aunque las observaciones respecto del anterior estudio presentado eran de detalles de su funcionamiento y no sobre la posibilidad de algún tipo de contaminación, hemos preferido -sin embargo- no discutir en términos administrativos ni judiciales la decisión y aprovechar la instancia para disponernos a desandar un camino que hasta ahora ha estado signado por conflictos y desencuentros, para emprender uno nuevo en el que logremos llevar garantías y confianza a toda la población”, dice el comunicado.
Para finalizar, la compañía agrega que “si por algún motivo, nuestro proyecto está siendo razón de alteración social queremos revertir esa situación Por eso insistimos en el pedido de institucionalizar una mesa de diálogo. Hemos enviado una nota formal al Sr.  Gobernador de la Provincia solicitando, en este marco, convoque a la participación de las universidades y facultades involucradas en nuestra temática para que se involucren en este nuevo proceso de realización y auditoría del estudio de impacto ambiental del proyecto”.
 
 

La inversión de $ 1.500 millones anunciada por la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas para el montaje de una planta de acondicionamiento de semillas de maíz sufrió un duro revés en las últimas horas luego de que la Secretaría de Ambiente de la Provincia rechazara el estudio de impacto ambiental presentado por la firma.
«La Comisión Técnica Interdisciplinaria, dependiente de la Secretaría de Ambiente, recomienda no autorizar el estudio de Impacto Ambiental de la Planta de Acondicionamiento de Semillas de Maíz, en la localidad de Malvinas Argentinas, presentado por la firma Monsanto Argentina Sociedad Industrial y Comercial», informó el Gobierno cordobés a través de un comunicado.
«La Comisión Técnica Interdisciplinaria identificó que en el desarrollo del proceso productivo no se cumple con los requisitos básicos de gestión integral de residuos. Toda actividad productiva es susceptible de generar impacto ambiental, por lo cual es sustancial establecer, identificar y contemplar las medidas de mitigación respecto al impacto que tendrá en el medioambiente. Al no identificarse los impactos relevantes y sus consecuentes medidas de mitigación en el estudio presentado por la Firma, no puede considerarse el mismo como instrumento técnico válido que permita su correspondiente aprobación», fundamentó la decisión el Estado.
Además, desde el Centro Cívico opinaron que «finalmente, la Comisión evaluó que la documentación respaldatoria es insuficiente, reiterativa y sin profundidad técnica necesaria para responder adecuadamente a los condicionamientos cursados».
«Por tal motivo, es decisión de la Secretaría de Ambiente de la Provincia no autorizar el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Monsanto», concluye el comunicado.
La respuesta de la Provincia sorprende por el tenor de las palabras y habida cuenta de que desde Monsanto aseguraban que el estudio iba a ser aceptado.
De todos modos, esta determinación oficial no implica que el Gobierno rechace definitivamente la instalación de la empresa en Córdoba, sino que sólo rechaza el estudio de impacto ambiental que Monsanto puede rehacer y, de hecho, se espera que en los próximos días la firma cumpla con ese trámite.

La Sala 2ª de la Cámara del Trabajo dio a conocer la resolución sobre una medida cautelar presentada en septiembre de 2012, donde se pidió la paralización de la obra de la empresa Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, según informa el sitio cba24n. El fallo fue dividido: 2 a 1.
La acción presentada contra la Municipalidad de Malvinas Argentinas declara inconstitucional la ordenanza municipal que autoriza a Monsanto a realizar las tareas preliminares para la obra de la planta secadora de granos, que la empresa proyecta construir en un pedio ubicado en Ruta A 188 Km 9 ½.
El amparo solicita como medida cautelar que se suspendan las obras de la planta acondicionadora de granos de Monsanto, hasta tanto se presente el estudio de impacto ambiental y las autoridades municipales llamen a una consulta popular para conocer si los habitantes están a favor o contra el emprendimiento de Monsanto.
En la práctica, la obra estaba suspendida de manera momentánea debido al bloqueo que un grupo de ambientalistas realiza en el ingreso al predio desde hace más de tres meses.
Qué dice Monsanto
Minutos después de que se conociera el fallo judicial, la multinacional emitió un comunicado que se reproduce a continuación:
«A partir de la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo conocida hoy con respecto al amparo presentado por el Club de Derecho en referencia a las autorizaciones emitidas por las autoridades provinciales y municipales para la construcción de la planta acondicionadora de maíz en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba, Monsanto desea expresar que no comparte la resolución judicial de suspender la continuidad de la obra hasta la obtención del estudio de impacto ambiental.
Sin embargo, Monsanto es respetuosa de las decisiones del Poder Judicial y acatará como siempre sus medidas.
Asimismo, Monsanto confirma que apelará dicha sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia, dado que considera legítimo su derecho a construir la planta al haber dado cumplimiento con todos los requisitos legales y haber obtenido las autorizaciones para ello conforme la normativa vigente, lo que fuera confirmado por sentencia del Juzgado de Primera Instancia de fecha 7 de octubre de 2013.
Hace más de tres meses que los empleados y contratistas de Monsanto no pueden ejercer el derecho a trabajar, debido a la acción de extremistas que bloquean los ingresos al predio, ejercen violencia y desoyen sistemáticamente las decisiones judiciales.
Monsanto desea aclarar además que ya ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental, documento que está en proceso de evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia».

“El 2014 está perdido. Con cuatro meses de demora en las obras no vamos a comenzar a operar durante este año”, afirma Adrián Vilaplana, el gerente de Asuntos Institucionales de Monsanto, sobre la planta de tratamiento de semillas de maíz que la compañía pretende levantar en la localidad de Malvinas Argentinas y que se encuentra paralizada debido al bloqueo de un grupo de ambientalistas que ya superó los 100 días.
En diálogo con Punto a Punto, el ejecutivo precisó que la obra civil “está ejecutada en un 20%, aunque ya debería estar finalizada. Por ese motivo, si el proyecto avanza de acuerdo a nuestros planes recién estaríamos operando en el 2015”.
Con todo, Vilaplana descartó que desde Monsanto se esté analizando trasladar el proyecto a otra provincia. “Surgieron algunas versiones de que podríamos levantar la planta en Santiago del Estero o en San Luis, pero sería muy irresponsable de nuestra parte no concretar una inversión de US$ 400 millones que ya está anunciada”.
Respecto a los plazos que se fijaron desde la empresa, Vilaplana sostuvo que el primer paso es conocer los resultados del estudio de impacto ambiental que se presentó hace varios meses y luego aguardar la audiencia pública entre los vecinos de Malvinas Argentinas. “Hablar de plazos ya no tiene mucho sentido. Lo importante es que el proyecto no cambió su status y estamos dispuestos a debatir”, sostuvo.
Consultado sobre las respuestas que recibieron de parte del Gobierno provincial, el ejecutivo fue cauto y precisó que “puede presentarse alguna demora adicional a partir de los cambios que se produjeron en el gabinete” y puso énfasis en la actuación de la Justicia. “La Justicia se expidió, fue actuando de acuerdo a las presentaciones que realizamos. En este sentido estamos conformes”, agregó.
Por otro lado, Vilaplana confirmó el retiro de contenedores que se ubicaban en el predio ya que “habían sido violentados”, aunque destacó que se trató de una “cuestión de seguridad”. En tanto, integrantes del grupo de ambientalistas que acampan frente al predio confirmaron que inclusive ya se retiraron maquinarias y grúas.
 
 

Pese a las constantes consultas de los periodistas, los directivos de Monsanto se cuidan permanentemente de hacer cualquier tipo de declaración pública que invite a sospechar sobre algún probable paso atrás en su decisión de instalar una planta en Malvinas Argentinas.

Sin embargo, el último comunicado difundido por la compañía luego del recrudecimiento del conflicto, ya permitió ver algunas declaraciones que muestran el hartazgo que la multinacional tiene ante esta situación.

En el mismo, por caso, destacan que “una vez más” están lamentando y repudiando estos hechos, a la vez que subrayan que “hace más de tres meses” que los operarios no pueden trabajar, pese a “contar con el aval otorgado por la Fiscalía”. Asimismo, Monsanto repite que en todo este tiempo “ha abierto múltiples canales de diálogo”.

El comunicado completo difundido por Monsanto es el siguiente:

“Una vez más, Monsanto lamenta y repudia el accionar violento de un grupo de extremistas que desoyen lo dispuesto por la Fiscalía con respecto a la Planta Malvinas Argentinas de acondicionamiento de semillas de maíz. Esta mañana activistas encapuchados y armados con palos, intimidaron al personal de mantenimiento que intentó ingresar a la planta para realizar tareas habituales y los amenazaron inescrupulosamente con ‘ir a buscarlos a sus casas’, incluso delante de personal policial y de infantería.

Considerando la situación, el personal de mantenimiento se retiró en forma pacífica dado que, a pesar de contar con el aval otorgado por la Fiscalía, no estaban dadas las condiciones de seguridad para su ingreso al predio.

Hace más de tres meses que los empleados y contratistas de Monsanto no pueden ejercer el derecho a trabajar, debido a la acción de extremistas que bloquean los ingresos al predio y -encapuchados y con palos- amenazan a los trabajadores, quienes son víctimas del hostigamiento de este grupo, además de verse perjudicados con la continuidad de sus puestos de trabajo.

Monsanto ha abierto múltiples canales de diálogo para explicar en forma pacífica cuál es el proyecto y las oportunidades de progreso y crecimiento para la comunidad y la Provincia”.