Un informe elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable afirma que las represas Néstor Kirchner y proyectadas sobre el río Santa Cruz, pueden afectar los glaciares Perito Moreno y Upsala, provocar efectos en los recursos pesqueros de los que viven las comunidades costeras, impactar sobre la fauna endémica que se reproduce o inverna en la desembocadura y causar daños irreversibles al rico patrimonio arqueológico milenario de la provincia.
El informe fue realizado antes de que el Gobierno nacional y la provincia de Santa Cruz acordaran modificaciones sustanciales. Ahora la obra será de la Nación, tendrá una envergadura y unpresupuesto menor y los plazos de obra serán más largos, informó Clarín.
“La afectación del nivel del Lago Argentino podría tener un efecto en el desplazamiento y el frente de glaciares de importancia, como el glaciar Moreno y Upsala, entre otros”, indica el estudio.
Este se conoce justo en momentos en que la Corte Suprema de la Nación hizo una solicitud de información sobre el estado del avance de las obras y si se siguieron todos los procedimientos estipulados por la Ley General del Ambiente y de Glaciares. También preguntó si se había hecho un estudio de impacto ambiental.
Para todos esos interrogantes, la Corte podría encontrar una respuesta en este informe, que aún tiene carácter interno. En primer lugar, es lapidario con el estudio de impacto ambiental realizado por una empresa convocada por el contratista de la obra, Serman Asociados, al que cuestiona en todos los puntos esenciales.
Por ejemplo, indica que no realizó una adecuada línea de base, con lo cual ya desde el vamos tiene una metodología errada. “No hay evaluación de impactos acumulativos, que debería formar parte de un proyecto, no hay análisis de alternativas”, dice, mientras critica que no se pidió “avales científicos de más de un experto hidráulico” sobre el impacto del desacople hidráulico de la represa en el Lago Argentino.
El informe resalta la ausencia de consideración de la ley de Glaciares, y señala que antes de la finalización del inventario de cuerpos de hielo que mandó a realizar la norma, no se puede construir nada. “Un punto clave de la ley es la prohibición que fija en relación a un conjunto de actividades en zona glaciar, entre las cuales se incluye la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura como las aquí analizadas”, sostiene.
La construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic fue adjudicada hace dos años a un consorcio encabezado por Electroingeniería y la China Gezhouba Group Corporation e Hidrocuyono, con un presupuesto actualizado de 43 mil millones de pesos.
(DyN) – El empresario kirchnerista Lázaro Báez y el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, fueron sobreseídos en una causa penal en la cual estaban imputados por presuntos «sobreprecios» y «cartelización» de la obra pública.
Fuentes judiciales informaron que el fallo fue dictado por la jueza de instrucción de Río Gallegos, María Valeria López Leston, que siguió el dictamen favorable a los acusados que había emitido el fiscal Gabriel Giordano, quien consideró que en la causa no se acreditaron hechos de corrupción.
Los sobreseimientos alcanzaron también al difunto ex presidente Néstor Kirchner y a los hijos de Báez, Martín y Leandro, que también trabajan en la empresa familiar Austral Construcciones S.A., que se encarga de varias obras en Santa Cruz.
«De las 1.464 obras que se han otorgado en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2013 sólo se ha adjudicado a las empresas en mira 108, es decir el 7,3 por ciento», sostuvo el fallo.
Y aseguró que las se realizaron «cumpliendo rigurosamente mediante procedimientos de licitación pública sin que las mismas hayan merecido objeciones de los órganos de control competentes».
También fue descartada la acusación por los sobreprecios en la obra pública ya que para Giordano la aplicación de incrementos frente a los pautado, lo que está establecido en el «decreto 1295/02 el cual establece el mecanismo para ello sobre las tablas publicadas mensualmente por el INDEC tomando como base los índices de la construcción y los precios internos mayoristas».
«El análisis de los cargos formulados sobre la imputación genérica sobre la existencia de sobreprecios y la cartelización conduce a descartar una presunta corrupción en el manejo de los fondos públicos y los procesos de licitación publica para la adjudicación de obras públicas por parte de los funcionarios sindicados», añade el fallo.
La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por la referente del ARI en Santa Cruz, Mariana Zuvic.
El titular de la filial argentina de Shell, Juan José Aranguren, insinuó que el boicot que sufrió la empresa por parte del Gobierno de Néstor Kirchner, en 2005, pudo haber sido una venganza porque la petrolera había decidido no vender sus activos en la Argentina, algo que evaluaba en ese momento.
Aranguren reconstruyó la historia en una extensa entrevista radial en Radio Mitre, durante el programa de Jorge Lanata, según reproduce el diario Clarín.
Aranguren recordó que en el arranque del Gobierno de Néstor Kirchner (2003) la empresa consideraba la posibilidad de vender sus activos y abandonar la región. «Yo tenía responsabilidad sobre los negocios en 35 países de la región, ahora solo en 2» señaló Aranguren. «Evaluamos qué era lo más conveniente, y finalmente decidimos seguir en la Argentina.»
En el diálogo radial, Aranguren especuló que, en aquellos años, el gobierno de Kirchner «pensó en la posibilidad de comprar la compañía». Recordó que en noviembre de 2004 se creó la empresa Enarsa y, dijo, «tal vez Kirchner vio que era una posibilidad de comprar Shell con la ayuda de la petrolera venezolana PDVSA».
El empresario, que estará al frente de Shell hasta el 30 de junio próximo, recordó que por aquellos años Venezuela, por decisión del ex presidente Hugo Chávez, se había transformado en un importante auxilio financiero para la Argentina.
En ese escenario, Aranguren deslizó que, tal vez, el Gobierno le pasó información reservada sobre Shell a Chávez.
Su versión sobre este punto: «En enero de 2005 Chávez vino a inaugurar una estación de servicio de PDVSA, frente a la sede de la ESMA, y en el medio del acto el mandatario venezolano deslizó que ‘una empresa gringa podía pasar a capitales nacionales. Dicen que vale 1.000 millones de dólares pero para mí no vale más de 200 millones de dólares».Aranguren dijo que esa información sobre la valuación solo pudo obtenerla Chávez del gobierno Argentino, porque PDVSA no estaba negociando formalmente con Shell.
Por esos días Shell ya había tomado la decisión de no vender, pero un mes después, Kirchner lanzó el boicot contra Shell cuando la petrolera decidió aumentar un 2,5% sus precios. A juicio de Aranguren, el boicot fue una venganza de Kirchner ante la imposibilidad de comprar Shell.
Aranguren recordó que luego de este episodio, volvió a ser contactado por altos ejecutivos de Enarsa, que acercó una oferta de canje de acciones, que desde luego no prosperó.
La novela que se generó tras la decisión del juez Claudio Bonadio de allanar la firma Hotesur, que administra el hotel de la familia Kirchner en El Calafate, no para de sumar nuevos capítulos.
Es que, mientras Bonadio decidió avanzar con la causa que también involucraría al empresario Lázaro Báez, el kirchnerismo redobló su apuesta contra el magistrado y le sumará otra denuncia en su contra, en el Consejo de la Magistratura.
En concreto, Bonadio pidió a la AFIP las declaraciones juradas de impuestos de la presidenta Cristina Fernández; de su difunto marido, Néstor Kirchner; y de los hijos de ambos, Máximo y Florencia, además de las correspondientes al empresario Lázaro Báez.
Efectivos de la Policía Metropolitana fueron comisionados por Bonadio para presentarse ante la AFIP para recabar esa información, en el marco de la causa en la que investiga presuntas irregularidades en la empresa Hotesur S.A., que administra el hotel Alto Calafate, informaron fuentes judiciales.
En el caso del ex presidente Néstor Kirchner, se trata de las declaraciones juradas entre los años 2008 y 2010, cuando falleció.
La medida ordenada por Bonadio tiene que ver con las declaraciones de impuestos a los bienes personales y a las ganancias e involucra también a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista; a integrantes de la sociedad Hotesur, entre ellos Romina Mercado, y directivos de Valle Mitre, una firma también vinculada con Lázaro Báez.
Si bien la denuncia que formuló la diputada opositora Margarita Stolbizer no tenía relación con Lázaro Báez sino con irregularidades registrales y contables de Hotesur, el juez dispuso ampliar la investigación y llevarla hasta el vínculo entre la familia presidencial y el empresario santacruceño.
Contraataque
Del lado del kirchnerismo, el secretario de Justicia de la Nación y miembro del Consejo de la Magistratura, Julián Álvarez, presentó un nuevo pedido de juicio político contra el juez federal Claudio Bonadio por «extorsionar» a ese cuerpo con medidas que involucran a altos funcionarios cada vez que avanza en el análisis de su conducta.
«Claudio Bonadio es un extorsionador, un pistolero, que está utilizando las causas judiciales como la (pistola) Glock que tiene en su casa», sostuvo el número dos del Ministerio de Justicia de la Nación al hablar antes los periodistas en el Consejo.
Álvarez presentó el pedido ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, denunciando que Bonadio adoptó esa conducta en al menos cinco oportunidades, contra distintos funcionarios públicos, entre ellos el vicepresidente Amado Boudou, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno; el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti, además de la presidenta de la Nación.
El planteo de Álvarez contra Bonadio apunta a la causal de «mal desempeño en sus funciones», pero de la alocución del viceministro se desprendieron términos como «extorsión» y «protección» que podría constituir delitos.
Alvarez consideró que con el allanamiento ordenado por Bonadio en la AFIP en busca de las declaraciones juradas de la Presidenta Cristina Fernández y miembros de su familia «está extorsionando al Consejo de la Magistratura», que iba a analizar algunas de las denuncias en su contra.
El funcionario sostuvo que Bonadio «tiene 69 denuncias» en el Consejo «de las cuáles nueve están en condiciones de removerlo».
«Todo el mundo sabe que Bonadio es un juez de la servilleta de (el ex ministro menemista de Interior Carlos) Corach, un pistolero, no tiene antecedentes para ser juez de la Nación», disparó.
Y recordó que el magistrado en su momento debió apartarse de una de las causas que llevaba, sobre el atentado terrorista a la mutual judía AMIA, porque «no quiso llamar a declaración indagatoria a Corach» ya que, sostuvo «responde a él».
Para Álvarez la situación creada en torno a Bonadio «es una cuestión institucional grave» y lo definió como «uno de los jueces mas cuestionados de la Republica Argentina».
A cuatro años de la muerte del ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, numerosos funcionarios, tanto del oficialismo como la oposición, recordaron su figura.
Las principales repercusiones se resumen a continuación:
Cristina
La Presidenta publicó en su página oficial de Facebook una fotografía de su esposo rodeado de simpatizantes en un acto público, al recordarlo en el cuarto aniversario de su fallecimiento. Con el epígrafe “Néstor”, la imagen de Kirchner fue subida desde la cuenta presidencial y ya fue compartida más de 3 mil veces por los contactos que siguen la actividad de la Presidenta.
Scioli
«(Kirchner) fue un visionario, un hombre adelantado para poner el país a salvo de las consecuencias de los efectos devastadores de un capitalismo que no estaba al servicio del trabajo y de la producción.
Duhalde
El ex presidente aseguró que con el fallecimiento de Kirchner «murió la política» y, en el Gobierno, «quedó el acting», e insistió con que la primera mandataria Cristina Fernández «no está bien». “A Cristina le correspondía la actuación. Se preparaba, se producía, y hablaba, que es una cosa que Cristina siempre ha tenido una capacidad para expresarse. Con el acting no se puede, máxime cuando no tiene la más mínima condición en cómo se gobierna, cómo se toman las decisiones, de qué forma se gestiona. No hay condiciones. Hay un dicho: lo que la naturaleza no da… no me acuerdo cómo termina el dicho».
Alberto Fernández
Para el ex jefe de Gabinete, la muerte de «le quitó capacidad reflexiva al entorno presidencial» y consideró que «los mejores años» del oficialismo «fueron los de debilidad, porque se trabajó en el consenso». “Fue un hombre noble y un hombre político cien por ciento», remarcó y ponderó que al inicio de su gestión, en 2003, «tuvo una lógica muy abierta en la cual intentó crear un espacio transversal» y «cuando llegó al poder, consolidó el respeto al ciudadano». «Néstor tensaba la cuerda pero nunca la cortaba. Cristina corta la cuerda. La ausencia de Néstor quitó capacidad reflexiva al entorno presidencial. En determinado momento, Néstor nos decía que no juguemos con fuego. Cristina decide jugar con fuego», enfatizó.
Bonfatti
El gobernador de Santa Fe , Antonio Bonfatti, exaltó la figura del ex presidente Néstor Kirchner, a cuatro años de su fallecimiento, al sostener que «hubo un antes y un después de él» y que «revalorizó el rol político del Estado». «Fue un político de fuste», remarcó el mandatario socialista y aseguró que sus decisiones «cambiaron la política de un país».
Capitanich
El jefe de Gabinete lo calificó como «un ejemplo de convicción, de militancia, de dedicación, de esfuerzo y de patriotismo». Capitanich dijo que Kirchner se comportó «salvaguardando siempre los sagrados intereses de la Nación argentina y de nuestra patria».