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Panama Papers

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(Télam).- El fiscal federal Federico Delgado pidió un estudio comparativo sobre las distintas declaraciones juradas presentadas entre 2013 y 2015 por el presidente Mauricio Macri ante la Oficina Anticorrupción y la ciudad de Buenos Aires cuando fue Jefe de Gobierno porteño.

La investigación intenta determinar si Macri cometió el delito de omisión maliciosa de declaración de bienes al no presentar en su declaración jurada, ser supuestamente director de las firmas off shore Fleg Trading LTD, radicada en las Islas Bahamas, y Kagemusha, de Panamá.

En un dictamen, la fiscalía negó que se esté llevando a cabo una»incursión de pesca», esto es la búsqueda de algún delito sin estar determinado el objeto de la causa, pero se reconoció que con el avance del caso van apareciendo múltiples sociedades.

«No sumamos sociedades ni fuimos de pesca», sostuvo la fiscalía, al remarcar que solo se intenta determinar la «vida social» de las dos firmas offshore investigadas.

Las declaraciones juradas que se cotejarán son en el marco de la ampliación en su denuncia que hizo el diputado Norman Darío Martínez, sobre distintos bienes presentados por Macri.

Los Panamá Papers quedaron abiertos a las búsquedas del público en general: los dueños y los nombres de las más de 214.000 empresas offshore creadas en ese país por el estudio Mossack Fonseca fueron puestos online para que cualquier usuario pueda investigarlas.
Los datos fueron subidos al sitio web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la organización de profesionales de todo el mundo que trabajó en el análisis de los más de 11,5 millones de documentos filtrados. La información, que estará agrupada en un buscador, fue habilitada minutos después de las 15 (hora argentina) en el siguiente link: https://offshoreleaks.icij.org.
La base de datos puede filtrarse por país. En el caso de la Argentina, aparecen mencionadas 270 firmas offshore.
También figuran casi 1300 argentinos que son directivos u accionistas, 94 entidades intermediarias (que representan a Argentinos ante Mossack Fonseca en Panamá) y 773 direcciones locales que tienen nexos con el mundo offshore.
Debido a que los documentos filtrados incluyen teléfonos, direcciones privadas, números de cuentas bancarias y otra información personal de los involucrados, el ICIJ optó por no subir copias de los papeles. Técnicamente, tener una cuenta offshore no es ilegal, siempre y cuando sea declarada ante el ente recaudador de cada país.

El presidente Mauricio Macri destacó que la Argentina de una Justicia «independiente» y resaltó que «está bien» que un fiscal lo haya imputado porque «tiene dudas» ante la aparición de su nombre en la investigación sobre paraísos fiscales conocida como «Panamá Papers».
«Necesitamos una justicia independiente», afirmó el primer mandatario durante el discurso que dio en el encuentro que organiza el Centro de Implementación de Política Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) en Puerto Madero, que convocó a los más destacados dirigentes políticos, empresariales y sociales de la Argentina.
Macri fue el invitado de honor de la reunión que, entre otros puntos, planteó el «desafío de traducir en acciones concretas las mejores ideas que surjan en las áreas de Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Estado y Gobierno, a través de los programas de Educación; Protección Social y Salud; Política Fiscal; Integración Global; Justicia y Transparencia; Instituciones Políticas; Gestión Pública; Incidencia, Monitoreo y Evaluación, y Ciudades».
En ese escenario, el presidente resaltó que en la Argentina «necesitamos que el Poder Judicial actúe con rigurosisdad e imparcialidad» y puso como ejemplo la situación por los #PanamaPapers: «Hay un fiscal que a 100 días de asumir imputa a un presidente porque tiene dudas y eso está bien. Si hay dudas, el presidente tiene que contestar; así tiene que funcionar la democracia».
«Pero el Poder Judicial tiene que actuar con velocidad, con imparcialidad. Que los jueces hablen a través de sus fallos», resaltó Mauricio Macri -el primer presidente que asiste a una reunión de CIPPEC-, tras lo cual también le habló abogó «por la libertad de expresión».

A raíz de la información que surgió en las últimas horas, respecto a que el empresario Aldo Roggio posee (o poseía) en Panamá cuatro sociedades offshore, desde la empresa salieron a aclarar la situación. «El Grupo tiene presencia física en Panamá, tenemos oficinas y unos 20 ingenieros trabajando allí, a lo que hay que sumar a la gente que se incorpora cuando concretamos una obra», señalaron desde la firma.
En ese sentido, destacaron que la sociedad constituida es Benito Roggio Panamá S.A. y que las otras tres empresas, que ya están inactivas, «fueron pasos previos a la conformación de la empresa actual». Las otras firmas que aparecen, en las que figuran como directores el padre y el tío de Aldo Roggio, entre otrs familiares, son Larida International Corp., Brindsid Corp. y Medine Corp, algunas de las cuales fueron inscriptas en 1985.
Benito Roggio Panama S.A. está declarada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y fue fundada el 8 de enero del 2010. Lleva el número 687.772. En ella, Aldo Roggio, aparece como presidente, Alberto Estaban Verra como tesorero y Graciela Roggio, como secretaria.
«No sabemos si estamos o no en Panamá Papers, tal ves sí estemos, pero nos tiene sin cuidado, ya que las tres sociedades anteriores fueron los pasos previos a la conformación de la empresa actual a través de la cual atendemos a todo el Caribe», agregó la fuente de Roggio consultada.
 
 
 

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), el analista político Sergio Berenzstein se refirió al impacto político que puede tener la filtración de millones de documentos sobre operaciones off shore en Panamá y al que fueron vinculados cientos de políticos y empresarios en todo el mundo, entre ellos el propio presidente argentino.
En esa línea comentó que «estamos ante el comienzo de una situación que hay que esperar para entender su profundidad, acá hay una enorme cantidad de datos y recién estamos conociendo efectivamente las primeras conclusiones de esta investigación».
«Hasta ahora lo que tenemos es nuestro presidente mencionado en una empresa, dio una conferencia de prensa, dio una respuesta. Esto le permite a la oposición reaccionar, lo que hay no es un problema judicial, no hay delito, pero hay una mancha que es incómoda para el Gobierno, esta información surge justo cuando hay casos de funcionarios kirchneristas acusados de corrupción. El mes de abril es un mes muy activo en los tribunales federales, y el Gobierno que pretendía encarar una lucha contra la corrupción y la transparencia está en una situación muy incomoda», destacó Berenzstein.
Por otro lado, el analista deslizó algunas ideas sobre cómo debería gestionar el Gobierno nacional esta crisis: «hay que ser transparentes, hay que tomar esta crisis como una oportunidad, no hay nada que ocultar, hay que mostrar todo. Puede pedirle a la Oficina Anticorrupción que investigue todas sus declaraciones juradas y de ese modo mostrar que está comprometido y quiere dar el ejemplo. Argentina necesita mejorar todos los sistemas de transparencia y control, hay que mejorar todos los mecanismos previos, darles herramientas a la policía. Argentina perdió el rumbo en los años del kirchnerismo. Laura Alonso tiene que tener prudencia con el tema de la comunicación por la exposición, pero tiene sobradas condiciones para ocupar el cargo».