(DyN) – La Corte Suprema concedió un aumento salarial del 10 por ciento a todos los integrantes del Poder Judicial, incluidos los jueces, que será retroactivo al 1° de junio.
Mediante la Acordada 19/2015, el máximo tribunal dispuso “un incremento salarial del diez por ciento para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial”.
Para ello, “se ha solicitado a la Jefatura de Gabinete de Ministros la modificación de las partidas presupuestarias vigentes para afrontar el correspondiente incremento”.
El incremento será “remunerativo y bonificable”.
La Acordada fue firmada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, y por el secretario general de Administración, Héctor Marchi.
El decano de los jueces de la Corte, Carlos Fayt, no suscribió el documento.
La Corte Suprema de Justicia inaugurará hoy el año judicial con un acto anunciado para las 12 en el Palacio de Tribunales, en el que su presidente, Ricardo Lorenzetti, será el único orador.
El discurso que brindará dicho magistrado genera gran expectativa ante la posibilidad de que pueda responder algunas de las numerosas críticas que desde la Casa Rosada vienen formulando al Poder Judicial.
De hecho, la propia Corte fue blanco de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el último domingo cuando deslizó que no estaba haciendo todo lo posible para esclarecer el atentado a la Embajada de Israel de 1992.
En la previa, el Gobierno salió a marcarle la cancha a Lorenzetti a través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien dijo que el titular de la Corte Suprema “sabrá lo que tiene que decir ya que es el responsable deontológico de su discurso, y además el responsable de uno de los poderes de la República”. Además, aseguró que «nadie espera» que Lorenzetti le «conteste nada» a la Presidenta.
Según Fernández, «no hay que esperar una respuesta, porque es una tarea que le es propia a la Corte» y afirmó que los dichos por Cristina durante la Asamblea Legislativa sobre la falta de resultados en la investigación del atentado a la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, «está ceñido a una discusión que se tiene que dar», y negó que haya hecho cargo directamente a Lorenzetti.
«La Presidenta tiene todo el derecho del mundo de anunciarlo, y no lo hace cargo específicamente al doctor Lorenzetti, hay otros miembros y es toda una tarea que tendría que haber dado conclusiones mucho tiempo antes para que esas conclusiones hubiesen tenido personas sancionadas y eventualmente detenidas», aseveró.
Fernández respaldó a la mandataria al asegurar que «pocas personas en la Argentina puede hablar del tema AMIA» como ella porque «lo que ha hecho es cíclope», e insistió con que la investigación del atentado a la sede diplomática israelí en Buenos Aires no dio «consecuencias directas y concretas».
«La Presidenta hace alusión a la Embajada de Israel y a que nadie ha mostrado una actividad concreta sobre esa investigación», cuestionó.
(Télam) – El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, sostuvo que «coincide» con los miembros del Poder Judicial «en que todo debe estar dentro del marco de la Constitución», pero advirtió que «eso no sucede porque los poderosos tienen una justicia y los pobres tienen otra».
De esta forma, el funcionario respondió al comunicado de la Asociación de Magistrados que, luego de que el sábado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunciara el surgimiento del «partido judicial», indicó que «el único partido al que pertenecen los miembros del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos es el de la Constitución».
En declaraciones formuladas antes de ingresar a la Casa de Gobierno, reiteró que “la misión más delicada que tiene el Poder Judicial es no salir de la órbita de su jurisdicción».
“Hemos visto por años la inequidad que se produce, sobre todo cuando les corresponde a los poderosos, y es el caso que más nos preocupa”, añadió Fernández.
Para el funcionario, magistrados y fiscales “no están cumpliendo con la parte de la Constitución que dice que somos todos iguales ante la ley».
Antes de dejar su cargo en la Corte Suprema de Justicia, el juez Raúl Zaffaroni ya venía dando señales claras de alineamiento político con el kirchnerismo que ahora ya terminó de profundizar con una serie de declaraciones que invitan a la polémica.
Según reproduce la agencia Télam, Zaffaroni se refirió a la marcha del silencio y analizó que «estamos ante un momento de tentativa de desestabilización». Zaffaroni consideró que esa tentativa » es generada a partir de una denuncia absolutamente descabellada, sin sentido jurídico, y que además es una construcción de detalles absolutamente increíbles».
«Yo no puedo creer que en la denuncia de Nisman se plantee que al gobierno, que tiene el manejo de las relaciones internacionales, se le ocurra usar a Luis D’ Elía como vía diplomática alternativa. Es un absurdo», afirmó Zaffaroni luego de participar en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, como integrante del tribunal evaluador, de la defensa de tesis doctoral del aspirante Flavio Rapisardi.
Durante la entrevista, el ex ministro de la Suprema Corte y director de la maestría en Comunicación y Criminología que se dicta en esa Facultad, enfatizó que en la denuncia del ex fiscal Nisman “se da por probado todo lo que dicen una serie de ‘buscas’. En las escuchas telefónicas no aparece ningún funcionario del gobierno ¿Pruebas de qué? De una supuesta confabulación, de un plan, que aún si hubiera existido no tiene principio de ejecución, y si no hay principio de ejecución no hay tentativa, y si no hay tentativa no hay delito”.
“Yo no sé quién hizo ese escrito, pero se nota que en él intervinieron varias manos. Para mí es un borrador, no contiene consideraciones jurídicas, no respeta el estilo jurídico. Se nota que hay reiteraciones, y al mismo tiempo faltan remisiones que son propias del estilo jurídico. Al final se intenta una especie de síntesis, que sale más o menos. O sea, me da la sensación que se trató de materiales de algo que iba a ser un escrito y que fue resuelto de urgencia”, agregó Zaffaroni.
Además, aclaró que «por más que un fiscal tenga que acusar, debe mantener cierta imparcialidad porque lo alcanzan las mismas incompatibilidades que a un juez. Por ejemplo, uno no puede ser fiscal de un caso en el que intervenga su ex mujer».
«Pero acá, hay un interés personal de Nisman: su denuncia tiene un lenguaje tremendamente enfático contra la Presidenta, y enfático con respecto a defender la verdad judicial del proceso AMIA, que es de su propia autoría. O sea que está defendiendo su acción como fiscal. Ese disparate, ese borrador, genera, junto con los medios masivos, esta tentativa de desestabilización», agregó.
Otra cuestión a la que se refirió el ex ministro de la Corte fue sobre las alertas rojas de Interpol: “¿Cómo se puede pensar que el Canciller va a presentarse ante el titular de Interpol y pedirle el favor de levantar las alertas? Es otro absurdo. Incluso el propio Noble (secretario General de ese organismo) desmintió que hubiera existido un pedido de ese estilo”.
Acerca de la reciente presentación del fiscal Pollicita, que retomó la denuncia original de Nisman y la presentó ante el juzgado federal de Rafecas, el reconocido penalista dijo: «No sé cuál será el destino de esta presentación de Pollicita, que es un resumen de lo de Nisman. Ocurre que la denuncia de Nisman no contiene actos que puedan ser considerados típicos de algún delito».
«Por eso, aún en caso de ser verdad, estaríamos en presencia de actos preparatorios que nunca llegaron a la etapa de ejecución. El artículo 42 de nuestro Código Penal es claro: hay tentativa cuando existe comienzo de ejecución. El memorándum con Irán, según la supuesta conspiración que denunció el ex fiscal de la causa AMIA, es un acto preparatorio», resumió.
El jurista dijo que «según Nisman, el memorándum permitiría encubrir definitivamente a los iraníes acusados mediante la comisión que se iba a crear en función del pacto. Pero la comisión ni se instaló, ni se ratificó el acuerdo por parte de Irán. Por lo tanto, ni los actos preparatorios existieron».
Para Zaffaroni “hay un problema muy grande en la justicia, el daño ya está hecho. Esto no es la judicialización de la política, porque eso es un fenómeno viejo y conocido. Implica que los políticos quieran valerse de la justicia. Esto es otra cosa: la partidización de la justicia. La justicia ha perdido todo límite de la relativa imparcialidad que debe observar. Una cosa es que uno tenga ideología, preferencias, somos seres humanos. Pero el pluralismo que debe haber dentro de la justicia, que es la única garantía de cierta imparcialidad, nunca puede llegar a la partidización de esta naturaleza”.
«Cuidado, que hablamos de una minoría del poder judicial. Además existe una mayoría silenciosa, que entiendo que se está equivocando con su postura de no intervención ante este desprestigio de la administración de justicia. Acá hay un carro atmosférico que está explotando y que terminará de cubrir el poco prestigio que aún tiene la justicia, aunque creo que ya se ha perdido a estas alturas», dijo.
Sostuvo que «es muy difícil después reconstruir la confianza del pueblo en el derecho, y tiene razón el pueblo en no tener esa confianza porque cada vez que le mencionaron las instituciones fue para enroscarle la víbora. Entonces, profundizar esa desconfianza es muy grave».
El kirchnerismo realizó una nueva advertencia a los jueces y fiscales que impulsan la “Marcha del Silencio” para homenajear a Alberto Nisman y pedir justicia y protección.
A través del apoderado del PJ, Jorge Landau, amenazó con recusar a quienes participen del denominado #18F, con el argumento de que estarían participando del mismo junto a dirigentes de la oposición, quienes son normalmente los que inician las causas que luego ellos investigan.
«Me pregunto si los jueces que participen de la marcha habrán meditado respecto a la actitud que tomarán cuando sean recusados por intervenir en cuestiones políticas llevadas a su consideración por los mismos dirigentes políticos opositores que son habituales litigantes ante sus estrados», advirtió el apoderado del Partido Justicialista en su cuenta de Facebook.
A diferencia de otros kirchneristas, Landau prefirió no cuestionar a la marcha en sí misma, sino a los funcionarios de la Justicia que tienen pensado participar: «Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, especialmente los políticos y sus partidos, pero cuando uno es un funcionario del Poder Judicial debe tomar prevenciones ya que integra uno de los tres poderes de la Nación y eso implica determinadas responsabilidades».
«¿Habrán pensado en lo que significa la independencia del Poder Judicial y que con esas acciones partidizan su actividad judicial?», insistió el apoderado del PJ. Junto al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, son los únicos capaces de autorizar las listas de candidatos con su sola firma.
(DyN) – El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que existe en la Argentina «una Justicia que no investiga fuga de divisas ni evasión impositiva», al referirse a la cantidad de cuentas secretas de argentinos que existen en bancos suizos.
«Ese es el gran problema endémico, la fuga de capitales y la evasión fiscal e impositiva. Hay cálculos de activos financieros en una cifra cercana a los 200 mil millones de dólares en el exterior. Existe una Justicia que no investiga evasión ni fuga», señaló.
En su habitual contacto con los periodistas, Capitanich reclamó a la Justicia «una responsabilidad política con el país», y aseguró que «no hay justificación» para no investigar.
Capitanich dijo que se calcula «en una cifra cercana a los 200 mil millones de dólares» la cantidad de activos de argentinos en el exterior, y afirmó que hay «un doble mensaje» con ese tema.
«Por un lado, se reclaman políticas públicas y mecanismos de inclusión social, se protesta cuando un gobierno tienen carácter progresista y plantea la distribución de ingresos, y por otro lado existe una Justicia que no investiga los casos de fuga de capitales o de evasión de carácter fiscal. Esa es la asignatura pendiente», aseveró.
Capitanich mencionó especialmente la causa por presuntas cuentas ilegales del banco HSBC en Suiza, y afirmó que «nadie quiere asumir la responsabilidad de la investigación profunda de esta cuestión».
El ministro coordinador dijo que ni fiscales ni jueces asumen «una responsabilidad política con el país, que es defender el funcionamiento del Estado», y afirmó que eso implica «castigar la fuga de divisas y la evasión fiscal e impositiva».
«Es absolutamente importante que los delitos económicos, que son absolutamente nefastos para el funcionamiento de la sociedad argentina, deban ser debidamente investigados», agregó.
Capitanich aseguró también que «no hay justificación» para no investigar esos delitos, y calificó como «una burda y vulgar mentira» que se deba a la falta de confianza en las instituciones.
«En la Argentina existe el funcionamiento adecuado, las instituciones funcionan, pero lo que no funcionan efectivamente es la penalización de estas conductas que son antirrepublicanas y antidemocráticas», subrayó.
En las últimas horas, se conoció que Argentina es el séptimo país con mayor cantidad de clientes registrados en el banco HSBC en Ginebra entre 2006 y 2007.
La decisión de un grupo de fiscales federales de llamar a una «Marcha del Silencio» el próximo 18 de febrero, denominada 18F, no ha caído en gracia dentro del Gobierno nacional.
Por eso, era de esperar que la Casa Rosada renovara sus ataques hacia el Poder Judicial, algo que ocurrió -nuevamente- de la mano del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que acusó a los jueces de no investigar en profundidad las causas que involucran a «corporaciones».
Según declaraciones del funcionario que reproduce el portal de prensa oficial del Gobierno, el Poder Judicial “debe tener fortaleza y voluntad de investigar a las corporaciones”, tras señalar que “está en mora” en causas como la del HSBC o Papel Prensa.
“Es sintomático que en la Argentina algunas causas están estancadas, la del HSBC, la de Papel Prensa, el caso de la fuga de capitales o ataques especulativos. Objetivamente nunca el poder Judicial a través de fiscales y jueces promueve una investigación profunda respecto a este tipo de causas que tanto daño hacen a la economía argentina, a la sociedad, al pueblo argentino. Está en mora el poder Judicial; allí deben dirigirse las opiniones para que los fiscales, jueces, actúen e investiguen y se aplique la ley con todo el rigor que ello implica”.
(DyN) – El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Luis María Cabral, advirtió que «el Gobierno busca amedrentar al conjunto de los jueces» para que «actúen con temeridad» y sostuvo que «lo que se espera de los jueces es templanza, prudencia, pero no cobardía».
El consejero de la Magistratura también señaló que dentro del sistema judicial «algunos quieren una Justicia en la que haya que pedir permiso para hacer determinadas cosas» y reconoció que existe «una situación de conflicto» en la relación entre el poder político y el judicial.
En tanto, acusó al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y al secretario de Justicia, Julián Álvarez, de haber «iniciado una campaña con embates a la Justicia que tiene que ver con la pretensión de obtener un determinado resultado en una causa».
Tras los últimos ataques del oficialismo a la Justicia por investigar a una empresa hotelera de la familia Kirchner, Cabral afirmó que «lo que pretenden ciertos funcionarios con sus declaraciones no es solamente tener un resultado en estas causas, sino también amedrentar al conjunto de los jueces para que en determinadas condiciones actúen con temeridad».
En este sentido, añadió que «lo que se espera de los jueces es que actúen con templanza y con prudencia, pero no con cobardía», mientras denunció que «hay una Justicia que cree que cumple un servicio estando enrolado en una posición política».
En conversación con radio Mitre, el magistrado postuló que algunos funcionarios «se enrolan en sostener una política que va más allá de lo judicial», por lo que consideró que «hay cierta desviación a lo que hace a la función específica de sus funciones por enrolarse en la política, ya sea del oficialismo o de la oposición».
«Es bueno que en este momento desde el Poder Judicial haya voces que defiendan poder ejercer autónoma e imparcialmente las funciones y con la idoneidad que requieren los cargos, para lo cual deben regir los concursos», concluyó.
Nuevas críticas
La respuesta de Cabral surgió luego de que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, volviera a cargar contra el juez federal Claudio Bonadio, quien investiga presuntas irregularidades en una empresa hotelera vinculada a la presidenta Cristina Fernández, al acusarlo de tener «una actitud claramente intencionada con una finalidad política determinada».
En esa línea, el funcionario insistió en denunciar que el accionar del magistrado está enmarcado en «una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial».
«Todo el tiempo el Poder Judicial hace política partidaria, hace política corporativa; queda claro que el Poder Judicial es una corporación que actúa de consuno con la oposición política y grupos mediáticos y económicos concentrados», contraatacó.
En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Capitanich renovó la embestida contra la Justicia, tras ser consultado sobre la investigación que el juez Bonadio lleva adelante por presuntas irregularidades contables de la firma Hotesur, propiedad de la presidenta Cristina Fernández.
«(La de Bonadio) es una actitud claramente intencionada con una finalidad política determinada urdida desde la corporación judicial, mediática, económica y de grupos de la oposición», lanzó.
En ese marco, el funcionario se preguntó: «¿Por qué Bonadio no emite allanamientos para más de 40 mil sociedades comerciales que están siendo evaluadas por la IGJ (Inspección General de Justicia)? Solamente lo hizo con una sociedad comercial, que a su vez está en proceso de evaluación de parte de la IGJ».
En su enfrentamiento contra los magistrados, el ministro coordinador volvió a hablar de los «irritantes privilegios» que tienen los jueces, quienes «no pagan el Impuesto a las Ganancias y no presentan declaraciones juradas».
«Independencia del Poder Judicial no existe, solamente existe independencia del Poder Judicial respecto al Gobierno, que me parece muy bien, pero no es independiente de los grupos corporativos ni de la oposición política», reiteró.
En tanto, el secretario de Justicia, Julián Alvarez, calificó de «pistolero» al juez federal Claudio Bonadio, quien investiga a la empresa Hotesur, de la presidenta Cristina Fernández, y advirtió que «utiliza las causas como si utilizara las Glock».
«Es un caso paradigmático. Es el juez de la servilleta, un juez que es un pistolero. Cuando asumí fui a presentarme ante todos los jueces y al entrar al despacho de Bonadio me sorprendí. Tenía un cartel en su escritorio que decía ‘todo pasa, todo llega, todo vuelve’. Ese concepto, esa metáfora que tiene Bonadio no es la que tiene que tener un juez federal, es la metáfora de un pistolero», planteó Alvarez.
En declaraciones a la FM Rock and Pop añadió que «es un tipo al que le gustan las armas, que tiene una Glock en su casa», y cuando se le preguntó si quería decir que Bonadio «utiliza las causas como si utilizara las Glock», contestó: «Exactamente. Sí. Es un buen título. Extorsiona con sus causas. Es concreto. Lo sabemos todos, pero es difícil animarse a decirlo. Este tipo de jueces acumularon mucho poder y nadie se les anima».
La Caja de Jubilaciones de Córdoba informó que, con la liquidación de septiembre, se aumentan los haberes a 17.600 beneficiarios, aproximadamente el 20% de la población cubierta por el sistema previsional provincial.
Estos incrementos generan una expansión del gasto previsional del orden de los $24 millones por mes. En el Informe de Movilidad de septiembre 2014 que publica la Caja se presenta información detallada sobre estos cambios.
Los aumentos se originan en la actualización de los haberes en función del incremento de los salarios otorgados a los agentes activos. La mayoría se refiere a municipios, pero también se incrementaron los haberes en el sector bancario y en el Poder Judicial.
El aumento promedio para los ex magistrados y funcionarios del Poder Judicial ronda el 10%, siendo el alza media por beneficio de $3.400. La jubilación promedio en este sector es de $ 41.800 mensuales, equivalente al 94% del salario promedio.
Por otro lado, a los 5.500 beneficiarios del régimen bancario se les liquidó un incremento del 1,57% que, acumulado al aumento del 27% otorgado en el mes de julio 2014, arroja un alza del 29%. Las erogaciones mensuales aumentan en $ 1,7 millones, siendo el aumento promedio por beneficio de $310. La jubilación promedio en este sector es de $ 22.900 mensuales, equivalente al 95% del salario promedio.
Entre los municipios se incorporaron 104 aumentos por Índices Sectoriales, es decir incrementos en los haberes previsionales calculados según el aumento promedio otorgado a los agentes activos de cada uno de los municipios. El grupo más importante, en términos de cantidad de beneficiarios, es la Municipalidad de Córdoba. El incremento alcanza a algo más de 5.250 jubilados y pensionados, generando un costo adicional mensual de $13,2 millones. Se trata de un incremento del 15% que eleva la jubilación promedio a $ 22.000, equivalente al 88% de la remuneración de los activos.
Dentro de los municipios del interior provincial cobran con aumento 4.500 jubilados y pensionados, con un alza en las erogaciones corrientes de poco más de $3,5 millones mensuales. Entre los grupos más importantes incluidos se destacan los ex agentes de los municipios de Carlos Paz, Villa María, Villa Dolores, San Francisco, Río Tercero y Laboulaye.
A su vez, por aplicación del Índice Promedio de Salarios, se incrementan los haberes de poco más de mil beneficiarios. Este mecanismo se aplica a pequeños municipios y comunas y se basa en la evolución de los salarios promedio del sector público provincial. Entre enero y junio de 2014 arroja una variación del 22,8% que se aplica a partir de septiembre del año 2014. Esto tiene asociado un incremento del gasto corriente de la Caja del orden de $1 millón mensual.
En lo que va del año la Caja ha liquidado 697 aumentos por índices salariales sectoriales y dos aumentos por índice promedio de salarios (en marzo y septiembre). Gracias a ello, la jubilación media llegó en el mes de septiembre del año 2014 casi a los $ 13 mil mensuales, equivalente a aproximadamente el 98% de la remuneración promedio que perciben los activos. Esto implica una variación, respecto a igual mes del año pasado, del 34%.