La jueza María Servini de Cubría designó a tres veedores judiciales en la Asociación del Fútbol Argentino por la investigación de la ruta del dinero del Fútbol para Todos El objetivo principal es seguir de cerca los movimientos financieros de la entidad; por lo que no habría intervención estatal y el seleccionado no corre el riesgo de ser sancionado por la FIFA.
En rigor, la figura del «veedor judicial» no sería una intervención, ya que la casa del fútbol seguiría funcionando con normalidad. Sólo que tendría puertas adentro a un colaborador de la magistrada que la pondría al tanto de todos los movimientos (sobre todo los financieros) de la entidad que maneja el fútbol argentino.
Los tres veedores son: Alicia López, experta en cuestiones de lavado de dinero; Alberto Piotti, ex-juez; y Horacio Della Rocca, perito de la Suprema Corte de Justicia.
La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos desentrañó una supuesta red organizada para cobrar sobornos, evadir impuestos y lavar dinero proveniente de la compra-venta de derechos televisivos. La AFA está involucrada a través de su ex presidente, Julio Humberto Grondona, y de Alejandro Burzaco, el ex CEO y presidente de Torneos, la compañía que sigue siendo la organizadora de los amistosos del seleccionado argentino y que, además, co-organiza la Copa Argentina junto a la firma Santa Mónica.Asimismo el escándalo también involucra a funcionarios y ex-funcionarios del gobierno nacional como Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina
(Télam) – La jueza federal María Servini de Cubría archivó por «inexistencia de delito» una denuncia contra el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, por su actuación en la noche que se halló el cadáver el fiscal Alberto Nisman con un balazo en la cabeza.
Fuentes judiciales indicaron que la magistrada acogió favorablemente un dictamen del fiscal federal Jorge Di Lello quien había dictaminado a favor del archivo de la denuncia presentada por la ONG «Paso a Paso» que encabeza Juan Ricardo Mussa.
El denunciante había acusado al Secretario de Seguridad por los presuntos delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento» al entender que entorpeció y obstruyó el trabajo de la Justicia cuando el 18 de enero se presentó en el departamento de la Torre Le Parc en Puerto Madero donde vivía el titular de la UFI-AMIA.
Tanto Di Lello como la magistrada, indicaron que la presentación carece de los «requisitos para iniciar una investigación» de acuerdo lo establecen las normas procesales penales y solo acompaña recortes de diarios que resultan «insuficientes» para instar una investigación penal.
(Télam) – La jueza federal María Servini de Cubría rechazó habilitar la feria judicial de enero para dar curso a la denuncia presentada por el fiscal federal Alberto Nisman, en relación a un presunto encubrimiento del atentado a la AMIA por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros involucrados.
La magistrada tomó esta decisión en reemplazo del juez federal Ariel Lijo, en cuyo juzgado recayó el caso y que se encuentra de licencia por la feria judicial de enero, informaron fuentes judiciales.
En su resolución, la magistrada entendió que la denuncia «no encuadra en ninguno de los supuestos» que permiten habilitar la feria judicial y que en la presentación del fiscal Nisman no se acompañaron «los elementos probatorios» que sustenten sus pedidos de habilitar el receso para dictar prohibiciones de salida del país, entre otras medidas.
La jueza entendió que es el juez a cargo del juzgado federal 4, Ariel Lijo, quien debe analizar si corresponde vincular esta denuncia con una causa anterior a su cargo por irregularidades en la pesquisa, por entender que algunos de los hechos son «nuevos».
La magistrada sostuvo que aún cuando la denuncia pueda tener «gravedad institucional» en este caso «no se han acompañado los elementos probatorios que sustenten sus solicitudes».
(DyN) – Sedes de 25 clubes de fútbol, entre ellas las de Belgrano, fueron allanada por orden de la jueza federal María Servini de Cubría en la causa en la que se investiga presuntas irregularidades en el manejo de los millonarios fondos del programa «Fútbol para Todos».
Fuentes judiciales informaron a DyN que en la mayoría de los procedimientos, en los que participó personal de la Policía Federal, se incautaron libros contables de cada institución en los que estarían los datos sobre los movimientos de los fondos que reciben por los derechos de televisación tras el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la AFA.
Fueron allanadas las sedes de River, Boca, San Lorenzo, Vélez, All Boys, Argentinos Juniors y Huracán en la Capital Federal, Tigre, Independiente, Racing, Arsenal, Quilmes, Banfield y Lanús, en el conurbano bonaerense, y Estudiantes y Gimnasia, en La Plata.
Según aseguraron las fuentes a DyN, procedimientos similares se realizaron en las oficinas de Olimpo, en Bahía Blanca, Unión y Colón, en Santa Fe, Newell´s y Central, en Rosario, Atlético de Rafaela, Godoy Cruz de Mendoza,, Belgrano de Córdoba y San Martín de San Juan.
La jueza ordenó el allanamiento en los clubes que tuvieron al menos un año de vinculación con el programa «Fútbol para Todos».
Los voceros consultados informaron que la única sede de la que no pudieron llevarse los documentos buscados fue la de San Lorenzo porque el club tiene registrada como su sede oficial la de la avenida Asamblea y allí no tienen los libros contables, sino en otra dependencia.
Todos los documentos obtenidos serán utilizados para la pericia contable que ordenó la jueza Servini de Cubría para determinar si se cometieron irregularidades.
El trabajo estará a cargo del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y analizará los ingresos y egresos de los fondos que el Gobierno Nacional desde 2009 hasta la actualidad le giró a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La magistrada había allanado el 5 de agosto la sede de la AFA en busca de la documentación vinculada a Fútbol para Todos.
La causa se inició por una presentación de la diputada porteña Graciela Ocaña que denunció que podrían haberse cometido irregularidades en el manejo de los fondos porque anualmente el Gobierno aumentó el presupuesto de Fútbol para Todos que giró a la AFA pero los clubes, destinatarios finales del dinero, siguen con problemas económicos.
Según la denuncia, el objetivo de Fútbol para Todos era paliar los déficit económicos de los clubes, lo que no se logró.
En la causa están imputados, por decisión del fiscal Eduardo Taiano, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y sus dos antecesores, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández, y lo estuvo hasta su muerte el presidente de la AFA Julio Grondona.
(DyN) – La jueza federal María Servini de Cubría ordenó la realización de pericias en los libros contables secuestrados en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que contienen datos del dinero recibido del Gobierno nacional por las transmisiones del programa «Fútbol para Todos».
Así lo informaron fuentes judiciales y precisaron que los estudios fueron encargados al cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esta causa penal busca investigar adonde fueron a parar los miles de millones de pesos que paga el Estado Nacional y cuánto llegó a los clubes.
Y tiene como imputados al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y sus antecesores en el cargo, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina. También estuvo imputado Julio Humberto Grondona, como presidente de la AFA, hasta su fallecimiento.
El 5 de agosto pasado, la jueza ordenó el allanamiento de la AFA, en Viamonte 1366, para obtener documentación relacionada con el contrato por los derechos de televisación de los partidos en el marco del programa Fútbol para Todos de la Jefatura de Gabinete.
La jueza también pidió, el 23 se septiembre último, a la Inspección General de Justicia (IPJ) que le entregue datos sobre las empresas productoras de televisión contratadas por el Gobierno para las transmisiones del programa.
Las compañías sobre las que solicitó información son La Corte, que graba los actos y discursos protagonizados por la Jefa de Estado, VTS S.A, y Farolito Internacional Entertaiment S.A. La causa comenzó por una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostuvo que «se sabe que el año pasado se dispusieron casi 1.530 millones de pesos para el programa Fútbol para Todos, pero lo que sucedió es que a la AFA le quedó 900 y queremos saber cómo se han utilizado eso fondos» Otro de los puntos que quiere saber Ocaña con su denuncia es «si esos fondos terminan siendo negociados en financieras».
Es que no hace mucho el ex presidente de All Boys Roberto Bugallo había admitido que cheques que les da la AFA tienen que «reventarlos en cuevas» de la city porteña.
Días atrás Capitanich fue consultado sobre este expediente judicial en la rueda de prensa de cada mañana y reaccionó denunciando la presunta existencia de «un golpismo activo» contra el Gobierno.
El funcionario hasta le endilgó acciones desestabilizadoras a los «operadores de cable» de televisión, a los que calificó de «auténticos ladrones».
«Esta es la verdad en la Argentina, pretenden por un lado manejar el fútbol, por el otro lado incidir claramente en la opinión publica, con una clara intención golpista, como lo hacen siempre», declaró el ministro coordinador.
La Cámara Federal porteña rechazó los recursos presentados por el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno , y otros procesados por «abuso de autoridad» en la causa por aplicación de multas a las consultoras que medían la inflación y encomendó a la jueza federal María Servini de Cubría proseguir con los trámites para enviar el caso a juicio oral.
La Sala II del Tribunal de Apelaciones rechazó un recurso de «excepción de falta de acción por cosa juzgada y litispendencia» y otro planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio de la querella en la causa, todo presentado por el abogado defensor de Moreno, Alejandro Rua, según informa el diario La Nación.
«Respecto al requerimiento de elevación a juicio de la querella, el Tribunal observa que la descripción allí realizada es suficiente a los fines del art. 347 del Código Procesal Penal de la Nación. Asimismo, los cargos formulados guardan coherencia con aquellos endilgados en ocasión de las declaraciones indagatorias, procesamientos y en la revisión de esos actos, no existe afectación al principio de congruencia ni merma del derecho de defensa de los imputados, quienes podrán intentar rebatir el mérito de las acusaciones en su contra en el debate oral», concluyeron los camaristas.
La Cámara encomendó a la magistrada «avanzar hacia la siguiente etapa», es decir, el envío del caso a juicio oral.
Los otros procesados son Adalberto Rotella y Fernando Carro.
(DyN) – La jueza federal María Servini de Cubría pidió a la Inspección General de Justicia (IPJ) que le entregue datos sobre las empresas productoras de televisión contratadas por el Gobierno nacional para las transmisiones del programa «Fútbol Para Todos».
La investigacion, iniciada por la legisladora porteña Graciela Ocaña, busca saber adonde fueron a parar los miles de millones de pesos que paga el Estado Nacional y cuánto llegó a los clubes.
Fuentes judiciales informaron hoy que las productoras son La Corte, que graba los actos y discursos protagonizados por la Jefa de Estado, VTS S.A, y Farolito Internacional Entertaiment S.A.
Además, la magistrada pidió que la empresa automotriz IVECO, auspiciante de los últimos torneos, aporte los contratos de publicidad pautada en las transmisiones de «Fútbol para Todos» desde 2010.
Esta causa investiga una supuesta malversación de fondos públicos relacionado con el contrato con el Estado Nacional por la televisación de los partidos y comenzó por una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, ex interventora del PAMI y ministra de Salud de la gestión kirchnerista.
La causa tomó fuerza cuando el fiscal Eduardo Taiano imputó al actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y sus antecesores en el cargo, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina. También había hecho lo propio con el presidente de la AFA, Julio Grondona, fallecido poco después.
El 5 de agosto pasado la jueza ordenó el allanamiento de la AFA, en Viamonte 1366, para obtener documentación relacionada con el contrato por los derechos de televisación de los partidos en el marco del programa Fútbol para Todos de la Jefatura de Gabinete.
Ocaña solicitó a la Justicia que «se conociera cómo la AFA distribuía los fondos» porque, dijo la diputada, «se sabe que el año pasado se dispusieron casi 1.530 millones de pesos para el programa Fútbol para Todos, pero lo que sucedió es que a la AFA le quedó 900 y queremos saber cómo se han utilizado eso fondos, cuáles son los fondos recibidos por la AFA y comparar con los fondos que la AFA le dio a los clubes, si les llegaba o se desviaba a otro lugar», explicó la ex ministra de Salud.
Otro de los puntos que quiere saber Ocaña con su denuncia es «si esos fondos terminan siendo negociados en financieras».
Es que no hace mucho el ex presidente de All Boys Roberto Bugallo había admitido que cheques que les da la AFA tienen que «reventarlos en cuevas» de la city porteña.
La jueza federal, con competencia electoral, María Servini de Cubría, no aceptó el pedido de una medida cautelar presentada por una agrupación de abogados contra la reforma del Consejo de la Magistratura en el marco de los proyectos de democratización de la justicia.
“Dada la naturaleza de la acción no corresponde expedirse de momento con respecto de la medida cautelar intentada”, dijo Servini de Cubría en su resolución en la que “corrió traslado” al Poder Ejecutivo por cinco días para que responda; tras lo cual estaría en condiciones resolver sobre la cuestión “de fondo”, es decir, sobre la constitucionalidad o no de la reforma, informa Ámbito.com
Los letrados que conforman la agrupación “Gente de Derecho” que encabeza el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, habían pedido ante la justicia electoral que se impida la elección popular de representantes en el Consejo de la Magistratura.
Sobre la excusación del fiscal electoral Jorge Di Lello, Servini de Cubría sostuvo: “No resulta imprescindible la participación del representante del Ministerio Público”.
De esa manara, Servini de Cubría optó por escuchar al Estado antes de resolver sobre las cautelares, y para ello habilitó días y horarios inhábiles, lo que prevé que dará una definición lo más rápido posible antes del 22 de junio próximo que es el límite en que las listas deben presentar los candidatos.