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«Al caerse por lo menos una parte del ajuste de tarifas, el gobierno  va a tener que tomar algunas decisiones complejas, ya que se le van a plantear disyuntivas: si se cae parte del ajuste fiscal que tenía previsto por la reducción de subsidios, va a tener que optar por reducir otros gastos, por ejemplo los de obra pública como planteó el fin de semana Alfonso Prat-Gay», evaluó el economista Gastón Utrera sobre el panorama que se viene para el Gobierno nacional tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Además, detalló que es muy probable que el recorte se dé en el sector de infraestructura «porque es muy difícil recortar gastos corrientes».

Sin embargo, también adelantó otra posible alternativa: «otra opción es hacer las obras públicas, desembolsar los 80 mil millones de pesos que implique volver atrás el ajuste de tarifas e incumplir el objetivo de reducción de déficit fiscal este año,  un 4,8 % del PBI, según lo planteado por el equipo de Macri».

El economista consideró que «está costando llegar a ese número» y que esta última decisión «atentaría contra el objetivo de generar confianza en el plan económico y a partir de eso atraer inversiones».

Respecto a cual de las dos opciones puede ser más viable, Utrera analizó: «el gobierno va a tener que optar por el mal menor entre estos dos temas planteados en esta disyuntiva. Es altamente probable que decidan hacer las obras  públicas que tienen previstas e incumplir el objetivo de déficit fiscal, incumpliendo también la meta de inflación».

Consecuencias de la opción por el «mal menor»
¿Qué impacto tendría en la economía que el gobierno no cumpla con el objetivo de déficit fiscal? Utrera explicó que «eso implicaría tener que financiar ese mayor déficit fiscal, claramente no va a ser con más emisión de dinero porque el gobierno sabe que ahí se está jugando la batalla contra la inflación, será con mayor colocación de deuda, lo que significa tomar mucha más deuda que la prevista inicialmente».

Asimismo, consideró que otra de las consecuencias negativas es que el INDEC ahora deberá «revisar los números hacia atrás». Utrera confirmó que si bien eso implica para el gobierno «un alivio en la inflación de este año», los aumentos de tarifas definitivos se van a trasladar para el año que viene, lo que representa un aspecto negativo considerando que «el objetivo del gobierno era acumular todos los aumentos por única vez y con impacto transitorio acumularlos en 2016… lo cual complica incluso comprometer un objetivo de inflación».

 

Si bien Juan José Aranguren se jacta de su conocimiento técnico y desdeña la política, su gestión logró que se unifiquen las críticas en contra del Gobierno. Cuando el macrismo había logrado cierto aire, a partir del Lopezgate, una mezcla de reclamos sociales, políticos y judiciales puso al ministro de Energía bajo la lupa. Su cargo, sin embargo, por ahora no corre peligro. Porque además de haber contado con aval pleno del Gobierno para subir las tarifas, desde la Casa Rosada calculan que sirve de pararrayos de los cuestionamientos a Mauricio Macri.

Aranguren se consolidó como el ministro puching-ball. Hasta Marcelo Tinelli se animó a criticarlo desde su Twitter. Casi toda la oposición reclama su renuncia, y por más de un motivo a la vez: le reprochan los tarifazos a la luz y el gas; la compra de gas a Chile por un 128% más caro que a Bolivia (desde el Ministerio de Energía explican que en realidad Bolivia no pudo venderle a la Argentina); y su decisión de retener $ 16 millones en acciones de Shell, la petrolera de la que era CEO hasta hace un año. Incluso se dieron vuelta quienes en un principio habían aceptado la corrección de los topes a las subas, informó Perfil.

A la cruzada de la oposición se le sumó el fuego amigo de los aliados radicales, en el contexto de una relación que se volvió (y volverá) más tensa, al calor de las discusiones electoralistas del año próximo. Ernesto Sanz le achacó “errores de gestión”, y Federico Storani le adjudicó la sutileza de un carnicero, a la hora de calibrar las subas.

Pese a esa avalancha de críticas, Mauricio Macri no planea inducir la renuncia de Aranguren en el corto plazo. Porque tanto el Presidente como sus ministros fueron los primeros en alentar la fuerte suba de servicios implementada por Aranguren, en contra de la política kirchnerista de subsidiar el consumo (es decir, mantener las boletas indiscriminadamente bajas). Según datos del Ministerio de Energía, los subsidios al gas y a la luz acumularon 75 mil millones de dólares, entre 2005 y 2015.

Pero además existe un argumento de inspiración pragmática (la única valiosa, cuando las papas queman) para sostenerlo en el Gobierno. “Mientras lo puteen a él y no a Mauricio, las cosas no son tan graves”, afirma un asesor presidencial que tiene oficina en la Casa Rosada.

Tras el fallo judicial que suspendió los nuevos precios de gas, el jefe de Gabinete Marcos Peña intentó transmitir calma en la reunión que tuvo con Aranguren y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El Gobierno ahora espera un fallo favorable de la Corte Suprema.

Aranguren, en tanto, sigue sosteniendo que los usuarios estaban pagando sólo el 10% del costo de la energía, y se resiste a designar a un jefe de gabinete en su ministerio que se dedique a la rosca política.

Ernesto Sanz, líder de la Unión Radical (UCR) indicó que no es adecuado que la Justicia defina sobre el aumento en las tarifas de gas y lamentó que no se haya logrado un acuerdo entre el gobierno Nacional y las provinciales.

«Creo que la Justicia siente mucha más libertad para poder actuar; las tarifas había que aumentarlas, se vivía una irrealidad en la Argentina, estábamos pagando en algunos lugares, como por ejemplo en Capital Federal, tarifas irrisorias de luz, gas y agua», sostuvo Sanz a Cadena 3.

En ese sentido, agregó: «La discusión es con qué gradualidad y en esto hay que reconocer que la gradualidad está todavía en debate y el Gobierno tomó una decisión que la Justicia en muchos lugares del país no la admitió con amparos». «La Corte de Justicia creo que en los próximos días va a establecer un paraguas definitivo, para saber cuánto hay que pagar de agua, luz y gas, en cada rincón de la Argentina», añadió.

No obstante, opinó que «no está bien» que sea la justicia quien resuelva la cuestión del aumento de tarifas. «Me hubiera gustado que hubiera habido un compromiso tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales y los municipales, pero esto no se pudo lograr y quizás allí estuvo el error», consideró.

Si bien Sanz no forma parte del Gobierno formalmente (es una de las personas más allegadas al presidente Mauricio Macri) a comienzos de esta semana, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, admitió que el Gobierno cometió un error con el tarifazo, «ya que no se armó un cuadro tarifario acorde a las necesidades de cada provincia», en un claro reproche al ministro de Energía, Juan José Aranguren, encargado de esa tarea.