(DyN) – La Cámara Federal concedió las apelaciones de los acusados en la denominada “Causa Ciccone” y envió el expediente a la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal, que será en definitiva la que resolverá si ratifica o no el procesamiento de, entre otros, el vicepresidente Amado Boudou.
Junto con Boudou, están procesados su socio y amigo José María Nuñez Carmona; el ex dueño de la imprenta Ciccone Calcográfica, Nicolás Ciccone, y Alejandro Vandenbroele, sospechado de ser el testaferro del vicepresidente.
Los procesamientos serán revisados por la Sala Cuarta de la Casación, que ya intervino en instancias anteriores del expediente previo al procesamiento dictado por el juez federal Ariel Lijo y confirmado por la Sala Primera de la Cámara Federal.
Si bien el tribunal consideró que no se trata de una “sentencia definitiva” que habilite la intervención de la Casación, sí lo amerita la invocación de los abogados de los imputados sobre la “violacion del derecho de defensa en juicio”.
«Ese agravio medular que se encuentra presente en las impugnaciones formuladas por todos los recurrentes torna aplicable la actual doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en razón de la cual corresponde hacer excepción al principio que establece que las decisiones cuya consecuencia es la obligación de continuar sometido a proceso criminal no constituyen sentencia definitiva», admitieron los camaristas.
(DyN) – La Cámara Federal de Mendoza otorgó la libertad bajo fianza a Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou que lleva 25 días detenido a pedido de un juez de Uruguay, que lo investiga por supuesto lavado de dinero y pide su extradición.
Fuentes judiciales informaron que los camaristas Juan Antonio González Macias, Héctor Cortes y Carlos Parra revocaron la negativa a la excarcelación del juez de primera instancia, Walter Bento, e impusieron una fianza de 400 mil pesos a Vandenbroele que deberá cumplir antes de salir en libertad.
Hasta que reúna ese dinero o presente la escritura de alguna propiedad de ese valor como garantía, Vandenbroele seguirá detenido en los calabozos de la U32 de los Tribunales Federales de esta provincia, donde ingresó el 20 de febrero pasado.
Una semana después el juez Wento rechazó la excarcelación de Vandenbroele por entender que si recuperase la libertad podría «eludir el accionar de la Justicia».
«Si bien surge que tendría un nivel económico elevado, no se tiene conocimiento de que posea una fuente de ingresos legítima que permita justificar su modo de vida» y «cabe colegir que, de recuperar su libertad, Vandenbroele podría darse a la fuga y sostenerse económicamente», sostuvo el fallo.
Vandenbroele, titular de The Old Fun, firma que manejaba la ex Ciccone Calcográfica, fue detenido cuando llegaba a la casa de su ex mujer, en la localidad de Chacras de Coria, para dejarle a una de sus hijas.
En ese momento, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que custodiaba a Laura Muñoz, procedió a detenerlo tras el pedido de captura internacional solicitado por la justicia de Uruguay.
De allí fue trasladado a las dependencias que la PSA tiene en el Aeropuerto «Francisco Gabrielli» y luego, a la U32 de los Tribunales Federales, en la capital provincial, donde permanece alojado.
Vandenbroele fue la cara visible de la sociedad «The Old Fund», que levantó la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, y está procesado junto al vicepresidente Boudou por supuestos sobornos.
El juez uruguayo Néstor Valetti pidió su arresto preventivo con fines de extradición a Montevideo porque era titular de la sociedad uruguaya Dusbel SA, desde la cual, «presuntamente salió el dinero que se inyectó» en «The Old Fund», dijo el juez, y añadió que «eso luego determinó la adquisición de Ciccone».
El juez remarcó que «el origen y movimiento de ese dinero no se justifica, prima facie, por los giros que manejó esa sociedad», por lo que se investiga «el eventual delito de lavado de activos».
(DyN) – El juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria al detenido empresario Alejandro Vandenbroele por la reformulación de la deuda pública que hizo la compañía «The Old Fund», controlante de la ex Ciccone Calcográfica.
Fuentes judiciales informaron que Vandenbroele fue citado para el próximo 8 de abril como acusado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Vandenbroele está preso en la provincia de Mendoza por un pedido de la Justicia de Uruguay por presunto lavado de dinero vinculado a la causa Ciccone, en la que está procesado junto al vicepresidente Amado Boudou.
(DyN) – El juez federal de Mendoza, Walter Bento, rechazó la excarcelación de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou y arrestado a pedido de la justicia uruguaya.
El magistrado señaló que las circunstancias del caso permiten inferir que de recuperar su libertad Vandenbroele «intentará eludir el accionar de la Justicia».
Fallo Vandenbroele
(DyN) – El Gobierno aseveró que «compete a la Cancillería» definir si se concede la extradición del detenido financista Alejandro Vandenbroele al Uruguay, donde es requerido en una causa por lavado de dinero, o si lo mantiene en el país para que responda ante los tribunales argentinos por el caso Ciccone.
Así lo manifestó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien indicó que la situación del apresado es una «cuestión judicial que compete a cancillería argentina».
En su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, el funcionario señaló que «si existe un pedido de extradición, compete a la Cancillería» resolverlo.
El Gobierno debe definir si extradita a Vandenbroele, presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou y detenido en los tribunales de Mendoza, a requerimiento de la Justicia del vecino país.
El juez uruguayo Néstor Valetti pidió a Interpol la captura internacional del empresario que estuvo a cargo del manejo de la ex Ciccone Calcográfica para que sea extraditado e indagado por el presunto delito de lavado de dinero.
El propio juez mendocino Walter Bento advirtió que «será la Cancillería argentina la que nos informe qué hacer con el detenido, porque la captura ha sido requerida por la Justicia de Uruguay».
(DyN) – El juez uruguayo Néstor Valetti advirtió que las cancillerías de Argentina y Uruguay «no deberían» interferir en su pedido de extradición de Alejandro Vandenbroele a Montevideo y afirmó que en ese trámite sólo «la Justicia argentina es el órgano competente».
La posición del magistrado contradice lo afirmado esta mañana en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien dijo que la situación de Vandenbroele es una «cuestión judicial que compete a cancillería argentina«.
Sin embargo, el juez Valetti sostuvo a radio Mitre que las cancillerías son «simplemente un canal de comunicación» entre las justicias de ambos países y recordó que «existe un tratado de extradición entre ambos Estados y en el ámbito del Mercosur».
Las cancillerías, minimizó el funcionario judicial, «simplemente actúan como canal de comunicación y a veces hacen un control formal si tienen algo que observar de algún punto de vista sobre si falta alguna documentación».
El magistrado reiteró que Vandenbroele aparece en Montevideo como titular de la sociedad Dusbel SA, desde la cual, «presuntamente salió el dinero que se inyecto» en The Old Fund y, añadió, «eso luego determinó la adquisición de Ciccone».
«Eso es lo que denunció el Banco Central de Uruguay», señaló en declaraciones a radio Mitre y añadió que «el origen y movimiento de ese dinero no se justifica, prima facie, por los giros que manejó esa sociedad».
Por eso, añadió, en Montevideo se investiga «el eventual delito de lavado de activos» y recordó que la causa «ha quedado trancada por la falta de comparecencia del Señor» Vandenbroele a las dos citaciones a prestar declaración indagatoria.
Valetti admitió que el proceso puede extenderse ya que si Vandenbroele no aceptara ser extraditado «se inicia todo un juicio que puede llevar su tiempo y puede llevar diferentes instancias».
(DyN) – El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que el vicepresidente Amado Boudou, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, y otras siete personas declaren como imputados por el «rescate» de la ex Ciccone Calcográfica que imprimía billetes para la Casa de la Moneda.
Así lo aseguraron fuentes judiciales y precisaron que el requerimiento del fiscal imputa a Boudou y Echegaray el delito de «negociaciones incompatibles» con la función pública, castigado con uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua por el artículo 265 del Código Penal.
Di Lello justificó su pedido en que «no resulta razonable» que un funcionario como Boudou «que ocupó varias veces la Presidencia» esté sujeto «de manera eterna e indefinida» a una investigación penal y por ello, evaluó, se impone darle «un amplio ejercicio de la defensa y pronta resolución de su situación procesal».
En este contexto, el jefe de la Afip, Ricardo Echegaray, le solicitó vía carta al juez federal Lijo que resuelva su situación procesal, «si es testigo, imputado o si será indagado» en la causa Ciccone. El funcionario le planteó que su actuación fue «en el marco de la Ley, tal como la Ley decía y que no hizo lo que la Ley no habilita». Echegaray también le pidió al juez que esta presentación sea considerada por él «como declaración indagatoria».
El requerimiento de la fiscalía incluyó a Rafael Resnick Brenner, jefe de asesores de Echegaray en la Administración Federal de Ingresos Públicos; más José María Nuñez Carmona, amigo de Boudou, y a Alejandro Vandenbroele, titular de la firma The Old Fund, que se hizo cargo de Ciccone, y quien vivía en un piso en el barrio porteño de Puerto Madero cuya propiedad se atribuye al vicepresidente.
También figuran los empresarios Guillermo David Reinwick, Nicolás Tadeo Ciccone, Pablo Jorge Amato, Jorge Enrique Capirone, Máximo Eduardo Lanusse, Sergio Gustavo Martínez, a quienes el fiscal consideró «partícipes en diferente grado de la maniobra».
La solicitud de Di Lello fue presentada al juez federal Ariel Lijo, que instruye la causa y hasta ahora sólo había realizado audiencias de declaraciones testimoniales, que hasta ahora tenía previsto finalizar en abril próximo con la comparecencia de Echegaray.
El fiscal arrancó su escrito estableciendo que la investigación pretende «esclarecer la actividad que habrían desarrollado Vanderbroele y Martínez» de la firma The Old Fund que «habrían adquirido» Ciccone Calcográfica SA cuando había sido declarada en quiebra «con fondos cuyo origen fueron puestos en duda y que a la postre aún son materia de investigación». «La adquisición -señaló- habría tenido la intención de lograr la contratación con el Estado Nacional para la producción de billetes de curso legal» y expuso que a Boudou se lo investiga porque «se habría interesado en la operación comercial referida, junto a su socio comercial José María Núñez Carmona».
Di Lello agregó que «el levantamiento de la quiebra y el otorgamiento de un beneficioso plan de pago de las deudas que mantenía» Ciccone Calcográfica «se habría instrumentado con la connivencia de funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, principal acreedora». Y expuso que «se realizaron maniobras conducentes a efectivizar un salvataje, que tuviera en apariencia un apoyo administrativo, cuando el mismo organismo (por la AFIP) dos meses antes había solicitado la quiebra de la misma».
«Se ha logrado determinar que, paralelamente a las vicisitudes del expediente concursal, se realizaban diferentes reuniones» entre Ciccone, Reinwick, Amato, Nuñez Carmona, Vanderbroele y Boudou «en las que se resolvía la forma en que los capitales privados interesados se quedarían con una de las únicas empresas dedicadas a la fabricación de billetes del país».
Además, Di Lello requirió las testimoniales del presidente del Banco Macro, Jorge Brito; el presidente de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Ltda, Cirio Zavalía; el secretario de su comisión directiva, Mariano Andrés Maccarrone; el tesorero Mario Héctor Pelavski, los vocales Daniel Piasek y Patricia De Souza y a la síndica Cecilia Guyot.
Todos esos testimonios, consignó, son para «ahondar respecto al origen de los fondos que permitieron a la empresa The Old Fund SA aportar el dinero suficiente para lograr el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica SA y su posterior acogimiento a un plan de facilidades de pago a fin de cancelar la deuda que tuviera esta con la Administración Federal de Ingresos Públicos».