El gobernador de Maryland, Larry Hogan, declaró el Estado de emergencia y podría desplegar la Guardia Nacional para detener un nuevo estallido de tensión racial vinculado a la brutalidad policial en Estados Unidos, luego de que manifestantes vandalizaran esta tarde la ciudad de Baltimore, tras el funeral de un joven negro muerto en custodia policial.
«Los saqueos y actos de violencia no van a ser tolerados. La Guardia Nacional está en alerta para que pueda desplegarse rápidamente si es necesario», anunció Hogan mediante un comunicado.
Previamente, la policía de Baltimore, en el noreste de Estados Unidos, dijo que al menos siete agentes resultaron heridos, entre ellos uno que quedó inconsciente, luego de los disturbios, que ocurrieron cerca de un shopping no lejos de la iglesia donde tuvo lugar el funeral del joven Freddie Gray, de 25 años, muerto hace dos semanas.
En el segundo día seguido de violencia callejera por la muerte de Gray, imágenes de televisión mostraron a cientos de policías antimotines locales y estatales que pugnaban por restaurar el orden ante una multitud de manifestantes, en su mayoría jóvenes afroamericanos, que se negaban a cumplir con órdenes de dispersarse.
En un punto, decenas de hombres destruyeron un patrullero blanco, saltando sobre su capot y sobre su techo y golpeándolo repetidas veces con palos. La situación duró hasta que un blindado policial acudió al lugar, donde uno de los agresores fue detenido y tirado al piso por agentes tras salir del auto e intentar huir corriendo.
«Hemos visto a oficiales heridos durante el curso del día. Tienen huesos rotos, uno está inconsciente», dijo el capitán de policía Eric Kowalczyk en conferencia de prensa, al tiempo que advirtió que las fuerzas del orden utilizarán «los métodos apropiados para asegurar» la seguridad de la comunidad, mencionando específicamente el empleo de gases lacrimógenos.
La cadena CNN dijo que uno de sus camarógrafos fue atacado y herido y sacado del lugar de los disturbios en una ambulancia, mientras que medios locales mostraron que varios jóvenes fueron detenidos por la policía.
La violencia llegó luego del funeral de Gray y de que aparecieran mensajes en las redes sociales anunciando una «purga» al término de las clases en las escuelas locales, una palabra que en la jerga callejera de Baltimore, en el estado de Maryland, equivale a disturbios.
El temor a los desórdenes provocó el cierre del campus céntrico de la Universidad de Maryland y de varios comercios.
Más temprano, miles de personas se congregaron en la iglesia bautista para despedir los restos de Gray, quien murió el 19 de abril de heridas severas, una semana después de su arresto en Baltimore.
Sus familiares, amigos y vecinos acusan a la policía de no haber brindado asistencia médica a Gray durante su detención, lo que habría provocado su muerte.
Su fallecimiento fue el último de una reciente serie vinculada con la brutalidad policial y las tensiones entre la policía y los afroamericanos en varias ciudades del país, incluyendo la del adolescente Michael Brown en agosto pasado en Ferguson, Missouri, donde fue baleado por un policía blanco mientras estaba desarmado.
La muerte de Gray desató protestas en Baltimore durante el fin de semana, y la policía dijo que unas 34 personas fueron detenidas y seis oficiales resultaron heridos en hechos de violencia callejera desde entre ayer y el sábado por la noche.
Este nuevo caso volvió a reabrir las heridas entre la comunidad afroamericana, que tras la muerte de Brown en Ferguson denuncia que existe un notorio uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes policiales respecto a la población negra.
Para realizar una cobertura completa y diaria sobre la inseguridad en Río de Janeiro, haría falta una legión de reporteros. Cuando el enfermo tose mucho, como el pasado mes de enero, puede haber 20 balas perdidas (con muertos o heridos en cada incidente) en apenas 10 días y dejar entre sus víctimas, por ejemplo, a un niño de nueve años como Asafe William Costa. Salía una tarde soleada de la piscina del club Sesi de Honório Gurgel a beber agua y recibió un balazo extraviado en la cabeza que le causó la muerte cerebral delante de su madre. También puede ocurrir que un policía militar mate a una chica inocente y desarmada de 22 años porque su coche es un modelo “que se está robando mucho” y porque el conductor del vehículo no pare inmediatamente al encenderse la sirena del coche patrulla. O que bandidos armados del poderoso Comando Vermelho (narcotraficantes), a plena luz del día, expulsen a siete policías de sus casas en Duque de Caxias, amenazándoles con la muerte.
Son apenas algunos exponentes del deporte de riesgo que supone vivir en determinadas zonas de Río. Se trata del Estado con más muertes a manos de la policía (413 en 2013), en el país con más homicidios del mundo (56.337 en 2013). El Ministerio de Seguridad insiste repetidamente en que ninguna de esas 20 balas perdidas que saludaron el inicio de 2015 (causaron 17 heridos y tres muertos, dos de ellos niños) provenía de un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes y la propia Policía Militar, ampliamente despreciada y odiada por su violencia y corrupción durante las últimas décadas.
¿Tiene la violencia en Río un perfil propio, como piensa su alcalde, Eduardo Paes? Según afirmó a este diario Paes (que no tiene competencias en seguridad), el argumento “políticamente correcto de echar la culpa a la pobreza es demasiado fácil. La violencia no existe por la pobreza. Es un problema policial y judicial. En Río hay un 3% de desempleo… Esa es una disculpa políticamente correcta”. Paes carga contra “la cultura de que el tráfico necesita un territorio dominado. Cocaína y marihuana hay en cualquier capital occidental. Pero esta locura del territorio dominado es una particularidad nuestra, que tiene que ver con ese permanente diagnóstico equivocado”.
Julita Lemgruber, hoy catedrática universitaria, fue la primera mujer que dirigió el explosivo sistema penitenciario de Río, entre 1991 y 1994. “Es muy difícil aislar una sola variable”, sostiene. “En primer lugar, la policía de Río de Janeiro es marcadamente violenta y corrupta, más que en el resto del país. No quiero generalizar, pero la corrupción es muy acentuada. No hay ninguna actividad ilegal que no tenga alguna participación de la policía”.
Lemgruber insiste en que no se refiere a las milicias ilegales (exagentes, bomberos y oficiales corruptos que ofrecen expulsar a los traficantes de las favelas y proteger a la comunidad a cambio de un alto precio), “sino de los poderes constituidos del Estado”. “Siempre están presentes, en algún momento de la cadena del delito, aunque sea para dar protección”, explica, según indica el sitio El país.
El nuevo comandante de la Policía Militar, el coronel Alberto Pinheiro Neto, ha admitido que “recibe una institución con problemas graves, éticos, morales y operativos”. “Vamos a reconstruir nuestra institución”, afirma. El secretario de Seguridad, José Mariano Beltrame, reconoce la gravedad del problema y recuerda que, desde su llegada al cargo, se han detenido a 2.000 milicianos. Sin embargo, llama la atención permanentemente sobre un factor “decisivo”: el contrabando de las armas.
La perspectiva del estamento académico tiende a discrepar. Ana Paula Miranda, catedrática y antropóloga, hace hincapié en un “elemento político” de la violencia fluminense: la “ausencia de ciudadanía”. Hasta hoy, explica, “Brasil no consiguió garantizar a sus ciudadanos derechos básicos, y ciertas formas de expresión de la violencia están asociadas a eso”. “Es preciso contextualizar”, continúa: “¿Cómo trata la policía a los pobladores de las favelas? La violencia se manifiesta por las descalificaciones que reciben continuamente. Se confunde la pobreza con la violencia. Son ellos los más violentados, no tienen derechos básicos”. Las fuerzas policiales brasileñas mataron entre 2009 y 2013 a 11.000 personas, una media de seis al día.
Tanto Lehmgruber como Miranda critican la “ausencia” de una política de seguridad. “Los residentes nunca fueron contrarios a la retirada del narcotráfico: son sus principales víctimas”, ahonda Miranda. “Pero reclaman continuidad: porque después de unos meses, todo vuelve a su rutina anterior. El Estado no tiene política de seguridad. Tenemos acciones policiales represivas, que no es lo mismo”. Para Lehmbruber, “lo que tenemos son movimientos pendulares desde 1983: momentos en los que se respaldaba la violencia policial y otros en que se acordaban de los derechos. Pasa incluso en las áreas pacificadas: en algunas se pretende proximidad, y en otras se dispara primero y se pregunta después”.
(Télam) – La decisión de un gran jurado de Estados Unidos de no imputar al policía que mató al joven negro Michael Brown desató esta madrugada violentos disturbios en Ferguson (Misuri), mientras las grandes ciudades del país se solidarizaron por medio de protestas pacíficas contra la decisión de un jurado de no imputar al oficial de policía blanco Darren Wilson que mató el 9 de agosto al joven afronorteamericano.
Vehículos y edificios en llamas, comercios saqueados y enfrentamientos entre manifestantes y agentes son las imágenes de esta pasada noche en la avenida West Florissant de Ferguson y alrededores, epicentro de la ola de disturbios raciales que desató, el 9 de agosto, la muerte de Brown, de 18 años, a manos del agente blanco Darren Wilson.
La Policía local usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y aseguró haber contabilizado más de una decena de disparos en la zona de las protestas.
El área de Ferguson, en San Luis, estaba desde la semana pasada bajo máxima alerta, con el FBI y la Guardia Nacional preparados para intervenir si las protestas convocadas para esta noche derivaban en fuertes disturbios como los de agosto, consignó la agencia EFE.
El alcalde de Ferguson, James Knowles, expresó al New York Times su malestar por no ver a la Guardia Nacional en acción: «Están en la zona, no entiendo por qué no se han desplegado», dijo.
El estallido de la violencia era precisamente el escenario que habían pedido evitar los familiares de Brown que, a pesar de estar «profundamente decepcionados» por el fallo judicial, dijeron en un comunicado que «responder a la violencia con violencia no es la respuesta».
El presidente del Gobierno, Barack Obama, recordó el deseo de la familia en un discurso no previsto desde la Casa Blanca en el que llamó a la calma y pidió «contención» a manifestantes y agentes.
«En los próximos días -los agentes- tendrán que trabajar con la comunidad, no contra la comunidad, y distinguir al reducido núcleo de personas que quizás usen la decisión del gran jurado como una excusa para la violencia», señaló.
Las protestas trascendieron Ferguson y se extendieron a Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Washington DC, Oakland y otras grandes ciudades del país, con un tono fundamentalmente pacífico salvo algunos incidentes aislados.
En Washington, más de 300 personas pidieron «justicia» frente a la Casa Blanca, mientras que la Policía activó protocolos especiales por temor a disturbios.
La indignación se desató tras conocer que, Darren Wilson, el policía blanco que mató a Brown, seguirá libre y sin cargos cuando un gran jurado concluyó que no hay pruebas suficientes para imputarlo.
Tras escuchar la versión de 60 testigos, el gran jurado decidió que no existe «causa probable» para imputar al agente, que el 9 de agosto disparó en repetidas ocasiones al joven de 18 años, desarmado, en circunstancias aún no esclarecidas.