(DyN) – La presidenta Cristina Fernández anunció la aplicación «por primera vez» de la llamada Ley Antiterrorista en el caso de la imprenta Donnelley, a la que el Estado nacional denunció penalmente por pedir «una quiebra que no es tal» para «generar un clima de temor por el cierre de fábricas».
«Hemos formulado una denuncia penal ante la Justicia federal por alteración al orden económico y financiero», explicó, para agregar que la AFIP realizó una denuncia comercial para que el juez de la quiebra «la revoque y se extraigan testimonios para el delito de defraudación».
Asimismo, luego de relacionar a la compañía con los holdouts, adelantó también que «nos vamos a presentar ante la SEC, a la que Donnelley informó hace 48 horas de su quiebra, porque «tendrán que justificar la pérdida de 20 millones de dólares».
Señaló que la imprenta, que cerró las puertas de su filial en la Argentina hace diez días y dejó en la calle a 400 trabajadores, pide «la quiebra un viernes 8 de agosto y el auto de quiebra salió el lunes 11, fue una quiebra expres». «Hasta el juez (Thomas) Griesa es más lento», ironizó, para «aquellos que quieran una quiebra rápida, saben dónde ir».
Durante un discurso que pronunció en la Casa de Gobierno para anunciar la ampliación de un plan de viviendas, la jefa del Estado adjudicó la quiebra de la imprenta a las acciones de los fondos buitre contra la Argentina porque, según las averiguaciones del gobierno, uno de los representantes de los holdouts estuvo relacionado con esa empresa multinacional.
«Lo que quieren es crear zozobra en un país al que quieren ver de rodillas», advirtió y resaltó que «se creó un estado de quiebra que no es tal para crear un clima de terror en la población».
Según dijo, Donnelley no presentaba problemas financieros y tenía todos sus papeles al día por lo que a partir de esos datos decidió «aplicar por primera vez la llamada ley antiterrorista», sancionada en el 2011 y resistida por la oposición política.
Según explicó, la compañía multinacional estaría asociada con los fondos buitre: «la AFIP pudo determinar que el 7 por ciento de esa empresa está en manos de Blackrock, un fondo vinculado con (Paul) Singer».»Como verán, todo hace juego con todo, todo un entramado casi mafioso internacional», aseguró, «se trata lisa y llanamente de una maniobra.
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