Para movilizar las ventas el mercado inmobiliario, el sector tuvo, desde la administración kirchnerista, los Cedin, certificados que funcionan como medio de pago e instrumento financiero para operaciones e inversiones el mercado inmobiliario. Eran una propuesta interesante, pero no tuvieron el impacto que se esperaba.
Ahora, la CEDUC, (Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba), está intentando que Diputados modifique el proyecto de Ley de Sinceramiento Fiscal a fin de contemplar las operaciones inmobiliarias.
En un comunicado reciente señalan que «se presentó ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación y ante el Gobierno Nacional, una propuesta de modificación del proyecto de Ley de Sinceramiento Fiscal, a los efectos que se contemple una alícuota diferencial a los fondos exteriorizados que se destinen a la compra de inmuebles nuevos o en construcción, cuestión que no está contemplada en el proyecto de ley. Esta medida tendría múltiples efectos positivos para la economía,tales como la generación de empleo, la reanimación de PYMES que directa e indirectamente intervienen en el proceso de construcción».
Asimismo, destacan que «desde el punto de vista fiscal, el estado nacional y también los provinciales y municipales, generarían ingresos adicionales al impuesto especial previsto en la ley de blanqueo, (IVA a nivel nacional, ingresos brutos a las provincias, otras tasas municipales) no solo generados en estas ventas sino todo lo que se genera detrás de una Industria madre de industrias como es la construcción».