La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de Inconstitucionalidad de la Ley 9445, por parte del Colegio de Martilleros de Córdoba.
De esa manera, el máximo tribunal ratificó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que ya había confirmado que la LEY 9445 es la única que regula y administra todo lo relacionado a la actividad inmobiliaria en la provincia.
Esto significa, en la práctica, que la Corte ratificó que la única entidad que puede entregar matrícula y garantizar la legalidad de cada profesional inmobiliario es el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios (CPCPI), algo que los martilleros rechazan.
Precisamente, el Colegio de Martilleros fue a la Justicia intentando declarar inconstitucional la Ley, y tanto el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en dos oportunidades, como ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazaron este pedido y ratificaron la total vigencia de la Ley 9445.
Lo que es más aún, el Órgano Provincial no sólo rechazó el pedido del Colegio de Martilleros sino que determinó claramente que existen dos profesiones bien diferenciadas, la de Corredor Inmobiliario y la de Martillero, donde el gobierno y control del ejercicio profesional de los Inmobiliarios lo debe realizar el CPCPI.
«Con este nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se extinguieron todos los caminos y acciones judiciales para intentar derogar la Ley 9445, lo cual ratifica y consolida una vez más la vigencia plena y total de esta normativa para todo el territorio cordobés, obligando a más de 3.500 agentes inmobiliarios a obtener su matrícula CPI, para que puedan seguir ejerciendo legalmente la profesión», mencionó el CPCPI mediante un comunicado.
«Desde la creación de la Ley 9445, que ordenaba la actividad profesional de la actividad profesional en la Provincia de Córdoba, el Colegio de Martilleros interpuso una serie de amparos y chicanas legales para intentar frenar el traspaso inevitable de los profesionales Inmobiliarios hacia el nuevo Colegio, situación que hoy ha sido totalmente allanda y ratificada por la justicia, para que todos los profesionales que se dedican al corretaje inmobiliario, puedan tener su matrícula habilitante y poder trabajar de manera legal, como así también exigir judicialmente sus honorarios», agregó la gacetilla.
(DyN) – La acordada 11/2015 de la Corte Suprema de Justicia, por la que el juez Ricardo Lorenzetti fue designado para seguir al frente del Tribunal desde enero próximo, se formalizó hoy con su publicación en el Boletín Oficial, donde se remarcó que es «indiferente» el lugar en el que se la firmó.
Esa acordada había generado una fuerte polémica entre la Corte y el Gobierno, que arguyó que el juez decano del Tribunal, Carlos Fayt, no había estado presente al momento de celebrarse el acuerdo y la posterior firma.
Ahora, mediante una nueva acordada, la 15/2015, la Corte ratificó lo actuado en la anterior, correspondiente al 21 de abril último, al declarar que «en la designación de autoridades efectuada por la acordada N° 11/15 se ha puesto en ejercicio la atribución reconocida por esta Corte por el decreto ley 1285/58, ratificado por ley 14.467, celebrándose el acuerdo que ella instrumenta con arreglo a las normas establecidas».
La nueva acordada llevó las firmas de los cuatro jueces del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Maqueda.
En los considerados, los miembros del Tribunal enfatizaron que «mediante las acordadas 19 del 16 de octubre de 2012 y 11 del 21 de abril de 2015, esta Corte designó a los miembros que actualmente se desempeñan como Presidente y Vicepresidenta, y la continuidad de dichas autoridades a partir del primero de enero de 2016».
Y que «esas designaciones fueron efectuadas con arreglo a la tradición más antigua en el ejercicio de esta atribución y reconocida por ley (ley 13.998, de 1950, art. 21; decreto ley 1285/58, ratificado por ley 14.467, art. 21), y que se ha mantenido inalterada en todas las composiciones de esta Corte hasta la presente fecha».
«Que con particular referencia a la elección de las autoridades que se desempeñarían a partir del 1° de enero de 2016, en el acuerdo ordinario celebrado por el Tribunal el 14 de abril de 2015 los cuatro ministros presentes deliberaron, inicialmente, sobre la necesidad de proceder a llevar a cabo esas designaciones, concordando en una respuesta afirmativa», agregaron.
Esa decisión «se sustentó en una prudente ponderación de razones de diversa naturaleza, concernientes tanto a la seguridad jurídica —con la consecuente previsibilidad— en el Gobierno del Poder Judicial en el marco de sus relaciones institucionales con los otros Poderes de la Nación, con las Autoridades de Provincia y con la Sociedad Civil».
También apuntó a «preservar y profundizar la ingente actuación que la Corte viene llevando a cabo en defensa de la necesaria independencia del Poder Judicial que exige el sistema republicano de gobierno», abundaron los magistrados.
Al defender la acordada 11/2015, los jueces, de manera unánime, dijeron que «ella fue precedida del acuerdo celebrado por todos los miembros del Tribunal, a la par que da cuenta fidedigna de la deliberación llevada a cabo y de los resultados obtenidos».
Consideraron «indiferente para su validez el lugar de la Ciudad de Buenos Aires en que fue en definitiva firmada por los ministros y por la señora ministra, en la medida en que ha sido una práctica inveterada del Tribunal —mantenida hasta su última composición— la irrelevancia de que sus decisiones tomadas con arreglo a las normas establecidas fuesen suscriptas dentro o fuera del Salón de Acuerdos del Tribunal».
En su momento, el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, había dicho que los cuatro jueces eran responsables del delito de «falsedad ideológica», por haber dicho que Fayt estaba presente e hizo propuestas en la acordada, en el marco de una embestida contra el tribunal en general, y contra el juez de 97 años en particular.
La Corte Suprema de Justicia emitió una acordada en la que volvió a ratificar la reelección de su actual presidente, Ricardo Lorenzetti, a partir del 1° de enero de 2016.
Acordada Corte Suprema
Pero el dato saliente es que esta acordada salió luego de una reunión de la que participaron todos los integrantes del máximo tribunal: Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt.
Cabe recordar que Fayt viene siendo atacado con dureza por el kirchnerismo, que busca forzar su renuncia o destitución por su elevada edad (97 años) y el primer argumento que utilizaron en su momento para cuestionarlo fue que no estuvo presente cuando se acordó inicialmente el mes pasado la continuidad de Lorenzetti.
La Corte señaló que la deliberación se hizo correctamente y que la firma de la acordada no debe hacerse sí o sí dentro del recinto de la Corte.
Otro aspecto destacado, es que uno de los argumentos señalados por los jueces para ratificar la continuidad de Lorenzetti es con el fin de «preservar y profundizar la ingente actuación que la Corte viene llevando a cabo en defensa de la necesaria independencia del Poder Judicial que exige el sistema republicano de gobierno».
«Estoy bien, voy a Tribunales», le dijo Fayt a los periodistas que hacían guardia en la puerta de su casa.
Ayer la Comisión de Juicio Político del Congreso, manejada por el arco K, aprobó que se realice una evaluación psicofísica de Fayt que determine si puede continuar en el cargo o no.
Sin embargo, Aníbal Fernández, pese a que ha criticado hasta el hartazgo al juez, intentó despegar al Ejecutivo de la movida, afirmando que «no es el Gobierno el que está pidiendo nada» sino el Congreso.
«No es el Gobierno el que está pidiendo nada, sino la Comisión; lo que se está haciendo es analizar si están dadas las condiciones» para que continúe en el cargo, planteó el funcionario, sobre el dictamen favorable a un proceso investigativo de la salud del magistrado, de 97 años.
Fernández reiteró que «una de la causales de mal desempeño es no tener idoneidad» y que «Fayt ha tenido una idoneidad sobrada, pero puede haberla perdido», a causa de la avanzada edad, por la que prácticamente no asiste al máximo tribunal desde hace dos años.
En contacto con periodistas, el ministro planteó: «En los últimos dos años, ¿cuántas veces aparece un pensamiento del doctor Fayt que colisione con el doctor Lorenzetti?», y concluyó que, por tanto, «el secretario Pablo Hirschmann es el que termina acordando» con el presidente de la Corte. Hirschmann, según Fernández, «no se animaría jamás a una propuesta que fuera en contra del presidente de la Corte».
Por otra parte, sobre que se avance para determinar el estado de salud de Fayt, pero no sobre la situación judicial del vicepresidente Amado Boudou, apuntó que «es una atribución de la Comisión de Juicio Político, de la que yo no voy a opinar».
(DyN) – El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial, José Manuel De la Sota, defendió hoy la continuidad del juez Carlos Fayt en la Corte Suprema, y aseguró que si el magistrado «sintiera que no están en condiciones, en mérito a su historia, ya hubiera decidido dejar de estar» en el máximo tribunal.
«Yo sé que el doctor Fayt es un tratadista del que han estudiado todos los que tienen título de abogado en la Argentina. Me parece una persona que si sintiera que no está en condiciones, en mérito a su historia, ya hubiera decidido dejar de estar», señaló.
En declaraciones a radio América, el mandatario cordobés afirmó también que para evaluar a Fayt, hay que analizar sus fallos.
«Más que la edad, yo buscaría algún fallo que demuestre que el doctor Fayt tiene Alzheimer, es contradictorio, que en un fallo dijo A y en otro muy semejante dijo B. Eso justificaría que sus colegas o la opinión pública dijera ‘bueno, este juez ha llegado la hora de que pida su retiro'», expresó.
De la Sota sostuvo que en la Corte debe haber «jueces que nos den la tranquilidad de que no hay arbitrariedad en las sentencias de los tribunales inferiores».
«Los jueces de la Corte están para hacer el control de constitucionalidad de los fallos de los otros jueces, son la última garantía que tenemos los ciudadanos sobre nuestro honor, nuestra libertad, nuestra propiedad, todo lo que significa nuestra vida, tienen que ser de lo mejor», agregó.
«Escuché una grabación en la que (Fayt) decía que estaba bien, que se sentía muy bien. A mí me cuesta mucho discriminar a una persona porque tiene 97 años. Esa persona podrá tener dificultades de movilidad, pero por la edad no me animo a descalificar a nadie», concluyó.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, volvió a demostrar su capacidad personal y la del Gobierno de cambiar un discurso, retrocediendo sobre sus pasos y transformándose de acusador en defensor.
Es que tras haber cuestionado con dureza al juez de la Corte Suprema Carlos Fayt en las últimas semanas, Fernández ahora pasó a defenderlo, acusando a sus pares del máximo tribunal de «torturarlo» y «obligarlo a hacer cosas que en otro momento, no haría».
En su habitual conferencia en Casa de Gobierno, el funcionario negó con sarcasmo que haya un hostigamiento por parte del Gobierno hacia Fayt, al expresar que no han «ido a la casa con una corneta», al tiempo que instó a que ese tribunal vuelva a tener «hombres y mujeres en condiciones de trabajar todos los días».
En esa línea, advirtió que «deberían dejar de torturarlo» sus colegas del máximo tribunal y criticó que a «un hombre de 97 años» se lo someta «todos los días a un tironeo innecesario, de estas características».
«Les importa un comino la vida de Fayt, a quien están sometiendo a situaciones indecorosas ciento por cien; lo están obligando a hacer cosas que seguramente en otro momento no estaría de acuerdo», señaló Fernández.
“No me consta que el doctor Fayt éste bien”, sostuvo el jefe de ministros y sugirió que “hagan una filmación y lo pasen por un canal de televisión”.
Consultado sobre la postura opositora que no va tratar ningún nombramiento más para la Corte, Fernández respondió que “lo van a tener que tratar y esa paparruchada es propio de los que tienen cero formación política y es una politiquería berreta, porque están la elecciones por delante, pero eso se tiene que resolver cuanto antes, porque están poniendo en riesgo la vida de la Nación y les importa un comino la vida del doctor Fayt, a quien lo están sometiendo a situaciones indecorosas ciento por ciento”.
Luego volvió a cargar contra el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a quien acusó de «querer tener un poder que no tiene” y remarco que “que si quiere ser presidente, que compita a través de un partido político como indica la Constitución”.
Además, cargó contra Lorenzetti por “haber utilizado el manejo de los tiempos a su conveniencia y si ésta decisión (la reelección) que tendría que haberse tomado en diciembre y hubiese estado completada la Corte, podría haber salido la decisión para otro lado”.
Añadió que “pareciera ser que lo utilizó en su propio beneficio y tengo que creer esa cosa y no encuentro otra razón porque adelantar ocho meses una decisión de la presidencia para el 2016 en adelante, es una decisión incomoda ciento por ciento”, concluyó.
Un ex perito de la Corte Suprema de Justicia inició una movida a través del sitio Change.org para apoyar al juez Carlos Fayt, atacado en los últimos días por el kirchnerismo que busca su salida del máximo tribunal para poder forzar la inclusión de magistrados afines al «modelo».
Cabe recordar que se trata de una web donde cualquier usuario puede iniciar peticiones sobre cualquier tipo de aspecto que luego se intentan elevar a los organismos correspondientes.
El creador de esta petición (que se puede firmar haciendo click aquí) se llama Alfredo Popritkin y es un ex perito contador oficial de la Corte Suprema e investigador de fraudes.
Popritkin publicó una carta que reza lo siguiente:
«Dirigida a los argentinos.
Apoyo al juez Carlos Fayt.
Fayt entregó su vida para hacer cumplir la ley.
Es un anciano sabio que eligió continuar en su tarea de magistrado hasta donde las fuerzas se lo permitan. Nunca se apartó de sus convicciones.
Merece todo nuestro respeto y reconocimiento, así como el apoyo para poder seguir ejerciendo sus funciones con tranquilidad.
Hasta el momento, la petición, que ya lleva dos días on line, cosechó más de 3.500 firmas».
(DyN) – La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, llamó «mono» al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y «momia» al decano de los integrantes de ese tribunal, Carlos Fayt, y exigió a ambos que se retiren del cuerpo.
Durante un acto frente al Palacio de Tribunales, del que participaron medio millar de personas, Bonafini consideró que Lorenzetti «tiene que irse», en tanto que Fayt «ya se fue».
La líder de las Madres formuló declaraciones a la prensa en el contexto de ese acto, que tuvo la forma de «escrache» en el contexto de la presión oficial para que Fayt, de 97 años, deje su lugar en el máximo tribunal.
El tono crítico hacia la reelección de Lorenzetti derivó en una confusa situación, en la que el presidente de la Corte anunció a través de sus voceros que no aceptaría seguir en el cargo a partir del 1 de enero de 2016, y luego fue ratificado por sus pares.
«Un tipo que está haciendo lo que está haciendo, con esa prepotencia de reelegirse, Dios me libre», exclamó Bonafini, quien llamó «mono» a Lorenzetti.
En ese sentido, lo calificó -en una carta que leyó en el acceso a Tribunales- como «abogado instalado desde hace once años en la Corte Suprema de Justicia, donde hace votar a las momias, una nueva forma de ejercer el autoritarismo, la fuerza y la indignidad».
(DyN) – Graciela Fayt, hija del juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, ironizó sobre el estado de salud de su padre al afirmar que «está bien, está vivo».
«Está bien, mire, está vivo, si esa es la preocupación. Le quiero aclarar porque se escuchan tantas tonterías. Está lúcido, está trabajando», señaló.
En declaraciones a radio Vorterix, la hija del cuestionado magistrado destacó la «brillantez y la lucidez» de su padre, a la vez que rechazó las críticas del oficialismo.
«Estas cosas que se escuchan que están preocupadísimos en el Gobierno por resguardar las garantías de la Corte. Mire, no deberían preocuparse porque mi padre tiene una enorme responsabilidad con la que ha cumplido siempre, y la lucidez, la brillantez y el trabajo de mi padre no pueden ser puestos en duda, y su responsabilidad tampoco», expresó.
Graciela Fayt insistió con que el juez, de 97 años, «está bien, está lúcido y ejerciendo sus funciones», y afirmó que «merece todo el respeto de un ministro que ha sido y es un paradigma de decencia, de absoluta transparencia a lo largo de toda su vida». «Es muy raro en Argentina que lo que debería ser la regla, es una excepción. Él es evidentemente un símbolo de esto», agregó.
Del mismo modo, el abogado del magistrado, Jorge Rizzo, advirtió que el ministro decano de la Corte Suprema de Justicia «va a hacer lo que él quiere y no lo que le digan que tiene que hacer», a la vez que aseguró que «no pueden» obligarlo a realizarse un examen para verificar su estado de salud, tal como impulsa el kirchnerismo en el Congreso.
Además, confirmó que el juez firmó en su casa la acordada que aprobó la reelección de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte, pero afirmó que esa práctica «es habitual», y que conoce jueces «que firman en la cancha de golf o en algún boliche que paran».
«Fayt va a hacer lo que él quiera, no lo que le diga Aníbal Fernández. Él lo dice porque es un gran declarante, está trabajando para conseguir la vacante, y hace su laburo. Pero él sabe que Fayt va a hacer lo que él quiere, no lo que le digan que tiene que hacer», señaló.
En declaraciones a radio Splendid, Rizzo afirmó que la Constitución Nacional «dice que las personas son admisibles en sus empleos por el simple requisito de su idoneidad», y que la capacidad de Fayt «se mide leyéndole las sentencias, y si son conforme a derecho, el tipo está capacitado».
En ese sentido, vinculó los ataques del oficialismo a la figura del magistrado a «un trasfondo político que es la necesidad que tiene el Gobierno de tener dos cargos libres (en la Corte) para poder negociar» en el Congreso.
Además, Rizzo descartó que a través de la comisión de Juicio Político del Senado el oficialismo pueda impulsar la realización de un examen psicofísico para determinar el estado de salud de Fayt, tal como adelantó la diputada Juliana Di Tullio.
«Esto que le van a pedir el análisis psicofísico no lo pueden hacer. O le piden el juicio político o nada. Y no tienen los votos», señaló.
Con respecto a la polémica generada por la acordada que aprobó la reelección de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte, Rizzo confirmó que Fayt firmó la resolución en su casa, pero aseguró que esa práctica «es más habitual de lo que se cree».
«Ese día no fue Fayt, firmó en la casa, pero es habitual esto. Conozco jueces que firman no solamente en la casa, también en la cancha de golf o en algún boliche que paran. Es más habitual de lo que se piensa», aseveró.
(DyN) – El senador nacional y precandidato presidencial por la Unión Cívica Radical (UCR), Ernesto Sanz, defendió la figura del juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt, al afirmar que tiene «más autoridad moral que todo el Gabinete junto».
«Carlos Fayt, firmando un fallo desde su casa, tiene mucha más autoridad moral que todo el gabinete de Cristina Fernández de Kirchner junto, que desde sus despachos han firmado cosas tremendas en contra del país», aseguró, según un comunicado.
El titular de la UCR se sumó así a distintas voces que respaldaron al magistrado de 97 años, señalado por el oficialismo como incapacitado para continuar con su cargo.
De hecho, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, desafió al ministro de la Corte a que «salga de su casa y hable con los periodistas» como forma de «mostrar» su «estado de salud», a la vez que la titular del bloque oficialista en Diputados, Juliana Di Tullio, adelantó que presentarán un pedido de «medidas probatorias» en el Congreso a fin de evaluar si Fayt «es o no es apto» para continuar en la Corte.
La diputada nacional y precandidata presidencial de la Coalición Cívica Elisa Carrió volvió a defender al juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, al decir que el Gobierno lo trata de «senil» cuando ella ha «visto a un jefe de Gabinete duro por la cocaína».
«Este es un trato inhumano y cruel; decir senil, decir que está inhabilitado (Fayt) cuando están tantos delincuentes en el poder y, además, tantas personas drogadas en el poder. Yo he visto a un jefe de Gabinete duro por la cocaína», enfatizó Carrió en diálogo con radio Mitre.
Sin mencionarlo, la alusión de Carrió pareció ir hacia Aníbal Fernández, con quien mantiene un enfrentamiento público y abierto sobre varios temas.
La precandidata presidencial, al volver a rechazar los ataques del oficialismo contra el magistrado -de 97 años-, alertó que los representantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora en el Congreso de la Nación «se están convirtiendo en violentos».
«Me da la impresión de que este cambio en la Comisión de Juicio Político es un cambio ordenado por la presidenta (Cristina Fernández) y ejecutado por chiquillos que se están convirtiendo en delincuentes morales», acusó.
Y amplió: «La peor violencia es la violencia verbal, dirigidos por (el jefe de Gabinete) Aníbal Fernández, además contra una persona de la tercera edad».
Reiteró que «es un acto de tortura porque la tortura puede ser física o puede ser moral, y hay una tortura moral porque pretenden declarar la inhabilidad moral sobreviniente, como un estado de senilidad o de locura» y se preguntó: «¿Por qué no hacen eso con otros funcionarios?».
«Porque está la búsqueda ya desesperada de impunidad para la presidenta y para su familia, y para personas cercanas a ella. Una Corte adicta, camporista o seudocamporista, podría garantizar la impunidad final de procesos iniciados contra la presidenta», concluyó Carrió.
Estas declaraciones de Carrió ocurren luego de una nueva ofensiva del kirchnerismo contra el juez Fayt, de 97 años, en el marco de su intento para forzar a la Corte Suprema a sumar nuevos miembros, intentando que sean afines al «modelo».
Por caso, el propio Aníbal Fernández desafió a Fayt a que «salga de su casa y hable con los periodistas» como forma de «mostrar» su «estado de salud» y «si se vale por sus propios medios».
«Si se vale por sus propios medios y puede responder las preguntas mínimas que le van a hacer, se puede demostrar el estado de salud, ¿por qué negarse a una cosa tan simple?», planteó el funcionario.
Del mismo modo, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria en la cámara de Diputados, Juliana Di Tullio, adelantó que solicitarán «medidas probatorias» en la comisión de Juicio Político para evaluar si el juez Carlos Fayt «es o no es apto» para continuar en la Corte Suprema de Justicia.
«No es un pedido de juicio político sino desde los mecanismos que tiene la Comisión de Juicio político poder ver si su estado de salud es apto o no es apto, ver si tiene idoneidad para ejercer ese cargo», aseguró.
Pese a que aclaró que Fayt «es un excelente profesional y un excelente juez», la legisladora sostuvo que «tiene una avanzada edad y hace tiempo que no está acudiendo a la Corte».
«Estamos preocupados por el funcionamiento de la Corte, que hoy cuenta con cuatro miembros, y aparentemente no está completa, y la ley marca que debe tener cinco miembros. Y como no tenemos constancia de la veracidad de esos rumores (sobre la salud de Fayt), hace que los mecanismos institucionales que tiene la República en el poder legislativo para poder hacerlo inicien el camino que tienen que recorrer», agregó.
Asimismo, el enfrentamiento de Carrió con Aníbal Fernández llegó luego de que la diputada presentara un escrito ante la fiscal que investiga la muerte de Nisman, involucrándolo en ese hecho.
Fernández contestó afirmando que la declaración de Carrió está basada en «recortes de diarios», es un «bochorno desde el punto de vista del derecho» y, por tanto, resulta un «falso testimonio» que «va a ser caro cuando lo pague».
«Vi algo en los diarios de la mañana, y se lo pasé a mi abogado; ojalá que antes del siglo 24 podamos conseguir una sentencia», ironizó Fernández.
Y sostuvo que «esta señora pasó una raya que no se dio cuenta sola» y que es «tan sucia que no se va a detener», pero que su testimonio está basado «en una denuncia que había presentado, que es un bochorno desde el punto de vista del derecho».