La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de Inconstitucionalidad de la Ley 9445, por parte del Colegio de Martilleros de Córdoba.
De esa manera, el máximo tribunal ratificó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que ya había confirmado que la LEY 9445 es la única que regula y administra todo lo relacionado a la actividad inmobiliaria en la provincia.
Esto significa, en la práctica, que la Corte ratificó que la única entidad que puede entregar matrícula y garantizar la legalidad de cada profesional inmobiliario es el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios (CPCPI), algo que los martilleros rechazan.
Precisamente, el Colegio de Martilleros fue a la Justicia intentando declarar inconstitucional la Ley, y tanto el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en dos oportunidades, como ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazaron este pedido y ratificaron la total vigencia de la Ley 9445.
Lo que es más aún, el Órgano Provincial no sólo rechazó el pedido del Colegio de Martilleros sino que determinó claramente que existen dos profesiones bien diferenciadas, la de Corredor Inmobiliario y la de Martillero, donde el gobierno y control del ejercicio profesional de los Inmobiliarios lo debe realizar el CPCPI.
«Con este nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se extinguieron todos los caminos y acciones judiciales para intentar derogar la Ley 9445, lo cual ratifica y consolida una vez más la vigencia plena y total de esta normativa para todo el territorio cordobés, obligando a más de 3.500 agentes inmobiliarios a obtener su matrícula CPI, para que puedan seguir ejerciendo legalmente la profesión», mencionó el CPCPI mediante un comunicado.
«Desde la creación de la Ley 9445, que ordenaba la actividad profesional de la actividad profesional en la Provincia de Córdoba, el Colegio de Martilleros interpuso una serie de amparos y chicanas legales para intentar frenar el traspaso inevitable de los profesionales Inmobiliarios hacia el nuevo Colegio, situación que hoy ha sido totalmente allanda y ratificada por la justicia, para que todos los profesionales que se dedican al corretaje inmobiliario, puedan tener su matrícula habilitante y poder trabajar de manera legal, como así también exigir judicialmente sus honorarios», agregó la gacetilla.
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