El empresario Juan Carlos Barrera y sus hijos Mariano Barrera y Pablo Barrera, quedaron detenidos este jueves por la tarde tras entregarse a la Justicia Federal.
El fiscal federal Enrique Senestrari había imputado formalmente al ex presidente de Instituto y titular de la empresa recaudadora de caudales Bacar por los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera bursátil no autorizada agravada y estafa. (Informe Especial: pruebas sobre la mesa de dinero que funcionaba en Bacar)
El 4 de julio de 2014, habían sido beneficiados con la exención de la prisión por el Juzgado Federal Nº de Córdoba. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones decidio revertir aquel fallo, tras el recurso impulsado por el fiscal Senestrari.
La medida judicial fue apelada por la defensa ante la Cámara Nacional de Casación Penal, quien recientemente ratificó el fallo. Entre los fundamentos de la decisión se destaca el peligro para el procedimiento que observan los magistrados y que representaría la libertad de los acusados.
«Barrera y los hijos se entregaron. Después me dijeron que uno de ellos no había quedado detenido. La Cámara de Casación decidió que había riesgo procesal y que tenían que estar en prisión preventiva mientras dura la instrucción», precisó el fiscal Senestrari según publica Cba24n.
«Con la conducta que tuvieron durante el caso, entiendo que hay riesgo y deberían mantenerse presos hasta el juicio, y el juicio hacerse lo más rápido posible», ratificó el funcionario judicial.
La Justicia brasileña acaba de condenar a 19 años y cuatro meses de prisión a uno de los empresarios más poderosos del país, Marcelo Odebrecht, ex presidente de la Organización Odebrecht, la compañía de construcción e ingeniería más grande de América latina, por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita en el multimillonario caso de sobornos en Petrobras.
Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional – Ingeniería Industrial fue la ganadora de la licitación pública para la construcción de los Gasoductos Troncales, una red de gasoductos con unos 650 km de extensión, en nuestra provincia.
Según el dictamen del juez federal Sergio Moro, que desde Curitiba lleva adelante las investigaciones por el escándalo del «Petrolão», las pruebas han demostrado en relación a Odebrecht «la práctica de crimen de corrupción que involucró el pago de 108 millones de reales y 35 millones de dólares a los agentes de Petrobras, un valor muy expresivo».
Moro también sentenció por los mismos cargos y la misma pena a otros dos ejecutivos de la compañía, Marcio Faria y Rogério Araújo, ex directores de Odebrecht.
Marcelo Odebrecht, de 47 años, había sido detenido de forma preventiva el 19 de junio del año pasado, en un operativo policial que causó gran asombro en Brasil por tratarse de uno de los ejecutivos más influyentes del país, con fluidos contactos con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff así como de todas las anteriores administraciones. En diciembre del año pasado, Odebrecht renunció a la presidencia de la compañía, cuando ya llevaba seis meses en la cárcel.
Según los fiscales del «petrolão», la compañía Odebrecht era una de las grandes constructoras que habían formado una suerte de cartel para asegurarse jugosos negocios con Petrobras. Al menos desde 2003, pagaban coimas a directivos de la petrolera estatal y a políticos oficialistas para garantizarse licitaciones. Se sospecha que parte del dinero fue destinado a pagar campañas electorales de la coalición gubernamental.
Por el multimillonario caso -que se estima desvió de Petrobras más de 2000 millones de dólares- ya fueron detenidos una veintena de grandes empresarios así como figuras muy vinculadas al oficialista Partido de los Trabajadores (PT), como el ex tesorero de la agrupación, João Vaccari Neto; el publicista João Santana, principal estratega de las campañas electorales de Luiz Inácio Lula da Silva (2006) y Rousseff (2010 y 2014); el senador petista Delcídio Amaral, ex jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta; y José Dirceu, ex jefe de gabinete de Lula, ya antes condenado por su participación en el escándalo del «mensalão» (2005).
Fuente: LaNación
(AFP).- El capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue recapturado seis meses después de fugarse de una prisión de máxima seguridad, dijo este viernes el presidente de México, Enrique Peña Nieto.
«Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido», escribió Peña Nieto en Twitter.
Un portavoz de la presidencia confirmó a la AFP la autenticidad del tuit presidencial, pero se negó a dar más detalles argumentando que más tarde este viernes habrá una conferencia de prensa.
Marinos mexicanos han efectuado amplios operativos en los Estados del noroeste de Sinaloa y Durango desde la espectacular fuga del capo, el 11 de julio pasado.
La noticia de su arresto se produjo después de que la Marina Armada de México informara de que cinco pistoleros murieron en un tiroteo con militares en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, pero no se mencionó al capo.
Guzmán, de 58 años de edad, se fugó la noche del 11 de julio a través de un túnel de 1,5 km que atravesó en una camioneta adaptada para rieles y que conducía a una vivienda en construcción en Almoloya.
Desde allí se dirigió por tierra a Querétaro (centro) para luego abordar una avioneta que lo condujo a una zona serrana entre su natal Sinaloa y Durango.
Uno de los pilotos era su cuñado, y fue detenido junto con otras seis personas en octubre pasado.
Guzmán ya se había fugado de un penal de máxima seguridad de Jalisco en 2001 y fue recapturado en febrero de 2014.
Por estafas y asociación ilícita, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó la detención de Juan Carlos Barrera (presidente de Bacar y expresidente de Instituto), aunque la medida puede apelarse.
La sala judicial, presidida por el doctor Abel G. Sánchez Torres e integrada por los jueces Luis Roberto Rueda y Liliana Navarro pidió que sean apresados, además de Juan Carlos Barrera, sus hijos Pablo Adrián Barrera, Iván Ariel Barrera y Mariano Dan Barrera, «en el marco de la investigación por la cual se los acusa de la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera y bursátil no autorizada agravada y estafa», según el comunicado de prensa de la Justicia federal.
En el fallo de la Cámara se sostiene que los Barrera deben ser detenidos porque «los imputados habrían desplegado maniobras tendientes a engañar el accionar de la justicia, falseando información respecto de pruebas que se buscaban en el marco de la denominada ‘causa CBI'».
Además, se menciona «la ocultación de dinero y documentos relacionados con el accionar delictivo que se está investigando». Sánchez Torres y Navarro se refieren, por ejemplo, a que habían consigando un listado de 129 cajas de seguridad desocupadas durante un allanamiento, aunque en ese caso «47 de ellas se encontraban ocupadas».
En esta misma causa el Juzgado Federal Nº 1 había resuelto conceder el beneficio de exención de prisión bajo caución juratoria a los nombrados, revocado por esta decisión, según informa Día a Día.
La defensa de los imputados puede apelar la medida y, eventualmente, se suspendería la ejecución del arresto.