Tras la salida del cepo cambiario, el gobierno de Mauricio Macri está preparando una de las decisiones más preanunciadas dentro de la cartera económica: la suba de la luz y el gas, que dejarán atrás el congelamiento de tarifas. Junto a su equipo, el ministro de Energía Juan José Aranguren planea anunciar el primer aumento de 2016 a fines de enero, para que las boletas reflejen las nuevas tarifas a partir del segundo mes del año.
Esta actualización contemplará una tarifa social para proteger a los sectores de menores ingresos y, a largo plazo, el plan del Gobierno es quitar los subsidios a la luz y el gas en cuatro años. En total, los subsidios energéticos a la demanda equivalen a $128.000 millones anuales, de acuerdo al último informe publicado por la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP).
Este cambio se presentará como un alivio para el gasto público, aunque la medida es impopular por el impacto al bolsillo de los usuarios de energía eléctrica.
Si bien Aranguren aún no se refirió a porcentajes, la primera actualización buscará achicar las diferencias entre las tarifas que se abonan en distintas partes de la Argentina. «En promedio, un residente de la ciudad de Buenos Aires hoy está pagando una sexta parte o más de lo que paga un cordobés por la luz. Con la primera actualización, pasará a pagar la mitad», ejemplificó un funcionario a Infobae.

Cambios en las boletas

Esta medida llegará con una novedad. La boleta se pagará de forma mensual, y no bimestral como ocurre en la actualidad. Aún no está decidido cómo se implementará esta novedad, porque el consumo de los hogares se mide de forma manual, y las compañías se muestran reticentes a que la medición se haga una vez por mes debido al aumento en los costos operativos.
De esta forma, la boleta llegaría al domicilio en forma bimestral, pero se podrá financiar en dos meses y así atenuar el impacto del aumento. El equipo de trabajo de Aranguren ya lo sabe: la suba será grande en términos porcentuales, y es por eso que buscarán subrayar los valores absolutos desactualizados que se están pagando en la actualidad.
La red que lleva la electricidad a cada uno de los hogares (distribución) es de jurisdicción provincial, y es por eso que cada provincia aumentó la tarifa de forma independiente. En el gran Buenos Aires, la distribución de la electricidad es de jurisdicción del gobierno federal, que mantiene las tarifas congeladas desde 2001. En el caso del gas, las tarifas son parecidas en todo el país porque todo el territorio posee distribución federal, con lo cual el aumento impactará en más usuarios.
Luego del primer aumento, el Gobierno se reunirá con las empresas del sector para hacer «revisiones», y el equipo de Aranguren está definiendo el periodo de estos encuentros. La situación más preocupante en la actualidad es la del sector eléctrico.
Al optar por el gradualismo en la suba de tarifas, otra de las asignaturas pendientes en el mediano a largo plazo será el acceso al financiamiento de los concesionarios. Están lejos de ser sujetos de crédito de forma inmediata porque una vez que se actualicen las tarifas, deberán empezar a pagar sus deudas con proveedores y Cammesa, entre otras. La clave estará no sólo en reducir el riesgo de invertir en el sector, sino también tener en claro de qué dependerá la rentabilidad, para evitar un camino de decisiones arbitrarias.
Fuente: Infobae