Hasta el momento siete empresas, cuatro argentinas y tres extranjeras, adquirieron los pliegos de licitación correspondientes al Plan Quinquenal de Infraestructura Gasífera de Córdoba, cuyo presupuesto ronda los ocho mil millones de pesos.
La Provincia informó que se realizó el primer road show organizado por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y 12 firmas mostraron interés en ejecutar la mega obra que beneficiará a 685 mil cordobeses de 199 localidades.
“Estamos muy satisfechos con este proceso por la cantidad de empresas interesadas en llevar adelante esta obra de gasificación histórica que beneficiará a los habitantes, favorecerá la radicación de empresas y potenciará al sector turístico en el marco de toda la Provincia”, indicó el ministro Fabián López.
La obra tendrá un plazo de 48 meses y logrará duplicar la infraestructura gasífera existente, alcanzando así una importante cobertura geográfica. López informó que el miércoles de la próxima semana se realizará la presentación en la Casa de Córdoba, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El plazo para adquirir los pliegos vence el 15 de agosto próximo y la apertura de sobres se realizará el 20 del mismo mes. La adjudicación contemplará en un 75 por ciento la propuesta económica-financiera y en un 25 por ciento la propuesta técnica.
Los sistemas incluidos en el Plan Quinquenal son: Norte, Sur, Este, Oeste, Anillo de Córdoba, Centro, Centro II, Punilla Sur, Ruta 11 y Ruta II. Contempla la ejecución de gasoductos de distribución, ramales de aproximación, plantas reductoras de presión, estaciones de separación, medición y odorización, trampas de lanzamiento y recepción de scrapper; plantas reductoras de presión intermedias y enlaces ópticos.
El programa integral de gasoductos troncales cubrirá un trayecto de 2.292 kilómetros y tendrá 181 instalaciones de superficie.
El Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios (CPCPI), el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia firmarán la próxima semana un acuerdo que servirá como puntapié para iniciar un plan de regularización de viviendas sociales sin escriturar.
Según anticipó el presidente del CPCPI, Juan Carlos López, durante la presentación del Índice Valor Tierra, el convenio estipula, como primera medida, que los corredores ofrecerán sus servicios de manera gratuita para escriturar las unidades que no tengan sus papeles en orden.
A la par, la Provincia lanzará una suerte de “moratoria” de hasta 48 cuotas sin interés para que los propietarios de esas viviendas que eventualmente hayan incurrido en el impago de las cuotas que debían abonar por las mismas, puedan cancelar esa deuda.
López subrayó que, como requisitos para acceder, los eventuales beneficiarios de este plan de pagos deberán ocupar una casa cuyo valor oficial no supere los $ 400.000 y el jefe de hogar no deberá superar los $ 15.000 de ingresos mensuales como máximo.
“La idea es que la persona que necesite acceder a este beneficio vaya y consulte a cualquier profesional matriculado y que éste lo atienda gratuitamente. Luego, una asistente social visitará la familia para conocer si corresponde que accedan al plan o no”, explicó López.
Un dato interesante a tener en cuenta es que, según datos surgidos de la encuesta que se realizó para elaborar el Índice Valor Tierra, al menos en la zona sur de la ciudad el 8% de las personas habita casas de las que no son ni inquilinos (19%) ni propietarios (73%), lo que habla a las claras de que la problemática de la falta de escrituración de propiedades es bastante grande.
El Gobierno cordobés lanzó un llamado a licitación para la compra de las cámaras de vigilancia urbana que prometió colocar para combatir la inseguridad en la provincia, para lo cual planea invertir casi $ 100 millones.
Se trata del primer paso en concreto en el marco del mega plan de seguridad «Córdoba más segura» que el gobernador José Manuel De la Sota lanzó el miércoles en el Centro Cívico y que prevé la instalación de 1.200 de estos dispositivos.
De acuerdo al decreto N° 457 con fecha del 20 de mayo publicado en el Boletín Oficial, se autoriza «el llamado a licitación pública para contratar la ‘Provisión de Sistemas de Video Vigilancia Urbana con cámaras de seguridad ciudadana’ como recurso de seguridad ciudadana para ser implementado en la ciudad de Córdoba y Gran Córdoba».
El presupuesto oficial previsto para esta iniciativa es de $ 98.260.000.
Según consta en el anexo del decreto también publicado por el Boletín Oficial, la licitación estará dividida en dos partes: por un lado, una solución de monitoreo y control mediante un sistema de cámaras de alta definición; por el otro, los vínculos de telecomunicaciones necesarios para interconectar los dispositivos de monitoreo con el centro de control designado.
Dicho anexo posee todas las especificaciones técnicas que tienen que respetar las empresas que pretendan participar de la licitación pero también incluye como dato saliente cuáles son los 300 puntos de la capital provincial y alrededores en los que se colocarán las cámaras, la mitad de las cuales deberán ser tipo ‘domos’ y la otra mitad, fijas.
El Gobierno de Córdoba llamó a concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir casi 700 cargos públicos de los agrupamientos “Administrativo”, “Servicios Generales” y “Oficios”, distribuidos en once Ministerios y dos Secretarías.
En rigor, los llamados fueron publicados por dichas dependencias por separado, a través de resoluciones en su mayoría fechadas el último lunes 11 de mayo y que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.
En total, son 687 cargos los que se concursarán, según el siguiente detalle: 52 en el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (40 administrativos, 8 en servicios generales y 4 en oficios); 20 en Agricultura, Ganadería y Alimentos (18 y 2); 20 en Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico (todos administrativos); 40 en Educación; 70 en Finanzas (60 y 10); 65 en Gestión Pública (48, 12 y 5); 140 en Desarrollo Social (90, 40 y 10); 150 en Gobierno y Seguridad (130, 10 y 10); 45 en Infraestructura (25, 10 y 10); 50 en Justicia (40 y 10); 20 en Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico-Tecnológico; 10 en la Secretaria de Control y Auditoría; y 5 en la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.
La justificación para estos llamados, según coinciden las distintas resoluciones ministeriales, es que “resulta pertinente propiciar la cobertura de puestos que permitan un adecuado funcionamiento de las reparticiones, toda vez que en los últimos años se han verificado bajas en la planta de personal permanente por diferentes causales, entre las que se encuentran renuncias, fallecimientos y acogimiento a beneficios jubilatorios”.
El dato cobra relevancia luego de que el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES) publicara un informe en el que advierte que José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti son los dos gobernadores que más aumentaron la planta de personal del Estado provincial desde el retorno de la democracia y que esa es la principal causa de la alta presión impositiva que sufren los cordobeses por estos días. Específicamente en los últimos tres años, De la Sota sumó 4.999 empleados públicos, pasando de 118.260 en 2011 a 123.259 en 2014.
Un informe elaborado por el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES) advierte sobre un fuerte incremento en la cantidad de empleados públicos que tiene la Provincia y señala que este es el principal motivo que explica la presión impositiva más alta de la historia que sufre la economía cordobesa en la actualidad.
“Política de contratación de empleados públicos de la Provincia de Córdoba: 1987-2014” es el título del estudio que analiza los datos disponibles para las gobernaciones de Eduardo Angeloz, Ramón Mestre, José Manuel De la Sota (tres períodos) y Juan Schiaretti, y cuyos principales datos se resumen a continuación:
– En el año 1987, la Provincia de Córdoba tenía 72.000 empleados públicos. Sin embargo, en años subsiguientes dicha planta aumentó, llegando a 123.259 en el 2014.
– El radicalismo expandió la planta de personal desde 72.000 empleados públicos en el año 1987 a 72.528 en 1999, es decir, un incremento de 528 empleados en 12 años. Unión por Córdoba llevó esta cifra a 123.259 en 2014, es decir un incremento de 50.731 empleados públicos en 15 años. Si se tiene en cuenta que en el mismo periodo hubo alrededor de 20.000 jubilaciones anticipadas de la administración provincial, UPC habría contratado a más de 70.000 empleados públicos la última década y media
– El gobernador que más empleados públicos contrató, en promedio anual, en los últimos 27 años, y sin considerar el efecto de las jubilaciones anticipadas por no contar con información oficial exacta, es Juan Schiaretti, seguido por José Manuel De la Sota y en tercer lugar Eduardo Cesar Angeloz. Ramon Bautista Mestre fue el único gobernador en cuyo mandato cayó la cantidad de empleados públicos.
– Schiaretti totalizó un incremento de personal de 17.237 trabajadores a un promedio de 4.309 personas por año, pasando el total de empleados públicos de 101.023 en 2007 a 118.260 en 2011. Un promedio del 4% anual, mientras que la economía para el mismo período lo hizo a un 6,4%.
– De la Sota, en sus dos primeras gestiones entre 1999 y 2007, incrementó la planta en 28.495 empleados, a un promedio anual de 3.562 agentes públicos, pasando de 72.528 en 1999 a 101.023 en 2007. El promedio es 4,6% anual, mayor al crecimiento de la economía (3,5%). En estos últimos tres años, sumó 4.999 empleados públicos, un aumento anual de 1.666, pasando de 118.260 en 2011 a 123.259 en 2014. De esta manera, en las tres gestiones de José Manuel De la Sota la planta de empleados públicos aumentó en total en 33.494. Tomando en cuenta las 20.000 jubilaciones anticipadas, el aumento de empleados públicos sería de al menos 53.494 en estas tres gestiones.
– “Esta exagerada e insostenible política de contratación de personal que se dio en los últimos años, especialmente durante las gestiones de De la Sota y Schiaretti, ha tenido como consecuencia que el gasto en personal ha aumentado a un mayor ritmo que el crecimiento de la economía. Por ello, se puede confirmar que es esta política de contratación de personal la principal responsable del incremento de la presión fiscal provincial que se viene dando en los últimos años, especialmente a partir de 2009”, destaca el CIPPES.
– La participación del gasto de personal en el gasto corriente primario aumentó desde 39,47% el año 2006 a un valor a cierre del año 2014 de 44,83%. La política de contratación de personal, además de ser la responsable del aumento de la presión fiscal, también ha tenido como consecuencia la necesidad de realizar recortes de otros incisos del gasto corriente primario, como insumos, y de las obras públicas.
– De haber mediado una política de contratación de personal en línea con el espíritu que inspiró la Ley de Responsabilidad Fiscal (es decir, que respete la regla fiscal de crecimiento del gasto corriente primario a no más que el crecimiento del PBI, y que este no crezca en fases recesivas), el Estado provincial contaría sólo en el año 2014 con $ 5.000 millones más para destinar a otras áreas y/o no elevar la presión tributaria a los niveles record en que se encuentra actualmente.
– “Si el gasto de personal hubiera crecido al mismo ritmo que el Producto Bruto Interno Nacional, se habría generado un superávit acumulado de $ 33.000 millones en el breve período 2006-2014, un monto que con creces supera el incremento de presión fiscal y los recortes en obras públicas presupuestadas. Dicho monto equivale a la recaudación de 2,3 años de impuesto a los ingresos brutos, a 27 años de recaudación del impuesto inmobiliario, a 55 años de recaudación del impuesto a los automotores, a 589 años de recaudación de fondo del fuego, a 44 años de recaudación de la Tasa Vial y a 2,23 veces el Stock de Deuda Pública Provincial, entre muchas otras posibles comparaciones. La dimensión de esta cifra muestra los grados de libertad que gozaría (hoy no los tiene) la política fiscal provincial, en el caso de haber ejecutado una política responsable y sostenible de contratación de empleados públicos”, concluye el CIPPES.
Con el temporal de las últimas horas, se elevó a 600 la cifra de evacuados en la provincia de Córdoba. Así lo informó el Gobierno provincial, que remarcó que las cuantiosas lluvias trajeron complicaciones en los departamentos San Justo, Río Primero y Unión, no así en Sierras Chicas, donde la Provincia y los municipios trabajan para normalizar la situación tras el vendaval del domingo 15.
“Estimamos que son más de 600 los evacuados, fundamentalmente en La Tordillas, Balnearia, Tránsito y en Idiazábal, en el departamento Unión, donde hay mucha gente evacuada por la lluvia y el agua que llega de los campos. También tuvimos algunos evacuados en Cosquín, Santa María de Punilla”, indicó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Passerini.
Paralelamente, la Provincia informó que, a través de un relevamiento realizado por los trabajadores de Desarrollo Social junto al personal de los municipios damnificados, se detectó que son 1.701 las familias que requieren de asistencia: pérdidas totales de su propiedad, daños severos, daños leves y pérdidas materiales, entre otros.
Por su parte, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, que encabeza Guillermo Acosta, informaron que, a esos casos relevados, se le suman 366 comercios. Son locales ubicados en Villa Allende, Unquillo, Mendiolaza, Río Ceballos y La Granja. Ese análisis, ya en un porcentaje bastante acabado, continuará durante la semana.
Las ayudas para estos comercios son dos: los que sufrieron pérdidas (en infraestructura o mercadería) de hasta 30 mil pesos, recibirán una ayuda económica no reintegrable de parte del Banco de la Gente; mientras que los que necesitan más dinero para sustentar los daños pueden gestionar un crédito blando a través del Banco de Córdoba.
En total, se estima que cerca del 75 por ciento de los comercios afectados recibirá el subsidio del Banco de la Gente, ya que se vieron afectados con daños o pérdidas menores a 30 mil pesos. Esto significa unos 250 locales; es decir, un aporte global de alrededor de $ 8 millones. Fabricio Motta, a cargo del Banco de la Gente, adelantó que los primeros cheques a comerciantes podrían llegar a los damnificados este jueves o viernes una vez concluido el proceso administrativo pertinente.
El resto de los comercios pueden optar por dos líneas de crédito: para capital de trabajo hasta 150 mil pesos, a tres años, con seis meses de gracia, con tasa cero el primer año y del 9 por ciento anual los años restantes; para bienes de capital (maquinaria, por ejemplo), hasta 400 mil pesos, a cuatro años y las mismas condiciones que la línea anterior.
En caso que algún negocio haya quedado sin ser relevado, se solicita que el interesado se comunique a los siguientes teléfonos: 0351-434 2470 o 434 2471, interno 231.
El detalle
– Villa Allende: 172 comercios relevados. Excepto dos, todos están en el centro de la ciudad.
– Unquillo: 53 comercios, la gran mayoría ubicados sobre avenida San Martín.
– Río Ceballos: 98 comercios, más de la mitad están situados en avenida San Martín.
– Mendiolaza: 27 comercios, casi todos ubicados en barrio Los Cigarrales.
– La Granja: 16 locales comerciales, todos en el centro.
El año fiscal del Gobierno provincial seguramente arrancó generando sonrisas en El Panal. Es que las planillas divulgadas por el Ministerio de Finanzas muestran que la recaudación propia creció 42,5% en enero, muy por encima de cualquier índice de inflación que se tome.
Puntualmente, el apartado denominado “Ingresos Provinciales” se elevó de $ 1.264 millones a $ 1.802 millones. Esto se logró, principalmente, gracias al aporte de empresas y comercios vía Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que contribuyó con $ 1.527 millones, 44,4% ó $ 500 millones más que un año atrás.
En cuanto al resto de los tributos, el Inmobiliario sumó $ 89,3 millones (+ 32,2%), Sellos agregó $ 155 millones (+ 36,7%) y el Automotor concluyó con $ 30 millones (+ 15,7%).
En cuanto a los giros automáticos del Gobierno nacional, la Provincia anotó $ 2.105 millones por Coparticipación Federal y Ley de Financiamiento Educativo ( +27,2%) y percibió $ 406,7 millones por la distribución de parte de diversos ingresos nacionales.
Ante un importante marco de público, el Gobierno provincial presentó en el Salón Auditorio del Centro Cívico del Bicentenario la plataforma Ciudadano Digital (http://ciudadanodigital.cba.gov.ar/), que brinda la posibilidad de acceder a todos los trámites y servicios digitales de la Administración provincial, en un único lugar y con una misma cuenta de usuario y contraseña. El sistema es simple y seguro.
Antes de la exposición, el público –a medida que fue ingresando a al auditorio– registró los datos requeridos para convertirse en ciudadano digital. La plataforma puesta en marcha es también un gran centro de documentación de las personas físicas o jurídicas, y un centro de comunicaciones estandarizadas entre la administración provincial y cada usuario.
La presentación fue presidida por el gobernador José Manuel de la Sota en conjunto con el ministro de Gestión Pública Manuel Calvo, titular de la cartera que se encargó del desarrollo integral del producto.
“Hoy disfrutamos de un derecho ciudadano más. Un derecho al acceso a la información y a hacer los trámites en menor cantidad de tiempo”, expresó De la Sota.
“El Estado es la herramienta cultural más importante creada por Occidente, pero debe estar al servicio de quienes son sus dueños, los ciudadanos. Los que lo mantienen pagando sus impuestos, que le reclaman reglas de juego claras en materia de servicios y producción de bienes y servicios”, agregó.
El gobernador dijo que la Administración Provincial ha hecho un gran esfuerzo para ir cambiando el Estado, para hacerlo más útil a la gente, pero que aún falta. “En la medida en que Argentina tenga un E-Goverment que permita suministrar todos los procesos de información a un simple ciudadano habrá mejores controles”, manifestó.
Para facilitar la gestión al ciudadano, las distintas reparticiones del Gobierno están obligadas a utilizar la documentación almacenada en la plataforma, posibilitándose una gestión transversal, procesos más eficientes y accesibles.
Ciudadano Digital tiene también un administrador de relaciones. Admite nombrar a un representante que opere a nombre del usuario uno o varios servicios específicos, y habilita a los representantes legales de personas jurídicas a nombrar personas físicas para que utilicen a nombre de éstas uno o más servicios.
En el Centro Cívico de Córdoba, el gobernador José Manuel de la Sota firmó un acuerdo con las entidades agropecuarias sobre la política fiscal 2015. Los titulares a nivel local de Coninagro, Federación Agraria, Cartez y Sociedad Rural, que integran la Mesa de Enlace Agropecuria Provincial, participaron del encuentro. En la reunión, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Julián López.
Los principales puntos del acuerdo fueron la actualización del 32 por ciento en el Impuesto Inmobiliario Rural para el año 2015 y la decisión de no aumentar la base imponible del impuesto.
Además, se estableció que el pago del impuesto y la totalidad de los denominados fondos específicos será en 1o cuotas mensuales de marzo a diciembre para aquellos contribuyentes que adhieran al cedulón digital.
En tanto, los fondos específicos se actualizarán de la siguiente manera:
-El Fondo de Consorcios Canaleros se incrementará en un 45 por ciento, a los efectos de obtener una participación en el total aportado por el sector del 2,8 al 3,1 por ciento.
-El Fondo de Mantenimiento de Red Firme Natural se actualizará en el orden del 45 por ciento, con el objetivo de lograr 30 millones de pesos que se destinarán al Fondo de Conservación de Suelos.
-El Fondo Rural de Infraestructura y Gasoductos se actualizará en un 26 por ciento, a los fines de compensar las mayores asignaciones a los fondos antes mencionados.
Un dato para destacar es el compromiso del Ejecutivo de que a los productores incluidos en la Emergencia Agropecuaria por Anegamiento declarada a través del decreto 456/14, no se les actualizará el impuesto durante 2015.
El Gobierno de Córdoba recaudó por ingresos propios unos 9.600 millones de pesos entre enero y julio, lo que significa un crecimiento del 34,6% en comparación con los 7.100 millones del mismo lapso del año pasado.
Sin embargo, por efecto de la inflación, en realidad la Provincia sufrió una caída del 1,6% en términos reales, de acuerdo con un cálculo difundido por el IERAL de Fundación Mediterránea.
El informe elaborado por los economistas Marcelo Capello, Gustavo Diarte y Néstor Grión, manifiesta que “considerando los primeros siete meses del año, en conjunto la recaudación de las provincias (que presentan datos) aumentó 35,9% nominal interanual”, con un “desempeño moderado” en las jurisdicciones más pobladas.
A este grupo lo encabeza Mendoza, con 41,6%, seguida por CABA con 36,2%, Córdoba con 34,6%, Buenos Aires con 33,1% y Santa Fe con 31,7%.
Pero en valores constantes, “siete provincias presentaron una caída en los primeros meses del año, siendo San Juan la que tuvo el mayor impacto (-10,7%), seguida por la provincia de Santa Fe (-3,8%), Buenos Aires (-2,6%), Córdoba (-1,6%), Salta (-0,5%), Tucumán (-0,2%) y CABA (-0,1%)”.
En gran parte, esto es producto de que Ingresos Brutos, que es un termómetro directo de la evolución de la actividad económica y representa más del 70% de los ingresos en la mayoría de las provincias incluyendo a Córdoba, se incrementó en línea o por debajo de la inflación.
“En valores constantes, la jurisdicción con mayor caída en este tributo fue San Juan (-11,8%), seguida por Tierra del Fuego (-5,4%) y las Jurisdicciones de CABA, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba”, destaca el documento.
En el caso específico de Córdoba, Ingresos Brutos pasó de 5.500 millones de pesos a casi 7.500 millones de un año a otro, que significa un aumento del 35,7% pero sin embargo implica una merma del 1% a valores reales.
Las cuatro claves que perjudican las finanzas provinciales
1) El mix de inflación alta con recesión ha comenzado a desacelerar la recaudación estatal, tanto a nivel nacional como en provincias, y muestra variaciones negativas en términos reales.
2) Puesto que a fines de 2013 se produjeron conflictos con las fuerzas policiales en muchas provincias que dieron lugar a elevados incrementos salariales para esa fracción de los empleados provinciales, que en algunos casos se tradujo también en mayores presiones y aumentos importantes para el resto de los agentes públicos provinciales.
3) El conflicto por la deuda pone en dudas el acceso al financiamiento voluntario para el sector público en lo que resta del año.
4) El posible efecto sobre las finanzas provinciales que podría devenir de una mayor suba del tipo de cambio en la última parte del año, lo que encarecería los pagos de la deudapor la porción expresada en moneda extranjera
Otros datos destacados del informe
– La necesidad de financiamiento del consolidado de las provincias podría alcanzar este año una cifra de 45,7 mil millones de pesos en el escenario más favorable, brecha que puede ampliarse a 53,4 mil millones en caso que el gasto no se modere y la recaudación acentúe su caída en términos reales
– Se estima que en 2014 las erogaciones en personal del consolidado de provincias subirán un 36,2% interanual, que compara con 31,5% en 2013. A su vez, el monto de transferencias desde Nación se incrementaría un 35,2% interanual
– La presión tributaria del consolidado de provincias ha alcanzado un nivel récord, superior a 6 puntos del PIB, con un incremento de 2 puntos respecto del promedio de la década del 2000. Este año, en las cinco provincias más grandes, la brecha entre la variación de gastos e ingresos es mucho más acotada que en el caso de Nación.