El intendente Ramón Mestre descartó pedir licencia por la imputación por supuesta defraudación a la administración pública por el manejo de subsidios al transporte de pasajeros de la ciudad de Córdoba. “No, no voy a pedir licencia”, dijo Mestre en una rueda de prensa frente al CPC de Arguello, donde se reunió con su gabinete.
Al mismo tiempo, ratificó en su cargo al Secretario de Transporte, César Ferreyra, al ser consultado sobre dichos que había realizado el propio Mestre: “funcionario imputado, debe dejar el cargo”. En ese sentido, fue más allá al afirmar que esa consigna “no rige en mi caso. El imputado soy yo y el intendente es el que decide”.
Mestre dijo que se enteró en Buenos Aires de la imputación, mientras realizaba gestiones para la adquisición de trolebuses rusos. «Estamos tranquilos porque lo hemos hecho en un marco de total transparencia», destacó Mestre. Y le pidió a los periodistas que no lo “condenen antes de tiempo”.
Por otro lado, Mestre descartó que la denuncia y la causa judicial tenga un componente político, tal como sugirió la UCR, a través de un comunicado.
El intendente de Córdoba Ramón Mestre, imputado por fraude a la administración, es investigado por supuesto desvío de fondos. También están en esa situación funcionarios de Transporte municipal y Romero, el dueño de Ersa.
Al aire en el programa Todo Pasa, que se emite por la 90.7FM Punto a Punto Radio, Luis Juez evitó polemizar y salir al cruce, lo que evidencia que sea muy posible un acercamiento en el marco de FAUNEN de cara a las elecciones de 2015.
En concreto, el ex intendente y senador Nacional manifestó que sobre ese tema están opinando los concejales del Frente Cívico. “Yo no voy a abrir juicio porque no me parece que sea oportuno. Seguramente la justicia habrá encontrado elementos para poder lograr a semejante determinación. Si opino después aparece un coro de mendicantes que dice que soy un destructor de puentes, que rompo las relaciones”. Y agregó: “para evitar cualquier mala interpretación, que opinen los que están opinando del tema que lo están haciendo muy bien”.
-¿No ha instruido de manera particular a los concejales del Frente Cívico?
– Yo no tengo que darle instrucciones de ninguna naturaleza. En su momento ellos hicieron la denuncia, la prueba la documentaron y acreditaron en el juzgado y deben ser ellos los que tienen que dar explicaciones de como ven el avance o no de la causa
– ¿Qué le dicen los vecinos sobre la dirigencia política que hoy tenemos en la Argentina?
– La gente tiene que aprender a votar bien, hay que saber elegir, hay que tener capacidad de poder discernir, con lo cual no es un tema menor cuando nosotros hablábamos de principio, de decencia, de ética, cuando muchos colegas suyos ridiculizan diciendo que ese discurso es un discurso insuficiente nosotros decimos que el problema de la Argentina es un problema de decencia. Después uno puede ser más o menos capaz pero si no sos decente, si no sos transparente, si no sos un tipo ético, la capacidad no te sirve para nada. Este es el problema de la Argentina, su clase dirigente, política, empresaria, sindical, tipos que tienen pocos valores, pocos principios, poco apego a la decencia, entonces tenemos todos los días que estar tramitando la conducta o la inconducta de algún funcionario.
– Ayer confirmó o eso se entendió en las redes sociales que va por la gobernación en el 2015.
– Voy a intentar ser candidato a gobernador el año que viene pero sería bueno que la gente también piense porque no es capaz de darnos una oportunidad a nosotros y se la vive dando siempre a los mismo, y después se vive quejando porque esos mismos terminan dando explicaciones en la justicia, vamos a intentarnos, intentaremos tener una chance.
– Hoy es un día clave para el senado, ley de abastecimiento ¿Qué opina al respecto?
-Es una gran mentira, la Argentina necesita tranquilidad, previsibilidad, seguridad, transparencia. Nosotros vamos a votar en contra porque nos parece una locura.
El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano imputó al intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, por defraudación a la administración pública.
Es en el marco de la causa en la que se investiga el desvío de los subsidios a trolebuses articulados de Tamse a favor de las empresas Ersa y Autobuses Santa Fe, que asumieron el servicio de transporte que brindaba la ex empresa municipal a fines del año pasado.
Además, también fueron imputados el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y el actual titular del área, César Ferreyra.
Vidal Lascano afirmó que los elementos recabados le permitieron realizar las imputaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales destinados al transporte público de pasajeros.
«Desde marzo teníamos una denuncia y comenzamos la investigación que llevó a este resultado provisorio», aseveró el funcionario judicial, que precisó que la causa es «por supuestas irregularidades en la asignación de subsidios al gasoil para el transporte».
Según el fiscal, a partir de declaraciones juradas de los funcionarios municipales, «la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) asignaba subsidios a Ersa Autobuses, para ochos unidades, que se correspondían con unidades de la firma Transporte Autormotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse residual)».
Vidal Lascano subrayó que, cuando los funcionarios municipales tomaron conocimiento de la denuncia penal formalizada por el concejal Daniel Juez (Frente Cívico y Social), «presentaron un escrito», no obstante lo cual «otros elementos investigatorios llevaron provisoriamente a tomar esta decisión».
Aunque sin aludir a fechas posibles, el fiscal precisó que el próximo paso procesal consistirá «en la citación a prestar declaración indagatoria», para que los investigados ejerzan «su derecho de defensa».
«Aquí no hay un error administrativo, sino una intencionalidad, que Ersa recibiera los subsidios que correspondían a Tamse», expresó Juez al enterarse de lo resuelto por Vidal Lascano.
El origen de la causa es la presentación que, en marzo pasado, había formalizado el concejal Juez, que denunció una supuesta estafa «en el cobro de subsidios nacionales (por gasoil) para unidades del sistema de transporte urbano de pasajeros» de la capital cordobesa. Según la denuncia, dos empresas privadas «percibían el cobro de sumas en subsidios para coches del transporte urbano de la ciudad, que correspondían a vehículos de la firma Tamse residual».
Según la denuncia de Juez y en función de «documentación de la CNRT, la Unión Transitoria de Empresas que conforman Ersa Urbano y Autobuses Santa Fe cobraba en forma indebida dichos subsidios», lo que habría generado «un perjuicio al Estado municipal cercano a los 240.000 pesos por mes».
«De acuerdo con las reglamentaciones de la CNRT, el intendente Mestre era el responsable y, como máxima autoridad, debía asegurar en una declaración jurada, con su firma, la información que se enviaba para el cobro de subsidios», destacaba la denuncia.
El servicio de transporte urbano es prestado en la capital cordobesa por tres empresas: Coniferal, la UTE integrada por dos firmas (Ersa y Autobuses Santa Fe) y la Tamse residual, que sólo tiene a su cargo las tras líneas de trolebuses.