El Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios (CPCPI), el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia firmarán la próxima semana un acuerdo que servirá como puntapié para iniciar un plan de regularización de viviendas sociales sin escriturar.
Según anticipó el presidente del CPCPI, Juan Carlos López, durante la presentación del Índice Valor Tierra, el convenio estipula, como primera medida, que los corredores ofrecerán sus servicios de manera gratuita para escriturar las unidades que no tengan sus papeles en orden.
A la par, la Provincia lanzará una suerte de “moratoria” de hasta 48 cuotas sin interés para que los propietarios de esas viviendas que eventualmente hayan incurrido en el impago de las cuotas que debían abonar por las mismas, puedan cancelar esa deuda.
López subrayó que, como requisitos para acceder, los eventuales beneficiarios de este plan de pagos deberán ocupar una casa cuyo valor oficial no supere los $ 400.000 y el jefe de hogar no deberá superar los $ 15.000 de ingresos mensuales como máximo.
“La idea es que la persona que necesite acceder a este beneficio vaya y consulte a cualquier profesional matriculado y que éste lo atienda gratuitamente. Luego, una asistente social visitará la familia para conocer si corresponde que accedan al plan o no”, explicó López.
Un dato interesante a tener en cuenta es que, según datos surgidos de la encuesta que se realizó para elaborar el Índice Valor Tierra, al menos en la zona sur de la ciudad el 8% de las personas habita casas de las que no son ni inquilinos (19%) ni propietarios (73%), lo que habla a las claras de que la problemática de la falta de escrituración de propiedades es bastante grande.
La Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia publicó en el Boletín Oficial una nueva resolución en la que ratifica que MercadoLibre será agente de retención de Ingresos Brutos aunque modifica algunas pautas con respecto a lo que originalmente había resuelto en su resolución N° 2 publicada en enero y que generó el fuerte conflicto que involucró a ambas partes la última semana.
En concreto, el área que dirige Luis Domínguez aclaró exactamente cómo y a quiénes deberá aplicarles estas retenciones por las que MercadoLibre amenazó con restringir sus operaciones desde Córdoba, para luego el jueves llegar a un entendimiento con la Provincia para que se publicara esta nueva resolución cuya fecha es del último viernes 24.
Según esta normativa, MercadoLibre deberá actuar como agente de retención “respecto de: a) la totalidad de los pagos que realice por las adquisiciones de bienes, locaciones (bienes, obras y/o servicios), prestaciones de servicios y, b) las recaudaciones, rendiciones periódicas y/o liquidaciones que efectúe a sus usuarios/clientes en el marco del sistema de pago (N. de R: MercadoPago) que administra”.
En cuanto a las ventas vía MercadoPago, la resolución oficial establece que la retención se deberá aplicar a los compradores o usuarios de la tarjeta de crédito con domicilio en la provincia de Córdoba y que adquieran productos por más de $ 1.000.
En tanto, otro aspecto importante es que la normativa impone que tal retención deberá ser del 3% cuando el vendedor sea de Córdoba o no se encuentre inscripto en el régimen de Ingresos Brutos; mientras que deberá ser del 2,5% para aquellos contribuyentes de convenio multilateral que no estén radicados en Córdoba pero tengan alta para operar.