«Creo que se puede hablar de un linchamiento judicial contra Dilma Rousseff», señaló Claudio Fantini sobre el momento político que atraviesa Brasil, tras la determinación del Senado de separar por 180 días a la presidenta y la posterior asunción como presidente de Michel Temer, ex aliado de Rousseff.
Fantini complementó su categórica frase con otro concepto, ligado a la «normalidad» con la que la sociedad brasileña parece haber aceptado los cambios políticos en Brasil: «esa normalidad la señalo en estos términos: el caso de Dilma es como el de Al Capone al revés. Al Capone era un mafioso que había cometido crímenes horrendos y terminó preso por una pavada. Dilma es una de las personas más honestas entre las personas que manejan Brasil y una de las pocas que no está manchada por el escándalo de las petroleras. Sin embargo acaba de ser sometida a juicio político, es una cosa de locos».
El especialista señaló que «estaba claro que el liderazgo de Dilma estaba agotado, ella que tiene responsabilidad sobre la crisis económica y ya no estaba en condiciones de revertirla porque no le estaban respondiendo los resortes de la política de Brasil. Pero por otro lado, está muy claro que Michel Temer es un personaje opaco que está actuando de una manera muy oscura».
En ese sentido, aseguró que «la gran anormalidad es que el vicepresidente asumió como si a la presidenta ya la hubieran destituido. No es el caso de Itamar Franco que asumió el cargo de Fernando Collor de Mello que había renunciado. Dilma todavía no renunció y aparentemente ella va a afrontar el juicio político ¿Y si la declaran inocente?»
Fantini complementó su postura, asegurando que «el problema es que el final está cantado: Dilma ya está condenada antes de haber sido juzgada y ése es un problema grave».
De cara al futuro, la situación política actual «es algo que Brasil puede llegar a pagar con mucha inestabilidad porque anormalidades semejantes no pueden tener vueltas sin consecuencias. Habrá que ver cuál es la suerte de Temer. Tal vez él tiene los acuerdos políticos que desde hacía muchos meses se le negaban a Dilma y Lula Da Silva».
(Reuters) La presidente de Brasil Dilma Rousseff fue suspendida de su cargo tras la votación del Senado que aprobó por amplia mayoría la apertura del juicio político, por lo que el vicepresidente Michel Temer la reemplazará interinamente por un plazo de hasta 180 días. Con 55 votos y 22 en contra, el Senado dio luz verde al proceso.
El inicio del impeachment ya había sido aprobado en abril por más de los dos tercios necesarios de la Cámara de Diputados (367 de 513 legisladores). Así, Dilma será investigada por el supuesto «crimen de responsabilidad» de realizar maniobras fiscales para ocultar el déficit de su gestión.
«Con mucha claridad, el impeachment no es la solución de los problemas de Brasil. Que nadie tenga ilusión, es el comienzo del comienzo», dijo José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), durante su discurso en la Cámara Alta.
Mientras que el ex presidente Fernando Collor de Mello, que renunció en 1992 antes de someterse al juicio político, dijo: «Alerté sobre la posibilidad de sufrir un impeachment, pero no me escucharon».
El oficialismo había intentado suspender el proceso con la presentación de un recurso ante el Supremo Tribunal Federal, pero la máxima corte decidió rechazarlo.
Dilma ha sido el blanco de masivas protestas en las calles de Brasil durante los últimos meses, en medio de la mayor recesión económica de las últimas décadas y del escándalo de corrupción más grande de la historia del país, por un esquema de sobornos de la estatal Petrobras. Aunque Rousseff no ha sido acusada formalmente por los desvíos de fondos, presidió el directorio de la compañía petrolera por varios años en los que se desarrollaron los delitos.
Dilma Rouseff se pronunció luego de que la Cámara de Diputados aprobara el juicio Político en su contra. «Tengo la conciencia tranquila», repitió una y otra vez la mandataria en su primer discurso tras la decisión. El futuro del proceso en su contra ahora deberá ser aprobado por el Senado. Si el impeachment sigue su curso, será desplazada del cargo por los 180 días que dure el juicio.
«No me dejaré abatir, no me voy a paralizar por esto, voy a continuar luchando y voy a luchar como lo hice toda la vida», dijo Rousseff en una rueda de prensa en el palacio gubernamental de Planalto. «Están torturando mis sueños, mis derechos, pero no van a matar mi esperanza, porque sé que la democracia está del lado correcto de la historia», añadió.
Visiblemente enojada, la mandataria afirmó que siempre luchó: «En el pasado enfrenté la dictadura por convicción y ahora enfrento este golpe de Estado por convicción». «Ningún gobierno será legítimo así, el pueblo no podrá sentirse representado», advirtió la presiente.
«La imagen que se transmitió al mundo es la del abuso de poder, falta de compromiso con las instituciones y con las prácticas éticas y morales», afirmó Rousseff.
Para la mandataria, están cometiendo una injusticia con ella. «Están condenando a una inocente», repitió una y otra vez. Es que según la izquierdista, los actos que se le imputan son los mismos que practicaron todos los otros presidente brasileños pero nunca fueron catalogados de crímenes o ilegalidad.
Michel Temer, su vicepresidente también recibió su repudio. «A las sociedades no le gustan los traidores. Y lo que hace este vicepresidente como este es horrible», sentenció. «No comenzó el fin, recién comienza la lucha», dijo Rousseff y afirmó que defenderá el 54% de votos que obtuvo en las elecciones.
Después de tres días de largos e intensos debates, la cámara de Diputados de Brasil aprobó este domingo el proceso de juicio político contra la presidente Dilma Rousseff. Ahora el proceso de impeachment pasará a la cámara de Senadores.
Al momento que la oposición alcanzó los 342 votos necesarios, la votación llevaba 135 votos en contra. Si el Senado ratifica esa decisión a principios de mayo, Rousseff será sometida a un juicio político que implica su separación transitoria del cargo.
En ese caso, la sustituiría su vicepresidente Michel Temer, quien podría gobernar hasta fines de 2018, cuando finaliza el mandato, si los propios senadores declaran a la jefe de Estado culpable en un plazo de 180 días.
La presidente es acusada de ocultar la situación real financiera del país, lo que en palabras del abogado brasileño Miguel Reale Jr. -quien junto a los letrados Hélio Bicudo y Janaina Paschoa iniciaron el proceso de impeachment-, constituye un «crimen de responsabilidad».
La lucha política que paraliza a la principal economía latinoamericana tendrá otro epicentro en las calles de las principales ciudades del país, donde ambos bandos preparan concentraciones masivas, con pantallas gigantes, para asistir en directo a una ceremonia de rituales meticulosos.
Este sábado, durante la segunda jornada de debates, y a pocas horas de la votación final en Diputados, Rousseff acusó a los impulsores de su proceso de destitución en el Congreso de querer llegar al poder para sustraerse a las acusaciones de corrupción que pesan sobre ellos mismos.
«Quieren condenar a una inocente y salvan a corruptos», afirmó.
«¿Será que quienes lideran el golpe permitirán que el combate a la corrupción continúe? ¿Cuál es su legitimidad?», se preguntó Rousseff, que en los últimos días acusó a su vicepresidente, Michel Temer, y al jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de ser «el jefe y el subjefe» de una conspiración en su contra.
«Vivimos días decisivos para la joven democracia brasileña. (…) Vivimos sobre una amenaza de golpe de Estado. Un golpe sin armas, pero que usa artificios más destructivos como el fraude y la mentira, en una tentativa de destruir un gobierno legítimamente electo», subrayó la jefa de Estado.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó abrir el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La demanda había sido presentada a principios de octubre por los abogados constitucionalistas Helio Bicudo y Miguel Realle Junior.
En las próximas 48 horas debe conformarse una Comisión Especial que deberá elegir su titular y el diputado relator del impeachment. A partir de ese momento, en cinco sesiones, que pueden ser realizadas en menos de una semana dependiendo del timing político, deberá dar sus conclusiones, para definir si continúa el pedido autorizado.
Esto provoca una gran incertidumbre política, agudizando una crisis que se prolonga desde inicios del año. El diputado Cunha, sospechado de corrupción en el caso de Petrobras, había amenazada dos horas antes con desatar este proceso si el Partido de los Trabajadores votaba a favor de investigarlo en la Comisión de Etica de la Cámara Baja. Y en efecto, concretó la amenaza despues que el PT confirmara el voto contrario al legislador.
Entre los argumentos contra Rousseff para llevarla a juicio se incluyen su presunta vinculación con casos de violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, por supuesta manipulación de la contabilidad de los gastos del Estado en 2014 y 2015. La fundamentación del juicio contra Rousseff fue respaldada por el jurista Helio Bicudo, uno de los fundadores del oficialista Partido de los Trabajadores, del cual se desafilió en 2005.
Cunha se transformó en uno de los principales opositores al gobierno pese a formar parte del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de la base aliada oficialista. Había sido acusado de lavado de dinero, participación en la corrupción de Petrobras y de poseer cuentas millonarias en Suiza.
Después de varias semanas de malas noticias en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff pudo respirar más aliviada cuando el titular del Senado del vecino país desestimó realizar un pedido de juicio político contra de la mandataria. Más aún, esta semana se conoció que la Jefa de Estado junto a destacados senadores, planean lanzar una agenda de propuestas pro mercado.
Así lo confirmó el senador Romero Juca. Las 28 medidas que estarán listas esta semana de acuerdo a Reuters, están dispuestas para tres áreas: negocios e infraestructura, disciplina fiscal y protección social. Incluyen aumentar la edad de jubilación y otorgar permisos ambientales vía rápida para proyectos de infraestructura.
La llamada «Agenda Brasil», impulsada por el presidente del Senado, Renan Calheiros, fue discutida durante una cena el lunes entre Rousseff y senadores de su coalición. También participó el ministro de Hacienda, Joaquim Levy.
Rousseff dijo en el Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo, que está «muy de acuerdo» con la actitud de Calheiros.
Esta conversación sugiere un acercamiento entre Rousseff y Calheiros, lo que podría ayudar a la presidenta a evitar un intento de juicio político en su contra y a la vez reforzar políticamente al senador, que es investigado por supuesta participación en un masivo escándalo de corrupción en la empresa estatal Petroleo Brasileiro SA.
Calheiros pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), un socio clave del PT en la coalición en el poder, y dijo el lunes a los medios que un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff no era una prioridad. Advirtió que los intentos de impugnación en el Congreso podrían «poner al país bajo fuego».
Los senadores opositores le pidieron hace instantes al vicepresidente Amado Boudou que se tome licencia mientras la Justicia avanza en la investigación que lo tiene como proceso por el caso Ciccone.
Algunos de los senadores que tomaron la palabra y se manifestaron en esa dirección fueron Adolfo Rodriguez Saa (Peronismo disidente), Gabriela Michetti (PRO) y Gerardo Morales (UCR). Todos reconocieron la presencia de Jorge Capitanich “como el primer jefe de Gabinete en asistir al Senado” para rendir cuenta de la gestión de gobierno.
La Cámara Alta comenzó poco después de las 14 la sesión especial en la que el jefe de Gabinete Jorge Capitanich brindaría su tercer informe de gestión de gobierno, Pero la ausencia de todos los bloques opositores en el Senado por la presencia de Boudou complica el funcionamiento de la segunda sesión del año.