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(Télam).- El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Plée, sostuvo ante el máximo tribunal penal del país que debe reabrirse una causa penal contra el ex vicepresidente Amado Boudou y revocarse su sobreseimiento a raíz de haber consignado un domicilio falso en su DNI.

En un dictamen entregado a la sala IV del Tribunal, encargada de revisar el archivo del caso y el sobreseimiento dictado a Boudou por la Cámara Federal porteña, Plée sostuvo que insertar en el documento un falso domicilio, la calle Zado al 3200, en Villa Urquiza, sirvió a Boudou para inscribir en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires un automóvil y motocicletas.

Además, remarcó que, de ese DNI, llegó a tramitarse hasta un triplicado, en el 2007, sin corregir el falso domicilio, donde Boudou nunca vivió.

Plée criticó «un doble estándar» por parte del tribunal inferior, la Sala I de la Cámara Federal, que revocó el procesamiento que tenia Boudou en el caso y lo sobreseyó en julio pasado.

«Si un particular declara un falso domicilio ante la autoridad que expide su documento de identidad su conducta puede constituir delito mientras que si lo hace un funcionario público resulta atípico, lo que es inadmisible en tanto la fe pública, precisamente, debería ser respetada y resguardada con mayor responsabilidad por parte de los funcionarios públicos», advirtió el fiscal.

El caso está a estudio de los camaristas de la Sala IV de Casación, Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos.
Boudou ya fue enviado a juicio oral procesado en la causa que investiga delitos en la venta de la ex Ciccone Calcográfica y fue procesado por la compra de 19 automóviles de lujo para el Ministerio de Economía de la Nación, cuando estuvo al frente de esa cartera.

Cristina de Kirchner estaba citada a indagatoria para el próximo jueves pero planteó una prórroga por el reciente nacimiento de su nieto y porque el día anterior, el 19 de octubre, debe prestar testimonio en la ciudad de Río Gallegos en la causa en que se investiga la muerte del hijo del expresidente Carlos Menem.

Por otra parte, el juez rechazó la recusación in limine, esto es sin darle tratamiento, que la expresidente hizo contra el fallo que dispuso su indagatoria y la acusación fiscal. La exmandataria había solicitado la nulidad de la citación así como de la acusación hecha por los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita que motivó su indagatoria al igual que la del empresario Lázaro Báez y otros exfuncionarios.

A través de su abogado Carlos Beraldi, la expresidente resaltó que la causa está «direccionada» sólo en lo que hace a la provincia de Santa Cruz (los fiscales acusaron que el 80 por ciento de las obras allí las cedieron al empresario Báez) y que sólo se investigó respecto a un único proveedor.

La líder del Frente para la Victoria reclamó una investigación de «manera completa, integral y centralizada de toda la obra pública» entre 2003 y 2015, y una «readecuación del objeto procesal, para que sea investigada no sólo una empresa, no sólo una provincia, sino el gasto que en obra pública fuera realizado en su totalidad entre los años 2003 a 2015, por un monto que ascendió a casi 110.000 millones de dólares».

En ese sentido, cuestionó que sólo se investigó «un porcentaje de la obra pública» y criticó que se haya hecho una «análisis en un único territorio o bien personalizado en un único contratista del Estado».

En el escrito, Cristina de Kirchner sostuvo que «son tan graves y manifiestos los vicios en que incurren los fiscales que lamentablemente traen al recuerdo momentos oscuros vividos por la Justicia durante los períodos en que imperaron las dictaduras militares que arrasaron con derechos y garantías constitucionales».

También afirmó que Ercolini «cedió a la presión y dispuso el llamado a prestar declaración indagatoria e inhibición de bienes reclamado, incluso sin siquiera precisar la conducta que se imputa, convirtiendo un acto de defensa, como es la declaración indagatoria, en una audiencia donde quien va a prestar declaración desconoce de qué se la acusa y por lo tanto se la coloca en un lugar de absoluta indefensión».

Cristina de Kirchner está acusada de fraude con la obra pública al haber beneficiado con licitaciones en Santa Cruz por 16.000 millones de pesos a Lázaro Báez. Ercolini rechazó la nulidad aunque el fallo puede ser apelado ante la Cámara Federal por los abogados de Cristina lo que podría volver a posponer la fecha de indagatoria hasta tanto se resuelva la suerte de su recurso.

La ex ministra de Economía de la Nación Felisa Miceli fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el caso por la bolsa con dinero hallada en junio de 2007 en su despacho y no irá a prisión porque no es una pena de cumplimiento efectivo.
El Tribunal Oral Federal 1 fijó la nueva pena de prisión para Miceli luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anuló los cuatro años cárcel de cumplimiento efectivo que le habían fijado y dispuso que se establezca una nueva pena.
El fiscal Juan García Elorrio pidió para Miceli 3 años y seis meses de prisión y los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer la condenaron a tres años de prisión en suspenso y a seis años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Además, el TOF 1 ordenó el decomiso de los 100 mil pesos encontrados en el baño de la ex ministra de Economía de la Nación Felisa Miceli.
Así lo dispuso el Tribunal una vez que quede firme la condena a tres años de cárcel en suspenso contra Miceli, para quien los jueces también dispusieron el «estricto cumplimiento» de que la ex funcionaria fije domicilio y que se someta al Patronato de Liberados durante el tiempo que dure la condena.
Horas antes, la ex funcionaria se quebró ante el Tribunal Oral Federal 1 al hacer uso de la palabra: «Sería tremenda injusticia que yo vaya presa, estoy arrepentida de haber llevado el dinero, fue un error. Nunca jamás voy a ocupar un cargo público, ya aprendí la lección. No es por miedo, es porque me da rabia, me da pena, que sea tan injusticia».
Conmovida, la ex ministra recordó que «en diciembre de 2007» fue procesada «por encubrimiento», pero no estaba claro de si era por lavado de dinero o por otro tema. «Luego definieron que era por administración fraudulenta y yo dije que fue un préstamo personal; de qué delito hablan, si la financiera sigue funcionando y a sus directivos les dictaron falta de mérito», reclamó.
«Cómo puede ser que quienes cometieron el delito (la financiera Cuenca) esté con falta de mérito, y yo voy presa por encubrimiento. ¿Yo voy presa y ellos siguen administrando esa financiera?», se quejó.
La ex ministra de Economía había sido condenada a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Luego, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su culpabilidad en el hecho, pero entendió que el monto de las penas no estaba justificado.
En 2007, durante una inspección de rutina de los bomberos, se encontró en el baño del despacho del Ministerio de Economía una bolsa con 100 mil pesos y u$s 31 mil. La ex ministra explicó que el dinero fue producto de un préstamo y que lo iba a utilizar para una operación inmobiliaria, algo que en el juicio no pudo probar y que los fiscales Guillermo Marijuan y Fernando Arrigo no creyeron, según informa Infobae.
Miceli es un nombre más en la larga lista de funcionarios del kirchnerismo con problemas en la Justicia. Encabezada por el vicepresidente Amado Boudou, la nómina tiene también al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y al ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, como sus dirigentes más complicados.

(Dyn) La Corte Suprema de Justicia de la Nación instó hoy a que se acelere el proceso para llegar al inicio del juicio oral contra los acusados de encubrir la investigación del atentado a la AMIA, entre ellos el ex presidente Carlos Menem y el ex juez de la causa, Juan José Galeano.
Lo hizo mediante el secretario general de la Corte, Alfredo Kraut, a través de una nota que envió a la Cámara Federal de Casación Penal y al Tribunal Oral Federal 2, que tiene a su cargo el juicio.
Fuentes judiciales explicaron que la Corte envió una nota de buenos oficios porque no tiene facultades para pedir o fijar la fecha del inicio de un juicio.
El juicio por el encubrimiento al atentado a la AMIA está a cargo del TOF 2, que actualmente está realizando el proceso oral por la tragedia de Once.
Recién la semana pasada se conformó el tribunal con la designación del cuarto juez, que será Domingo Luis Altieri.
Los tres jueces titulares son Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli, composición que demoró más de un año en completarse por las excusaciones y recusaciones de los magistrados que salían sorteados.
El juicio todavía no tiene fecha de inicio porque el tribunal ordenó que se haga una instrucción suplementaria y tiene medidas pendientes.
El objetivo es que este año se fije la fecha de comienzo.
El juicio será por el desvío de la investigación de la llamada «pista siria» y por el pago de 400 mil dólares al ex reducidor de autos Carlos Telleldín para involucrar falsamente en el atentado a oficiales de la Policía Bonaerense.
Entre otros, serán juzgados Menem, Galeano, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y Telleldín.

La red social Linkedin pagará una indemnización de un dólar a cada usuario poseedor de una cuenta premium entre marzo de 2006 y junio de 2012 en respuesta a una demanda legal que obliga a la compañía compensar por el escandaloso robo de contraseñas sufrido en el año 2012, cuando más de seis millones de claves se filtraron en la red, según informa Fayerwayer.
Según estableció una corte de California, Estados Unidos, en total son USD $1,25 millones los que LinkedIn deberá pagar, de los cuales los abogados se quedan con un tercio y además se descuentan los costos del juicio, lo que finalmente resulta en un pago casi simbólico de un dólar a cada usuario que fue víctima de este robo de información.
Pese a esta resolución que se dio en el marco de un acuerdo extrajudicial entre las partes, la empresa niega culpabilidad en la pérdida de las contraseñas:
(LinkedIn) continúa negando que haya cometido, amenazado o intentado realizar algún acto equivocado o violación a la ley o al deber como se alega en la acción judicial.
Aún es un misterio cómo se efectuará el pago del dólar a cada usuario, sin embargo, no se espera que sean demasiadas las personas interesadas en recibir esta minúscula compensación por un caso que ocurrió hace casi tres años atrás.

(DyN) El capitán del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Messi, irá a juicio oral por presunta evasión fiscal contra la Hacienda pública española por más de cuatro millones de euros, según la resolución tomada hoy por el titular del juzgado de instrucción número 3 de Gavá, Manuel Alcover Povo.
La Justicia de Barcelona investiga a Messi y a su padre, Jorge Messi, por tres hechos relacionados con la explotación de los derechos de imagen del futbolista que habrían sido cometidos entre 2007 y 2009.
Según informó el diario «El País» de España, el juez considera una «opinión subjetiva» que Messi «estuviera al margen de la gestión económica, contractual y tributaria de los ingresos que generaba».
En julio pasado, la Justicia española rechazó un pedido de la Fiscalía de archivar la causa contra el crack de Barcelona y reducirla únicamente a su padre, Jorge Messi.
Según entendió en aquella oportunidad el magistrado que entiende en la causa, existen «indicios suficientes» de que Messi «podría haber conocido y consentido la creación y mantenimiento de una estructura societaria ficticia» para llevar a cabo el supuesto delito.
Pese a que el jugador rosarino efectuó un pago de cinco millones de euros para tratar de saldar su deuda con Hacienda, la Justicia española lo llevará al banquillo de los acusados.

Cuatro acusados eran juzgados por la sucesión de explosiones que dejó siete muertos, cientos de heridos, la planta industrial averiada y graves destrozos en distintos barrios de Río Tercero. Se trata del exdirector de la planta, Jorge Cornejo Torino; así como quien era director Producción de la fábrica, Carlos Franke, su par de Coordinación Empresaria, Edberto González de la Vega; así como el jefe del área del que dependían los polvorines, Marcelo Gatto.
Todos ellos son militares retirados y están imputados de «estrago doloso por muerte de personas». Norberto Emanuel, un civil que en 1995 era subinterventor de Fabricaciones Militares, estaba también procesado pero no llegó al juicio: murió en diciembre de 2012.
El interventor de la empresa al momento de la voladura, general Juan Andreoli, no alcanzó a ser imputado porque murió en un accidente en helicóptero.
El expresidente Carlos Menem y el exjefe del Ejército, Martín Balza, fueron procesados en su momento, pero resultaron sobreseídos en etapas anteriores de la causa.
El auto de elevación a juicio suscripto por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, sostuvo que las explosiones fueron provocadas «por medio de persona o personas cuya identidad a la fecha aún se desconoce, de manera intencional, programada y organizada» con el objetivo de «ocultar un faltante de proyectiles, municiones o explosivos».
Entre 1991 y 1995, en la Fábrica Militar de Río Tercero se realizaron maniobras para acopiar y retocar proyectiles y cañones que fueron exportados en forma ilegal a Croacia.

“No habrá ninguna modificación en la empresa. Todo seguirá como hasta ahora. La condena al fundador de la empresa era una posibilidad, que si bien no esperábamos, estaba dentro de las posibilidades”, dice Hernán Huergo, gerente General de Gama, sobre el futuro inmediato de la compañía tras la condena al titular de la firma, Jorge Petrone, a cinco años y seis meses de prisión por falsedad ideológica y usurpación.
-¿Cómo puede impactar en la imagen de la empresa la condena a Petrone?
-No lo sé, pero el ritmo de obra y de entregas no se detendrá y la situación se terminará de acomodar a partir de que la empresa continúe funcionando con normalidad. Seis de los fundadores de la empresa siguen aquí y la orden de Petrone fue clara: avanzar. Además, si bien Jorge es el dueño de la empresa, hace un año que no estaba en el día a día de la compañía, sí en la parte operativa. Y en ese aspecto, es clave el funcionamiento de las 23 gerencias que tiene Gama en la actualidad.
-¿Y financieramente se pueden ver afectados?
-Gama tiene por cobrar $ 3.000 millones de los clientes que están pagando departamentos a 15 años. Por lo que en el hipotético caso de que no vendiéramos ningún departamento más, algo imposible de que suceda, estaríamos calzados con lo que tenemos que cobrar. Y hay que tener en cuenta que el 98% de las ventas de Gama son financiadas.
En ese sentido, Huergo remarcó que la empresa dependerá más del flujo de ventas que predomina en el mercado inmobiliario actual, “donde prácticamente la venta al contado no existe. Y nosotros no le ponemos la cabeza al mercado, le ponemos nuestro precio. No salimos a reventar el mercado. Si no es a nuestro precio, no vendemos”, dijo.
La empresa acaba de entregar la torre 2 de Terraforte I (en Av. Sagrada Familia) y en abril entregará la Torre 1 de Terraforte II (sobre Av. Colón), sostuvo el ejecutivo.
Además, Huergo sostuvo ante Punto a Punto que el ritmo de obra de la compañía no se detendrá. “No están previstos despidos y los proyectos siguen, inclusive los últimos que pusimos en marcha en Ciudad Gama”, señaló. El ejecutivo hizo referencia a la fábrica de aberturas de aluminio y a la de muebles bajo mesada, placards y puertas que habilitó para proveer a los casi 5.000 departamentos que ya construye.
Sobre el juicio, Huergo señaló que el fallo generó mucha angustia entre los empleados de la firma “por el cariño que le tenemos a Jorge” y también “mucha bronca por la arbitrariedad del fallo. Los que los juzgaron ‘no estuvieron’ en el juicio. El relato de la acusación se cayó a pedazos. Y el alegato de la Fiscalía fue vergonzoso. Ya me reuní con él y la orden fue clara: avanzar a todo vapor”.

El empresario Jorge Petrone, presidente de la desarrollista Gama, fue condenado a seis años y medio de prisión, en el juicio que se le seguía por falsedad ideológica continuada reiterada en tres hechos y usurpación.
Cuando se retiraba de la sala, el empresario señaló que se sentía «un preso político de De la Sota». Consultado al respecto, Petrone agregó que sentía eso ya que es el «único empresario que no vive de la teta del Estado y una vez le dije al Gobernador que era un mentiroso. Le dije lo que nadie se anima a decirle».
Por su parte, el abogado del empresario calificó al fallo como una «locura» y objetó la participación del fiscal Gavier en el juicio.
Horas antes de conocerse la sentencia,  Petrone tuvo la oportunidad de pronunciar su “última palabra”, donde denunció extorsiones y mencionó que ha sido perseguido por “la industria del juicio”.
Algunos de los párrafos más destacados de la exposición de Petrone fueron los siguientes:
-“Hoy deseo contar algunas de las cosas que no se dijeron y que no sabe ni mi propio abogado. Hace 8 años que estoy condenado. No sabía de causas penales porque es mi primera vez, entonces delegué. No conocía ni a los fiscales”.
-“Cuando vi que este tema entró en una mega causa sufrí un montón de extorsiones. Tengo una gran debilidad, que es mi fortaleza. Todo lo tengo en Gama. Cualquiera me amenaza, me extorsiona. Y voy a dar nombres de manera propia y no en nombre de la empresa. Este juicio pudo haberse parado hace 7 años”.
-“En Gama tienen instrucciones de no dejarse extorsionar por la industria del juicio. A lo largo de la historia de la empresa he sufrido muchos intentos de extorsión a través de abogados de la industria del juicio. Y yo sabía la forma en la que tenía que actuar. Nunca cedimos a la extorsión, no aceptamos, luchamos, pero nunca arreglamos con abogados”.
-“Cuando esto pasa a la mega causa, en la empresa se preocupaban, pero yo lo veía como un tema del abogado, como una cosa simple. Ya para esa época el doctor Darío Vezzaro ya no era más mi abogado, se había convertido en Fiscal de Estado, pero en la realidad me seguía atendiendo y tratando. En los papeles me atendía el abogado Gramática. No podían entender que yo fuera tan indolente, pero es mi estilo. Estuve al borde de ir preso y yo casi ni me enteré. Y por una fianza de US$ 150.000 evité ser detenido”.
-“Aunque no me consta que lo haya dicho, me llegó información de que el doctor Buteler por US$ 350.00 arreglaba esta causa. Y yo, por mi política de no extorsión dije no. Porque soy inocente. Yo he sido estafado. El sentido común dice que debería haber iniciado una causa por estafa».
-“Cuando pasa el tiempo y voy al juicio yo me planto. Porque empiezo a entender, y no porque podía perder, entonces le digo a mi gerente general de aquel momento Adolfo Bertoa, hijo de un abogado: “vamos muy mal con este tema. Yo voy a hablar con mi madrina, nunca le pedí un favor pero se lo voy a pedir”. La madrina es Cafure de Batistelli. Bertoa le cuenta el pedido de una extorsión, que para esa época ya era de US$ 1 millón, incluso que había que repartir dinero con la doctora Tarditi. No le quiso dar ningún consejo, pero por insistencia, sintéticamente le dijo “cambiáde abogado. Buscalo a Brito, que no es ‘santo de mi devoción’, y ahí se plantó”.
-“Cuando lo buscamos a Brito, se horroriza con la defensa. Nos ponemos de acuerdo, y le digo “este problema no es mío, es suyo”. Y hacía mucho que no me ‘paraban el carro’ de esa manera. Me dijo “es un problema suyo”, y me lo dijo con tanta firmeza que entendí que era un problema mío”.
Además de Petrone, otros cinco acusados fueron condenados a penas que varían entre los 3 y los 8 años.

Antes de conocerse el fallo del Tribunal en el juicio que se le sigue en su contra, Jorge Petrone tuvo la oportunidad de pronunciar su “última palabra”, donde denunció extorsiones y mencionó que ha sido perseguido por “la industria del juicio”.
Algunos de los párrafos más destacados de la exposición de Petrone fueron los siguientes:
-“Hoy deseo contar algunas de las cosas que no se dijeron y que no sabe ni mi propio abogado. Hace 8 años que estoy condenado. No sabía de causas penales porque es mi primera vez, entonces delegué. No conocía ni a los fiscales”.
-“Cuando vi que este tema entró en una mega causa sufrí un montón de extorsiones. Tengo una gran debilidad, que es mi fortaleza. Todo lo tengo en Gama. Cualquiera me amenaza, me extorsiona. Y voy a dar nombres de manera propia y no en nombre de la empresa. Este juicio pudo haberse parado hace 7 años”.
-“En Gama tienen instrucciones de no dejarse extorsionar por la industria del juicio. A lo largo de la historia de la empresa he sufrido muchos intentos de extorsión a través de abogados de la industria del juicio. Y yo sabía la forma en la que tenía que actuar. Nunca cedimos a la extorsión, no aceptamos, luchamos, pero nunca arreglamos con abogados”.
-“Cuando esto pasa a la mega causa, en la empresa se preocupaban, pero yo lo veía como un tema del abogado, como una cosa simple. Ya para esa época el doctor Darío Vezzaro ya no era más mi abogado, se había convertido en Fiscal de Estado, pero en la realidad me seguía atendiendo y tratando. En los papeles me atendía el abogado Gramática. No podían entender que yo fuera tan indolente, pero es mi estilo. Estuve al borde de ir preso y yo casi ni me enteré. Y por una fianza de US$ 150.000 evité ser detenido”.
-“Aunque no me consta que lo haya dicho, me llegó información de que el doctor Buteler por US$ 350.00 arreglaba esta causa. Y yo, por mi política de no extorsión dije no. Porque soy inocente. Yo he sido estafado. El sentido común dice que debería haber iniciado una causa por estafa».
-“Cuando pasa el tiempo y voy al juicio yo me planto. Porque empiezo a entender, y no porque podía perder, entonces le digo a mi gerente general de aquel momento Adolfo Bertoa, hijo de un abogado: “vamos muy mal con este tema. Yo voy a hablar con mi madrina, nunca le pedí un favor pero se lo voy a pedir”. La madrina es Cafure de Batistelli. Bertoa le cuenta el pedido de una extorsión, que para esa época ya era de US$ 1 millón, incluso que había que repartir dinero con la doctora Tarditi. No le quiso dar ningún consejo, pero por insistencia, sintéticamente le dijo “cambiáde abogado. Buscalo a Brito, que no es ‘santo de mi devoción’, y ahí se plantó”.
-“Cuando lo buscamos a Brito, se horroriza con la defensa. Nos ponemos de acuerdo, y le digo “este problema no es mío, es suyo”. Y hacía mucho que no me ‘paraban el carro’ de esa manera. Me dijo “es un problema suyo”, y me lo dijo con tanta firmeza que entendí que era un problema mío”.