(DyN) – El Gobierno promulgó, con la publicación en el Boletín Oficial, la ley «Argentina Digital», iniciativa que regula el sistema de telecomunicaciones y abre el mercado a un competidor importante como son las compañías telefónicas al servicio de televisión por cable, aunque les prohíbe brindar televisión satelital.
Lo hizo a través del decreto 2514/14, firmado por la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, de promulgación de la ley 27.078 sancionada el miércoles en el Congreso, donde el oficialismo reunió 131 votos, contra 97 de la oposición.
En su artículo 1º, la ley declara de «interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes».
«Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad. Esta norma es de orden público y excluye cualquier tipo de regulación de los contenidos, cualquiera fuere su medio de transmisión», agrega ese artículo.
En su artículo 2º, la norma establece que sus disposiciones «tienen como finalidad garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones, reconocer a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de nuestra Nación».
Además, busca «promover el rol del Estado como planificador, incentivando la función social que dichas tecnologías poseen, como así también la competencia y la generación de empleo mediante el establecimiento de pautas claras y transparentes que favorezcan el desarrollo sustentable del sector, procurando la accesibilidad y asequibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el pueblo».
Asimismo, «busca establecer con claridad la distinción entre los mercados de generación de contenidos y de transporte y distribución de manera que la influencia en uno de esos mercados no genere prácticas que impliquen distorsiones en el otro».
Ese mismo artículo asegura que en «la ejecución» de la ley «se garantizará el desarrollo de las economías regionales, procurando el fortalecimiento de los actores locales existentes, tales como cooperativas, entidades sin fines de lucro y pymes, propendiendo a la generación de nuevos actores que en forma individual o colectiva garanticen la prestación de los Servicios de TIC».
La oposición ha considerado que la normativa supone «concentración económica y más poder para las telefónicas», según el socialista Roy Cortina.
Respecto a los usuarios, permite que puedan optar por el prestador de los servicios sin importar cuál de ellos llega con infraestructura propia a la zona de residencia y define a las TICs como «servicio público en competencia».
También las obliga a suministrar acceso e interconexión a otros operadores y la regulación incluye desde redes troncales hasta bocas de acceso de los hogares.
Además, se reestructurarán los servicios incluidos dentro de lo que se denomina «Servicio Universal», que tendrán el mismo precio con la misma calidad en toda la Argentina, y da luz verde a las telefónicas para ingresar al sector audiovisual, pero impide que brinden TV satelital.
Elimina el servicio telefónico de larga distancia y autoriza a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), creada por esta ley, a fijar plazos y localidades en donde las telefónicas estarán impedidas de dar TV paga.
(DyN) – El proyecto de ley de Telecomunicaciones «Argentina Digital» obtuvo dictamen de comisión en el Senado, en una tensa reunión en la que quedaron plasmadas varias modificaciones de última hora a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, situación que motivó el retiro de los opositores, ya que los bloques solicitaron «una semana» para estudiarlas.
Así, con el dictamen de mayoría firmado sólo por el kirchnerismo, los legisladores oficialistas llevarán el miércoles próximo al recinto el texto de la nueva ley de Telecomunicaciones.
Los cambios efectuados a último momento en muchos de los 85 artículos del proyecto no permiten a las telefónicas brindar televisión satelital y tienden a moderar por un tiempo su penetración en los segmentos PYME, aunque la iniciativa sigue sin dejar en claro en quién delegará el Poder Ejecutivo el carácter de Autoridad de Aplicación.
Debido a las presentaciones de sectores que denunciaron perjuicios por el avance de las grandes compañías y hasta por la rsistencia de muchos legisladores oficialistas en convalidar el primer proyecto, el dictamen que se firmó en el Senado para habilitar su tratamiento en el recinto la semana próxima frena por un tiempo algunos de los puntos que prometían cambiar el tablero de los prestadores.
En primer término, el nuevo proyecto ahora dice que «los licenciatarios de servicios de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) podrán brindar servicios de comunicación audiovisual, con excepción de aquellos brindados a través de vínculo satelital» (artículo 9), sistema que utiliza en el país DirectTV.
Además, los cambios prevén que las empresas telefónicas tampoco podrán prestar inmediatamente el servicio de comunicación audiovisual, sino que deberán hacerlo respetando cierta gradualidad que, entre otras cuestiones, deja a la Autoridad de Aplicación la potestad de «establecer zonas de exclusión por plazos limitados que se determinen en razón del interés público» (artículo 82).
En cuanto al artículo 9, que elimina las limitaciones a los licenciatarios de servicios públicos que establece la Ley de Medios, ahora se suma otra excepción, la del artículo 24 inciso i) de esta Ley, que alude a «directores o administradores» que posean 10% o más de una prestadora de servicios públicos. Otra de las modificaciones que se le hicieron al proyecto establece que se mantenga la categoría de «servicio público» para la telefonía fija, aunque se eliminan menciones a la telefonía móvil, a la vez que se incluyen «derechos y obligaciones de usuarios y prestadores».
«Se dispone el resguardo de las redes comunitarias», dice la iniciativa sobre otro de los cambios efectuados al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, al tiempo que se incorpora la declaración del «derecho humano a las telecomunicaciones». Por último, se suma el concepto de «neutralidad de la red», que estará sujeto a condiciones de capacidad y velocidad de transmisión de datos, entre otros parámetros.
Entre los aspectos filosóficos del articulado, la iniciativa promueve «el rol del Estado como planificador» y prevé «declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados».
También garantiza la «completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso» de todos los ciudadanos «a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas».
(Télam) – La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso hasta el 31 de diciembre próximo.
La decisión fue dispuesta a través del decreto 2063, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la mandataria y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
«Prorróganse las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta el 31 de diciembre de 2014», ordena la normativa.
En el texto se da cuenta de que la medida se adoptó «en uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional».
Semanas atrás, en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, Capitanich ya había adelantado la posibilidad de que el Gobierno prorrogara las sesiones ordinarias del Parlamento, que culminan a fin de mes, ya que ese era «el camino más expedito» para tratar proyectos enviados por Poder Ejecutivo y que están pendientes de sanción.
«A partir del 30 de noviembre existen dos posibilidades para el tratamiento de iniciativas legislativas: prórroga de sesiones ordinarias, o convocatoria a extraordinarias; nosotros creemos que el camino más expedito sea la prórroga de sesiones ordinarias», había dijo el funcionario.
Entre los proyectos enviados por la Casa Rosada al Congreso para ser aprobados este año se encuentra la reforma del Código Procesal Penal, que ya obtuvo dictamen en el Senado tras varios cambios al texto original y será debatido el miércoles próximo en el recinto.
Otra iniciativa que el Ejecutivo aspira a sancionar antes de que finalice 2014 es la que establece la regulación del sistema de telecomunicaciones, denominada «Argentina Digital».
(DyN) – El secretario general de Telefónica de Argentina, Alejandro Pinedo afirmó que el proyecto oficial «Argentina Digital» que busca regular las telecomunicaciones «no es un proyecto que aliente las inversiones» y advirtió que «no es el más adecuado, para que el país evolucione en esta industria» ni «crea las condiciones para alcanzar los objetivos que se plantea».
En el marco de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, el directivo manifestó la «preocupación» de su empresa por la delegación de facultades que la iniciativa da a la Autoridad de Aplicación, aún no determinada, «sin bases claras para la delegación».
También planteó que «desearíamos un proyecto de ley que fije claramente la política regulatoria» para el sector.
«Lamentablemente, la conclusión a sacar sobre este proyecto que tenemos adelante es que no constituye el marco jurídico más adecuado para alentar inversiones», repitió Pinedo en varias oportunidades.
El ejecutivo advirtió ante los senadores que la empresa considera además «preocupante la derogación en bloque y sin sustituirlo por un marco normativo preciso, de todo el ordenamiento jurídico sobre el cual se ha basado la industria en los últimos 40 años».
En otro orden, el CEO de Telefónica indicó que el artículo 9 «no alcanza para establecer las condiciones necesarias que impone la convergencia telefónica».
En ese sentido, hizo notar que en la empresa «no interpretamos que este artículo habilite per se a las TICs a la prestación de servicios audiovisuales».
También Pinedo señaló que una ley de desarrollo de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) «no debería omitir actores de gran relevancia» como son los proveedores de aplicaciones y servicios por Internet, sobre las que, apuntó, «no hay una sola referencia en el texto».
Manifestó, a su vez, a los senadores que «otro aspecto que nos preocupa es que el proyecto considera asimetría a favor de empresas del Estado es desmedro de empresas privadas», así como la eliminación «del régimen impositivo vigente que exceptuaba a las telefónicas del gravamen por uso del espacio público».
Del mismo modo, el ejecutivo de Telefónica le respondió preguntas a los legisladores Gerardo Morales (UCR) y Rubén Giustiniani (FAU) que la valoración de la iniciativa «no es positiva» y aseguró que «estamos en contra (del texto) así como está».
De esta manera, Pinedo le respondió a Morales, quien en su primera intervención planteó la «convicción» de que el proyecto enviado por el Gobierno «beneficiará a las empresas telefónicas en detrimento de las cableras». Luego, el socialista Giustiniani coincidió con Morales y marcó que «no hay duda que la ley los habilita para dar servicio de televisión y sólo faltaría que la autoridad de aplicación le diera la habilitación».
Pinedo contestó que «en Telefónica valoramos más la precisión de un marco regulatorio que una delegación para una posible autorización para brindar servicios».
Morales y Giustiniani también le preguntaron la opinión de la empresa sobre la declaración de la telefonía fija y móvil como servicio «de interés público», pese a que actualmente la telefonía fija es considerada «servicio público», a lo que Pinedo respondió que en todo caso «la calificación no es el instrumento idóneo para que un servicio se expanda y se modernice».
Morales pidió al gerente corporativo que informara qué inversiones ha hecho Telefónica en la telefonía fija en los últimos años y puso el caso de su provincia, Jujuy, donde, afirmó, que «no han hecho una inversión en telefonía fija».
Pinedo aseguró que las inversiones de Telefónica han sido «cuantiosas» en todo el país, pero como no contaba con la información precisa sobre el particular ni sobre el aporte de la empresa al Fondo Fiduciario creado al efecto se comprometió a hacer llegar los datos.
Finalmente, Morales lo consultó sobre la participación de la empresa en Telefé, sobre lo que Pinedo afirmó que la filial argentina de «Telefónica no tiene ninguna participación en medio audiovisual» y expresó que si bien el holding empresario tiene participación en el canal, se trata de «sociedades distintas».
(DyN)- Asociaciones de consumidores alertaron en el Senado que el proyecto “Argentina Digital” que impulsa el Gobierno para regular las telecomunicaciones en todo el país significará “una mayor concentración” a favor de las empresas telefónicas e irá en detrimento de los usuarios respecto de las tarifas fijas.
En su exposición ante la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Fernando Blanco Muiño de la Unión de Consumidores de la Argentina aclaró que el artículo 15 de la iniciativa “solo declara servicio público a lo que es el uso y acceso a redes para licenciatarios”, y deja el resto como servicios “de interés público”.
Blanco Muiño advirtió que el cambio implicará “un retroceso” para la telefonía fija, ya que al ser considerada simplemente un servicio de “interés público” permitirá a las empresas disponer aumentos tarifarios que “es posible que impacten en el bolsillo de los consumidores”.
Por ello, el titular de la UCA pidió que se modifique el artículo 1 “para que todo lo declaren de servicio público y no de interés público”.
Además, Blanco Muiño solicitó a los senadores para fomentar la competencia “quitarle a Telefónica (de Argentina) y a Telecom “la autorización para fusionarse que tienen en nuestro país”, porque destacó que “entre las dos concentran el 67 por ciento del mercado argentino” y, por ende, puntualizó que “todos los monopolios son malos”.
Por la Asociación de Consumidores Libres, Héctor Polino coincidió con su colega al indicar que el proyecto “declara servicio público una etapa, las relaciones entre las empresas mayoristas, pero no entre las empresas y los usuarios”.
Al respecto, Polino estimó que “se produce un retroceso” porque actualmente “las empresas Telefónica y Telecom no pueden aumentar las tarifas cuando se le ocurre” y a partir de la ley, si no tiene cambios, “alegremente” lo van a poder hacer al no tener más que pedir autorización y fundamentar los incrementos.
“Hablemos con claridad ¿a quién se quiere defender con esta ley? No se defiende a los usuarios, se los deja más desprotegidos que lo que están actualmente. Se favorece a las empresas telefónicas, que aparecen como las gran mimadas”, opinó sobre el proyecto.
Polino además aseguró que “este proyecto a nuestro juicio genera una mayor concentración en el mercado audiovisual y las telecomunicaciones” porque resaltó que “las empresas telefónicas van a poder abarcar todo el país con 4 servicios”, incluyendo el 4 G.
El director del AFSCA por la oposición, Gerardo Milman, manifestó sus “serias dudas de que este proyecto vaya a favor de todos los usuarios” y de las cooperativas, a las que señaló que con la ley se “les va a pedir una revalida de las licencias”.
A su vez, apuntó que el artículo 9 del proyecto deroga parte del proceso de adecuaciones por lo que advirtió que se generará “desigualdad” porque habrá “empresas que han sido adecuadas con una normativa y hay otras que van a ser adecuadas con otra normativa”.
Por otro lado, Milman conectó la posición favorable que tendrá Telefónica en las telecomunicaciones con los fondos buitres, al precisar que el mismo grupo de holdouts que “está detrás de Donnelly y General Electric tiene el 7,8 por ciento de la Telefónica de España”, que a su vez participa en Telefé. “Esta ley viene a darle el cuarto poder a los fondos buitre. O nos ponemos de acuerdo: o somos Patria o somos buitre”, desafió al Gobierno.
Otra directora del AFSCA pero por el oficialismo Graciana Peñafort, como contrapartida afirmó que “el proyecto responde a los modelos más avanzados de legislación digital”.
Peñafort destacó que al ser declaradas las telecomunicaciones servicio básico esencial “las redes van a estar abiertas” para la convergencia y los pequeños cables del interior tendrá tiempo para adecuar su tecnología para brindar también telefonía.
En diálogo con la 90.7FM de Punto a Punto Radio, el consultor Enrique Crrier, titular de la consultora analizó los alcances del proyecto de Ley de Telecomunicaciones que impulsa el gobierno nacional. “Claramente perjudica a las cableras, pero es positivo que se modifique porque tenemos legislación de muchos años y el avance de las telecomunicaciones ha sido notable”, esgrimió.
En el portal comentariosblog.com.ar, el consultor escribió un artículo donde analiza detenidamente las cuestiones más importantes que incluye esta reforma en el proyecto de Ley de Telecomunicaciones. A continuación, el extracto de su análisis:
“Sin dudas los más afectados serán los actuales proveedores de servicios de TV por cable que tengan sus redes adaptadas para dar servicios de telecomunicaciones, léase banda ancha. Y si bien, y como consecuencia de su ya histórico enfrentamiento con el gobierno, se tiende a pensar exclusivamente en Cablevisión, lo concreto es que el impacto es similar o mayor en el resto de la industria de la TV por cable.
Es que los cableros quedan en el peor de los mundos desde el punto de vista competitivo. Les surge la competencia de las empresas de telecomunicaciones (las grandes telcos pero también ISP y PyME del sector) en el negocio de la TV y a su vez se le aplican obligaciones de incumbente (como desagregación y tarifas reguladas). Pero además, quedan en una posición competitiva debilitada frente a las telefónicas, las cuales cuentan con tres grandes negocios: la telefonía fija, la móvil y la banda ancha.
La telefonía fija no es un negocio para ningún entrante. A pesar de contar con tarifas que no se actualizan desde hace más de 15 años, se trata de un servicio en retirada, que cada vez trafica menos minutos y pierde líneas en uso.
La sustitución por la voz desde el celular más las alternativas vía Internet, sumadas a una tendencia natural a sustituir mucho de lo que antes se hablaba por mensajes de todo tipo (SMS, mail, mensajería instantánea) hacen de la voz un servicio que sólo sirve de plus en un paquete, pero no mucho más.
Por su parte, la telefonía móvil naturalmente es un servicio al alcance de unos pocos, por su característica de basarse en un recurso escaso como el espectro. Se podrá decir que está la posibilidad de operar como un operador móvil virtual (OMV), pero no es una alternativa que permita grandes escalas en un mercado maduro como el argentino.
Por su parte, las telcos deben estar haciendo cuentas y podría suceder que prefieran quedarse sin el negocio de la TV antes de tener que abrir sus redes y que las tarifas de sus servicios más rentables (móvil y banda ancha) puedan ser fijadas por la autoridad de aplicación, tal como hoy sucede con la voz fija. Por otra parte, hay que tener presente que el negocio de la TV paga está bajo amenaza de la misma Internet.
Fenómenos como el de los cord cutters y los OTT no son modas pasajeras sino tendencias que sólo van camino a profundizarse y los mismos ya se dan en Argentina. Visto así, podrían tener mucho más que perder en sus negocios tradicionales que lo que podrían ganar con el negocio de la TV que está ingresando en una etapa declinante.
El gobierno es quizás quien más se pueda beneficiar con la nueva ley.
La misma no sólo deja mucho poder en la autoridad de aplicación a definir, sino que también hay varios elementos como para reimpulsar a Arsat como un operador integral de telecomunicaciones, empresa que ganó imagen luego del éxito de la puesta en órbita del satélite. Tanto los pliegos de la licitación de 4G como este proyecto de ley dan facilidades para que un nuevo operador usufructúe las infraestructuras existentes, pudiendo adicionalmente fijar tarifas de unbundling e interconexión. Pero además, la nueva ley contempla la asignación directa de espectro “organismos nacionales, entidades estatales y entidades con participación mayoritaria del Estado Nacional” así como el manejo a definir del fondo del Servicio Universal, que genera un flujo de caja más que interesante.
En definitiva, podría decirse que no todo lo que reluce es oro. O, siguiendo con los dichos, el diablo está en los detalles”.
(DyN) – El titular de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), Walter Burzaco, criticó el proyecto de ley de Telecomunicaciones «Argentina Digital», que el Gobierno anunció y envió al Congreso y consideró que «concentra las ventajas en las telefónicas» y «embiste contra la industria argentina».
Burzaco denunció también que el proyecto «prevé que todas las inversiones privadas que se hicieron en redes, a lo largo de los años, ahora estén a disposición de lo que quieran hacer las telefónicas».
«Cuando la Presidenta sacó la Ley de Medios estaba en contra de esto. Fue ella misma la que anunció que las telefónicas iban a estar fuera de la producción audiovisual, pero ahora, sin fundamento alguno, cambió para el otro lado», cuestionó el presidente de ATVC.
«La Ley prevé que los 50 años de inversiones privadas que se hicieron en redes en televisión por cable estarán ahora a disposición de lo que quieran hacer las telefónicas», se quejó.
Según Burzaco, «las redes de ellos, que las han recibido en los 90 de Entel para mejorar la telefonía pública, no son buenas para transmitir Internet, a pesar del monopolio que tienen».
En contrapartida, opinó que las redes de cable están mucho más «desarrolladas» y, entonces, el proyecto «pretende que quien compita con las telefónicas abra sus redes y se las dé a un precio que va a fijar el Estado».
También aseguró que las nuevas normas le «llaman mucho la atención». «Debe haber habido un intercambio de algún tipo para que les permitan dar esto o lo intenten al menos», denunció, al tiempo que señaló que pudo haber tenido que ver la licitación de 4-G y el modo de pago (en pesos o dólares), que se dilucida mañana.
La respuesta oficial
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, aseguró que la nueva ley de Telecomunicaciones «no modifica ni una coma de la Ley de Medios».
Además, admitió que el organismo todavía «no ha definido» si el canal Telefé, cuyo dueño es Telefónica, tiene una «incompatibilidad» con la Ley de Medios.
La iniciativa a la que se refirió Sabbatella fue enviada ayer por el Gobierno al Senado y busca regular, declarar como servicio público «esencial y estratégico» y garantizar el acceso a las telecomunicaciones (voz, datos, textos y videos por Internet, telefonía fija y celular y televisión por cable), bajo el nombre «Argentina Digital».
En declaraciones a radio Nacional Rock, el funcionario afirmó que el proyecto «es sumamente positivo, es importantísimo establecer de interés público el acceso y uso de las redes. Potencia el mundo de las comunicaciones, garantiza la llegada, en igualdad de condiciones, de las comunicaciones. El Estado garantizando estándar de calidad es sumamente importante para todos».
«En el caso específico de la comunicación audiovisual, permite que todas las empresas de telecomunicaciones puedan brindar todos los servicios. Mejora la competencia», aseguró.
Consultado sobre la la Ley de Medios, el funcionario dijo que el nuevo proyecto «no modifica en lo más mimino la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es absolutamente falso, no modifica ni una coma de la Ley, que no se modifica», enfatizó.
Sin embargo, el artículo 9 de la nueva norma señala tertualmente que «quedan exceptuados de la aplicación de lo previsto por el inciso d) de la Ley Nº 26.522 (Ley de Medios) los licenciatarios de servicios públicos relacionados con el ámbito de aplicación de la presente ley».
Sabbatella siguió diciendo que «todos los que participen en estas redes, teniendo servicios, lo tienen que hacer en las condiciones establecidas en la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual», explicó Sabbatella.
Igualmente, admitió que a las telefónicas se las «exceptúa» de la «prohibición de dar servicios de comunicación audiovisual, para que puedan darlos y garantizar la convergencia», abundó.
Según Sabattella, hay «una novedad: que todas las empresas, den el servicio que den, pueden dar el resto de los servicios».
Consultado sobre cuándo se tratará el plan de adecuación del canal Telefé a la Ley de Medios, cuyo dueño es Telefónica, dijo que «tenemos que tratarlo, en realidad el AFSCA no ha definido si la situación de Telefé tiene incompatibilidad con servicios públicos. El AFSCA no opinó sobre si esa incompatibilidad está presente o no en el caso de Telefé y, por supuesto, lo tiene que tratar».
(DyN) – Uno de los directores por la oposición de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gerardo Milman afirmó que el proyecto de ley que busca regular las telecomunicaciones que se conoció «deroga» en parte un artículo de la llamada Ley de Medios y «habilita que Telefónica sea propietaria de Telefé».
«El artículo 9 (del proyecto) habilita que Telefónica sea propietaria de Telefé, porque deroga el inciso d) del artículo 25 de la Ley de Medios que establecía que las empresas de servicios públicos no pueden ser titulares de empresas que regula la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual», explicó Milman en declaraciones a DyN.
El directivo de la AFSCA criticó al organismo porque «hizo un uso discriminatorio de los distintos proyectos de adecuación a la Ley de Medios esperando modificar la normativa y eso es lo que ocurre ahora».
«El artículo 9 modifica la Ley de Medios. Cambia las condiciones por las cuáles las empresas de prestación de telefonía van a poder dar servicios de comunicación audiovisual, cuestión que les estaba vedada por la Ley y por la Ley de privatización de la ex-Entel», indicó.
Para Milman, «el proceso de adecuación de Telefónica, hoy dueña de Telefé, estaba cajoneado en el AFSCA a la espera de esta modificación legislativa» que, insistió, «se contrapone» a la ley de Medios.
El ex legislador señaló además que comparte «la necesidad de que la legislación argentina se adecue a la convergencia tecnológica y digital como en el resto del mundo» y consideró que «es un avance inexorable» porque, en esta área en el país había «un retraso». No obstante, planteó que «habrá que leer con cuidado (la normativa) porque se va a regular Internet» y esto abarca también a los servicios de telefonía celular, transporte de cable, prestación satelital.
«Hay que prestar especial observación de que no se regulen contenidos», enfatizó. De todos modos, aclaró que hizo una «lectura rápida» de la iniciativa y que para una evaluación más detallada «se requiere un análisis más profundo».
¿Qué dice la nueva ley?
El artículo 25 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el proyecto de ley que se envió al Congreso bajo el rótulo de «Argentina Digital» deroga parcialmente, determina las «condiciones de admisibilidad» que debían reunir las personas jurídicas «al momento de su presentación al proceso de adjudicación de la licencia y mantener durante su vigencia».
El inciso d) de la Ley de Medios se planteó restrictivo hacia cualquier empresa «prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal», ya que impide la posibilidad de que cualquiera de ellas, incluidas las compañías de telefonía, puedan ser dueñas de licencias.
Sin embargo, el artículo 9 del proyecto que hoy presentaron tres ministros y el secretario de Comunicaciones señala textualmente que «quedan exceptuados de la aplicación de lo previsto por el inciso d) de la Ley Nº 26.522 los licenciatarios de servicios públicos relacionados con el ámbito de aplicación de la presente ley».
Por lo tanto, el proyecto les abre la posibilidad a las compañías telefónicas no sólo de ser licenciatarias de emisoras de radio o TV que usan espectro radioléctrico, sino que puedan brindar televisión a través de sus redes y sumar esa prestación a la telefonía fija, móvil y al servicio de datos por Internet.