Los ministros europeos de Justicia cerraron hoy tras tres años de negociaciones un acuerdo político sobre el reglamento de protección de datos personales, que reconoce por primera vez el derecho al olvido, es decir la potestad de los ciudadanos para reclamar el borrado de información personal perjudicial y no pertinentes de Internet. Esta facultad había sido ya reconocida por la Justicia europea el año pasado en una causa iniciada contra Google.
El documento aprobado será la base sobre la que el Parlamento Europeo comenzará a debatir en unos días la sanción de una nueva norma para toda la Unión Europea.
Una de las mayores novedades de la iniciativa es con ella en los 28 países del bloque regirán las mismas normas, hasta ahora muy diversas entre sí.
La nueva norma prevé que los usuarios tengan que aprobar cada nuevo procesamiento de sus datos. En caso de quejas, la autoridad competente será la Agencia de Protección de Datos nacional, aunque el hecho haya ocurrido en otro país.
«Estamos ante algo muy importante, ya que el nuevo reglamento dará a todos los ciudadanos de la Unión un mayor control de todos sus datos. Ahora podrán pedir el borrado de sus datos en Internet», dijo el ministro letón de Justicia, Dzintars Rascnasc, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE hasta finales de mes.
Rascnasc explicó en conferencia de prensa que esta nueva normativa «va a modernizar los principios generales y va a ofrecer un reglamento armonizado para todos los estados de la UE».
«En caso de incumplimiento todos los ciudadanos podrán presentar un queja garantizando así la protección de sus derechos», añadió. Recordó que la norma también facilitará que las empresas pueda realizaroperaciones transfronterizas y potenciará el desarrollo del mercado único.
Todos los Estados miembros, excepto Austria y Eslovenia, dieron su apoyo al texto de compromiso presentado por la presidencia letona de turno de la UE, que servirá de base para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo el próximo 24 de junio, con vistas a llegar a un acuerdo definitivo antes de fin de año.
La nueva normativa tiene por objeto adaptar las reglas vigentes en la UE sobre protección de datos, que son de 1995, a la nueva realidad de Internet y las redes sociales, garantizar un mayor control de los usuarios del tratamiento de sus datos personales en la red y reducir las cargas burocráticas para las empresas por un valor de unos 2.300 millones de euros anuales.
La responsabilidad y la obligación de rendir cuentas para todos los que procesen datos personales, y la obligación de notificar a la autoridad nacional de control toda violación de datos grave lo antes posible, así como de solicitar el consentimiento expreso del usuario para el procesamiento de sus datos son otras de las mejoras que introduce la reforma.
Además, los usuarios que se sientan perjudicados por el tratamiento de sus datos en Internet tendrán derecho a reclamar sanciones que podrán traducirse en multas de hasta un 2 % de la facturación anual o de un máximo de un millón de euros para la empresa que haya infringido el reglamento europeo.
Estarán sujetas a estas normas todas las empresas que operen en territorio comunitario con independencia de donde tengan su sede.
Otra de las posibilidades que ofrece la nueva normativa tiene que ver con la llamada «portabilidad de datos», que permitirá a los usuarios solicitar a Facebook, por ejemplo, que extraiga sus datos personales del sistema para trasladarlos a otra red social que consideren más segura.
Una vez que las nuevas reglas entren en vigor, empresas y usuarios podrán beneficiarse también de un sistema de «ventanilla única», dirigido a facilitar la denuncia de abusos de empresas con sede extranjera en los tribunales europeos.
«Vamos a darle a los ciudadanos la herramienta que necesitan paraejercer sus derechos online», señaló tras el acuerdo la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova.
Destacó que la medida también unificará en una sola normativa los criterios de protección de datos en la UE y fomentará la innovación, por lo que se convertirá en una «pieza fundamental» del mercado digital.
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, manifestó la preocupación de España, en línea con otras delegaciones como Bélgica, Polonia, Lituania y Malta, sobre el procesamiento de datos posterior con un propósito distinto al que fueron recogidos, aunque confío en que la negociación que se inicia ahora con la Eurocámara permita mejorar la normativa, según informa el sitio Clarín.