(DyN) – El presidente de la comisión, el kirchnerista Roberto Feletti, sostuvo que «esta ley viene a institucionalizar el proceso de ampliación de derechos de todos estos años» y «consagra una nueva concepción de la protección social en la República Argentina».
El radical Ricardo Buryaile expresó el respaldo de su bloque al proyecto en general, dijo que la AUH como la moratoria previsional implementadas por el gobierno fueron dos medidas de «alto impacto social», aunque planteó incluir en este beneficio a otros sectores que no contempla la ley como «los hijos de los monotributistas», «los jóvenes integrados al plan Progresar», los chicos «becados en colegios privados», entre otros.
Además, reclamó que las regiones NOA y NEA tengan la misma mejora de un incremento superior del 30 por ciento por zona desfavorable que se le otorga en el proyecto «a la Patagonia», al indicar que «en el norte del país hay zonas con mayor índice de pobreza que en la Patagonia», además marcó que se elimine «el límite del quinto hijo» para conceder la AUH.
El macrista Federico Sturzenegger adelantó el acompañamiento del PRO a la iniciativa y remarcó que la AUH «llegó al 30 por ciento de los niños de la República Argentina y al 90 por ciento de los primeros tres deciles de la distribución del ingreso, significó la reducción del 30 por ciento de la pobreza y el 13 por ciento de la desigualdad».
En tanto, el referente de Unidad Popular, Claudio Lozano, también se pronunció a favor de la propuesta del gobierno, pero remarcó la importancia de que se pasara a una sistema de ajuste automático que, a su criterio, debería ser trimestral en lugar de semestral para paliar los efectos inflacionarios y coincidió con otros reclamos opositores respecto a la cuestión de universalidad del beneficio.
La norma, aprobada la semana pasada en el Senado, aplica la movilidad a la AUH y las asignaciones por embarazo, que pasarán a ajustarse en forma semestral y con el mismo cálculo con que se actualizan los haberes jubilatorios, que además contempla un incremento diferencial del 30 por ciento por zona de desfavorable para los residentes en la región patagónica.
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