Un informe elaborado por el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES) advierte sobre un fuerte incremento en la cantidad de empleados públicos que tiene la Provincia y señala que este es el principal motivo que explica la presión impositiva más alta de la historia que sufre la economía cordobesa en la actualidad.
“Política de contratación de empleados públicos de la Provincia de Córdoba: 1987-2014” es el título del estudio que analiza los datos disponibles para las gobernaciones de Eduardo Angeloz, Ramón Mestre, José Manuel De la Sota (tres períodos) y Juan Schiaretti, y cuyos principales datos se resumen a continuación:
– En el año 1987, la Provincia de Córdoba tenía 72.000 empleados públicos. Sin embargo, en años subsiguientes dicha planta aumentó, llegando a 123.259 en el 2014.
– El radicalismo expandió la planta de personal desde 72.000 empleados públicos en el año 1987 a 72.528 en 1999, es decir, un incremento de 528 empleados en 12 años. Unión por Córdoba llevó esta cifra a 123.259 en 2014, es decir un incremento de 50.731 empleados públicos en 15 años. Si se tiene en cuenta que en el mismo periodo hubo alrededor de 20.000 jubilaciones anticipadas de la administración provincial, UPC habría contratado a más de 70.000 empleados públicos la última década y media
– El gobernador que más empleados públicos contrató, en promedio anual, en los últimos 27 años, y sin considerar el efecto de las jubilaciones anticipadas por no contar con información oficial exacta, es Juan Schiaretti, seguido por José Manuel De la Sota y en tercer lugar Eduardo Cesar Angeloz. Ramon Bautista Mestre fue el único gobernador en cuyo mandato cayó la cantidad de empleados públicos.
– Schiaretti totalizó un incremento de personal de 17.237 trabajadores a un promedio de 4.309 personas por año, pasando el total de empleados públicos de 101.023 en 2007 a 118.260 en 2011. Un promedio del 4% anual, mientras que la economía para el mismo período lo hizo a un 6,4%.
– De la Sota, en sus dos primeras gestiones entre 1999 y 2007, incrementó la planta en 28.495 empleados, a un promedio anual de 3.562 agentes públicos, pasando de 72.528 en 1999 a 101.023 en 2007. El promedio es 4,6% anual, mayor al crecimiento de la economía (3,5%). En estos últimos tres años, sumó 4.999 empleados públicos, un aumento anual de 1.666, pasando de 118.260 en 2011 a 123.259 en 2014. De esta manera, en las tres gestiones de José Manuel De la Sota la planta de empleados públicos aumentó en total en 33.494. Tomando en cuenta las 20.000 jubilaciones anticipadas, el aumento de empleados públicos sería de al menos 53.494 en estas tres gestiones.
– “Esta exagerada e insostenible política de contratación de personal que se dio en los últimos años, especialmente durante las gestiones de De la Sota y Schiaretti, ha tenido como consecuencia que el gasto en personal ha aumentado a un mayor ritmo que el crecimiento de la economía. Por ello, se puede confirmar que es esta política de contratación de personal la principal responsable del incremento de la presión fiscal provincial que se viene dando en los últimos años, especialmente a partir de 2009”, destaca el CIPPES.
– La participación del gasto de personal en el gasto corriente primario aumentó desde 39,47% el año 2006 a un valor a cierre del año 2014 de 44,83%. La política de contratación de personal, además de ser la responsable del aumento de la presión fiscal, también ha tenido como consecuencia la necesidad de realizar recortes de otros incisos del gasto corriente primario, como insumos, y de las obras públicas.
– De haber mediado una política de contratación de personal en línea con el espíritu que inspiró la Ley de Responsabilidad Fiscal (es decir, que respete la regla fiscal de crecimiento del gasto corriente primario a no más que el crecimiento del PBI, y que este no crezca en fases recesivas), el Estado provincial contaría sólo en el año 2014 con $ 5.000 millones más para destinar a otras áreas y/o no elevar la presión tributaria a los niveles record en que se encuentra actualmente.
– “Si el gasto de personal hubiera crecido al mismo ritmo que el Producto Bruto Interno Nacional, se habría generado un superávit acumulado de $ 33.000 millones en el breve período 2006-2014, un monto que con creces supera el incremento de presión fiscal y los recortes en obras públicas presupuestadas. Dicho monto equivale a la recaudación de 2,3 años de impuesto a los ingresos brutos, a 27 años de recaudación del impuesto inmobiliario, a 55 años de recaudación del impuesto a los automotores, a 589 años de recaudación de fondo del fuego, a 44 años de recaudación de la Tasa Vial y a 2,23 veces el Stock de Deuda Pública Provincial, entre muchas otras posibles comparaciones. La dimensión de esta cifra muestra los grados de libertad que gozaría (hoy no los tiene) la política fiscal provincial, en el caso de haber ejecutado una política responsable y sostenible de contratación de empleados públicos”, concluye el CIPPES.
Una encuesta difundida por IERALPyME asegura que la alta presión impositiva se mantiene como el principal factor que afecta la actividad de las pequeñas y medianas empresas.
Concretamente, ante la consulta “¿Cuál considera que será el principal problema para su empresa en 2015?”, la respuesta más elegida, con el 21% de los votos, es la “elevada presión tributaria”.
“En 2012 y 2014 también se sondeó sobre la misma temática. Se destaca la recurrencia como principal problemática empresarial la Elevada Presión Tributaria, señalada por una proporción importante de firmas respecto de los otros ítems en todas las mediciones”, destacaron desde IERALPyME.
En tanto, la recesión es el segundo ítem más complicado, ya que la opción “bajo nivel de ventas” fue seleccionada por 16% de los consultados.
El podio de las preocupaciones empresariales se completa con “Competencia desleal” y “Dificultades de financiamiento”, mientras que las trabas a las importaciones, las subas de costos, la baja rentabilidad y los conflictos y juicios laborales completan el combo de complicaciones para la actividad.
En el gran entramado impositivo que tiene la Argentina, hay un tributo que no suele ser tan mencionado como el Impuesto a las Ganancias pero que poco a poco se está convirtiendo en un verdadero obstáculo para los asalariados argentinos: Bienes Personales.
De hecho, un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) da cuenta del fuerte impacto que podría tener este impuesto a lo largo de 2015 de no actualizarse el mínimo no imponible y las escalas que se utilizan para el cobro del mismo.
El ejemplo más usual, que es el de una cabeza de familia que tiene una propiedad y dos autos a su nombre, podría llegar a tener que pagar el doble de Bienes Personales este año respecto a 2014.
En concreto, el IARAF recuerda que éste fue un tributo impuesto por el menemismo en el año 1991 y que originalmente tenía un espíritu progresivo y que gravaba más que todo a familias pudientes, ya que el mínimo no imponible era de $ 100.000, en aquel entonces equivalentes a US$ 100.000.
Sin embargo, la primera distorsión se generó porque esa cifra recién se actualizó en 2007 y hasta $ 305.000, y desde allí hasta ahora no se ha movido. Eso, mientras las valuaciones fiscales de automóviles (según la tabla que anualmente publica la AFIP) y de los inmuebles (en base a los datos de los impuestos inmobiliarios provinciales) han subido exponencialmente de la mano de la inflación. Por ejemplo, un auto que en 2001 valía $ 20.000, hoy se encuentra en torno a los $ 175.000.
“Esta situación, unida al insuficiente ajuste del mínimo exento, ha provocado que se desvirtúe totalmente le esencia del tributo, ya que desde hace varios años prácticamente la totalidad de los propietarios de inmuebles han quedado alcanzados por el mismo y en consecuencia ya no es un tributo que afecta exclusivamente a los sectores más pudientes de la sociedad, sino que se extiende sobre amplios sectores de la denominada clase media”, destaca el IARAF.
Y amplía: “Además del incremento en la cantidad de contribuyentes, el hecho de ser un impuesto con tasa progresiva genera una distorsión adicional derivada de la falta de actualización de los tramos de la escala, lo que provoca que un contribuyente que tiene la misma cantidad de bienes, representada año a año por un valor nominal superior, se puede ver afectado por una alícuota creciente, aún cuando evidentemente su riqueza en términos reales ha permanecido inalterada”.
Allí, el IARAF pone el ejemplo mencionado de un contribuyente propietario de un departamento de dos dormitorios cuya base imponible para el año 2013 ascendía a $ 340.000 y de dos automóviles, uno mediano cuya valuación según la tabla de AFIP en 2013 era de $130.000 y otro chico con una valuación de $100.000.
“Suponiendo que esos fueran los únicos bienes gravados del contribuyente, el impuesto para el año 2013 ascendió a $ 2.992,50. Considerando un ajuste en los parámetros del 35% en el caso de la valuación del impuesto inmobiliario y del 22% en el caso de la tabla de los automóviles, y bajo el supuesto de que no se modifican ni el mínimo ni los tramos de escala, este contribuyente (cuyo nivel de riqueza real no ha variado) pasará, según la DDJJ del año 2014, a abonar por bienes personales $5.824, es decir prácticamente un incremento del ciento por ciento respecto al año anterior”, explica.
Un informe del IERAL de Fundación Mediterránea asegura que, desde el 2000 hasta este año, la presión tributaria se incrementó en 14,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Concretamente, contabilizando tanto lo computable a la Nación como lo que se llevan las Provincias, el peso de los impuestos subió del 18% en el año 2000, al 23% en 2007 y llegó al 32,5% el último año.
Es decir, hoy en día los impuestos equivalen uno de cada tres pesos que genera toda la economía argentina.
Según el estudio elaborado por el titular del IERAL, Marcelo Capello; y el economista Néstor Grión, “en Argentina la presión tributaria ha aumentado en 14,5 puntos del producto bruto desde el año 2000, correspondiendo 12,3 de ellos al Gobierno Nacional y 2,2 puntos porcentuales a las provincias”.
Los principales datos del informe son los siguientes:
– Entre 2000 y 2007, el incremento en la presión tributaria se dio principalmente a través de impuestos distorsivos que aumentaron 4,5% del producto: se crearon los derechos a la exportación y el ICDB, que representan 68% del aumento de la presión tributaria en ese subperíodo. A su vez, la mejoría en los estados de resultados de las empresas y el no ajuste por inflación aumentaron en un punto del PIB la recaudación del Impuesto a las Ganancias de Empresas.
– Entre 2007 y 2014, en cambio, un 35,7% del aumento de la presión tributaria se debió a la mayor recaudación de la Seguridad Social, lo cual se debe al efecto nacionalización de las AFJP, además de las mejorías en empleo y salarios ocurridas en ese subperíodo.
– El aumento de las alícuotas de IIBB por parte de las provincias y el crecimiento del consumo y la menor evasión llevaron a que Ingresos Brutos e IVA suban en 1,8 y 1,5 puntos del producto, respectivamente, contribuyendo en 34% al aumento de la presión total.
– El Impuesto a las Ganancias sobre personas físicas más que duplicó su participación relativa entre 2007 y 2014, pasando de 1,2% del PIB en 2007 a 2,6% en 2014. De contribuir 40% del total aportado por Ganancias de empresas, las personas físicas pasaron a representar 75% de lo aportado por las empresas en el último año. Además del aumento en salarios, para esta evolución pesa especialmente el insuficiente ajuste por inflación en los parámetros que definen el impuesto.
– Ganancias de Empresas aumentó de 34,7% de la recaudación de IVA en 2000 a 48.1% en 2007 (llegando a casi 55% en 2005). Aunque 2014 será un año de recesión, y al contrario de lo ocurrido en 2009, la recaudación de Ganancias de Empresas no ha caído con respecto al año anterior sino que ha aumentado aún más que el IVA. Esto evidencia el efecto que tiene el no ajuste por inflación sobre dicho impuesto, que grava crecientemente a las empresas aún en situaciones contractivas. A su vez, es claro el punto quiebre en las Ganancias de personas físicas que ocurre en 2010. Desde entonces su recaudación ha aumentado considerablemente, aun cuando no se trata precisamente del período en que más crecieron los salarios reales.
Un estudio elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) determinó que el Estado, teniendo en cuenta los tres niveles de Gobierno, se lleva como mínimo un tercio de lo que cuesta un producto o servicio cada vez que un argentino lo adquiere.
“Es posible afirmar que el costo impositivo incluido en el precio de los diferentes bienes y servicios se encuentra en niveles muy elevados actualmente en Argentina, superando el 30% del precio que paga el consumidor por los mismos”, señala el informe elaborado por el titular del IARAF, Nadin Argañaraz; y los economistas Sofía Devalle y Andrés Mir.
La investigación arranca señalando que “la última década podría considerarse en Argentina como el período de la carga tributaria ‘sin límites’” y calcula al respecto que, bajo la nueva medición del PBI dispuesta por el Estado nacional desde este año, “la presión fiscal pasó de un 24,1% en el 2004 a un 34,5% en el 2013, evidenciando un aumento del 43% entre ambos años”.
“Independientemente del PBI empleado, la carga tributaria efectiva consolidada viene evidenciando un crecimiento sostenido en la última década, con un nivel récord en el 2013”, resume el IARAF.
Pero lo más interesante surge al analizar la incidencia de la carga tributaria global de los tres niveles de gobierno –nacional, provincial y municipal– “contemplando la cadena productiva y comercial de los productos originados en la industria hasta su llegada al consumidor final”, considerando “la venta del producto por parte de la industria a un eslabón mayorista o distribuidor, que luego refactura el mismo a un eslabón minorista que es el que finalmente pone a disposición del público consumidor los productos”.
Así, en el caso de los alimentos básicos como carnes, lácteos, frutas y verduras, el IARAF concluye en que “el 34% del precio de venta al público en el mercado interno de los productos originados en la industria alimenticia se explica por los diferentes impuestos y regímenes que conforman el sistema tributario, previsional y de seguridad social de los fiscos nacional, provincial y municipal”.
En cuanto al resto de los alimentos, el peso de los impuestos llega al 40%.
En las bebidas, en tanto, casi la mitad de lo que paga un consumidor cada vez que compra una gaseosa o una cerveza, son tributos.
El porcentaje más bajo de participación de los impuestos está en el precio de venta de una vivienda, donde el aporte al Estado es del 30%.
En cambio, cuando se contrata un hotel el peso relativo vuelve a ser alto: 40%.
Lo mismo sucede cuando se concurre a almorzar o centar a un restaurante, que sólo se queda con el 62% del dinero mientras que el 38% restante va a parar a las arcas públicas.
Como era de esperar, el sector más afectado por la presión impositiva son los autos. En el caso de los de gama media, más de la mitad (52,7%) del precio va a parar al Estado, mientras que en los alta gama, casi dos tercios (63,5%) del valor final son impuestos.
Un discurso que podría calificarse de moderado, sin grandes cuesionamientos hacia el Gobierno nacional pero tampoco sin esquivarle a los problemas de la economía, fue el que brindó el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, en el marco del Séptimo Coloquio Industrial de la UIC.
El mandamás de la central fabril destacó la necesidad de “una industria fuerte y vigorosa” y remarcó al respecto que “para que haya una industria capaz de proyectar hacen falta atacar las limitantes que lo impiden”.
En esa línea, manifestó que uno de los limitantes “más importantes en el corto plazo refiere al incremento de la carga tributaria”. Según Méndez, el peso de los impuestos pasó del 29,1% al 37,4% entre 2007 y 2012, lo que repercute de manera cada vez más negativa “en un contexto de menos dinamismo de la actividad”.
Por eso, el industrial pidió una “armonización de la carga tributaria, para que no termine afectando la competitividad en uno de los sectores que más trabajo emplea y más valor agregado da”.
“Hay que defender la cultura del valor agregado, del trabajo local, debemos llamar al diálogo, buscar acuerdo entre todos los sectores. Con estas certezas, la voluntad nuestra siempre ha sido de estrecha colaboración y compromiso con el progreso”, remató.