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Presión Tributaria

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El Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6) se reunió con el Gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, para proponer “una agenda común de trabajo” sobre temas prioritarios para el desarrollo productivo y social de la provincia.

“El objetivo de la reunión fue generar un canal de diálogo entre el Gobierno Provincial y las Entidades Empresarias que permita profundizar el análisis y desarrollar propuestas que se conviertan en planes estratégicos de desarrollo  institucional, económico y social a nivel provincial”, señaló el G6 a través de un comunicado.

En ese sentido, se acordaron los mecanismos de trabajo en conjunto entre el Gobierno y el sector empresario, con la definición de equipos de trabajo y seguimiento de los temas de agenda común.

En la reunión se abordaron diversos temas, entre los que se destacaron  “el fomento de mecanismos de inversión pública y privada en base a una planificación concertada; las obras de infraestructura tanto urbanas como rurales  necesarias para promover el desarrollo productivo de la provincia -rutas y caminos, gasoductos, energía, canalización y manejo del agua-“.

Además, “se hizo hincapié en estudiar medidas para la disminución de la presión tributaria en la Provincia, con el objetivo de generar mayor competitividad y por lo tanto expansión del sistema productivo provincial”.

Finalmente, se abordaron las medidas y programas que incentiven la inclusión social, la mejora en el acceso a los servicios sociales como la educación, el empleo y la seguridad, todo ello como premisa para el desarrollo sostenible y crecimiento con integración.

La reunión se desarrolló en Casa de Gobierno y asistieron Marcelo Stehli (presidente de la Federación Comercial de Córdoba), Gerardo Seidel (presidente de la Unión Industrial de Córdoba), Horacio Busso (presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba), Manuel Tagle (vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba),  Mario Buttigliengo (vicepresidente Cámara Argentina de la Construcción – Delegación Córdoba) y Norberto Delfino (vicepresidente de la  Cámara de Comercio Exterior de Córdoba).

 

(Télam) Un informe elaborado por la Fundación Mediterránea destaca que el año 2015 “terminó con una presión tributaria consolidada de 34,6% del PIB, casi 16 puntos porcentuales mayor que en el 2000”. Si a esto se le añade el impuesto inflacionario (2 puntos), la presión tributaria en 2015 resultó de 36,6% del producto bruto, poco más del doble que la que existía a comienzos del milenio.
Según el análisis, esa tendencia permitió «un crecimiento del gasto público sin precedentes» y contrastó con «el estancamiento de los últimos años en el sector privado, tanto en materia de actividad económica como en la mejora de los principales indicadores sociales».
Una parte de la suba en la relación entre recaudación y PIB -señala la Fundación Mediterránea- se explica por el crecimiento económico hasta 2011, un mercado laboral formal mayor (y con aportes que antes iban a AFJP) y mejoras en la fiscalización.
«Pero otra parte no menor es explicada por la introducción o aumento de impuestos muy distorsivos, situaciones que deberían revertirse si se quiere lograr que la economía local resulte más competitiva y crezca con mayor dinamismo», agrega el informe.
El análisis de la FM resalta que «el nuevo gobierno ha comenzado a desandar este camino, con la reducción de derechos a la exportación y los anunciados cambios en el impuesto a las Ganancias».
No obstante, se advierte, «un enfoque más ambicioso de reducción de la presión tributaria requerirá de varios años para su implementación, debido a la compleja situación fiscal actual, por el excesivo gasto público heredado y por el contexto externo desfavorable (menor demanda de nuestros socios comerciales)».
El estudio consigna que los agentes económicos formales soportan una presión tributaria muy superior, en algunos casos, al promedio, como se refleja en el reciente informe Doing Business 2016, del Banco Mundial.
 

Una encuesta realizada por la consultora PWC determinó cuáles son las principales preocupaciones que tienen los empresarios argentinos a la hora de hacer negocios y poder mantener operativas sus compañías.
Como era de esperar, el primer lugar lo sigue ocupando la inflación, elegida por siete de cada diez consultados. En tanto, el segundo lugar lo ocupa la presión tributaria, con un 52%; y el tercero, la volatilidad del tipo de cambio (49%).
Por detrás, completan el ranking de preocupaciones las restricciones aduaneras y cambiarias (45%) y los salarios (43%).
A su vez, según reproduce el sitio web de Apertura, los empresarios ubicaron los costos laborales como el principal problema a afrontar para mantener la sustentabilidad de sus negocios (73%).
En la consulta -que admitió multiplicidad de respuesta- los empresarios también mostraron preocupación por la volatilidad y los altos costos de las materias primas (43%), y los cambios en el comportamiento y gastos de los consumidores (35%).
Por otra parte, con las elecciones tocando a la puerta, tomar personal es un desafío para los arriesgados. Por eso, el 56% asegura que mantendrá estable a su plantilla laboral, aguardando por los resultados de octubre.
Finalmente, y a pesar de la normativa vigente que insta a los bancos a prestar a PyMEs a tasas subsidiadas, la mitad de los empresarios consultados dice que aún no ha accedido a un crédito, fundamentalmente debido a las altas tasas de interés (63%) y a la complejidad de los trámites (31%).

En un nuevo encuentro de análisis de coyuntura, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba analizó la actualidad y la dinámica de la presión tributaria que se soporta en el país. En ese sentido, se destacó que “es imposible referirse a la presión tributaria (récord en la Argentina hoy) sin mencionar el gasto público. Esa variable viene en aumento constante desde 2007, cuando representaba el 14% del PBI hasta el 25% en diciembre último”. Los datos revelan que el Estado cada vez toma una mayor parte de lo que produce el país: la administración central requiere $1,2 billones anuales. La presión impositiva aumentó 8% en siete años. El economista Guillermo Pizarro subrayó que la mayor intervención del Estado quita incentivos a los privados, además de distorsionar el esquema. «La presión tributaria crece con un criterio de suficiencia: se busca recaudar para cubrir lo que se quiere gastar y no para ser más eficientes. Queda pendiente una reforma crucial, un cambio en la coparticipación y una búsqueda de mayor equidad”.
Por otro lado, apuntó que habría que revisar, por ejemplo, las retenciones a los commodities que se exportan: «No es común que existan en los países; en general se busca promoverlas y no cobrarles”. Respecto de Ganancias, indicó que se debería cambiar la base imponible y las categorías. «Deja menos ingresos disponibles al que paga y después el Estado redistribuye como quiere a través de subsidios”, ejemplificó. En el caso de Bienes Personales, el CPCE estima que debería estar (siguiendo el dólar oficial) en $850 mil (es de $305 mil). Del análisis del gasto devengado el año pasado (no se esperan variaciones este año) se desprende que las transferencias (seguridad social con 20 millones de beneficios y subsidios de los cuales hay 3,4 millones de Asignación Universal por Hijo) se llevan el 70% de la torta. El gasto en Seguridad Social presupuestado para este año aumenta 28% respecto a 2014.
Subsidios que se disparan
Entre los subsidios, los que más crecieron desde 2007 fueron los destinados a Energía y Combustibles. El año pasado en servicios económicos se gastaron $ 320 mil millones, de los que casi la mitad fueron a ese rubro; le sigue en importancia Transporte. Pizarro insistió en que sería clave subsidiar al beneficiario y no a la empresa: «Sería más criterioso un esquema así”. A la hora de evaluar el impacto de las transferencias, indicó que a medida que aumentan los subsidios crece el consumo privado. En general la relación es muy directa. Si el vínculo se hace con los ingresos corrientes se advierte que desde 2012 ese ítem se mueve por debajo del incremento de los subsidios. En esa línea, queda claro que el Estado se financia básicamente con adelantos del Central, Anses y algunos fondos fiduciarios. Este año, según el presupuesto, al Central se le pedirían netos $62 mil millones.
Record de presión tributaria
La argentina es la presión tributaria efectiva (37,3%) más alta de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo, según datos de la OECD. Hay dos problemas derivados de este esquema: los servicios prestados son de pobre calidad y, además, hay más evasión. «Se pierde competitividad y hay más distorsiones”, sintetiza Pizarro. Con una base de cálculo diferente a la de la OECDE, el Consejo estima la presión en 34,5% para este año.

Un discurso que podría calificarse de moderado, sin grandes cuesionamientos hacia el Gobierno nacional pero tampoco sin esquivarle a los problemas de la economía, fue el que brindó el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, en el marco del Séptimo Coloquio Industrial de la UIC.
El mandamás de la central fabril destacó la necesidad de “una industria fuerte y vigorosa” y remarcó al respecto que “para que haya una industria capaz de proyectar hacen falta atacar las limitantes que lo impiden”.
En esa línea, manifestó que uno de los limitantes “más importantes en el corto plazo refiere al incremento de la carga tributaria”. Según Méndez, el peso de los impuestos pasó del 29,1% al 37,4% entre 2007 y 2012, lo que repercute de manera cada vez más negativa “en un contexto de menos dinamismo de la actividad”.
Por eso, el industrial pidió una “armonización de la carga tributaria, para que no termine afectando la competitividad en uno de los sectores que más trabajo emplea y más valor agregado da”.
“Hay que defender la cultura del valor agregado, del trabajo local, debemos llamar al diálogo, buscar acuerdo entre todos los sectores. Con estas certezas, la voluntad nuestra siempre ha sido de estrecha colaboración y compromiso con el progreso”, remató.

Gustavo Viano, integrante de la Cámara de la Madera de Córdoba sostuvo que están visualizando un problema en relación al aumento de la presión fiscal, “sumado a una economía bastante estancada nos esta preocupando mucho, y el aumento de costo en lo que hace al transporte es crucial para nuestra economía ya que nuestros productos viajan por todo el país y las provincias en las cuales tenemos puntos de venta”.

Por este motivo, desde la Cámara de la Madera han acercado un reclamo frente a las autoridades provinciales. “Lo hemos hecho a través de la UIC pero también hemos acompañado el proyecto de aumentar el piso no tributable de ingresos brutos, en el día de ayer se trato en labor parlamentaria ese proyecto en el cual el piso que quiere colocar el gobierno es de 3 millones cuando santa fe tiene 80 millones, eso con el tema inflacionario nos afecta mucho”, afirmó Viano.

Por su parte, el Fondo Productivo de la Zona Norte (FPZN) también se ha sumado a los reclamos, en este caso frente al mecanismo de presión tributaria municipal. En representación de de múltiples empresas y comercios, la administración pública ha decidido revisarlas, el FPZN manifiesta públicamente su preocupación.

“Creemos que  esto implica un punto de suspenso por el cual las distintas Cámaras y Asociaciones de empresarios y comerciantes, dispondríamos de un tiempo para el análisis y la objeción no solamente de dichos aumentos, sino su viabilidad frente a un contexto político, económico y social que presenta un grado de incertidumbre muy grande en desmedro del trabajo y la producción. La crisis de las arcas públicas y su correlato con el déficit de los presupuestos de los distintos Estados, no la deben subsanar ni el sector productivo ni la población en general”, afirmaron a través de un comunicado de prensa.

Además, plantearon la necesidad de convocar a los distintos sectores al momento de plantear modificaciones o aumentos en las cargas impositivas “a los efectos de poder discutir y consensuar las medidas que deban y puedan  implementarse”, aseguraron desde el FPZN.