(DyN) Algunas exportaciones de economía regionales, como las del pomelo fresco, cayeron 98 por ciento desde 2011, de acuerdo con un informe dado a conocer por la Sociedad Rural Argentina (SRA). El estudio fue presentado por el economista Ezequiel De Freijo, analista del Instituto de Estudios Económicos (IEE), de la SRA.
En él se indica que las exportaciones de la Patagonia son las más afectadas por el actual contexto económico local e internacional. «La Patagonia fue la región más afectada con un descenso del 28 por ciento en las ventas al exterior de productos agroindustriales», señaló el informe.
El estudio indicó que «la crisis productiva que atraviesa la industria de la fruta del Alto Valle de Río Negro y Neuquén se vio reflejada en las ventas de jugos de manzanas con una reducción del 72 por ciento». Por otro lado, se reportó que las exportaciones de carne ovina se contrajeron un 55 por ciento, al igual que los embarques de cebolla, en tanto que las de peras preparadas en conserva se achicó un 51 por ciento.
«En el NOA, tuvieron una caída de sus exportaciones del 25 por ciento. Las ventas al exterior de pomelo fresco descendieron un 98; jugo de pomelo, 79; y los garbanzos un 52 por ciento», señaló el estudio.
El reporte indicó que Tucumán, líder mundial en limones, «acusó una caída de las exportaciones del 34 por ciento en aceites de limón y un 4 en limones frescos».
Por su lado, la región Pampeana registró una baja del 14 por ciento. «Los envíos de trigo al exterior, entre 2011 y 2014, retrocedieron un 76 por ciento; aceite de girasol, 73; sorgo; 54″, indica el informe.
Otro de los rubros más afectados fue el de carne vacuna: las exportaciones de este producto tuvieron una abrupta caída del 63 por ciento y, en consecuencia, la participación de este producto argentino en el mercado mundial de carnes se desplomó», indica el informe.
(DyN) – El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, contestó las críticas que más temprano había hecho Aníbal Fernández al paro del campo, al señalar que el sector «necesita funcionarios que resuelvan problemas, no un jefe de Gabinete que se convierta en opinólogo».
En declaraciones desde Salta, donde participará desde las 15.30 de una asamblea en el tercer y último día de cese comercial en contra de las políticas oficiales para el agro, el directivo planteó: «Depende exclusivamente del Gobierno que se revierta la situación de crisis que está viviendo el campo solamente en la Argentina».
«Todos los países productores de alimentos mantienen su competitividad y ocupan los mercados que la Argentina perdió por culpa de la mediocridad de sus funcionarios», se quejó.
En ese marco, el titular de la SRA enfatizó que la Argentina «lo que menos necesita es un jefe de Gabinete que se convierta en opinólogo de los problemas del campo. Necesitamos funcionarios que resuelvan esos problemas que venimos enfrentando hace años como consecuencia del fracaso de la política agropecuaria».
«No revertir las políticas que causan daño a todas las actividades productivas del país y que ponen en riesgo el empleo de los argentinos, habla de la perversidad del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que lo apoyan», fustigó Etchevehere.
Del mismo modo, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Rubén Ferrero, replicó a Fernández al señalar que «el Gobierno continúa sin reconocer lo que pasa en la Argentina porque vive enfrascado en su propio relato».
El directivo sostuvo que «se llegó al cese por pedido de los mismos productores». «Los de trigo no saben a quién vender su producción; los productores de frutas del sur no cubren ni siquiera los costos de cosecha y los productores de uva no tienen quién les compre su producción, por nombrar sólo algunas de los producciones en crisis», sostuvo Ferrero.
«El Gobierno continúa sin reconocer lo que pasa en la Argentina porque vive enfrascado en su propio relato. El acatamiento fue amplio porque fueron los mismos productores los que lo solicitaron. Los corrales vacíos en el Mercado de Liniers, las economías regionales paralizadas y los productores movilizados son un solo un ejemplo», puntualizó el titular de CRA.
(DyN – Télam) – Tres de las cuatro entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace iniciaron un paro de 72 horas que incluye un cese de comercialización de granos, hacienda en pie y leche, que se extenderá hasta el viernes.
La medida de fuerza es desarrollada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), pero no por la Federación Agraria Argentina (FAA).
No obstante, se estimaba que numerosos de sus afiliados también se sumarán la protesta.
Por la mañana sólo ingresaron 28 camiones al Mercado de Hacienda de Liniers, con 885 vacunos.
Es la primera vez desde marzo de 2008, cuando se creó la Mesa de Enlace, que una de sus entidades no adhiere a una medida de fuerza dispuesta contra la política oficial.
La Federación Agraria que encabeza el santafesino Omar Príncipe tomó distancia de sus socios debido al diálogo abierto con el Gobierno, con el que obtuvo beneficios en trigo, crédito a sojeros y lechería.
En solitario, la FAA decidió realizar el 19 de marzo una movilización de productores hasta la sede del Ministerio de Agricultura, en esta capital, como parte del plan de lucha de la entidad y para reclamar por la segmentación de las retenciones.
Al respecto, el titular de la FAA, Omar Príncipe, en diálogo con Télam dijo que “los pequeños y medianos productores no pueden darse el lujo de no comercializar” y que la situación de los chacareros “es mucho peor que en el conflicto de 2008 porque los precios intencionales son mucho más bajos”.
Para el dirigente agrario, “hoy por hoy el paro no suma al reclamo que tenemos los productores chicos y medianos para que el Gobierno segmente retenciones, por lo que está claro que no nos beneficia”.
En esa misma línea se pronunció Ariel Toselli, vicepresidente de Federación Agrria, quien sostuvo que en el contexto que traviesa el sector, sobre todo en zonas inundadas,»hacer un paro es una tomada de pelo».
«Los productores de las provincias inundadas tienen que sacar a caballo la leche de las vacas, y largar un paro en éste momento es una tomada de pelo», dijo Toselli.
No obstante, Príncipe reconoció que existe un sector de los chacareros que tiene “gran bronca, desilusión y falta de confianza con el Gobierno” y que busca “profundizar la protesta”.
“Nuestra tarea como dirigentes es entender que esos productores están en una situación en la que necesitan la ayuda inmediata”, aseguró.
La visión oficial
Como era de esperar, el Gobierno salió a cuestionar la medida, a través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien afirmó que la medida del campo es un “lockout patronal”, al tiempo que criticó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, por su postura en favor de la eliminación de las retenciones agrarias, al afirmar que es “como el mate cocido; llena pero no engorda”.
“A Massa le han dicho que tenía que decir eso y ha dicho eso. Mañana le dirán que diga otra cosa y dirá otra cosa. Es como el mate cocido; llena pero no engorda. No le pidamos mucho más que eso”, disparó Fernández.
Sobre el cese de comercialización agrario, expresó que “no es un paro” sino “un lockout patronal de quien tiene el manejo de determinados niveles de producción y, fundamentalmente, una oleaginosa de las características de la soja”.
De todas maneras, consideró que, a raíz de esta medida, “el campo muestra que empiezan a ponerse las cosas en su lugar” dada la no participación de la Federación Agraria, a la que diferenció de las otras entidades, en especial de la SRA, a la que -indicó- “nunca le preocupó realmente qué sucede con el productor chico y lo ha perjudicado cada vez que ha tenido oportunidad”
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, confirmó que la Mesa de Enlace que reúne a las principales entidades agropecuarias del país lanzará en los próximos días un plan de lucha que incluiría un nuevo paro general de actividades con cese de comercialización de materia prima.
“Este jueves vamos a hacer una jornada de concientización en la que vamos a mostrar a la opinión pública la situación de la mayoría de las actividades productivas de la Argentina que están siendo perjudicadas por las políticas del gobierno. Y el martes 3, en el ámbito de la Mesa de Enlace, se va anunciar el plan de lucha y ahí vamos a decidir cuál va ser la modalidad de propuesta que vamos a seguir adelante en las próximas semanas”, remarcó Etchevehere.
Según el dirigente, esto no es un acto por alguna circunstancia nueva sino que “hace siete años que venimos reclamando, o sea que es la consecuencia de la política que aplica el gobierno del precio máximo al productor pero sigue perjudicando al consumidor. Por ejemplo, me refiero a la leche, que un tambero está cobrando alrededor de $ 3,20 cuando necesita $ 4 para poder subsistir y la leche en el mostrador está a $ 10, $ 12 el sachet, sin contar que del litro de leche que le compran al productor además del sachet, sacan queso, yogurt y una serie de lácteos que no se ve reflejado en el precio que nos pagan. Lo mismo con la lana, el trigo, la uva, la pera, la manzana…”.
Para Etchevehere, “a todo esto el gobierno lo podría revertir si sacase las retenciones, las prohibiciones de exportar, si sacase esta política de precios máximos, porque es justamente lo que está perjudicando a la actividad. Vemos que en nuestros países vecinos todavía las actividades son rentables y el campo, la producción de alimentos, ayuda a las economías de esos países a progresar, como es el caso de Uruguay, Paraguay, Chile o Brasil”.
En esa línea, los Centros de Corredores de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe aseguraron que el empleo de los ROES como «licencias no automáticas» de exportación hacen perder al sector triguero unos 4.321 millones de pesos por las «restricciones vigentes».
Las entidades expresaron estos conceptos a través de un comunicado donde consignaron que el empleo de este tipo de «mecanismos» genera «no solo graves consecuencias economías a los productores, sino también a las economías regionales.
Los cinco centros de corredores granarios volvieron a criticar el alcance que tiene la resolución general 543, publicada en mayo de 2008 por la ex ONCCA, que a juicio de las entidades «opera en la práctica como un mecanismo de licencias previas de exportación no automáticas».
Según indicaron «hoy el trigo no puede ser comercializado ya que las restricciones vigentes hacen que no haya compradores en la plaza» granaria local y manifestaron que este tipo de «restricciones» provocó que las economías regionales debieran «resignar 4.321 millones de pesos».
Agregaron que «en la actualidad hay disponible para la venta 2,9 millones de toneladas de trigo, que en condiciones normales podrían ser colocadas en el mercado externo, pero no pueden comercializarse como consecuencia de la Resolución general 543».
Las cinco entidades expresaron que «este mecanismo, no solamente impide que los productores capturen el precio pleno por su producción, sino que priva a muchas localidades que dependen directa e indirectamente de este cultivo, de hacerse de 4.321 millones de pesos provenientes de la comercialización del trigo (considerando el valor del FAS teórico que publica diariamente el Ministerio de Agricultura), que no puede materializarse por las restricciones vigentes».
(DyN) – El diputado del Frente Renovador y secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA), José de Mendiguren, volvió a cuestionar la Ley de Abastecimiento, a la que consideró «contraria a la inversión» y a la «división de poderes».
Además, rechazó las críticas del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que tildó de «mafiosos» a los empresarios del G6, que prevén pedir la «inconstitucionalidad» de la norma: «No son felices esos términos. Todo reclamo que uno hace ante la Justicia no hay por qué calificarlo así. Si no es correcto será la Justicia quien determine que no. La Argentina requiere terminar con esto de estilo de blanco-negro, amigo-enemigo».
«A un empresario se lo puede obligar a cualquier cosa pero no se lo puede obligar a invertir y si algo necesita la Argentina hoy, es inversión», planteó el empresario a Radio La Red.
En el G6 «se cree que la ley atenta contra la división de poderes y lo que es más importante, trae una incertidumbre muy grande sobre el manejo de la economía. Es una ley muy imprecisa, con términos muy ambiguos, que permite al Ministerio de Economía y a cualquier gobernador intervenir en la cadena de valor, fijar precios, márgenes ‘razonables’, sobre los stocks ‘no adecuados’. Es una terminología muy ambigua», fustigó De Mendiguren.
Al ser consultado si le molestaron los dichos de Capitanich, que afirmó que el reclamo del G6 es «vergonzoso», el empresario contrapuso que «la Argentina requiere terminar con esto de estilo de blanco-negro, amigo-enemigo. A un empresario se lo puede obligar a cualquier cosa, pero no se puede obligar a invertir y si algo necesita la Argentina hoy, es inversión. Es como pegarle un tiro a la cantimplora en el desierto».
Del mismo modo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, aseguró que «el responsable de la inflación es el que administra la macroeconomía de un país», y le señaló a Capitanich, que el Gobierno «podría hacer un gran servicio si termina» con variables como los aumentos de precios, el narcotráfico y la inseguridad.
Etchevehere, quien volvió a quejarse de la nueva Ley de Abastecimiento impulsada por el kirchnerismo, señaló que la inflación «es la consecuencia del exceso de emisión monetaria y que no haya equilibrio en las cuentas fiscales. La única que puede solucionarla es la autoridad económica».
«En la medida de que no lo solucione el ministro de Economía, no vamos a tener resultados distintos», dijo el dirigente a la radio Nacional Rock, y reclamó que se instrumenten medidas para generar «un equilibrio entre la demanda y la oferta de bienes y podamos tener una moneda estable, en beneficio de todo el país».
Respecto de la Ley de Abastecimiento, insistió con que «vulnera principios fundamentales de la Constitución nacional como el derecho a la propiedad privada, el derecho a asociarse para ejercer industria lícita».
Para el dirigente rural, «leyes como la ley de abastecimiento inhiben el crédito. ¿Quién va a invertir sabiendo que un funcionario de tercer orden como el secretario de Comercio Interior puede fijar precios, márgenes de ganancia, decomisar mercadería en el caso que crea él, sin ir a la Justicia? Una cuestión completamente subjetiva, muy discrecional».
En ese sentido, cuestionó «dónde invierte» un empresario extranjero: «¿En Argentina, donde tengo todos estos problemas, o en Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, donde puedo producir, exportar, generar puestos de trabajo, donde hay leyes a largo plazo, se promueve la inversión?. Hay cuestiones institucionales que deben dar el marco para generar un ambiente de negocios e inversión».
La ciudad de Córdoba fue esta mañana el epicentro de una nueva protesta del campo. Las distintas entidades y productores nucleados en la Mesa de Enlace marcharon en reclamo de una solución para la fuerte presión tributaria y la inflación. En diálogo con Punto a Punto Radio, Luis Etchevehere, de la Sociedad Rural Argentina habló sobre el reclamo.
-Queríamos conocer su postura y su visión por esta protesta que está realizando parte del campo aquí en la ciudad de Córdoba
-Es absoluta responsabilidad del Gobierno nacional que no ha sabido manejar la economía. Vemos cómo nuestros países vecinos tienen economías ordenadas, crecen, sus bancos centrales tienen cada vez más reservas, no tienen inflación, hay inclusión social porque millones de personas han ingresado a la clase media o sea, una absoluta impericia de las actuales autoridades nacionales que hacen que vivamos este momento con una inflación del 40%, con una presión impositiva insostenible, y desde el punto de vista productivo, con reducción o estancamiento de la producción de alimentos a nivel nacional.
-¿Han perdido todo contacto y todo dialogo con el Gobierno, no?
-Nunca lo tuvimos. Desde el 2008 el Gobierno se puso en una actitud resentida, en una actitud revanchista. Desde aquel momento no ha recibido a los representantes de la Mesa de Enlace, que le hemos pedido audiencia en innumerables ocasiones. Si no quieren recibir a la Mesa de Enlace que no la reciba, pero que solucionen los problemas. Que terminen con la inflación, que bajen la presión impositiva para que podamos volver a producir en vastas zonas de la Argentina en beneficio de la Argentina. O sea, mayor producción de bienes que demanda el mundo, como son alimentos, se beneficia el país, como ya lo ha vivido Córdoba, Rosario y otras regiones del país que cuando al campo le iba bien se beneficiaron todos los pueblos de esas provincias
-Como miembro activo de la Mesa de Enlace, ¿qué le dicen los productores? ¿cuanto tiempo más aguantan con esta situación?
-Lamentablemente día a día vamos perdiendo productores. De diferentes actividades, ganaderos, lecheros, han cerrado más de 7000 tambos. Han desaparecido por los cuits de estos mil productores ganaderos. Hay 138 frigoríficos cerrados… hemos caído del 3 al 13 lugar como exportador mundial de carne. O sea que eso es consecuencia de las políticas que aplica el Gobierno, y hacemos responsable al Gobierno nacional por esta pérdida de productores y de producción.
-¿Tienen un plan de acción que debería ejecutar un Gobierno en pocos meses, o en un lapso de un año y medio, tratar de revertir esta situación que viene sufriendo el campo?
-El campo el año pasado, el 11 de diciembre, fue muy claro. En vez de pedir, ofrecimos. Dijimos “señores, si tuviésemos el mismo reglamento que tienen nuestros competidores, podemos producir mucho más”. Ahí estaban sentados los líderes de todos los partidos que el año que vienen van a competir por la presidencia de la Nacion salvo el oficialismo, que invitamos, yo personalmente, al ministro de Agricultura y ganadería de la Nacion y no asistió. Les dijimos “en la medida en que ustedes nos den el reglamento que tienen nuestros competidores, el campo puede dar mucho más. El sector privado sólo, no lo puede hacer. Y el sector público sólo, tampoco”. Acá hace falta que en conjunto, público y privado llevemos adelante políticas de Estado para tener un marco institucional, y gobierne quien gobierne sepamos qué rumbo tenemos. Ya sabemos qué es lo que no hay que hacer. Lo que esta haciendo el Gobierno nacional actualmente es malo para la producción, es malo para todas las provincias productoras de la Argentina.
-La situación que se está dando hoy en Córdoba, esta modalidad de protesta, con un tractorazo en la ciudad, ¿puede repetirse o replicarse en otras ciudades del país?
-Lo venimos haciendo en distintos lugares de la Argentina, lo vamos a seguir haciendo porque entendemos que nos debemos a la opinión publica. Tenemos que informar qué es lo que pasa, que hay un abuso entre lo que cobra el productor por sus productos y lo que paga el consumidor en la góndola. Por diferentes motivos, por la inflación, por la presión impositiva, por la falta de competitividad de muchos sectores. La clave está en disminuir a un mínimo, a un dígito, la inflación y la clave también esta en tener una presión impositiva competitiva con respecto a otros países. Porque no nos tenemos que olvidar que no estamos solos en el mundo.
DyN) – La Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), las cámaras de Comercio y de la Construcción, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino y la Bolsa de Comercio rechazaron por unanimidad la reforma de la ley de Abastecimiento y advirtieron que recurrirán a la Justicia de ser sancionado por el Congreso.
Las entidades -aglutinadas en el Grupo de los Seis (G-6), que se reunieron hoy en la sede de la UIA- consideraron que la ley es «inconstitucional» y que viola la propiedad privada, además de conspirar contra la generación de empleo.
De la reunión participaron el presidente de la UIA, Héctor Méndez, el secretario de esa entidad, José Ignacio de Mendiguren, y los presidentes de la la SRA, Luis María Etchevehere, de la Cámara de Comercio, Carlos de la Vega, de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, y de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), Jorge Brito.
Al término del encuentro, Etchevehere sostuvo que el G-6 decidió «rechazar por unanimidad el proyecto que se envió al Congreso, porque entendemos que es inconstitucional, viola la propiedad privada y el derecho a ejercer industria lícita».
Etchevehere señaló que el nucleamiento planteará su posición «en el Congreso, a todos los líderes políticos, y en el caso de que (el proyecto de ley) sea sancionado, vamos a ir a la Justicia».
Para el titular de la SRA, «las consecuencias que tendría en el caso de ser sancionado (el proyecto) es llevar al país a una mayor recesión, mayor desempleo y al aumento de la informalidad en lo que es la actividad comercial y productiva», por lo que «es negativo a lo que es la actividad económica».
De Mendiguren, por su parte, sostuvo que «todos defendemos la defensa del consumidor, pero notamos que so pretexto de esto se quiere dictar una ley de esta naturaleza, que va a causar exactamente los contrario» a lo que dice pretender el proyecto.
«Un consumidor, primero es un trabajador, cobra un sueldo para después consumir y lo que estamos poniendo en riesgo con leyes de esta naturaleza es la generación de empleo», afirmó el dirigente industrial.
Tras señalar que es necesario «revertir este proceso de caída de actividad y del nivel de empleo» que vive la Argentina, De Mendiguren consideró que «se está dando un remedio (por las modificaciones a la ley de Abastecimientoque no es para esta enfermedad» .
«Nuestra preocupación es ver en qué punto afecta cada nivel de actividad que nosotros representamos, porque nuestra obsesión en revertir esta situación, porque la Argentina necesita dólares y los dólares no se pueden fabricar, así hay dos formas de generarlos: vendiéndole al mundo más de lo que le compramos o a través de las inversiones», indicó De Mendiguren.
Al respecto, el secretario de la UIA y también diputado por el Frente Renovador, señaló que «las inversiones están dificultadas hasta que arreglemos el tema externo y las exportaciones hace falta incrementarlas, sobre todo las de mucho valor agregado».
Por su lado, Gabbi, que mañana tiene previsto recibir a la presidenta Cristina Fernández en el aniversario de la Bolsa Comercio, adelantó que en su discurso va a «resaltar la importancia de la empresa en el país y lo que ha significado el cepo cambiario para la actividad» bursátil.
Además, consideró que «tenemos que volver a recuperar la confianza para volver a recuperar los superávits gemelos», es decir comercial y fiscal.
A su turno, Brito coincidió en que el proyecto enviado por el Poder Ejectivo al Parlamento «afecta básicamente a al trabajador, porque va a generar menor fuentes de empleo».
Foto: DiarioBae
(DyN) – El Gobierno profundizó el control sobre los productores agropecuarios al crear por decreto «un régimen de registración de movimientos y existencias de granos no destinados a la siembra» para «consolidar la captación» de la información «de comercialización» y «manejo físico» y «consiguiente reflejo tributario».
Mediante la resolución general 3593, publicada en el Boletín Oficial con la firma del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se estableció que «los procedimientos vigentes para documentar el traslado de granos deben reflejarse en un registro de existencias de granos que permita un adecuado seguimiento y control de las operaciones involucradas, para aquellos operadores de granos con planta habilitada por la autoridad de aplicación».
«A los fines de efectuar la registración sistémica de movimientos y existencias de granos», los productores deberán informar «la existencia inicial de granos -a partir de la vigencia del presente régimen-, debiendo identificar por cada planta habilitada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: grano, kilogramos y cosecha a la que pertenece», se indicó.
También, se deberán declarar «las existencias de granos a la hora cero del día correspondiente al día de inicio de actividades», «ingresos o salidas correspondientes a la recepción o emisión de cartas de porte ferroviarias, Conocimientos de Embarque o remitos, o los que en el futuro los sustituyan o complementen»; «grano, kilogramos y cosecha a la que pertenece».
«La registración de existencias y movimientos se conformará para cada responsable, por cada planta habilitada -incluyendo aquellos depósitos transitorios o de uso temporal, discontinuo o eventual, dependientes de ésta-, grano y campaña involucrada», se añadió.
Se advirtió que se encuentran alcanzados por esta medida «los operadores del comercio de granos que se encuentren inscriptos en el ‘Registro Unico de Operadores de la Cadena Agroalimentaria'», como acopiadores y consignatarios, compradores de granos para consumo propio, industriales aceiteros, de biocombustibles, cerveceros, molineros, arroceros y fraccionadores, entre otros.
«Cuando se detecten inconsistencias en los datos informados o en caso de incumplimiento de la presente por cualquier otra causa», se remarcó, se podrá «disponer la autorización parcial en el expendio de Cartas de Porte, en la asignación del Código de Trazabilidad de Granos y/o de comprobantes de liquidación primaria de granos (compraventa o consignación)».
También, «denegar el expendio de Cartas de Porte, la asignación del Código de Trazabilidad de Granos «CTG» y/o los comprobantes de liquidación primaria de granos (compraventa o consignación)».
Al respecto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, advirtió que «si el Gobierno quiere» que haya «mayor producción» de granos, «tiene que promoverla, no castigarla», tras la nueva medida que refuerza el control sobre el sector.
Además, remarcó que «el problema no es controlar a las ventas, sino la inflación», y sostuvo que la relación del campo con el Gobierno «sigue inexistente», porque «hace cinco años que no nos reciben».
«Por lo que pudimos ver esta reglamentación no está destinada a los productores, sino a los acopios, plantas acondicionadoras y otros eslabón de la cadena. Los productores hace años tenemos un sistema de registro determinado por la AFIP, que a fin de año, a la altura de octubre, tenemos la obligación de declarar lo que nos queda de cosecha vieja y por supuesto después declarar la nueva», detalló Etchevehere. «Si nosotros no declaramos la cosecha no hay stock y no podemos mover la cosecha. Año a año cumplimos con esa reglamentación para poder tener los papeles en orden», agregó.
«Nosotros no hablamos del Gobierno como un enemigo, sino que desde el Gobierno permanentemente nos atacan y nos agreden», recalcó el presidente de la SRA. Etchevehere analizó que la administración de Cristina Fernández vio a los productores como «enemigos y no como aliados para la producción de las divisas necesarias, fuentes de trabajo genuinas e industrialización de la materia prima en origen».
“Me comuniqué con Luis Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina, para sumar a la Bolsa de Comercio al Foro de Convergencia Empresarial, el espacio que se está formando entre sectores empresarios y sindicalistas y que busca acordar políticas de Estado más allá de la coyuntura”, dice Horacio Parga, presidente de la entidad.
El Foro de Convergencia Empresarial es un amplio espacio en el que participan las entidades empresarias más importantes del país, como la UIA, AEA, Acde, Adeba, IDEA, Amcham; los referentes de la industria agropecuaria, representados por la Sociedad Rural, la Mesa de Enlace y Coninagro, entre otros, y dirigentes sindicales, entre los que figura el propio Hugo Moyano.
“Nos parece un ámbito apropiado para discutir las políticas de los próximos años. Y creemos que la Bolsa tiene mucho para aportar, a partir de los estudios y diagnósticos que realiza”, acotó Parga, destacando que la “la unidad del empresariado y un diálogo más fluido entre todos los sectores, mucho más teniendo en cuenta los tiempos que se vienen es fundamental”.
El Foro de Convergencia Empresario se reunirá nuevamente el 20 de febrero (nuevamente en el predio de La Rural), donde la treintena de cámaras que participan explicarán sus preferencia respecto a “ejes básicos en lo institucional, social y económico”. “Se busca así evitar que cada cuatro u ocho años tengamos que arrancar de cero (con cada gobierno) y que cada diez años tengamos una crisis económica, social o institucional”, indicó el presidente de la Sociedad Rural.
Respecto a la presencia de sindicalistas en el espacio, Parga sostuvo que este tipo de encuentros “sirve para derribar conceptos. Hay que dialogar”. Y recordó que en Córdoba, el Grupo de los 6 (G-6) del que la Bolsa forma parte, ya mantuvo reuniones con los gremios. “Fue muy positivo y es probable que en el corto plazo (empresarios y sindicalistas) mantengamos una reunión con el gobernador De la Sota”, sostuvo.
“No podemos seguir hablando en privado de los horrores del Gobierno y no decirlo en público. No podemos acompañar barbaridades por miedo a algo. Haber hecho lo posible es mucho mejor que sentir arrepentimiento por no haberlo intentado”.
Con esa frase, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, cerró ayer su discurso en el marco de un nuevo almuerzo de coyuntura organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba y al que asistieron unos 150 hombres de negocio locales.
El ruralista, miembro de la Mesa de Enlace, si bien como era de esperar criticó con dureza las políticas agropecuarias del Gobierno nacional, sorprendió con un llamado al empresariado a participar más activamente de la vida pública del país, deslizando que gran parte de los problemas que enfrenta la Argentina se deben a no haber hablado a tiempo.
“Hay que hacer un mea culpa, revisar qué hicimos con la cosa pública”, puntualizó Etchevehere para luego hacer hincapié en la necesidad de “revisar los valores” empresarios. “ ¿Creemos en la propiedad privada o no? ¿Creemos en la libertad de comercio o no? ¿Creemos en la legitimidad del lucro o no? Este Gobierno ha violado todas estas cosas”, enfatizó.
Para el titular de la SRA, la participación del empresariado es esencial para pensar el país a largo plazo. “Todo el empresariado ansía volver a la normalidad. Pero si no hay una visión productiva, vamos a seguir pendientes del viento que venga, según el humor social”, subrayó.
Fracaso “de punta a punta”
De todos modos, Etchevehere lógicamente centró la mayoría de su discurso en criticar al Gobierno nacional. “En el campo, el balance es negativo. Fracasaron de punta a punta. El Gobierno dijo que se iba a apropiar de la renta agraria y lo hizo, causando graves desastres productivos”, advirtió.
Al respecto, enumeró algunas cifras con las que justificó sus declaraciones: aseguró que en los últimos años desaparecieron más de 6.000 tambos, se cerraron 128 frigoríficos dejando a 13.000 trabajadores en la calle y que hubo US$ 10.000 millones que, en lugar de quedar en manos de los productores como debería haber sido, fueron a parar a otros eslabones de la cadena: US$ 2.000 millones en el caso de la leche, la misma cifra para el maíz y US$ 6.000 millones en el trigo.
Además, subrayó que el campo aporta US$ 36.000 millones por año a la economía argentina y que, en la última década, por retenciones el Gobierno obtuvo US$ 69.000 millones, casi dos veces las reservas del Banco Central.
Otro dato: el “dólar soja” se ubica por estas horas en $ 3,50, cuando el valor de los insumos se acerca al del dólar blue. “Suben entre 10 y 15%, en dólares, todos los años”, puntualizó el ruralista.
Para Etchevehere, “todo esto es la eficiencia de la producción que se queda en las arcas del Estado y se traslada a otros eslabones de la cadena”. “Es un fracaso culpa de la necedad y terquedad. Ese revanchismo y odio pueden perjudicar a toda una generación de productores. El Gobierno sólo ve al campo como una caja y como a alguien a quien eliminar para supuestamente generar poder”, remarcó.