El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, anunció la modificación de las escalas bajo las cuales se calcula el pago del Monotributo, que tendrán lugar a partir del 1º de septiembre.
Al igual que lo sucedido con la suba del mínimo no imponible de Ganancias, el anuncio fue formulado en el marco de una nueva reunión de diálogo político entre los funcionarios del Gobierno y representantes de los sectores empresariales y sindicales más afines a la Casa Rosada.
“Esta medida abarca a una cantidad importante de argentinos, a los más de 2.250.000 personas acogidas al régimen del monotributo; y es una solución a las expectativas de muchos contribuyentes”, resaltó Echegaray.
En el caso de Córdoba, el número de beneficiarios asciende a 241.078, 10,7% del total. La jurisdicción mediterránea es la tercera con mayor cantidad de monotributistas, por detrás de Buenos Aires (34%) y la Capital Federal (17%), y levemente por encima de Santa Fe (10%).
Concretamente, la nueva escala del régimen de monotributo parte de una facturación de $ 48.000 anuales ($ 4.000 mensuales) para la categoría B de prestación de servicios. El límite para ser monotributista, en tanto, se duplicó de $ 200.000 a $ 400.000 para los servicios y de $ 300.000 a $ 600.000 para los que se dedican a la venta de bienes muebles.
Críticas a los monopolios (y a Méndez)
Antes de ingresar a la reunión con empresarios y sindicalistas, la presidenta Cristina Fernández volvió a cuestionar a los sectores monopólicos, acusándolos de perjudicar a las pymes.
“Después lo vamos a charlar con los empresarios. Uno de los problemas que voy a plantear es ue varias de las pymes que vinieron de la misión, me reiteraron las prácticas de abuso de posición dominante de las empresas monopólicas y oligopólicas en la producción de insumos básicos y difundidos, como en la fabricación de productos para la canasta familiar, como así también en las grandes cadenas de supermercados”, señaló Cristina.
“Se quejan ante Defensa de la Competencia de que tal o cual empresa grande tiene un comportamiento monopólico y demás, y entonces como las empresas tienen acceso a la información por efecto de la ley y de quién es el que se queja, después le cortan el crédito, le cortan el chorro, como normalmente se dice, y terminan perjudicadas”, añadió.
Acto seguido, le pegó un palo por elevación al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, quien protagonizó una polémica el último fin de semana al pedir “un ministro de Economía más fuerte”.
“Estas cosas las vamos a charlar después, así que todo el que tenga que decir algo por favor le pedimos que lo manifieste en la reunión o en las reuniones sectoriales que van a tener y van a seguir teniendo permanentemente, porque estamos encontrándole en algunas cosas –dijera el paisano- el agujero al mate”, puntualizó.
Sugestivamente, Méndez no estuvo en esta oportunidad en la reunión y lo reemplazó el vicepresidente de la UIA, José Urtubey, justamente el candidato que los K buscaron imponer este año cuando se eligieron autoridades en la central fabril.
Más fondos para obras sociales
En tanto la titular de la Superintendencia de de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, anunció la incorporación de dos nuevos subsidios al Fondo Solidario de Redistribución que se destinan a las obras sociales, uno denominado Sumate, que apunta a mitigar las asimetrías de trabajos especiales, y otro Suma 70, para mayores de 70 años.
Korenfeld explicó que la medida significa un 20% más de distribución de recursos. “La incorporación de Sumate tiene en cuenta a los monotributistas, a los trabajadores sociales, agropecuarios y a los de casa particulares. La distribución del subsidios será automática y proporcional a cantidad de afiliados”, manifestó. Este subsidio tiene una proyección anual de $ 890 millones.
Respecto de Suma 70, Korenfeld explicó que se decidió luego de tomar en cuenta que muchos afiliados a obras sociales quieren seguir aportando a la misma obra social y, además, las estadísticas muestran un consumo mayor de prestación de servicios de salud a partir de esta edad. Por eso se ha incorporado nueva herramienta, Suma 70, cuya proyección anual es de $ 420 millones.
Korenfeld explicó que “hay multiplicidad de programas; nuestra intención es alcanzar estándares de equidad y transparencia, a partir de SUR, Sano, Suma, Sumarte y Suma 70 vamos a transferir del Fondo Solidario de Redistribución a las Obras Sociales, el próximo año será de $ 6.500 millones”.