El funcionario de La Libertad Avanza (LLA) explicó cada uno de los rubros que reducirán sus aranceles en la importación con disminuciones que alcanzan incluso el 35%:
«Heladeras y lavarropas: del 35% al 20%. Así volverán a tener el arancel que comparten los países miembros del Mercosur».
«Neumáticos: del 35% al 16%. Esto representará un alivio para las empresas de fletes y de transporte de personas».
«Principales insumos plásticos: del 12,6% al 6%. Menos costo, repercusión favorable para los consumidores que demandan los diversos bienes fabricados con insumos plásticos (que van desde envases de alimentos y productos de higiene personal hasta electrodomésticos y juguetes)».
«Esto implica mejores precios y un mayor nivel de competencia en el mercado que nos beneficiará a todos. El paso es firme. Buen fin de semana», acotó Adorni luego de anunciar las disminuciones en los aranceles.
Según explican especialistas y como pudo confirmar Ámbito, la medida de reducción del cepo importador busca impactar en la competitividad del mercado y tiene como principal objetivo la unificación del nivel de aranceles.
Fuentes de Casa Rosada señalaron a Ámbito que «la baja de aranceles de todas maneras es un proceso lento por que no hay tanto espacio para bajar aranceles debido al acuerdo del Mercosur, aclaran en gobierno».
«Bajan los aranceles. Más allá de una baja gradual, sería importando primero unificar el nivel de aranceles. Ejemplo: 10 % para todo. Y de ahí en adelante bajar un 1 % por año. Así entiendo que lo hizo Chile. En 10 años era un país sin aranceles y en el camino evitó distorsiones», explica el economista Adrián Ravier.
Hace una semana, el Gobierno a había anunciado una reducción de impuestos y de aranceles en la importación para el sector automotriz, con el objeto de mejorar la competitividad e impulsar su crecimiento, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X.
Actualmente, este sector tiene el 10% de la producción total industrial y genera más de 75 mil empleos.
El ministro dijo además que «se mantendrá la exención de derechos de exportación para las exportaciones incrementales que estaba vigente desde 2021 y se sistematizará y digitalizará el régimen de Reposición de Existencias (Repostock)».
Estas medidas «permitirán que los proveedores vendan partes a las terminales con una rebaja de aranceles e impuestos y que se genere una caída en el costo de las autopartes nacionales con destino a exportación».
Tras la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), el Gobierno nacional decidió cerrar el 40% de los registros automotores, comenzando con aquellos que llevan intervenidos más de dos años.
La medida, explicaron desde el Ministerio de Justicia, se tomó con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos.
Además del cierre de los registros, se dispuso recortar un 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Otras de los cambios importantes que ordenó el Gobierno fue eliminar la «cédula azul». De esta manera, a partir de mayo cualquier persona podrá circular dentro de los límites de la República Argentina con la sola exhibición física o digital de la cédula verde del titular del automóvil.
En el caso de las cédulas verdes, se especificó, ya no tendrán fecha de vencimiento.
Además, dejará de existir el Certificado de Transferencia Automotor (CETA), que obligaba a cada ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
«A partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos», indicaron desde Justicia.
Registro automotor: qué otras medidas tomó el Gobierno
Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.
Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.
Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.
Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.
Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, firmó un convenio con Andes Cerveceria y Malteria Quilmes, en el marco de Mendoza Intec Sustentable, el sello creado por el Gobierno de Mendoza para lograr modalidades de consumo y producción sustentables con tecnología e innovación.
“Con el sello Mendoza Intec Sustentable, la Provincia de Mendoza quiere tomar la iniciativa y ser pionera en la certificación de estos criterios y estándares de sustentabilidad”, afirmó la ministra durante la firma del acuerdo.
“El objetivo es marcar el rumbo de todo el desarrollo productivo, y que empresas tan importantes se sumen para cumplir con los más altos estándares nacionales e internacionales es fundamental para que se sumen otras industrias”, aseguró.
“Se pone en el centro la salud y la vida de los mendocinos y argentinos, en una iniciativa que cuenta con la articulación de sectores educativos como la Universidad Nacional de Cuyo, el Gobierno de Mendoza y el privado”, recalcó Latorre.
Los convenios que firma el Gobierno de Mendoza se enmarcan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Agenda 2030, con 17 metas globales establecidas por Naciones Unidas para un futuro sustentable, a los que adhieren Argentina y la provincia.
Entre los objetivos están garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna; construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible; fomentar la innovación; lograr que las ciudades inclusivas, seguras y sostenibles; garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; gestionar los bosques; luchar contra la desertificación; detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Modelo de desarrollo circular y regenerativo
Con este convenio, el Gobierno de Mendoza y la empresa se comprometen a coordinar acciones relativas a la implementación de buenas prácticas de tecnología, innovación y sustentabilidad en el sector productivo. A su vez, Cervecería y Maltería Quilmes avanzará en sus procesos para lograr una certificación que responda a los estándares marcados por la Provincia. Para esto, se confirmará una mesa de trabajo en la que se coordinarán las acciones para la creación de valor tecnológico, innovación y sustentabilidad.
Esta mesa estará integrada por la empresa, la Dirección de Transición Energética, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, y las direcciones de Desarrollo Productivo y de Agricultura, dependientes del Ministerio de Producción.
La Provincia controlará y guiará en la implementación de los proyectos, planes y acciones que desarrolle la empresa para obtener el sello Mendoza Intec Sustentable, que tiene vigencia de dos años pero quedará sujeto a control periódico.
El primero de los convenios que se enmarcan en este sello fue firmado por el Gobernador Alfredo Cornejo y Bodegas de Argentina durante la Vendimia. “Acciones como estas, que se extenderán a los procesos productivos de las distintas industrias y servicios de la provincia, promueven la capacitación constante, la inversión de calidad, el desarrollo de tecnologías aplicadas a la eficiencia y la sostenibilidad ambiental, económica y social de nuestra matriz productiva, abriéndonos puertas a más y mejores mercados”, afirmó el mandatario en esa oportunidad.
Gracias a este sello, que se irá coordinando con distintos actores productivos, se ordenan las potencialidades de desarrollo estratégico de todos los sectores y actores de la provincia.
El 97% de las marcas franquiciantes esperan ampliar sus puntos de venta en 2024, con una tasa de crecimiento anual del 12,5%. Significa 3,7 puntos más de aumento que en 2023, cuando el crecimiento promedio fue 8,8%. No obstante, el potencial del sector sería mayor si el Gobierno adoptara políticas de beneficio y si se implementaran cambios contemplados en la ley ómnibus, como publicó El Cronista en enero.
Los datos se desprenden del informe ‘Evolución del mercado de franquicias’ que realizó la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) junto con Idesa. En la Argentina, 1700 marcas cuentan con franquicias. Participaron 312 en el relevamiento, presentes en 14 provincias con 16.468 puntos de venta (el 64% están en Buenos Aires) y que generan 60.655 empleos. Cabe aclarar que la encuesta se hizo en diciembre, tras el cambio de Gobierno.
La mayoría de la muestra son franquicias de gastronomía (40%), seguidas por comercios especializados (23%), servicios (17%), estética y salud (7%), indumentaria, textil y calzado (7%), y capacitación (6%). De acuerdo al estudio, la tasa de crecimiento promedio de empleo fue 5,4% entre 2017 y 2023, lo que, si se expande al universo total de las franquicias, se habrán creado 245.000 puestos de trabajo en ese periodo.
La mayoría (29%) son franquicias de cadenas ‘muy grandes’, con más de 200 empleados. Le siguen las que están en el otro extremo de la categoría, las ‘microfranquicias’, con menos de 20 trabajadores. Les siguieron las que tienen entre 101 y 200 colaboradores, consideradas ‘grandes’; y las que poseen entre entre 20 y 50 (ambas con 20%). Por último, figuran las ‘medianas’, con entre 51 y 100 empleados.
De acuerdo al sondeo, la mayor cantidad de puntos de venta que se inauguran corresponden a empresas nuevas, que incorporan tecnología en sucursales que tienden a ser cada vez más automatizadas. En 2023, el 79% de las marcas relevadas abrieron nuevos locales.
De todos los rubros relevados, solo uno creció por debajo del promedio general del 8,8%: servicios, con un 6%. El resto lo hicieron por encima, con un 24% estética y salud, un 18% capacitación, un 14% comercios especializados, un 13% gastronomía, y un 11% indumentaria, textil y calzado.
Para este año, las franquicias que más esperan crecer son también las de estética y salud, con un 53% de tasa de crecimiento prevista. Detrás, están las de capacitación (26%), comercio especializado (25%), gastronomía (20%), indumentaria, textil y calzado (15%), por encima del 12,5% de promedio general proyectado, mientras que servicios prevé un 7%. De cumplirse esta estimación, habrá crecido por debajo de la media general, al igual que el año pasado.
En tanto, las regiones con mejores perspectivas para 2024 son Noroeste (69%) y Patagonia (52%). Por su parte, Cuyo (36%), Pampeana (16%) y Gran Buenos Aires (11%) son las que crecerían este año a un ritmo menor.
A modo de conclusión, el informe resaltó que, al comparar el nivel de actividad de las empresas en 2024 versus 2023, el 50% de los rubros son optimistas. Encabezan la tendencia franquicias de capacitación, estética y salud, y servicios. En la otra cara, un 50% de los rubros son menos optimistas que lo que fueron el año pasado: indumentaria, textil y calzado; comercio especializado y gastronomía.
En buena medida, esta mejora en las perspectivas estuvo alentada por las expectativas que generó el cambio de gobierno en diciembre. Los que respondieron que van a estar «mucho mejor» este año fueron un 16%, cuando en el anterior estudio la proporción llegó al 13%. También entre los más pesimistas se achicó el porcentaje: los que piensan que van a estar «mucho peor» antes eran el 7% y hoy son el 4%.
También creció el número de marcas con presencia en el exterior. En 2015, eran 124 las que se habían internacionalizado y en 2023 ya eran 179. Esto datos se tomaron trabajando junto con Claves y el Estudio Canudas. Del total, 62 son nuevas, lo que significa que en 2015 no operaban internacionalmente y hoy sí.
En tanto, siete de las que estaban afuera ya no operan en el exterior, y solo lo hacen a nivel local. En tanto, 22 sumaron mercados, 62 operan en los mismos que antes y 33 en menos. El sector más representativo es gastronomía (que pasó de 34 a 62 franquicias), cuando antes era indumentaria.
Las 7 políticas que las franquicias le piden al Gobierno
La falta de financiamiento, inconvenientes con la legislación laboral y regulaciones, recursos humanos (rotación y capacitación) y cuestiones de abastecimiento y logística son algunas de las restricciones que las franquicias enfrentan.
Entre las políticas que el sector le demanda al Gobierno, el 63% de marcas franquiciantes piden una reducción impositiva, seguido por un 59% que solicitan créditos, un 54% que quieren que bajen los costos laborales, un 19% que demandan programas de capacitación y pasantías, un 19% que piden apoyo a exportaciones, un 14% que creen que debería desarrollarse infraestructura que facilite la logística y la distribución, y un 12% que solicita subsidios.
Según explicaron las autoridades en la presentación del informe de la AAMF, hoy solo está suspendido el capítulo laboral del DNU 70/2023, por lo que «es posible que se pongan en vigencia el resto de los cambios», que implicarían beneficios para el sector, que podrían multiplicar el número de franquicias actual.
El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura el proyecto de Código de Procedimientos Mineros, con el objetivo central de modernizar las normativas vigentes desde 1945. Lo hizo a través del subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
Entre otros aspectos, el propósito del proyecto es mejorar los controles, transparentar y agilizar los procedimientos e incorporar criterios de sustentabilidad ambiental y desarrollo sostenible a esta actividad que hoy cuenta con herramientas que no existían en el siglo pasado.
“Esta propuesta se fundamenta en la imperativa necesidad de optimizar la administración de los recursos mineros, así como transparentar y modernizar los trámites relacionados con la inscripción o concesión minera”, afirma el proyecto, que además apunta a establecer claramente las funciones de las autoridades en materia de ambiente y de procedimientos.
El Gobernador Alfredo Cornejo sostuvo que “esta iniciativa viene a transparentar, a mejorar los procedimientos, sanciones y los controles, en una actividad que debe tener regulaciones claras y controles eficientes”. A esto, le agregó: “Mendoza, con su vasta experiencia y potencial, está capacitada para llevar a cabo la actividad minera de manera sostenible y responsable. Es esencial, por lo tanto, aprobar un Código de Procedimientos Mineros que responda a las exigencias presentes y futuras”.
La reforma que deberán analizar las cámaras de Diputados y Senadores incluye la modernización de los procedimientos para agilizar las gestiones, ya que por año llegan a acumularse centenares de expedientes en papel. Además, se destaca la importancia de involucrar activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de los recursos minerales, promoviendo la transparencia y la participación en todo el proceso.
El proyecto, que consta de 7 artículos y un anexo de 237, abarca la minería de primera, segunda y tercera categoría (canteras) y sigue el ejemplo de los más altos estándares internacionales, regulando incluso el transporte de la producción por rutas y caminos.
“En un contexto de creciente conciencia ambiental y la necesidad de avanzar hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, la minería se convierte en un componente esencial de la transición energética a nivel global”, afirma el texto del proyecto. Además, la minería resultará esencial en la diversificación económica de una provincia rica en recursos de subsuelo y con larga experiencia en explotación hidrocarburífera.
Un enfoque integral
El Código de Procedimientos Mineros propuesto desde el Ejecutivo tiene un enfoque integral que garantiza no solo un desarrollo económico responsable y sostenible, sino también la profesionalización y aumento en la dotación de la Policía Minera.
Abarca la modernización de procesos desde la exploración, hasta el transporte de minerales metalíferos y no metalíferos en ruta, con sanciones de aplicaciones efectivas y severas para los incumplimientos.
En su articulado agiliza el trámite de permisos, evitando que queden expedientes sin resolución durante años, o que estas demoras se traduzcan en especulaciones inmobiliarias. Además, propone audiencias conciliatorias en los conflictos, abreviando su resolución.
A su vez, prevé la digitalización de expedientes y de la información geológica de la provincia. Hoy, los ciudadanos no tienen acceso a catastro minero, ni derecho a saber qué tipo de minas y canteras existen, qué hacen y de quiénes son.
“Los expedientes son públicos y cualquier persona puede consultarlos por los sistemas previstos por la Autoridad Minera, salvo que las actuaciones se encuentren a despacho para resolución u otra disposición fundada en contrario”, afirma el proyecto.
La protección ambiental será fundamental en todo el proceso. Con esta reforma, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental será iniciado ante la Dirección de Protección Ambiental, con Declaración de Impacto Ambiental para cada una de las etapas del proyecto o de implementación efectiva. Se deberá informar a la Autoridad Minera de los avances de dicho procedimiento.
Las normativas se aplicarán en toda la cadena de producción. Los titulares de derechos mineros, los operadores de prospectos y de proyectos, deberán cumplir y hacer cumplir las reglas establecidas a sus socios, contratistas, subcontratistas y empleados, para lo cual deberá firmarse una Declaración Jurada de Buenas Prácticas.
Esta Declaración Jurada de Buenas Prácticas consignará la descripción de los grupos y comunidades de las zonas de radio influencia directa e indirectas al área del Proyecto Minero, y garantizará la información y participación ciudadana.
Contendrá información relevante de los aspectos socioeconómicos y culturales de las comunidades locales, su relación con el ambiente, formas de organización social, relaciones laborales, producción y las formas en que el interesado prevé interactuar con grupos y comunidades, además de detallar la metodología de trabajo, código de conducta, reporte de sustentabilidad de la empresa, comunicación y talleres y controles de higiene y seguridad.
Para la minería de tercera categoría, popularmente te llamada “canteras”, se aumentarán los controles para regular y controlar eficientemente las posibles afectaciones de cauces fluviales y aluvionales. En caso que se requiera el desvío temporario de un cauce, el permiso de explotación será otorgado previo dictamen vinculante de la Dirección de Hidráulica y/o del Departamento General de Irrigación, que podrán denegar permisos en aquellos cauces o zonas que, por efecto de la actividad extractiva, asociada con fenómenos de erosión fluvial, puedan generar problemas de estabilidad o impacto infraestructural.
La nueva normativa también creará el Registro de Productores Mineros: todo productor deberá inscribirse en un registro en el que estarán sus datos, el nombre de la mina y el número de expediente de derecho minero; a fin de evitar y erradicar las explotaciones informales e ilegales.
Los inscriptos en el Registro de Productores Mineros, deberán presentar la Declaración Jurada de Producción. Su presentación será obligatoria aun cuando no haya producción en el yacimiento, planta o acopio.
Fortalecimiento de Policía Minera
La Autoridad Minera ejercerá el poder de Policía Minera con inspectores que tendrán mayores funciones y facultades que en la actualidad.
Podrán vigilar los trabajos subterráneos, superficiales y los elementos, equipos, maquinarias y plantas, hacer cumplir las normas ambientales, de salud, seguridad e higiene de las labores, controlar el transporte de minerales, comprobar que los trabajos que se realicen y certificar los datos que coincidan con las Declaraciones Juradas de Producción y realizar actas e imponer las sanciones.
Estos inspectores tendrán libre acceso a todos los trabajos, labores mineros e instalaciones que tengan por objeto la exploración, explotación y beneficio de sustancias minerales y pétreas.
Los concesionarios, arrendatarios, administradores, capataces, empleados, obreros y toda otra persona que se encuentre en la mina, estarán obligados a acompañar a los inspectores mientras duren las inspecciones, y suministrar a dichos inspectores toda la documentación e información que le sea requerida.
Si los inspectores encontraran obstáculos o resistencia en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir el auxilio de la fuerza pública. Las sanciones irán desde el apercibimiento hasta las multas, la suspensión, la inhabilitación o la clausura. Siendo suficiente título ejecutivo para hacerlas efectivas y lograr el buscado efecto disuasivo de infracciones e incumplimiento.
La segunda jornada del 5° Foro de Inversiones & Negocios de Mendoza se desarrolló con una gran afluencia de público que participó de las distintas mesas sectoriales de trabajo. El evento contó con la organización del Consejo Empresario Mendocino (CEM) y el Gobierno de Mendoza con el objetivo de generar un espacio colaborativo y ágil en la atracción de inversores a la provincia. Con una modalidad innovadora -única en su tipo-, empresarios y emprendedores de todos los rubros compartieron espacios profesionalizados en los que recibieron información de primera mano e intercambiaron inquietudes, desafíos y oportunidades.
Luego del inicio del jueves 29, las palabras de bienvenida y la realización de diversos workshops y mesas de trabajo específicas, el viernes hubo diez mesas sectoriales de inversión y negocios. De este modo, entre las 9 y las 13 se llevaron adelante las siguientes reuniones: Nuevas Industrias y Construcción Sustentable, Petróleo, Servicios basados en el Conocimiento, Transporte y Logística, Turismo, Agua, Audiovisual, Energía, Vitivinicultura y Ganadería. A estos sectores, se le sumaron el jueves mesas de Salud, Real Estate, Minería y Agroindustria.
Además, como en la primera jornada, continuaron los encuentros B2B, uno de los grandes aciertos de este año, y las reuniones preagendadas con funcionarios del Gobierno. Durante los dos días, se llevaron adelante más de 200 encuentros B2B y 45 reuniones acordadas entre representantes del Gobierno y posibles inversores interesados en áreas diversas.
El viernes también se llevó adelante otra de las novedades del Foro como fue el Speed Meeting de Negocios. “Aquí se seleccionaron 30 proyectos del ecosistema emprendedor local con el objetivo de darles visibilidad y que inversores y venture capitals los conocieran”, destacó Silvia Jardel, gerente general del CEM. Así, en una de las salas más grandes del hotel Hilton se realizaron reuniones y encuentros entre los proyectos nuevos, pero consolidados, y posibles interesados en apalancar propuestas. Aquí participaron emprendimientos relacionados con la economía circular, la energía solar, la tecnología, diversas aplicaciones, productos alimenticios, energía y muchos otros.
“Espacios como estos son fundamentales y se nota que las charlas son cada vez más profesionales, así como se observa un nivel empresarial alto”, destacó Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, presente en el workshop vitivinícola. En este sentido, Silvia Jardel, destacó que este año las mesas se planificaron de tal manera que los inversores pudieran participar en más de una. Del mismo modo, explicó que los espacios sectoriales fueron especialmente diseñados con líderes a cargo e información certera para que los posibles inversores tuvieran la oportunidad de plantear sus inquietudes de manera directa a los funcionarios del área.
Integración, sinergia e información
En la segunda jornada también se llevaron adelante los siguientes workshops: Informe anual Vitivinícola presentado por el banco Supervielle, Perspectivas Macro 2024 para mejores inversiones y financiamiento presentado por Banco BST y Mega QM y Franquicias-Mendoza, región de desarrollo de marcas y franquicias presentado por Andina ART y Mercantil Andina. En líneas generales, los participantes de estos espacios se llevaron información de primera mano, compartieron experiencias y debatieron sobre las oportunidades y proyecciones de los distintos sectores.
“Si esto mejora hay muchas oportunidades, pero es un mundo totalmente diferente al que conocemos”, destacó Javier Merino, asesor de la división vinos de Supervielle y responsable de presentar el informe vitivinícola. En este marco, una de las principales conclusiones fue no solo que los consumidores son cada vez más exigentes sino que, más allá de la calidad, hoy lo que importa es la experiencia.
En cuanto a temáticas de Petróleo, los temas pasaron no solo por la posibilidad que se abre en nuevas áreas convencionales, sino que también se conversó sobre los posibles formatos para que las empresas prestadoras se afinquen en la provincia. Los inversores pudieron saldar dudas sobre cómo se gestionarán esas áreas y otras 12 que el Gobierno lanzará a licitación. Las oportunidades del no convencional y la necesidad de trabajar fuerte en capacitación fueron otras de las temáticas tratadas en esta mesa.
Con respecto a Turismo, se habló tanto de oportunidades de inversión como de estrategias de promoción. Con el ojo puesto en Brasil, se hizo hincapié en la posibilidad que ofrecen todos los países vecinos para el sector turístico. Aquí, Paraguay y Uruguay se destacaron como opciones para focalizar estrategias de promoción. En este sentido se señaló la importancia de afinar la inteligencia de mercado para ver qué productos se demandan y de qué manera promoverlos.
En las mesas correspondientes a los sectores de Transporte y Logística, y Audiovisual se habló de la alta proyección de Mendoza, así como de la necesidad de financiamiento para poder afrontar las necesidades de inversión en vista. La cooperación tanto de las empresas como de los organismos estatales especializados también fue una temática común, especialmente en los Servicios basados en el Conocimiento. El objetivo, en líneas generales, fue sentar bases para mejorar la sinergia y potencialidad entre los distintos actores. En la mesa del Agua, en tanto, se estableció el plan para buscar el aprovechamiento del recurso hídrico en los años de abundancia de recurso y poder equilibrar los años de escasez que, en general, son dos o tres de diez.
El Gobernador Alfredo Cornejo recibió al secretario de Industria y Desarrollo Productivo dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Alberto Pazo. De la reunión también participó Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza.
En este encuentro, el funcionario nacional presentó distintas líneas de créditos y financiamiento para productores mendocinos para fomentar e impulsar la producción.
“Nuestro propósito es claro: potenciar al máximo las fuerzas productivas del país. Nuestro objetivo es brindar herramientas para que el capital privado elija a la Argentina para desarrollar sus empresas, generar trabajo de calidad y encargar la economía hacia un camino de prosperidad”, sostuvo Pazo en su exposición en el 5º Foro de Inversiones y Negocios que se lleva a cabo en el Hotel Hilton.
Se trata de créditos para inversiones de eficiencia hídrica para proyectos que mejoren la conservación del agua. Además hay una línea de leasing para la adquisición de maquinaria agrícola y equipamiento usado. Por último también está disponible un proyecto para warrant (título de crédito que permite al dueño de una mercadería darla en custodio a una empresa emisora debidamente autorizada) de botella de vino en garantía.
Vargas Arizu hizo referencia a esta alineación entre el Gobierno nacional y el de Mendoza: “Pocas veces he visto una alineación tan fuerte entre Nación y Provincia. Esto es música para los oídos de los inversores y música para nosotros desde el sector empresario y música también para el sector de gobierno, que estén tan alineados”.
El ministro de Producción también hizo referencia a dos de los anuncios que hizo el secretario de Industria y Desarrollo Provincial: “Juan (Pazo) ha traído más y a mejor tasa. Trajo dos grandes novedades, uno que es el desarrollo de la vitivinicultura, todo lo que es botella cerrada, que estás tres, cuatro, cinco o siete años guardada. Eso no tiene financiamiento y es un peso fuerte para las bodegas. Ahí ha traído una novedad que se hace en algunos países desarrollados, Francia y España con garantía de la misma marca y eso va a traer un alivio a las bodegas para poder invertir más”.
Vargas Arizu destacó que el funcionario nacional también anunció “el leasing de maquinaria usada porque mucha gente de agricultura de no muy altos recursos, no puede acceder a cosas nuevas pero sí puede cambiar algo que tenga, un tractor 84 ir a un 94 bueno para él eso es algo muy bueno, para ser más eficiente en el trabajo que hace. La verdad que eso es muy bueno para una media, que hay mucho en agricultura, ganadería para todo eso es muy bueno e industria”.
Líneas de créditos y financiamientos
Estas son las líneas de créditos y financiamientos que podrán utilizar los productores de Mendoza:
Créditos para inversiones de eficiencia hídrica
● Nueva línea de inversión con hasta 5 años de plazo para proyectos que mejoren la conservación del agua. Aplica a productores vitivinícolas y bodegas.
● Dirigida a inversiones como la impermeabilización de canales y la compra de bienes de capital, entre los que se encuentran equipos de riego y bombas. También aplica a la adquisición de tractores, mallas antigranizo y modernización de plantas y equipamiento.
● Tiene una tasa Badlar +4% y tope máximo de 115% para los primeros 2 años de plazo.
Leasing para maquinaria agrícola y equipamiento usado
● Línea de leasing para la adquisición de cosechadoras, semirremolques, tractores, pulverizadoras, sembradoras, camiones, semirremolques, rodados, entre otros. Aplica a bienes con hasta 10 años de antigüedad.
● Tiene un plazo de hasta 4 años y tasa Badlar +4% con tope de 105% durante toda la operación. El banco financia hasta el 70% del bien.
Warrants
● Se encuentra en desarrollo entre el BICE (Banco Argentino de Desarrollo) y el Ministerio de Economía un proyecto para warrant de botella de vino en garantía, una vez que esté reglamentado el DNU.
El dinero proviene de un convenio entre la Provincia y la Nación por el cual esta última otorgó un total de $1.200 millones en concepto de Aportes No Reembolsables (ANR). Ese monto, conforme al Decreto 3298, será destinado a la recuperación de la fábrica de envases, que en mayo de 2023 sufrió un incendio que provocó pérdidas casi totales.
Conforme a la reglamentación de este tipo de aportes, la empresa deberá presentar en los 90 días corridos, contados desde la recepción de los fondos, la documentación correspondiente a la inversión que realizará con los fondos recibidos.
Es importante aclarar que la fábrica participaba activamente en los diversos programas de incentivos para la inversión promovidos por la Provincia, hasta el momento del siniestro. Posteriormente, y hasta el mes corriente (febrero de 2024), también participa en los programas de sostenimiento del empleo.
El Gobierno nacional se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir, mediante un recurso extraordinario, el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, informaron fuentes judiciales.
La presentación hecha por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el equipo de abogados que representa al Estado nacional a cargo de Rodolfo Barra, incluye críticas a la justicia laboral y la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya representación cuestiona.
«No surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora», sostuvieron los abogados de la PTN en el escrito al que accedió Télam.
Al respecto, los letrados opinaron que «tampoco se explica de qué manera la vigencia del DNU afecta los derechos de los trabajadores que la actora dice representar».
El énfasis de las resoluciones judiciales que suspendieron la aplicación del capítulo laboral del DNU estaba puesto, sin embargo, en la injustificada invocación de las condiciones de «necesidad y urgencia» a las que recurrió el Ejecutivo para no pasar la mentada reforma por el Congreso de la Nación.
«El texto del artículo 99 de la Constitución Nacional es elocuente, y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad», habían remarcado los jueces de la Cámara Federal del Trabajo cuando dejaron sin efecto el capítulo 4 del DNU.
En su escrito de casi 40 páginas, los abogados de la PTN también cuestionaron los criterios que utilizó de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral.
«Corresponde señalar que el Tribunal a quo toma un elevado e injustificado piso de ponderación respecto a la necesidad y urgencia que habilita al PEN a emitir un DNU. Tenga presente que la norma emitida y el proyecto de ley enviado pretenden modificar el marco regulatorio actual y el rol que debe tener el Estado», sostuvieron los representantes legales del Estado nacional.
Y agregaron: «A modo de ejemplo, por un lado, se cuestiona al Estado y a las autoridades políticas por los altos índices de desempleo y trabajo informal y, por otro lado, cuando se toman medidas a fin de resolver estos problemas sociales, las mismas son suspendidas y anuladas por el Poder Judicial por requerimiento de un grupo político y de poder, como es la CGT -disfrazándose de un sector vulnerable, en el marco de procesos judiciales que no responden a un caso o causa», dispararon.
Acerca de si el DNU contempla normativas cuya implementación requieren un carácter de urgencia, la presentación de la Procuración indicó que «la excepcionalidad, que no es emergencia«» es «un concepto de valoración meramente política y no jurídica» como ocurre con otros como los de “seguridad de fronteras”, “conmoción interior” y “justicia social”, entre otros citados.
A criterio de la representación legal del Estado, estos conceptos son «ajenos» para «la práctica constitucional y la propia jurisprudencia de la Corte Suprema. La valoración política de la emisión del DNU corresponde exclusivamente el Poder Legislativo», sostuvo,
El tribunal sostuvo que las reformas en materia laboral incluidas en el DNU hecho público por el presidente Javier Milei el 10 de diciembre pasado era contrario al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.
La norma establece que el Ejecutivo nacional «participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar», pero que «no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo».
El Gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, dieron a conocer el Plan Provincial de Salud 2024-2030 y el paquete de 26 leyes, el cual fue presentado en la Legislatura esta mañana. Esto, para llevar adelante esta transformación en el sistema sanitario de la provincia y, así, brindar más y mejores servicios.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo provincial busca desarrollar una planificación a mediano y largo plazo para que cada gestión de Gobierno pueda adecuar y ajustar los lineamientos estratégicos a las realidades del momento, poniendo foco en aquellas intervenciones que se consideren prioritarias.
En la mañana de hoy, Montero presentó el paquete de leyesen la Legislatura, acompañado de la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, junto a otros legisladores, que luego participaron en la presentación del plan.
Ya en la Casa de Gobierno, la segunda autoridad de la Provincia comentó que la mayoría de las leyes enviadas ingresaron por el Senado y otra parte por Diputados. “Estamos dispuestos a comenzar el debate, a tener una cabeza abierta para todos los aportes que quieran hacer, porque es un plan de salud que trasciende las gestiones”, afirmó.
En la oportunidad, el Gobernador Cornejo y el ministro dieron detalles sobre el plan y las leyes ante senadores y diputados provinciales y representantes de los sectores público y privado de la salud, entre otros. “Es nuestro plan de salud como Estado provincial”, aseguró el mandatario al abrir la exposición, y remarcó que “esto se da en un contexto determinado, que es el que quiero hablar y conversar con la ciudadanía de Mendoza. No se da porque es el principio del Gobierno, sino que lo desarrollamos cuando nos ofrecimos ante la ciudadanía para gobernar la provincia”, durante la campaña electoral de 2023.
Asimismo, Cornejo hizo referencia a la situación económica nacional, que afecta a todos los argentinos, y remarcó que el problema con los precios distorsionados “conduce a una tormenta perfecta en la que más personas buscan servicios públicos en lugar de privados, como salud y educación”. A esto le sumó que “la Argentina está intentando un cambio de modelo económico brusco de uno que no funcionó, y que tiene que terminar de una buena vez, a otro que aspiramos que sea de incremento de la productividad de nuestras actividades, de crecimiento económico y estabilidad macroeconómica”.
Es más, explicó que buena parte de los insumos de salud están dolarizados, como también un alto porcentaje de los servicios de salud, y dijo que, “según nuestras proyecciones, si las obras sociales, prepagas, etcétera, van a los precios razonables, varias personas van a migrar al sector público a atenderse por su salud”.
A continuación, el Gobernador fue tajante al sostener: “Me niego a estar en la mera descripción del problema y no atacarlo profundamente, por eso estamos avanzando en educación, lo vamos a hacer en la seguridad, en la administración de Justicia y lo haremos en la salud”. Mencionó el plan y sostuvo que se inserta en este contexto nacional “perfectamente”, porque se ha pensado tanto para atacar la emergencia, como en mejorar aún más el sistema completo en todo el territorio provincial.
Además, Cornejo dejó en claro que con este plan, que requiere de la aprobación de estas 26 leyes, se está hablando de cambios de modalidades de prestaciones, bloqueos de títulos y en numerosos aspectos del recurso humano “que son básicos en la salud”. Además, en su enumeración de transformaciones mencionó una nueva vinculación con el sector privado y con las obras sociales para “enfrentar esta tormenta perfecta”, tal como graficó el Gobernador la situación que estamos viviendo en el país.
Según explicó a los presentes, “el sistema tiene que ser mucho más eficiente y eficaz”, y aseguró que esto trae aparejada “mucha gestión del sector público, a través de nuestros directores de hospitales y coordinadores, entre otros tantos, y para eso tienen que poner mucho liderazgo para llevarlo a la práctica”.
Por otro lado, el Gobernador hizo hincapié en que para lograr este objetivo es necesario modificar y derogar leyes provinciales. “Dentro de lo que está en nuestra competencia estamos atacando muchos, muchos aspectos”, aseguró el mandatario provincial. Además, puso el foco en que con Montero y un equipo de profesionales comenzaron a delinear este plan hace unos años, incluso antes de que comenzara la campaña electoral.
Cornejo también puso en valor la participación de la vicegobernadora Casado, quien es médica inmunóloga, y se sumó a la elaboración de los proyectos durante el año pasado y que, ahora, siendo la presidenta del Senado provincial, también está involucrada de lleno en el tratamiento de estas normas.
Para avanzar en esta transformación, el ministro Montero afirmó que “el objetivo es llegar a acuerdos de política pública y lograr consenso en las decisiones”. A esto le agregó: “El Gobierno quiere evitar extremos y buscar un camino más consensuado para avanzar como sociedad”, por eso es la presentación de este plan estratégico de salud a mediano y largo plazo.
“Hacerlo, explicitarlo, publicarlo, mostrarlo y debatirlo es un acto de gobierno muy importante, porque le estamos dando a la sociedad civil y al sector político un instrumento y les decimos cuáles son nuestros objetivos, cómo lo vamos a cumplir y cómo se pueden medir”, dijo el ministro, y resaltó: “Los funcionarios vamos a poder hacer aportes sobre esas líneas de trabajo y la sociedad también nos va a poder medir en el cumplimiento de esos objetivos”.
Detalles del plan
El plan será el mapa de navegación que posibilitará a la Provincia cumplir el compromiso de proteger la dignidad de las personas, garantizar el derecho a la salud, el acceso a los servicios y asegurar que se brinde una atención integral, oportuna y de calidad a todas las personas. El fin es contribuir al ejercicio pleno del derecho a la salud.
Ante esto, Montero aseguró que “el desafío emprendido por el Ministerio de Salud y Deportes es mayúsculo”. Según explicó, las estrategias establecidas buscarán reforzar el sistema público de salud, mejorar las condiciones del capital humano, promover y potenciar la atención primaria, mejorar el acceso a la atención de salud de las personas y brindar a la población acceso a medicamentos de calidad.
El ministro de Salud y Deportes afirmó que en el plan se hace un profundo análisis del sistema sanitario de Mendoza y de las principales variables epidemiológicas y socio-demográficas de la provincia, que condicionan el estado de salud de la población. También fija las principales líneas estratégicas y define las medidas prioritarias a tomar en los próximos seis años en las áreas específicamente seleccionadas y su correspondiente evaluación.
Objetivos generales del plan
Teniendo en cuenta esta información, es que se comenzó a delinear este plan ,que tiene los siguientes objetivos:
Mejorar las condiciones de salud y garantizar el acceso al sistema de toda la población de la provincia.
Promover cambios culturales en favor de estilos de vida más saludables y la reducción de la exposición a factores de riesgo.
Mejorar la calidad institucional y de organización del Ministerio.
Fortalecer la gestión de Gobierno.
Facilitar la participación y el control social y legislativo de las gestiones de Gobierno.
Mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público.
Definir y consensuar metas y objetivos concretos en la acción de Gobierno, relacionándolos con los recursos disponibles.
Estimular al personal de la administración pública para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan, lo que le dará más sentido a la labor de los trabajadores involucrados.
Rescatar y poner en valor, dando continuidad a las experiencias positivas y programas que se vienen desarrollando en el Ministerio específico por esta y anteriores gestiones.
Indicadores socioeconómicos de Mendoza
En el plan también se realiza un estudio pormenorizado de los indicadores socioeconómicos de la provincia. Según se detalla, Mendoza tiene valores elevados de alfabetización (98,4%), siendo en las zonas urbanas de 98,9% y en las rurales, de 96,6 %.
De acuerdo con la estructura familiar, los hogares de la provincia están conformados en promedio por 3,2 personas, siendo en la zona urbana de 3,0 y en la zona rural, de 3,6 personas. Los hogares monoparentales se caracterizan por tener en su mayoría jefatura femenina (casi el 86,2 %). Además, sostiene que 30% de las viviendas de Mendoza carecen de servicios básicos necesarios para vivir en condiciones de salubridad.
El sistema sanitario
Dentro del plan, además se realiza un balance del modelo sanitario provincial actual y se sostiene que es el resultado de un proceso de conformación del sector que comenzó en los años 40. “La evolución del modelo provincial no ha sido ajena al proceso ocurrido en el nivel nacional, donde coexisten tres sectores: público, seguridad social y privado”, fija en el documento, y analiza que, desde el punto de vista de la financiación, estos tres grandes subsectores están totalmente desarticulados.
“El sistema es inequitativo en todos sus sentidos. Las posibilidades de cobertura son muy distintas para las personas que solamente son alcanzadas por el sector público y las que tienen cobertura por alguna obra social, y también hay diferencias significativas entre estas últimas y quienes tienen seguros privados”. Así quedó reflejado en el documento presentado por el Gobernador y el ministro.
Población según lugar de atención
Respecto de los lugares de atención, casi 50% de la población de todo el territorio se atendió en hospitales públicos o centros de salud, según datos de 2022. En segundo lugar figuraron quienes lo hicieron en hospital o consultorio de obra social, con 33,3% y, tercero, con un porcentaje muy por debajo de los anteriores, quienes fueron atendidos en instituciones de salud privados, con 16%.
En varios departamentos el sector público resuelve más de 70% de la atención médica requerida, debido al bajo desarrollo del sector privado. Eso muestra la importancia del sistema público para llevar equidad en salud.
Para conocer en detalle el Plan Provincial de Salud 2024-2030, haga clic aquí.
