El Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios (CPCPI) comunicó hoy que unos 3500 inmobiliarios deberán matricularse en esa entidad, según interpretan, tras la sanción de un nuevo fallo del Tribunal Superior de Justicia.
Según se difundió, “el máximo organismo judicial, ratificó su sentencia de agosto de 2013, rechazando nuevamente el pedido del Colegio de Martilleros, lo que ya deja sin recursos para seguir litigando, y confirma una vez más que el Colegio de Inmobiliario, creado por la ley 9445, es perfectamente constitucional y que tiene el control de la matrícula profesional, en todo el territorio provincial”.
“El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, resolvió no conceder el recurso extraordinario federal de apelación para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra el Auto número Treinta y dos dictado por este Tribunal Superior de Justicia con fecha ocho de agosto de dos mil trece, rechazando definitivamente las acción iniciada por el Colegio de Martilleros, y concluyendo una vieja disputa iniciada desde la promulgación de la Ley 9445, que creó el Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios de Córdoba y estableció que este fuese el ente que regule y administre la actividad Inmobiliaria en la Provincia”, señalaron desde el CPCPI.
Si se tiene en cuenta que la matrícula en el Colegio de Inmobiliarios es de $ 4000, más $160 de cuota mensual se entiende que la disputa con los martilleros es por muchos millones. Si el universo en disputa es de 3500 profesionales (se estiman que son 4500 si se suman los que ejercen la profesión en negro) se llega a una «caja» de por lo menos $20,7 millones. A eso hay que sumarle porcentajes sobre los edictos (que se cobran $330), sobre los fondos de fianza ($ 800), más las propiedades a dividir.
Asimismo, destacaron que “el nuevo dictamen es el final del camino y deja sin dudas, que el CPCPI, es la entidad encargada de regular la actividad de los Corredores Inmobiliarios en toda la provincia de Córdoba, obligando a más de 3500 agentes inmobiliarios a obtener su matrícula CPI, para que puedan seguir ejerciendo legalmente la profesión dentro de la provincia, asumiendo que el que no lo haga, estará ejerciendo ilegalmente su profesión y podrá ser denunciados penalmente, como ya lo ha hecho el CPCPI anteriormente”.
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