En la última década, los juicios de CEOs y altos ejecutivos a las empresas dejaron de ser una rara avis en el mundo laboral para convertirse en una tendencia en crecimiento. Amparados en la Ley Nacional de Empleo 24.013 de 1991, que establece un sistema de multas para el trabajo no registrado, muchos ejecutivos le perdieron el prurito a demandar a una compañía. Los montos indemnizatorios que podían obtener –más del doble de lo previsto, en la hipótesis más pesimista– a partir de beneficios no debidamente registrados en el salario como el auto, la telefonía celular, los bonos o las stock options fueron un incentivo suficiente para visitar a un abogado y presentar una demanda.
Según identifican los laboralistas, los años 2005 y 2006 marcaron el primer pico de los reclamos. Luego, la crisis internacional de 2008/9 –con su impacto sobre el sector financiero, especialmente, los bancos de inversión– desató otro brote. Hoy, los litigios se mantienen en niveles altos, sin la efervescencia de aquellos momentos pero con montos en juego que superan, en la mayoría de los casos, los $ 10 millones –y extremos de hasta US$ 25 millones.
Juan Manuel Arias, socio de Rodríguez Mancini & Arias, es uno de los referentes del mercado representando a la parte actora, coinciden en la City. Su estudio laboralista lleva, hoy, unos 800 pleitos de CEOs, y concentró una significativa porción de los casos en los últimos años. “Me di cuenta de que era mucho más rentable defender a los ejecutivos que a las empresas, y me fui especializando en el tema”, confiesa el abogado, que mantiene los nombres de sus representados bajo siete llaves. El estudio asesora también a firmas pero en otro tipo de asuntos, bajo el ala de Jorge Rodríguez Mancini. En 2014 –recesión de por medio–, vio crecer un 50 por ciento las demandas.
El caso Vizzoti (Vizzoti Carlos vs. la empresa de medicina prepaga Amsa), que derivó en el célebre fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2004 que declaró inconstitucional el antiguo tope a las indemnizaciones laborales, fue el punto de partida para el renombre de Arias entre los directivos. “Los juicios empezaron a ser más importantes en monto. Antes era relativamente barato echar a un ejecutivo porque se le aplicaba el tope del convenio de actividad. Con Vizzoti, si bien postulamos que no se le aplicara ningún límite, la Corte terminó fijando un tope del 67 por ciento de la base salarial, lo que mejoró mucho las indemnizaciones”, señala.
Pero no fue solo el efecto Vizzoti lo que alentó los juicios. Tanto la mencionada ley 24.013 como la 25.323 (del año 2000), pensadas originalmente para combatir el empleo en negro, se transformaron en un arma que la alta dirección supo aprovechar en su beneficio. “Las grandes empresas importaron los paquetes de stock options y otras compensaciones que, trasladados a la realidad argentina, hacen ruido por un montón de lados. Para la ley argentina son salario, por más que muchas sigan tratándolos como no salariales. Eso genera deficiencias registrales y multas”, plantea el abogado.
Las causas que llevan adelante número unos y directores tallan sobre esos conceptos que forman parte de su compensación total: el bono, el auto, el celular, las opciones de acciones. Por los pagos no blanqueados, las indemnizaciones se incrementan un 25 por ciento (sobre el monto no percibido por ese ítem). Y si el empleado no estuvo registrado en algún momento de su vínculo, el importe indemnizatorio se duplica. El no pago en término también está sujeto a multas, detalla Esteban Sojo, socio de Maurette & Asociados, según indica el sitio Apertura.com.
La ley –sostiene Arias– no distingue entre un empleado común y un ejecutivo, como sucede en otros países donde existe una regulación específica para la alta dirección (España, Alemania). “Las empresas no saben anticipar los ciclos de sus ejecutivos –sentencia el abogado. Se manejan con políticas corporativas dictadas de afuera y no les dan el trato acorde a la contribución que generaron. Por eso proliferan las demandas”.
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