El Senado Nacional le dio ayer media sanción al proyecto de reforma judicial que elevó el Gobierno Nacional. Para analizar el alcance de estas modificaciones y su impacto en la vida democrática, en la política y en el sector privado Punto a Punto Radio dialogó con el abogado, profesor e investigador de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA, Lucas Arrimada.
-¿Cuáles son los problemas que, a su criterio, tiene esta reforma?
-Especialmente si estamos hablando del Consejo de la Magistratura, hay tanto problemas constitucionales como problemas políticos. El Gobierno, especialmente en algunas áreas, realiza muchas políticas que son malas políticas, pero constitucionalmente cuando hablamos del Consejo de la Magistratura, su propuesta de que los miembros sean electos de manera directa, no es frontalmente inconstitucional, pero sería uno de los pocos países en el mundo que elige al Consejo de la Magistratura de esa forma. Pero realmente no contradice nuestra Constitución, de hecho hay un artículo, el 114, que cualquiera podría leer, que no impide que sea elegido de forma directa. Lo que sí podría ser claramente inconstitucional, es que las mayorías de ese organismo, se agravan.
-¿Por qué se habla de democratización? ¿Hay algún aspecto que realmente sea así?
-Esa es una muy buena pregunta. Realmente, el Gobierno presentó seis proyectos, de los que realmente tres son problemáticos y tres son, irrelevantes. Podrían ser positivos, pero también dependen de su implementación. En esos aspectos, el ingreso democrático, las declaraciones juradas, que fueron criticadas porque reducen el estándar actualmente vigente, podrían ser medidas positivas pero en comparación con otros proyectos vigentes, pero en comparación con los otros tres proyectos, cautelares, Casación y Consejo de la Magistratura, no hacen un balance positivo de la reforma.
-¿Qué otros países tienen elección directa del Consejo de la Magistratura?
-Tal cual tendríamos nosotros en Argentina, creo que ninguno. Existe Bolivia, que constitucionalmente, en la última reforma que llevó al poder y que rediseñó Evo Morales con su elección, diseñó elecciones directas para los jueces, con una práctica que todavía es muy incipiente para evaluarla. Lo que sí produjo, porque se da un fenómeno político similar a Argentina, es que producto de las mayorías de Evo, la justicia termina siendo afín o políticamente cercana al mismo Gobierno. Cosa que en Argentina sabemos que también pueden cambiar después de las elecciones de octubre. Nada asegura al oficialismo que los cambios en el Consejo de la Magistratura vayan a repercutir para un control del mismo, desde mi punto de vista, pensando en un escenario de largo alcance.
-¿En qué puede afectarle esta reforma al sector privado, a las empresas?
-Bueno, en ese aspecto, hay mucho ruido y muchas posturas extremas. Ahí creo que hay una mezcla de niveles, porque realmente el Poder Judicial en la actualidad no brilla por sus virtudes, entonces un proceso es sumamente necesario, la democracia necesita un debate en serio. Yo creo que el impacto hacia el sector privado es mínimo. O lo único que podría sospecharse es que el Gobierno use a los jueces para poder impactar a los empresarios no amigos, pero ese es un alarmismo que a mí me resulta ajeno. Pero por ahí creo que los impactos para la ciudadanía en común y el empresariado en general, son muy reducidos.