El empresario Juan Carlos Barrera y sus hijos Mariano Barrera y Pablo Barrera, quedaron detenidos este jueves por la tarde tras entregarse a la Justicia Federal.
El fiscal federal Enrique Senestrari había imputado formalmente al ex presidente de Instituto y titular de la empresa recaudadora de caudales Bacar por los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera bursátil no autorizada agravada y estafa. (Informe Especial: pruebas sobre la mesa de dinero que funcionaba en Bacar)
El 4 de julio de 2014, habían sido beneficiados con la exención de la prisión por el Juzgado Federal Nº de Córdoba. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones decidio revertir aquel fallo, tras el recurso impulsado por el fiscal Senestrari.
La medida judicial fue apelada por la defensa ante la Cámara Nacional de Casación Penal, quien recientemente ratificó el fallo. Entre los fundamentos de la decisión se destaca el peligro para el procedimiento que observan los magistrados y que representaría la libertad de los acusados.
«Barrera y los hijos se entregaron. Después me dijeron que uno de ellos no había quedado detenido. La Cámara de Casación decidió que había riesgo procesal y que tenían que estar en prisión preventiva mientras dura la instrucción», precisó el fiscal Senestrari según publica Cba24n.
«Con la conducta que tuvieron durante el caso, entiendo que hay riesgo y deberían mantenerse presos hasta el juicio, y el juicio hacerse lo más rápido posible», ratificó el funcionario judicial.
Por estafas y asociación ilícita, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó la detención de Juan Carlos Barrera (presidente de Bacar y expresidente de Instituto), aunque la medida puede apelarse.
La sala judicial, presidida por el doctor Abel G. Sánchez Torres e integrada por los jueces Luis Roberto Rueda y Liliana Navarro pidió que sean apresados, además de Juan Carlos Barrera, sus hijos Pablo Adrián Barrera, Iván Ariel Barrera y Mariano Dan Barrera, «en el marco de la investigación por la cual se los acusa de la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera y bursátil no autorizada agravada y estafa», según el comunicado de prensa de la Justicia federal.
En el fallo de la Cámara se sostiene que los Barrera deben ser detenidos porque «los imputados habrían desplegado maniobras tendientes a engañar el accionar de la justicia, falseando información respecto de pruebas que se buscaban en el marco de la denominada ‘causa CBI'».
Además, se menciona «la ocultación de dinero y documentos relacionados con el accionar delictivo que se está investigando». Sánchez Torres y Navarro se refieren, por ejemplo, a que habían consigando un listado de 129 cajas de seguridad desocupadas durante un allanamiento, aunque en ese caso «47 de ellas se encontraban ocupadas».
En esta misma causa el Juzgado Federal Nº 1 había resuelto conceder el beneficio de exención de prisión bajo caución juratoria a los nombrados, revocado por esta decisión, según informa Día a Día.
La defensa de los imputados puede apelar la medida y, eventualmente, se suspendería la ejecución del arresto.
El presidente de Bacar, Juan Carlos Barrera, quedó envuelto en una nueva polémica luego de que, por medio de una carta documento, le iniciara un reclamo al Instituto Atlético Central Córdoba por una deuda que la entidad tiene con su empresa.
El dato no revestiría de tal polémica si no fuera porque Barrera fue presidente de Instituto y esta deuda se generó justamente cuando él encabezaba la comisión directiva.
“Ingresó hoy a la sede del club una Carta Documento emitida por el Ex Presidente de la institución Juan Carlos Barrera, reclamando el pago de una deuda que el club mantiene con Bacar”, señala el comunicado publicado por Instituto en su página web y en su cuenta oficial de Facebook.
Textualmente, la carta documento sostiene que la intención de Bacar es “agotar la posibilidad de acordar amablemente el modo de saldar la deuda que la institución mantiene con la empresa que represento, procurando una salida útil para ambas partes…”.
Acto seguido, Barrera pide una respuesta en un plazo de 10 días, amenazando si no con iniciar las acciones legales pertinentes.
“Cabe resaltar, que el reclamo pertenece a una deuda generada cuando el mismo presidente de la firma reclamante era el presidente de Instituto. La actual Comisión Directiva tratará el tema en reunión para dar una respuesta a la solicitud”, manifestó Instituto al respecto.
El juez federal Ricardo Bustos Fierro dispuso el sobreseimiento de Juan Carlos e Ivan Barrera, titulares de Bacar en la causa que los tenía imputados por “perturbación al ejercicio de la función pública”. Se trata de una imputación que había solicitado el fiscal Enrique Senestrari y que generó una causa derivada de la causa principal donde se investiga la supuesta caída fraudulenta de la financiera CBI.
Los Barrera habían sido imputados luego de que el fiscal Senestrari considerara que estaban entorpeciendo la Justicia al no entregar documentación referida a los titulares de las cajas de seguridad de su empresa Bacar.
En su fallo –con fecha de 5 de febrero de 2015- Bustos Fierro señala que “en ningún momento se vio realmente estorbado o impedido el señor fiscal un acto propio de sus funciones como era el hecho de tener acceso a las cajas de seguridad…; el hecho de que las 129 cajas de seguridad informadas como desocupadas no se hayan encontrado en su totalidad tal como se las reportó no se lo puede considerar como un obrar fraudulento…; no se halló vinculación entre el contenido encontrado en las cajas informadas como desocupadas con la causa que motivo su apertura”.
E-mail a los clientes
Tras el sobreseimiento por esta causa, Ivan Barrera envió un e-mail a sus clientes dando cuenta de la novedad. Allí, les comunicó:
“Sres. Clientes quiero compartir con ustedes, una noticia que habla de justicia y que si bien casi tuvimos que esperar un año, hoy se hiso JUSTICIA. Agradezco a todos ustedes el haber confiado en mi palabra, les supe decir que no me juzgaran aun, que me dieran el tiempo para demostrarles, que lo que yo les decía era la verdad. Bueno este tiempo se cumplió, les adjunto el fallo del Sr. Juez donde dispone el SOBRESEIMIENTO del Sr Presidente Juan Carlos Barrera y de su Director Titular Iván Barrera. Aquellos que por temor o mala información no supieron esperar y ya no son mas clientes de Bacar, espero que tomen la decisión de serlo nuevamente, por que este grupo de personas que formamos esta empresa, trabaja diariamente y seriamente para cuidar los valores que ustedes confían en nuestra firma”.
Desde la explosión del escándalo de la financiera CBI, la familia Barrera no para de sumar disgustos. ¿El último? La denuncia formulada por el concejal, Esteban Dómina, de que Bacar retuvo indebidamente fondos de la Municipalidad de Córdoba, situación por la cual considera que el contrato que une a ambas partes debería ser rescindido.
En diálogo con Punto a Punto Radio 90.7, Dómina explicó que hallaron un decreto firmado el 23 de mayo de 2014 en el que el intendente, Ramón Mestre, “le ordena al asesor letrado que inicie acciones judiciales contra BACAR para recuperar fondos indebidamente detenidos”.
“Así lo dice textualmente el decreto. Es algo que necesita ser aclarados cuanto antes porque se trata de fondos públicos, no estamos hablando de una situación privada. No nos quisieron mostrar el expediente y desconocemos el monto en juego, pero supongo que debe ser una suma muy importante, primero para que se establezca por vía de decreto esta acción de cobro y segundo porque el volumen que BACAR maneja es muy importante. Es la cifra diaria de recaudación, estamos ante una situación realmente grave”, explicó.
El concejal del Frente Cívico agregó que esta irregularidad habría ocurrido en la misma época en que la cadena de supermercados Mariano Max denunció penalmente a Bacar también por retención indebida de 11 millones de pesos, en una causa que terminó con la imputación de Juan Carlos Barrera, también involucrado junto a sus hijos en el escándalo de CBI.
Por ello, Dómina insitió en que “el municipio tiene que aclarar rápidamente si se recuperó ese dinero, de qué manera se recuperó y de qué monto estamos hablando” y pidió que, “por este grave incumplimiento”, el municipio “debería evaluar la situación delicada en la que está la empresa y rescindirle el contrato”.