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(Télam).- Los votos positivos fueron aportados por Cambiemos, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista y otras fuerzas menores, mientras que los sufragios en contra del proyecto fueron cosechados por el kirchnerismo y la izquierda.

Uno de los artículos que logró mayor consenso en la discusión que se extendió por más de doce horas fue el que estableció la paridad de género en las listas de candidatos ya que fue respaldado por 214 votos contra 3 de diferentes partidos mientras que hubo cuatro abstenciones.

Los tres votos en contra fueron del diputada de Proyecto Sur Alcira Argumedo, el kirchnerista Guillermo Snopek, y la izquierdista Myriam Bregman, quien quería que se divida ese artículo porque en el mismo estaba el ítem del piso para pasar a la elección general del 1,5 por ciento de electores.

El artículo sobre las PASO, que en el debate en general generó fuertes discusiones, se aprobó sin dificultades dado que el oficialismo decidió por falta de acuerdo con la oposición mantener el sistema que rige desde el 2011 por el cual el ciudadano puede optar por candidatos de diferentes partidos políticos.

Si bien al principio ofreció flexibilizar el mecanismo de las elecciones primarias para los partidos provinciales en los comicios presidenciales, después optó por eliminar su propuesta de las Paso cerradas al no obtener los 129 votos requeridos para aprobar las leyes electorales

De hecho hasta la votación en general los representantes de los diferentes bloques continuaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo pero eso no fue posible porque el massismo y el bloque justicialista no acompañaron al oficialismo, y en medio de esas conversaciones volvió aparecer la ampliación de la Cámara de Diputados.

La propuesta de ampliar en 70 bancas la Cámara de Diputados es impulsada por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el jefe de la bancada del Pro, Nicolás Massot, y otros diputados bonaerense, ya que sería la provincia más beneficiaba, pero la UCR mantuvo su postura de no incorporar este tema sin un debate público más amplio.

El proyecto aprobado esta noche incorporó el voto electrónico en todo el país en reemplazo de la extensa boleta sabana, por lo cual ahora se imprimirá una papeleta de papel, para verificar el conteo de votos.

Además estableció la paridad de generar por lo cual la lista de candidatos para ser oficializada tendrá que tener intercalado un hombre y una mujer, con lo cual se reemplaza el cupo del 30 por ciento impuesto en 1991.

Otro punto clave del proyecto es la prohibición de las candidatura múltiples, por el cual un postulante pueda presentarse para varios cargos, es decir para legislador y para gobernador al mismo tiempo.

A lo largo del extenso debate que se prolongó por más de doce horas estuvo centrado en dos puntos, las elecciones primarias cerradas-rechazado por casi todo el arco opositor- y el respaldo a la paridad de género que fue un reclamo de las mujeres de todas las fuerzas políticas.

«Manifestamos nuestra profunda preocupación por el proyecto de ley impulsado en el Congreso sobre la posibilidad de la sanción de Ley Antidespidos. Este tipo de iniciativas traería serias consecuencias a las PyMEs del sector, que componen el 95% del entramado productivo del software», expresó mediante un comunicado de prensa el Córdoba Technology Cluster (CTC).
Por otro lado, una de las mayores preocupaciones que evidencian las empresas tecnológicas cordobesas es que «la promulgación de esta norma postergaría las decisiones de inversión y la consecuente creación de nuevos empleos, provocando una contracción en las expectativas de crecimiento para el año».
En el texto, el CTC manifiesta que «la industria argentina del software creó 4.400 puestos de trabajo en 2015 llegando a la cifra récord de 81.800 empleados trabajando en el sector, manteniendo una ininterrumpida tasa de creación del empleo cercana al 10% anual (Estudio OPSSI). La posible entrada en vigencia de la ley antidespidos es vista con preocupación por el sector en general, ya que ninguno de los dos proyectos presentados establece un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas, que serán seguramente las primeras afectadas».
Por este motivo, al igual que muchos otros sectores productivos del país, «el CTC comparte la preocupación y se manifiesta en contra del proyecto de ley antidespidos e invita a abrir la discusión para que defendamos entre todos el trabajo digno en nuestro país», sentencia el comunicado.

Doce diputados kirchneristas decidieron hoy dejar el bloque del FPV y armar uno nuevo, junto a otros legisladores del peronismo disidente. La movida representa un quiebre dentro del Frente para la Victoria.
Entre los «rebeldes» del FPV se encuentra Diego Bossio , ex Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Además de Bossio, los diputados que dejan el bloque kirchnerista son: Oscar Romero, Carlos Rubin, Evita Isa, Pablo Kosiner, Javier David, Guillermo Snopek, Néstor Tomassi, Héctor Tentor, Rubén Miranoda, Gustavo Martínez Campos, y Teresa Madera.
Los 12 «rebeldes» del FPV aspiran a formar un nuevo bloque de 18 integrantes junto a peronistas disidentes. Contarían, por el momento, con dos legisladores del PJ por La Pampa: Oscar Ziliotto y Gustavo Fernández Mendia, y con Luis Beder Herrera (La Rioja).
Los disidentes kirchneristas se encuentran reunidos en el gremio de taxistas.
Fuente: La Nación

(DyN) – La norma fue aprobada por 132 votos afirmativos, 62 negativos y 3 abstenciones.
La presidenta de la comisión de Transporte, María Eugenia Zamarreño, defendió la iniciativa al indicar que tiene “dos objetos: regular como servicio público esencial las tareas de prestación de los servicios de navegación aérea, y la creación de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, EANA”.
Al defender la declaración de servicio público, explicó que se busca impedir la interrupción total de los servicios que garantizan la navegación aérea, porque se trata de “actividades que al interrumpirse pondrían en riesgo la vida de la personas”, y apuntó: “no se trata del tráfico comercial y el turismo, también hay hospitalarios, vuelos humanitarios y vuelos de gobierno”.
“El servicio esencial tiene como consecuencia que no se puede interrumpir la actividad en forma total, y se debe garantizar un servicio mínimo de la actividad, y esto no implica para nada impedir el derecho a huelga”, remarcó la legisladora.
En cambio, el jefe de la bancada Unidad Popular, Claudio Lozano, cuestionó que el proyecto “mezcla de manera indebida las cuestiones inherentes de la aviación civil con cuestiones que son propias de la defensa nacional”; además, afirmó que deja “a los trabajadores de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil)” en una situación de “limbo” por el traspaso a la nueva empresa y “militariza nueve aeropuertos”.
Si bien aceptó “la necesidad de establecer como servicio público esencial a los Servicios de Navegación Aérea, así como la creación de la nueva empresa estatal, insistió en que “el proyecto del oficialismo deja en una situación de absoluta indefinición a los trabajadores, modificando su encuadre laboral y además militariza aeropuertos”.
En verdad por razones de seguridad nacional quedan en manos de la Fuerza Aérea nueve aéroestaciones que están vinculadas parcial o totalmente a la actividad militar como la base aérea ubicada en Moreno, aunque el legislador aclaró que su bancada se iba a abstener.
Antes, el oficialista y abogado laboralista Héctor Recalde había desechado que el proyecto afectara la situación de los trabajadores del sector, al indicar que “no se está innovando en absoluto con respecto al libre acceso al derecho de huelga”.
De acuerdo con el proyecto, la empresa a crear se hará cargo de toda la gestión del tránsito aéreo, es decir: servicios de información aeronáutica, de comunicaciones aeronáuticas, de navegación y vigilancia, de búsqueda y salvamento, y del servicio meteorológico para la actividad aérea.

(DyN) –  El presidente de la comisión, el kirchnerista Roberto Feletti, sostuvo que «esta ley viene a institucionalizar el proceso de ampliación de derechos de todos estos años» y «consagra una nueva concepción de la protección social en la República Argentina».
El radical Ricardo Buryaile expresó el respaldo de su bloque al proyecto en general, dijo que la AUH como la moratoria previsional implementadas por el gobierno fueron dos medidas de «alto impacto social», aunque planteó incluir en este beneficio a otros sectores que no contempla la ley como «los hijos de los monotributistas», «los jóvenes integrados al plan Progresar», los chicos «becados en colegios privados», entre otros.
Además, reclamó que las regiones NOA y NEA tengan la misma mejora de un incremento superior del 30 por ciento por zona desfavorable que se le otorga en el proyecto «a la Patagonia», al indicar que «en el norte del país hay zonas con mayor índice de pobreza que en la Patagonia», además marcó que se elimine «el límite del quinto hijo» para conceder la AUH.
El macrista Federico Sturzenegger adelantó el acompañamiento del PRO a la iniciativa y remarcó que la AUH «llegó al 30 por ciento de los niños de la República Argentina y al 90 por ciento de los primeros tres deciles de la distribución del ingreso, significó la reducción del 30 por ciento de la pobreza y el 13 por ciento de la desigualdad».
En tanto, el referente de Unidad Popular, Claudio Lozano, también se pronunció a favor de la propuesta del gobierno, pero remarcó la importancia de que se pasara a una sistema de ajuste automático que, a su criterio, debería ser trimestral en lugar de semestral para paliar los efectos inflacionarios y coincidió con otros reclamos opositores respecto a la cuestión de universalidad del beneficio.
La norma, aprobada la semana pasada en el Senado, aplica la movilidad a la AUH y las asignaciones por embarazo, que pasarán a ajustarse en forma semestral y con el mismo cálculo con que se actualizan los haberes jubilatorios, que además contempla un incremento diferencial del 30 por ciento por zona de desfavorable para los residentes en la región patagónica.

Algunas semanas atrás comenzó a correr la noticia de que el próximo 29 de junio sería feriado. La razón de este día no laboral es que en 2015 se conmemora el 200° aniversario del «Congreso de los pueblo libres».
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en julio de 2014, y estipula que el feriado será feriado sólo en 2015, «de manera excepcional». Además, procuraba instituir el 29 de junio como «Día de la Declaración Independentista» para que se celebre todos los años.
El texto recibió el respaldo del bloque kirchnerista y de algunos opositores de izquierda, lo que permitió que se alcanzaran 156 votos a favor, y de esta forma, la aprobación de la Cámara, según indica LaNación.
Ahora bien, el próximo 29 de junio no será feriado, definitivamente, porque si bien recibió la aprobación de Diputados, en su paso por la Cámara de Senadores, la ley no obtuvo la cantidad de votos necesaria para ser aprobada.

(DyN).- La inflación calculada por el sector privado en abril fue de 2,01 por ciento, el doble de la estimada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
De esta forma, el denominado «Indice Congreso» acumuló en el último año una variación de 29 por ciento.
Las cifras fueron comunicadas por legisladores de la oposición que mantienen la metodología de calcular un promedio de los resultados de las consultoras para confrontar con los discutidos datos oficiales.
La difusión estuvo a cargo de las diputadas, Patricia Bullrich, Patricia De Ferrari, Patricia Giménez y los legisladores Carlos Brown y Federico Sturzenegger.
La proyección privada fue el doble de la informada por el INDEC que estimó una variación de precios de 1,1 por ciento para abril y de 15,6 por ciento en forma interanual.
La diferencia entre ambas mediciones resulta sustantiva y tiene un peso vital en medio de la discusión paritaria, a la que el Gobierno pretende ponerle límites.
Paralelamente, la Universidad Torcuato Di Tella difundió su informe mensual que indicó que la inflación que el público espera para los próximos doce meses a nivel nacional se ubica, en promedio, en 27,5 por ciento, el valor más bajo desde diciembre de 2008.
El informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) precisó que las perspectivas inflacionarias, según el promedio, bajaron 3,1 puntos porcentuales con respecto a la medición de abril.
El estudio destacó que el 27,5 por ciento de promedio de expectativa inflacionaria «es el valor más bajo desde diciembre 2008, cuando se registró 23,5 por ciento».
El sondeo arrojó que la estimación inflacionaria para los próximos doce meses en Capital Federal, para el promedio, se ubicó en 27,2 por ciento con lo cual verificó una leve suba de 0,4 puntos en relación a relevamiento anterior.
Las expectativas inflacionarias en el Gran Buenos Aires se ubicaron en 27 por ciento, lo que representa un descenso de 4,4 puntos comparado con el guarismo del sondeo previo.
A su vez, en el interior del país las perspectivas de inflación alcanzaron a 28,5 por ciento, lo que implica una disminución de 2,5 puntos.
La proyección de inflación para la gente de menores recursos es de 27,7 por ciento, lo que significa una merma de 2 puntos en relación a la medición de abril, mientras que la del sector de mayor poder adquisitivo es de 28,2 por ciento, lo que muestra una retracción de 2,3 puntos.

El gobierno nacional formalizó, con su publicación en el Boletín Oficial, la convocatoria a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel nacional para el 9 de agosto próximo y a las generales para el 25 de octubre próximo.
Además, el Decreto 775/2015 fija como fecha de una eventual segunda vuelta electoral para definir las presidenciales al 22 de noviembre próximo.
Como la mayoría de las encuestas dan por descontado que ningún candidato tiene los votos suficientes para alzarse con un triunfo en primera vuelta, esta última fecha será seguramente el Día «D» para conocer quién ocupará el sillón de Rivadavia por los próximos cuatro años.
De esta forma, quedó formalmente puesto en marcha el calendario electoral que, a nivel nacional, este año comprende la elección de presidente y vice, como así también la renovación de la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados y un tercio de las del Senado, categoría para la cual habrá elecciones en ocho provincias.
Se trata de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, donde -además de presidente, vice, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur- los ciudadanos deberán elegir tres senadores nacionales.
En tanto, en cada provincia, la nueva categoría de parlamentarios del Mercosur, incluirá una nómina de 19 representantes como distrito único a nivel nacional, a la que se sumará un candidato en representación puntual de la jurisdicción.
De esta forma, los parlamentarios del Mercosur sumarán 43, 19 de los cuales representarán al país como distrito nacional y los 24 restantes reflejarán -de manera igualitaria- la composición federal.
Además de la convocatoria a las PASO y a las elecciones generales, en el Boletín Oficial fue publicada una norma que formaliza también la distribución de los aportes de campaña fijados por la normativa vigente.
En este sentido, el Decreto 776/2015 establece que, para las categorías Presidencial y Parlamentarios del Mercorsur los aportes se realicen íntegramente a las agrupaciones nacionales.
Además, la norma reglamenta lo referente a “las formas de efectuar aportes privados para las campañas electorales de las agrupaciones políticas incorporando la tarjeta de crédito”, y obliga a las entidades que las administran “a informar a las agrupaciones sobre el origen del aporte y permitir la reversión del mismo si la agrupación beneficiaria los rechaza”.
Al mismo tiempo, el decreto incorpora también la posibilidad de utilizar la tarjeta de crédito como medio de pago para los aportes privados a los partidos políticos o, eventualmente, al fondo partidario permanente, “con similares obligaciones para las entidades financieras”.
Por otro lado, estipula que las agrupaciones políticas que participen de los comicios deberán informar, “conjuntamente con la constitución de domicilio, un domicilio electrónico a los fines de las notificaciones”.

(DyN) – La inflación de marzo fue del 2,12 por ciento, con lo que el acumulado de los últimos doce meses alcanzó al 29,81 por ciento, de acuerdo con el promedio de consultoras dado a conocer por diputados de la oposición.
La información fue adelantada por el diputado del PRO, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta de Twitter, previo a la conferencia de prensa de los legisladores en el Congreso.
El índice oficial será dado a conocer el viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

(Télam) – La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se estatiza el sistema ferroviario nacional, en una votación que contó con el respaldo de 223 legiasladores (sobre 257 totales) pertenecientes al kirchnerismo, sus habituales aliados y la mayoría del arco opositor.
Además, se registraron 4 votos en contra, 7 abstenciones y 23 diputados no participaron de la votación, que se realizó tras 13 horas de debate.
Se trata de una medida que puede tener gran impacto en Córdoba debido a que pone en riesgo negocios liderados por el Grupo Roggio y la Aceitera General Deheza.
Los bloques que apoyaron el proyecto fueron el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Movimiento Popular Neuquino, la Unión Cívica Radical, el PRO, el Socialismo, el Frente Renovador y la Coalición Cívica, entre otros.
En contra lo hicieron los tres diputados del Frente de Izquierda y Victoria Donda (Libres del Sur); en tanto que cuatro del GEN, uno de Unidad Popular, una de Proyecto Sur y un radical se abstuvieron.
La sesión fue seguida en el último tramo por el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien en declaraciones a la prensa efectuadas en el Salón de los Pasos Perdidos destacó que «esta media sanción viene a completar el proceso de transformación ferroviario asociado al desarrollo de la economía argentina”.
El debate, que se inició poco antes de las 13, fue abierto por la presidenta de la comisión de Transporte, María Eugenia Zamarreño (Frente para la Victoria), quien aseguró que el proyecto de estatización del sistema ferroviario «no es un eslogan marketinero» y subrayó que se trata de «una modificación del paradigma del Estado frente al uso de los trenes y la gestión del uso de los trenes».
El aliado Carlos Heller (Nuevo Encuentro) consideró que «éste es un tema clave, porque todo lo que pasó en la Argentina de los ´90 se construyó sobre el trabajo ideológico de instalación previa de que la eficiencia era sinónimo de la actividad privada y que lo público era sinónimo de ineficiencia, y en ese marco se crearon las condiciones para llevar adelante todo el proceso de desguace del Estado y de privatización de todas las empresas del sector público”.
«Los que tienen ese pensamiento son aquellos que creen que la eficiencia se mide por el último renglón del balance, es decir, cuánto ganan las empresas, porque las conciben siempre desde el punto de vista del lucro y no entienden que hay una cuestión más trascendente, que es el fin social que cumplen», remarcó.
La presidenta del bloque kirchenrista, Juliana Di Tullio, encargada de cerrar el debate, dijo que el proyecto lleva a “una estatización total» del sistema ferroviario y apuntó que “con esta ley se están construyendo una política de Estado».
“Les jode como ampolla que Cristina reestatice los ferrocarriles. Les jode que Menem los haya privatizado y que Cristina los reestatice”, dijo la diputada en respuesta a las críticas opositoras.
Y agregó: “Con esta ley volvemos a tener el manejo absoluto de las vías. Con ésta aprobación se caen de hecho todas las concesiones, que serán revisadas, porque el Estado volverá a tener el manejo de las vías, el Estado tendrá el control de la totalidad de las vías”.
En tanto, el presidente del bloque radical, Mario Negri, señaló: Acompañamos en general el proyecto, en lo que constituye una especia de crédito, de chance, porque los trenes deben volver a rol integrador, a fortalecer el desarrollo del país; porque es el Estado quien debe cumplir siempre la administración y la operación».
«Es una ley importante, pero no estamos nacionalizando, ni expropiando. Estamos reordenando el sistema y en tal sentido vale recordar que el Estado ya opera algunas líneas y que solo hay cinco operadores privados».
Asimismo, el diputado del Frente Renovador Héctor Daer reconoció «la predisposición de la presidenta de la comisión de Transportes, de los diputados del FPV y del ministro Randazzo de aceptar la propuesta que le hizo llegar el bloque» que integra.
«Aceptaron nuestra propuesta para dejar claro que el Estado no podía ceder la administración de la circulación de los trenes por las vías de nuestro país» y la posibilidad de «incorporar en el directorio de estas empresas que estamos creando a los usuarios, que son quienes transitan a diario en los trenes», celebró el diputado massista.
En nombre del PRO, Federico Sturzenegger señaló que «vamos apoyar el proyecto porque «creemos que contribuye a la diversificación de la matriz del transporte de manera balanceada, lo que va a permitir el crecimiento armónico de la producción nacional».
«Este proyecto logra un balance con un Estado que invertirá en la infraestructura necesaria mientras que le permite al capital privado competir en la operación de manera sana», agregó.
A su vez, el diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano, criticó el proyecto del gobierno nacional al asegurar que «no estatiza nada ya que no rescinde los contratos y abre incluso la puerta a nuevos operadores privados”.
En tanto, el diputado del Partido Obrero, Néstor Pitrola, señaló que este proyecto «privatiza el sistema de ferrocarriles» porque «consagra la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios ferroviarios y habilita la renegociación de los contratos de concesión, además de mantener el sistema de tercerizaciones”.
La propuesta otorga al Estado la potestad para «desafectar bienes, rescatar, reconvenir o renegociar contratos de concesión suscriptos con Nuevo Central Argentino, Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca, Metrovías y Ferrovías».
La medida apunta a «profundizar el proceso de reordenamiento ferroviario y estratégico establecido por este gobierno nacional y en atención a la especificidad y profesionalidad que el sistema ferroviario requiere».
Se trata de una disposición similar adoptada el 21 de agosto de 2014 cuando el Poder Ejecutivo había asignado a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) la prestación de los servicios correspondientes a las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur.
Según la nueva normativa, la dirección y administración de la empresa pública estará a cargo de un directorio integrado por un representante de la Secretaría de Transporte, por el titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (o de la sociedad que la reemplace en el futuro), por el presidente del directorio de Belgrano Cargas y por dos representantes gremiales del sector, designados por el Ministerio del Interior.