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(Télam).- El Senado nacional aprobó este miércoles por unanimidad un proyecto de ley que establece la devolución del 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a jubilados y beneficiarios de planes sociales.

La iniciativa, que prevé reintegros por compras en comercios minoristas efectuadas con tarjetas de débito, había obtenido dictamen el martes pasado con apoyo general de todos los bloques de la Cámara alta.

El proyecto fue sancionado por unanimidad, con 61 votos a favor y ninguno en contra.

La iniciativa había sido previamente aprobada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside Juan Manuel Abal Medina, en una reunión a la que asistieron el martes pasado
el director de la AFIP, Alberto Abad; el vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach; y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Fabiana Balestrini.

Este proyecto de reintegro del IVA a compras minoristas tendría unos 9 millones de beneficiarios», sostuvo Abad.

La iniciativa implica que, del total de 21 por ciento que se paga de IVA, se pueda recuperar el 15, en los casos de compras realizadas con tarjetas de débito mediante las cuales se perciben los haberes.

Con la ley, el Gobierno espera beneficiar a 9,2 millones de personas, entre quienes perciben jubilaciones y pensiones por fallecimiento que cobren el haber mínimo; la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; y pensiones no contributivas nacionales.

El monto del reintegro -que será por cada prestación recibida- no podrá ser inferior al 15% del valor de las operaciones y se accederá al beneficio mediante medios electrónicos de pago, con un tope mensual que será inicialmente de 300 pesos y que luego se irá actualizado de forma semestral,
se informó a la prensa.

Ahora que la ley fue sancionada, el presidente Mauricio Macri deberá estampar su firma para que quede promulgada.

El Gobierno enviará la semana próxima al Congreso un proyecto de ley de «Sinceramiento Fiscal» que tendrá como objetivo recaudar fondos para el pago de miles de juicios iniciados por jubilados y reajustar haberes previsionales.
El presidente Mauricio Macri realizó el el anuncio del pago de sentencias a jubilados que vienen realizando reclamos desde hace varios años, en el marco de un megaproyecto de «Sinceramiento Fiscal».
Las 10 claves del proyecto
1- El proyecto de ley de blanqueo de capitales que el Gobierno elevará al Congreso y con el que prevé un ingreso de US$ 60.000 M, estará vigente hasta abril del 2017, mientras quienes quieran ingresar esos capitales deberán abonar penalidades de entre 10 y 15 por ciento.
2- Como ya lo anticipó el Gobierno, los fondos que se recauden por la exteriorización estarán destinados al pago de jubilados que iniciaron juicios previsionales por reajuste de haberes.
3- El paquete de medidas impositivas incluirá una modificación respecto del impuesto a los Bienes Personales, cuyo piso pasará de $ 305.000 a $ 800.000, lo cual equivale a un incremento del 162,2 por ciento.
4- En la amnistía fiscal, los bienes podrán ser declarados hasta el 30 de abril, al tiempo que no será obligatorio el retorno al país del dinero que se encuentre en el extranjero.
5- Con el «Sistema voluntario y extraordinario de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior», la AFIP no podrá solicitar información anterior a la fecha.
6- La administración macrista ya adelantó que los contribuyentes que decidan acceder al blanqueo de capitales no serán alcanzados por los impuestos que hubieran omitido declarar, como Ganancias o impuesto al cheque.
7- Con relación a las alícuotas, la iniciativa contempla diferentes tipos que dependerán del capital en cuestión.
8- La puesta en marcha del proyecto contará con secreto fiscal, mientras sólo dará por terminado el delito de evasión, ya que los montos por hasta US$ 25.000 serán eximidos.
9- Se espera que con el anuncio del proyecto «Sinceramiento Fiscal» también se oficialice que dejará de existir la moratoria jubilatoria implementada por el kirchnerismo.
10- El Gobierno prevé que entre en vigencia una pensión universal a la vejez, cuyo pago cubrirá el 80% de la jubilación mínima, de $ 4.959.

La Caja de Previsión Social para los Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba (CPSPS) otorgó un aumento de  más de 30% para sus afiliados jubilados y pensionados.
Así, la  totalidad de los casi 6.500 beneficiarios percibieron el incremento que se otorgó en dos tramos. El primero, validado en la Asamblea Extraordinaria realizada en noviembre de 2015, subió 12,727 %  el haber jubilatorio básico, que corrió a partir del mes de enero de este año. El segundo, que fue aprobado por unanimidad, en la Asamblea Extraordinaria realizada el pasado viernes 18 de marzo, autorizó un aumento de 16,129 %, vigente con retroactividad al primero de marzo del corriente. Entre ambos, acumularon un aumento total de  30,91 % y elevaron el haber mínimo a $ 7.200.
De esta manera, la Caja de Previsión Social para los Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba actualiza los salarios con porcentajes que corren por encima de la inflación, hecho que evidencia su compromiso con el bienestar de  sus afiliados.
En la actualidad, la Caja cuenta con un total de 40 mil afiliados de toda la provincia de Córdoba, entre Médicos, Bioquímicos, Odontólogos, Farmacéuticos, Médicos Veterinarios, Kinesiólogos y Obstetras. La entidad fue creada por Ley 4.641 (T.O. Ley 4842) y continuada por la Ley 6.469 y sus modificaciones. Funciona bajo la denominación de Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba regida por La Ley 8.577 Publicada en el Boletín Oficial el 31 de Diciembre de 1996.
Le entidad responde a la Constitución Nacional y Provincial, en cuyo artículo 14 bis párrafo 3, sustenta la creación de la institución y señala que el «Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable». Establece «el seguro social obligatorio» y añade que «estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado». En el artículo 125 párrafo 2 fundamenta que las «provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales; y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura».

(DyN) El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial José Manuel De La Sota aseguró hoy que su provincia tiene «interrumpida la relación institucional con el Gobierno Nacional desde hace tres años», y afirmó que pasaron «incendios, inundaciones, tornados con muertes» y «nunca nadie llamó para preguntar».
De la Sota, que no participó del acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández en donde firmó un nuevo acuerdo de desendeudamiento con 17 provincias, calificó como «lamentable» el «distanciamiento» que existe entre su gobierno y Casa Rosada.
«Justamente, los dos temas que planteó la Presidenta hoy, la situación financiera Nación – Provincia y jubilados, son por los cuales los cordobeses tenemos interrumpida la relación institucional con el gobierno federal desde hace tres años», aseguró el dirigente peronista.
Además, recordó que «políticamente» nunca tuvo «relación con el kirchnerismo» y criticó en radio Mitre a la mandataria por su postura en relación a la denuncia y posterior muerte del fiscal especial de la causa AMIA Alberto Nisman. «Es terrible que la Presidenta haya hablado tantas veces y no haya tenido una palabra de consuelo para la mamá, para las hijas» del fiscal, expresó De La Sota, y agregó que el país «tiene que recuperar la amistad social».

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba informó que, con la liquidación del mes de noviembre, se aumentan los haberes de más de 6.000 beneficiarios, lo que implica un pago adicional para cerca del 7% de la población cubierta por el sistema previsional provincial.
Según los datos que integran el Informe de Movilidad mensual que elabora la entidad presidida por Osvaldo Giordano, los aumentos generan una expansión del gasto previsional del orden de los $7,4 millones por mes (0,7% del gasto previsional mensual).
“La totalidad de los aumentos se originan en la actualización de los haberes en función del incremento promedio de los salarios otorgados a los agentes activos. La gran mayoría de los incrementos otorgados en noviembre se refiere a Municipios, pero también se incrementaron los haberes de los ex empleados de EPEC, con un impacto considerable sobre el incremento del gasto total ($6,1 millones)”, manifiesta el documento.
Puntualmente, el aumento para los beneficiarios del sector EPEC ronda el 9% y alcanza a 3.400 jubilados y pensionados. Produce un alza en el haber medio de casi $1.700 para el personal de convenio, elevándolo desde los $20.500 en octubre a $22.200 en noviembre del corriente.
Entre los municipios, por su parte, los ajustes incorporados mejoran el haber de poco menos de 3 mil jubilados y pensionados, con un incremento medio de $ 4.30 por beneficio (+5,6%) que eleva el haber medio de este grupo de beneficiarios de $ 7.700 en octubre a $8.130 en noviembre del corriente.
El gasto adicional para la Caja es de $1,3 millones mensuales, siendo los grupos más importantes en términos de cantidad de beneficiarios e influencia en el gasto los municipios de Bell Ville, Villa María y Alta Gracia.
A lo largo de los primeros 11 meses del año la Caja ha liquidado más de 800 aumentos, generando un alza en la jubilación media del 33% en lo que va del año (respecto al haber de diciembre de 2013), alcanzando los $ 12.840 en el mes de noviembre.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba le depositará el próximo viernes 21 de noviembre a sus beneficiarios el pago del “Bono Compensatorio” acordado por los gremios estatales con el Gobierno provincial.
Se trata de un pago por única vez de carácter no remunerativo y cuyo monto de referencia es de $750, pero en algunos sectores la cuantía mejora en contrapeso de ajustes en el monto del bono extraordinario para activos.
En total, unas 68.000 personas recibirán este «plus», que tendrá para la Caja un costo de $ 68 millones, que desde el comercio esperan permita reactivar al menos un poco las alicaídas ventas.
Según un comunicado remitido por el organismo previsional, en el caso del sector Docente el acuerdo consiste en el pago de una suma extraordinaria de $ 1.250. La medida beneficia a más de 30 mil jubilados y pensionados, implicando para la Caja una erogación del orden de los $ 38 millones.
Entre los escalafones que conforman la Administración Pública Provincial se estableció el pago de $ 900 para los pasivos cuyos haberes, correspondientes al mes de octubre, no superen los $ 12.000 mensuales. Las excepciones se presentan para los ex agentes del tramo superior del Escalafón general, quienes percibirán un pago de $1.050, sin tope de haberes; los jubilados y pensionados del Cuerpo de Músicos y de la Dirección Provincial de Aeronáutica cuyos haberes no superen los $10.000, que cobrarán $ 750 y los ex empleados de la Dirección Provincial de Vialidad, que percibirán un bono de $ 800 sin límite de haberes.
Dentro de la Administración Pública Provincial, el pago del bono beneficia a algo más de 16 mil jubilados y pensionados, siendo el costo para la Caja de cerca de $ 15 millones.
El Decreto establece también un pago por única vez de $ 750 a los beneficiarios del resto de los sectores cuyos haberes liquidados en el mes de octubre del corriente no superen los $ 10.000 mensuales.
En total, tres de cada cuatro beneficiarios de la caja cobran el bono. En el caso de docentes y personal superior del Escalafón General la cobertura es del 100%, mientras que en el resto de los sectores, al imponerse un límite en el haber, el porcentaje alcanzado por la medida oscila considerablemente.
En los municipios del interior, la planta permanente del Poder Legislativo y el tramo ejecución del Escalafón General la cobertura es del orden del 90%. En el otro extremo, alcanza porcentajes menores al 15% en Magistrados, Dirección Provincial de Aeronáutica, EPEC, Bancarios, Autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo y la Municipalidad de Córdoba.
“Si una misma persona percibe dos beneficios tiene el derecho a cobrar un único Bono Compensatorio. A tal fin, se liquidará el que resulte más beneficioso”, comunicó la Caja.
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(DyN) – El Gobierno afirmó que no tiene previsto el pago de un bono de fin de año para jubilados y pensionados, al advertir que en diciembre tiene que desembolsar «53 mil millones de pesos» en sueldos y aguinaldos.
Así lo señaló el director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, quien indicó que el Ejecutivo nacional está «haciendo un gran esfuerzo para pagar en tiempo y forma» los aguinaldos, las jubilaciones y las pensiones.
«En el mes de diciembre tenemos pensado pagar jubilaciones y pensiones por 53 mil millones de pesos. Una cifra realmente muy importante. Un cuarto del presupuesto anual de toda la provincia de Buenos Aires. Un 25 por ciento de todo el presupuesto, o más», señaló Bossio.
Consultado, en conversación con radio La Red, por la posibilidad de que el Gobierno realice un pago extra a fin de año para este sector, el titular de la Anses respondió que «no» tienen «previsto nada».
En este sentido, el funcionario ponderó que «éste fue un año en el que el Gobierno pudo cumplir con los dos aumentos como marca la Ley (de Movilidad Jubilatoria)».
«Nosotros estamos trabajando fuerte para cumplir con ese objetivo y tener la prudencia suficiente de hacer en tiempo y forma los pagos», expresó el funcionario.
En tanto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, desligó al gobierno nacional del pago de un bono de fin de año para el sector estatal, al advertir que es «incumbencia propia de cada provincia y su respectiva autonomía de carácter fiscal».
«Cada gobernador de la provincia tiene la autonomía fiscal y financiera para la toma de decisiones, pero obviamente deberá contar con los recursos propios», sentenció el funcionario al ser consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno otorgue un pago extra en diciembre.
Capitanich sostuvo que «no todas las jurisdicciones tienen la misma política salarial», por lo que «hay incumbencia propia de cada provincia y su respectiva autonomía de carácter fiscal» para decidir un eventual pago de un bono de fin de año.
El ministro señaló que “los reclamos están dándose en gremios cuyas paritarias expiran en el transcurso de estos meses” y por tanto se trata de “modalidades de negociación” que apuntan “al cierre del año y el comienzo del próximo”.
Pero reiteró que “depende los niveles de ingresos de cada una de las jurisdicciones provinciales” ya que “no todas las provincias tienen la misma política salarial”.
A su vez, advirtió que en el caso de negociaciones entre trabajadores y empresarios, “no convalidamos la reapertura de paritarias, ni ningún tipo de negociación que contemple modificación en el Impuesto de Ganancias”.
Finalmente, aclaró que “si trabajadores y empresarios se ponen de acuerdo en mecanismos que son característicos de estas negociaciones, no es incumbencia regulatoria del Ministerio de Trabajo”.

El Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES) estimó que, aún con el nuevo aumento de las jubilaciones dispuesto por el Estado nacional para septiembre, los pasivos argentinos sufrirán una caída de casi el 9% en su poder adquisitivo este año.
Concretamente, el informe del CIPPES recuerda que, en marzo de este año, la jubilación mínima pasó de $2.476,98 a $2.757,12, con un 11,31% de aumento, mientras que en septiembre próximo se completará el calendario de aumentos con un incremento del 17,21%, por el que el haber mínimo nominal pasará a $3.231,63. En términos acumulados, esto equivale a un 30,47% sobre 2013.
“Estos fuertes ajustes nominales no alcanzan sin embargo a cubrir el ritmo de alza en los precios”, manifiesta luego el estudio y, al respecto, toma como base el Índice Barrial de Precios (IBP) del Conurbano Bonaerense.
Según este indicador, el valor de la canasta básica ha acumulado un aumento del 16,43% en el primer semestre del año, lo que equivale a un aumento promedio mensual del 2,57%. De mantenerse ese promedio, el valor del haber mínimo real a dicho mes será de $2.934, lo que se traduce en una pérdida del 8,76% del poder adquisitivo estimado un año atrás ($3.216).
“Es decir, aún con los aumentos nominales, las jubilaciones en términos reales perderían cerca del 9% en un año”, concluye el informe. “En base a estos números, para que la jubilación mínima de la Anses  no pierda poder de compra, el monto nominal en setiembre próximo debería aumentar a $3.542, es decir un 28,5% y no el 17,21% anunciado oficialmente”, agrega.
¿Qué pasa en la provincia?
El CIPPES también le apunta a las jubilaciones provinciales y, en ese marco, si bien reconoce que el aumento mejora el poder adquisitivo, cuestiona que las actualizaciones se den muy espaciadas en el tiempo.
“Hace pocos días el monto de jubilación mínima provincial fue actualizado luego de 13 meses sin ajustes. La jubilación mínima alcanzó de esa forma en agosto los $4.000. Este monto resulta mayor al de la jubilación mínima nacional prevista para setiembre ($3.232). En términos reales, a setiembre de este año la jubilación provincial recupera poder adquisitivo respecto a setiembre de 2013, experimentando una mejora del 12% anual”, destaca el estudio.
Sin embargo, insiste en que “un aspecto a mejorar en este ámbito es lograr que las actualizaciones en el haber mínimo nominal se den con una mayor frecuencia a la ocurrida en los últimos años”. “En un contexto de subas en los precios de la canasta básica, este lento ritmo de actualización lleva a un ajuste en la clase pasiva y los expone a los adultos mayores a una gran vulnerabilidad”, concluye.

A través del Decreto N°826/14, el Poder Ejecutivo Provincial dispuso que a partir del 1° de agosto ningún jubilado o pensionado del sistema previsional provincial tenga ingresos inferiores a $4.000.
Según informó la Caja de Jubilaciones y Pensiones, este nuevo piso en la remuneración de los beneficiarios de la Caja surge de dos disposiciones que contempla dicho decreto: el aumento de la jubilación mínima a $3.000 mensuales y la actualización del monto del Complemento Previsional Solidario que garantiza que ningún jubilado o pensionado que no tenga otro ingreso cobre menos de $4.000.
Para quienes no tienen otro ingreso -ya sea otro beneficio previsional o como trabajador asalariado o autónomo- el incremento alcanza el 60%, ya que el piso pasa de $ 2.500 a $ 4.000.
El aumento beneficia a poco más de 4.000 jubilados y pensionados de la Provincia (4,3% del total) con un costo mensual para la Caja de $ 2,7 millones. Anualizado para lo que resta del año 2014, implica un compromiso de recursos por un total de $ 15,1 millones.
El 40% de los jubilados y pensionados que reciben esta mejora pertenecen al sector Municipios y Comunas del Interior. Por otro lado, el 72% del total de los jubilados y pensionados beneficiados por el decreto viven en el interior de la Provincia.
Adicionalmente, la actualización del haber mínimo impacta sobre los ingresos de las 415 personas que cobran pensiones no contributivas (ex presos políticos, artistas y personas incluidas en el régimen de mérito deportivo). El costo asociado para la Provincia por consiguiente es de $445 mil por mes.
En comparación con los valores nacionales, el pago del Complemento Previsional Solidario coloca el piso previsional de Córdoba un 24% por encima del que se fijó para ANSES a partir de setiembre ($3.232).
De todas formas, la diferencia más importante entre el sistema nacional y provincial es que mientras en el primero aproximadamente el 74% de los beneficiarios cobran el haber mínimo, en Córdoba casi el 96% de los jubilados y pensionados tienen ingresos superiores al piso de $4.000.

La Caja de Jubilaciones de Córdoba difundió ayer su Informe de Movilidad de Octubre que, como dato saliente, muestra que con los últimos aumentos dispuestos para 9.200 beneficiarios, el haber medio para los pasivos quedó en $ 9.000, superando así por un 12,5% o $ 1.000 lo que gana un trabajador activo registrado en el sector privado, de acuerdo al Indec.

Los principales datos del Informe de Movilidad son los siguientes:

– Con la liquidación de octubre se reajustaron los haberes a casi 9.200 beneficiarios, es decir el 10% del total de jubilados y pensionados del sistema. El costo estimado asciende aproximadamente a $ 4,6 millones mensuales, representando un aumento promedio por beneficio de $ 500.

– El grupo más importante corresponde a la Municipalidad de Córdoba. El incremento alcanza a aproximadamente a 5.250 jubilados y pensionados, generando un costo mensual de $ 2,8 millones. Se trata de un incremento del 4,15% que eleva el haber medio del sector para el mes octubre de planta permanente a $ 13.790 y el de autoridades a $ 17.810.

– Entre los municipios del interior se incorporaron 112 aumentos a beneficios correspondientes a 57 municipios. Cubre a 3 mil jubilados y pensionados y genera un incremento en las erogaciones de poco más de $1 millón mensuales. Entre los grupos más importantes incluidos se destacan los ex agentes de los municipios de Jesús María, Cruz del Eje, Río Cuarto, Río Tercero, San Francisco y Villa Allende.

– Otro cambio muy importante incorporado en la liquidación de octubre es la actualización del tope a partir del cual se aplica la deducción de hasta el 10% del haber previsional. Este límite se incrementó en un 5%; pasando a $26.471 para las jubilaciones y a $19.854 para las pensiones. La medida beneficia a 975 beneficiarios en tanto que genera una expansión de las erogaciones de la Caja en aproximadamente $ 810 mil mensuales, siendo los sectores más beneficiados Bancarios, EPEC y Municipalidad de Córdoba, por ser aquellos donde el tope tiene una incidencia mayor al tener haberes más altos.

– En lo que va del año la Caja ha liquidado 739 reajustes en función de los aumentos salariales de los agentes activos. Esto ha permitido actualizar los haberes de prácticamente la totalidad de los beneficiarios y llevar el haber medio a los $ 9.000 mensuales (incluyendo $ 9.540 las jubilaciones y $ 7.040 las pensiones). Esto implica una variación respecto a igual mes del año pasado del 26% y un nivel 3 veces más alto que el haber medio que paga la Anses.

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