En medio de una ola de inseguridad y luego de los continuos reclamos por mayores garantías para circular por las calles de la Capital por parte de taxistas, remiseros y colectiveros, el jefe de Policía de Córdoba, Julio César Suárez, relevó a su Estado Mayor.
El jefe de Policía manifestó que el relevo se debe “a la necesidad de oxigenar el funcionamiento de la repartición”.
Según se pudo conocer, Suárez pasó a retiro a los comisarios mayores Miguel Ángel Casteló (Director General de Departamentales Sur), Walter Abel Díaz (Departamento Capital), Miguel Ángel Oliva (Investigaciones Criminales) y Daniel Moroldo (Caminera). En tanto, Mario Tornavaca quedará como subjefe, según informa La Mañana de Córdoba.
La nueva cúpula asumirá pasadas las 18.30 en la Jefatura de Policía.
El gobernador José Manuel de la Sota presentó “Córdoba más segura”, un programa de prevención y combate del delito basado en la implementación de tecnología, la creación de la Policía de Pacificación, la incorporación de 1.768 efectivos, 130 móviles para zonas rurales y 1.200 cámaras de seguridad.
La Policía de Pacificación se pone en marcha para fortalecer el vínculo y buscar una mayor cercanía con los vecinos. Esta unidad actuará en zonas rojas y estará integrada por nuevos efectivos policiales. Tendrá el apoyo de 15 comisarías móviles dotadas de vehículos, personal y nuevas tecnologías, que se complementará con el trabajo de las 24 comisarías existentes.
Paralelamente se reforzará la acción de la Central de Monitoreo que existe en la Jefatura de Policía, que combinará la información proveniente del 101, con un sistema de las alertas a través de la nueva Aplicación de Asistencia Ciudadana e imágenes del sistema de cámaras de circuito cerrado.
Las baterías de medidas para combatir el delito también incluyen la implementación de alarmas comunitarias, para lo cual el Banco de la Gente del Ministerio de Desarrollo Social otorgará créditos asociativos para la adquisición de dispositivos (bocina y control remoto). Además la tarjeta Cordobesa ofrecerá un plan de hasta 12 cuotas sin interés para la adquisición de estos accesorios.
El trabajo territorial se complementa la capacitación a los vecinos en el uso de la aplicación Whatsapp y la creación de grupos entre vecinos para alertarse ante situaciones extrañas y que potencialmente podrían convertirse en delito. Los vecinos podrán invitar al comisario del barrio al grupo de Whatsapp.
En esa línea, también se lanza Asistencia Ciudadana, una aplicación que se descarga de la tienda de Android para reportar alertas sobre delitos e incendios que requieran la asistencia urgente de la Policía o bomberos. Esta aplicación geolocaliza las alertas, lo que facilitará una respuesta más rápida.
Al mismo tiempo, se colocarán 1.200 cámaras y domos en lugares estratégicos. En esta primera instancia se llamó a licitación para la adquisición de 600 unidades. Paralelamente se suman 130 camionetas para el patrullaje zonas rurales, que actuarán en consulta con las asociaciones de productores rurales.
El Gobierno de Córdoba reglamentó la Ley de Control Ciudadano Nº 10.197 de la Policía de la Provincia, que como aspecto principal incluye la posibilidad de que los vecinos puedan opinar en audiencias públicas sobre el ascenso de los oficiales a comisarios.
Se trata de una de las normativas surgidas luego del malestar social despertado tras los saqueos y episodios violentos ocurridos el 3 y 4 de diciembre del año pasados, ocurridos en el marco de una protesta policial en reclamo de mejoras salariales que dejó a los cordobeses sin protección en las calles.
La puesta en práctica concreta de la ley comenzó a regir en las últimas horas tras la publicación de la reglamentación en el Boletín Oficial.
Puntualmente, el decreto Nº 1.266 –que lleva la firma del gobernador José Manuel De la Sota; el ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg; y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba– dispone en primer término la creación de la “Oficina de Control Ciudadano Policial”.
Luego, establece que este programa “se implementará en relación al Personal Superior de la Policía de la Provincia de Córdoba, que se encuentre revistando y en condiciones de ser promovido a los grados correspondientes a los estamentos de Oficiales Superiores y Oficiales Jefes”.
Como se mencionó, la principal novedad es la realización de audiencias públicas donde asociaciones vecinales y particulares, a través de un “Buzón del Ciudadano”, podrán dar su opinión y ofrecer sus reparos con datos respecto a los policías que se quiere ascender.
Según la reglamentación, las autoridades estarán obligadas a “consignar la
nómina del personal policial en condiciones de ser promovido, como así también, lugar, fecha y hora de realización de la misma (Audiencia Pública”, asignando el lugar donde se colocará el «Buzón del Ciudadano»”.
El decreto señala que “las organizaciones y entidades enunciadas en la norma deberán acreditar, de manera previa y en forma fehaciente, la personería jurídica pertinente, como asimismo quienes participen en su representación, deberán justificar el carácter invocado”.
Y continúa: “Las opiniones que deseen formular los vecinos deberán ser plasmadas en formularios dispuestos a tales efectos por la Autoridad de Aplicación, los cuales se encontrarán a disposición del público con la debida antelación al día de la audiencia, para que luego de cumplimentados por los interesados, sean depositados en el «Buzón Ciudadano» habilitado a tales fines, el que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inviolabilidad hasta el momento de su apertura en la Audiencia Pública”.
“Se dejará constancia en el Acta de la Audiencia Pública de los formularios contenidos en el Buzón Ciudadano, consignado su identificación. Una vez consideradas las expresiones consignadas en dichos formularios, se pondrán en conocimiento del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, las que pudieran constituir denuncias de faltas disciplinarias y/o conductas delictivas”, concluye la norma.
A corto plazo, y según el anexo al decreto, este proceso se utilizará cada vez que se definan los nuevos Jefes de comisarías de la capital, de Unidades Regionales departamentales y de comisarías ubicadas en la cabecera de cada departamento. El año próximo también se sumarán las designaciones en ciudades de más de 10.000 habitantes.
“El incremento otorgado al personal policial y penitenciario en el marco de reclamo salarial que llevó a los graves incidentes de los días 3 y 4 de diciembre tiene un fuerte impacto en las finanzas provinciales” señala un informe difundido por el Observatorio de Finanzas Públicas del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes).
Entre otros aspectos, el estudio manifiesta que estos incrementos ponen a las finanzas provinciales “en rojo”, al punto de que eliminan completamente las previsiones de superávit que el Estado cordobés había estimado en el Presupuesot 2014.
Los principales puntos del estudio, que puede verse completo aquí, son los siguientes:
– Tomando como base un incremento en el salario de bolsillo ($2.000 mensuales en diciembre y enero, y $1.000 más para los agentes que se desempeñan en la calle, el cual se reconoce desde noviembre) y posteriormente un incremento en el salario básico, que a partir del mes de febrero se elevará a $8.000; el incremento en el salario de bolsillo, implica que el Gobierno debió desembolsar en diciembre $60,4 millones, un 15% más de lo que se estima eran las previsiones.
– En enero próximo, considerando la cantidad de efectivos que surge del proyecto de presupuesto 2014, el monto extra que el Gobierno deberá afrontar se estima en $51,3 millones. Sumados a los $60,4 millones que pagó a principios de diciembre totaliza un gasto extra de $111,7 millones a pagar en poco más de un mes.
– La estimación del costo salarial mensual a partir de febrero del próximo año es más compleja. Según cálculos que tienen en cuenta la escalara salarial, el proyecto de presupuesto 2014 y la ejecución al 30 de Septiembre de 2013, indican que con el acuerdo el Gobierno asumiría un costo salarial mensual estimado de $ $438,3 millones, ($369,2 en personal policial y $69,1 en personal penitenciario) un 38,7% más que los $316 millones que se desprenden del presupuesto 2014.
– El nuevo costo salarial mensual implica que en el año la Provincia deberá pagar $1.519,3 millones que no tenía previstos en el presupuesto 2014. Si los cálculos se hicieran suponiendo que la totalidad del personal policial y penitenciario cobra el sueldo mínimo (el sueldo de un agente de un año de antigüedad), dicha cifra se reduce a $1.017,1 millones.
– La magnitud de costo salarial que el Gobierno Provincial asumió en el acuerdo se entiende si se compara con el resultado financiero (superávit) previsto en el presupuesto 2014 que asciende a $942.972.000. Incluso la estimación más baja elimina el superávit previsto.
Más allá del impacto negativo que ha sufrido en su imagen tras los saqueos que afectaron a más de mil comercios, al Gobierno de Córdoba el conflicto no le será gratis tampoco en términos financieros.
Es que, según un análisis de la economista María Cayre, licenciada y profesora de Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el acuerdo alcanzado con la Policía le costará al Estado cordobés más de $ 350 millones mensuales, que significan unos $ 4.700 millones al año.
Cayre publicó su análisis en el sitio bastiondigital.com, donde además proyectó que el impacto financiero de este acuerdo equivale al 38% de los ingresos propios de la Provincia y al 28% de lo que gasta en salarios.
Los principales “tips” del informe (que puede verse completo aquí) se reproducen a continuación:
– El año 2012 terminó con una planta de personal ocupado provincial de 23.519 personas en lo que respecta a agentes de seguridad. Con este dato se puede estimar un costo mínimo del acuerdo que el gobernador De la Sota propuso a los policías acuartelados, suponiendo que consiste en un salario de bolsillo de 8.000 pesos para el personal inicial soltero más 3.000 pesos de adicionales (este monto será 3.600 si brindan servicios privados).
– Suponiendo una igualación de todos los agentes a personal inicial y teniendo en cuenta que los aportes personales para este segmento de trabajadores es de 22% (lo que implicaría un sueldo antes de aportes personales de 10.256 pesos) y los patronales de 23%, la Provincia tendría que erogar un total mensual como mínimo de 367,25 millones de pesos, de los cuales 188,15 millones irían directo al bolsillo de los trabajadores en concepto de sueldo y 70,55 en concepto de adicionales (lo que suman un total de 258,70 millones de pesos) mientras el resto serían aportes.
– Este gasto total mensual equivaldría a un costo anual, tomando el SAC, de 4.774,36 millones de pesos (a lo que además se le debería sumar un costo adicional de 1.000 por mes por cada policía que tenga que trabajar en la calle).
– Si comparamos este monto con lo que actualmente es el gasto presupuestado para este año en materia de sueldos del ministerio de seguridad de Córdoba, que asciende a 2.957 millones de pesos, vemos que el acuerdo implica un aumento de casi 60% en los gastos que deberá efectuar la Provincia bajo dicho concepto.
– Analizando más de cerca la recaudación tributaria provincial en el primer trimestre de 2013, se puede ver que Córdoba recaudó en concepto de ingresos tributarios en el período enero-octubre del corriente año un total de 10.416,28 millones de pesos, lo que nos permite estimar una recaudación total para 2013 de aproximadamente 12.499,53 millones de pesos.
– En el marco de un esquema recaudatorio como el de este año, el acuerdo con la fuerza policial implicaría que el presupuesto para sueldos de las fuerzas de seguridad se llevaría aproximadamente 38,2% de los ingresos propios anuales provinciales y un 28% del total del gastos en salarios, el cual la provincia presupuestó en 16.795,42 millones para el corriente año.
– La situación actual de las arcas provinciales no es holgada, la Provincia de Córdoba cuenta con un nivel de deuda que alcanzó los 13.229 millones de pesos en agosto de este año, de los cuales un poco más de 5.568 millones son deuda contraída con la Nación.
– Si bien Córdoba ha ganado algunos puntos en autonomía, no le será fácil mantenerlos a raíz de los reclamos salariales recientes, los cuales, bien sean o no justos, generan una mayor presión en las cuentas provinciales. El actual reclamo de los policías en Córdoba no solo nos recuerda la complicada situación de la autonomía provincial y el persistente fracaso del federalismo fiscal argentino. Sino que además, nos muestra una dirigencia política y una sociedad que son incapaces de lograr un diálogo oportuno, lo que termina en continuos reclamos mediante presiones inadecuadas y esquemas de negociaciones forzosas.
Para destrabar el conflicto con la Policía, que fue el principal impulso para el caos que se vivió en Córdoba en las últimas 36 horas, el Gobierno provincial prometió elevar el salario básico a $ 8.000 a partir de diciembre y otros beneficios solicitados por la fuerza policial que fueron acatados casi sin ningún tipo de cuestionamiento por parte de la administración delasotista.
A continuación, se transcribe textualmente el acta acuerdo entre la Provincia y la Policía, según informa el Gobierno cordobés en su página web:
«En la ciudad de Córdoba, a los 4 días del mes de diciembre de 2013, comparece por una parte en representación de la Policía de la Provincia de Córdoba el Sr. Jefe de Policía, Crio Gral. César Eduardo Almada, y en representación del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, la Sra. Ministro de Seguridad, Lic. Alejandra Monteoliva, quienes se comprometen a:
· Establecer para todo el personal policial y penitenciario activo, un monto adicional y transitorio en concepto de “gasto de uniformes” a abonarse en 2 cuotas de pesos DOS MIL ($2.000) cada una, con los haberes de diciembre de 2013 y enero de 2014.
· Con la pauta salarial que tendrá vigencia a partir de los sueldos del mes de febrero de 2014, se fijará un salario básico de pesos OCHO MIL ($8.000) para las categorías iniciales (Agentes/Subayudantes), realizando los incrementos sobre componentes remunerativos.
· A partir del mes de noviembre de 2013, disponer la asignación de siete turnos mensuales de adicionales de seguridad ciudadana, a todo el personal que realiza funciones operativas de calle.
· Establecer el incremento de los servicios adicionales en forma proporcional al salario y diferenciar fines de semana y feriado de días normales.
· Incrementar la diferencia porcentual entre las distintas jerarquías de suboficiales.
· Proveer un uniforme operativo completo anual.
. Abonar los servicios de adicionales en todo tipo de eventos acorde a las horas cubiertas.
· Comenzar a elaborar el proyecto para que las faltas leves sean recusables ante el Tribunal de Conducta Policial.
· Mejorar las instalaciones de los Comandos de Acción Preventiva, como así también el control estricto del racionamiento suministrado.
· Realizar las gestiones tendientes a la consecución de créditos blandos para vivienda.
· Garantizar asistencia permanente de profesionales relacionado a la contención psicológica de todo el personal.
· Gestionar la contratación de un seguro de sepelio.
· Se realizarán las gestiones necesarias para mejorar la prestación del seguro de riesgo de trabajo (ART).
- · Se gestionará la facilitación del transporte del personal desde su domicilio a su lugar de trabajo, similar al llamado boleto estudiantil
En este acto comparecen las Sras. Milagros Aguirre DNI 32.204.506, Mariana Siacca DNI 29.475.742, Veronica Biamonte DNI 28.117.097, Karina Casas DNI 25.141.896, Juana Banegas DNI 30.125.539 y el Sr. Juan Carlos Lucero (R) DNI 16.014.138 acompañadas por el letrado patrocinante de ellas y de todo el personal policial reclamante, Dr. Miguel Ángel Ortiz Pellegrini (Mat. Prof. 1-23905) constituyendo domicilio legal en calle San Martín 73 2º piso Of. 19, de barrio centro de esta ciudad, quienes toman conocimiento del compromiso asumido y manifiestan su conformidad con los términos del mismo, y se obligan en este acto que el personal acogido a la medida de fuerza referida cese de inmediato en tal actitud, retomando sus tareas habituales, como así también a la devolución de equipos y medios de movilidad de la Policía de la Provincia de Córdoba que les fueran entregados para el cumplimiento de sus funciones. Se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a idénticos efectos.-
En la ciudad de Córdoba a los cuatro (4) días del mes de Diciembre de 2013, comparece por una parte en representación de la Policía de la Provincia de Córdoba el Sr. Jefe de Policía, Crio Gral. César Eduardo Almada, y en representación del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, la Sra. Ministro de Seguridad, Lic. Alejandra Monteoliva, quienes se comprometen a, en caso del inmediato de cese de las medidas de fuerza adoptadas por el personal de seguridad, la inaplicabilidad para éstos de las sanciones administrativas con causa en dichas medidas de fuerza.
En este acto comparecen las Sras. Milagros Aguirre DNI 32.204.506, Mariana Siacca DNI 29.475.742, Veronica Biamonte DNI 28.117.097, Karina Casas DNI 25.141.896, Juana Banegas DNI 30.125.539 y el Sr. Juan Carlos Lucero (R) DNI 16.014.138 acompañadas por el letrado patrocinante de ellas y de todo el personal policial reclamante, Dr. Miguel Ángel Ortiz Pellegrini (Mat. Prof. 1-23905) constituyendo domicilio legal en calle San Martín 73 2º piso Of. 19, de barrio centro de esta ciudad, quienes toman conocimiento del compromiso asumido y manifiestan su conformidad con los términos del mismo, y se obligan en este acto que el personal acogido a la medida de fuerza referida cese de inmediato en tal actitud, retomando sus tareas habituales, como así también a la devolución de equipos y medios de movilidad de la Policía de la Provincia de Córdoba que les fueran entregados para el cumplimiento de sus funciones. Se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a idénticos efectos».