El Gobierno de Córdoba reglamentó la Ley de Control Ciudadano Nº 10.197 de la Policía de la Provincia, que como aspecto principal incluye la posibilidad de que los vecinos puedan opinar en audiencias públicas sobre el ascenso de los oficiales a comisarios.
Se trata de una de las normativas surgidas luego del malestar social despertado tras los saqueos y episodios violentos ocurridos el 3 y 4 de diciembre del año pasados, ocurridos en el marco de una protesta policial en reclamo de mejoras salariales que dejó a los cordobeses sin protección en las calles.
La puesta en práctica concreta de la ley comenzó a regir en las últimas horas tras la publicación de la reglamentación en el Boletín Oficial.
Puntualmente, el decreto Nº 1.266 –que lleva la firma del gobernador José Manuel De la Sota; el ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg; y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba– dispone en primer término la creación de la “Oficina de Control Ciudadano Policial”.
Luego, establece que este programa “se implementará en relación al Personal Superior de la Policía de la Provincia de Córdoba, que se encuentre revistando y en condiciones de ser promovido a los grados correspondientes a los estamentos de Oficiales Superiores y Oficiales Jefes”.
Como se mencionó, la principal novedad es la realización de audiencias públicas donde asociaciones vecinales y particulares, a través de un “Buzón del Ciudadano”, podrán dar su opinión y ofrecer sus reparos con datos respecto a los policías que se quiere ascender.
Según la reglamentación, las autoridades estarán obligadas a “consignar la
nómina del personal policial en condiciones de ser promovido, como así también, lugar, fecha y hora de realización de la misma (Audiencia Pública”, asignando el lugar donde se colocará el «Buzón del Ciudadano»”.
El decreto señala que “las organizaciones y entidades enunciadas en la norma deberán acreditar, de manera previa y en forma fehaciente, la personería jurídica pertinente, como asimismo quienes participen en su representación, deberán justificar el carácter invocado”.
Y continúa: “Las opiniones que deseen formular los vecinos deberán ser plasmadas en formularios dispuestos a tales efectos por la Autoridad de Aplicación, los cuales se encontrarán a disposición del público con la debida antelación al día de la audiencia, para que luego de cumplimentados por los interesados, sean depositados en el «Buzón Ciudadano» habilitado a tales fines, el que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inviolabilidad hasta el momento de su apertura en la Audiencia Pública”.
“Se dejará constancia en el Acta de la Audiencia Pública de los formularios contenidos en el Buzón Ciudadano, consignado su identificación. Una vez consideradas las expresiones consignadas en dichos formularios, se pondrán en conocimiento del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, las que pudieran constituir denuncias de faltas disciplinarias y/o conductas delictivas”, concluye la norma.
A corto plazo, y según el anexo al decreto, este proceso se utilizará cada vez que se definan los nuevos Jefes de comisarías de la capital, de Unidades Regionales departamentales y de comisarías ubicadas en la cabecera de cada departamento. El año próximo también se sumarán las designaciones en ciudades de más de 10.000 habitantes.
(DyN) – El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que «cualquier saqueo es un delito» y que «no existe ni debe existir ninguna circunstancia que promueva» ese tipo de actos en supermercados «en ninguna fecha», ante la sospecha de que puedan repetirse estos hechos, a fin de año.
Consultado sobre si el Gobierno analiza «medidas para evitar problemas sociales» y «saqueos a fin de año», como los registrados a fines de 2013, el funcionario respondió: «Cualquier saqueo es un delito. La perspectiva de eventuales presunciones o movilizaciones tendientes a producir saqueos constituye apología del delito».
En su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, Capitanich afirmó que «no existe ni debe existir ninguna circunstancia que promueva el delito ni que pretenda consumar el delito en ninguna fecha en la República Argentina».
De esta forma, el funcionario procuró advertir sobre esta situación, que se registró el año pasado en varios puntos del país, y tuvo como disparador una huelga policial, que dejó sin protección a los centros comerciales y resultaron saqueados.
IDEA “sin ideas”
En tanto, Capitanich ironizó sobre que el coloquio empresarial que se lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata «no tiene ideas».
De esta manera, Capitanich profundizó el cruce que mantuvo el día anterior con la dirigencia empresaria cuando acusó a los asistentes de IDEA de dar «cifras falsas en materia de inflación y resultado fiscal», y pretender «socavar permanentemente al Gobierno».
«La apreciación que uno tiene del Coloquio de IDEA es que no tiene ideas», enfatizó el funcionario durante su habitual rueda prensa en la Casa Rosada.
En ese marco, Capitanich desafió a los empresarios a que busquen nuevos mercados y expandan las exportaciones. El funcionario los invitó a que, en lugar de teorizar, “identifiquen nuevos mercados” y también apliquen innovaciones productivas, para “incrementar y expandir las exportaciones”.
Dijo que si las exportaciones se expandirían por 15 o 20 mil millones de dólares “tendríamos oferta excedente de divisas”, con lo cual no se recurriría al endeudamiento externo “como lo quieren hacer en forma sistemática” y advirtió que siempre se ha hecho, contraer deuda, que significará que «nos dominen desde afuera” y “reducir grados de libertad en materia de autonomía decisoria. Hay que hacer lo contrario”, afirmó.
(DyN) – La Cámara Argentina de Comercio (CAC) exhortó hoy a las «autoridades de todo el país» a que adopten medidas de apoyo, para los comerciantes perjudicados por los saqueos y cortes de energía eléctrica registrados en diciembre, mes que dijo, es de «particular importancia» para la actividad del sector.
La entidad manifestó su «preocupación por la insuficiente respuesta que los reclamos del sector han tenido por parte de las autoridades -nacionales, provinciales y locales».
«La CAC hace un nuevo llamado a las autoridades de todo el país para que tengan a bien evaluar la posibilidad de adoptar medidas que permitan a los comerciantes afectados superar las difíciles circunstancias por las que atraviesan», expresó en un comunicado.
En este sentido, señaló que luego de gestiones realizadas por la entidad, «han existido respuestas de parte de algunos gobiernos», pero consideró que «en general» las mismas «han sido escasas y no guardaron proporción con los daños sufridos».
«En diciembre el comercio ha sido notoriamente perjudicado, primero por una serie de saqueos y actos vandálicos -que se extendieron a lo largo y a lo ancho del país, en consonancia con acuartelamientos policiales- y luego por prolongadas interrupciones en el suministro de energía eléctrica, focalizadas en el área metropolitana de Buenos Aires», destacó.
En ese contexto, la CAC planteó que diciembre es «de particular importancia para la actividad, ya que es entonces cuando tienen lugar las compras navideñas».
«Los desafortunados acontecimientos antes señalados tuvieron lugar en el momento más inoportuno, potenciándose así sus negativos efectos», concluyó.
El grupo de entidades empresarias cordobesas que conforman el denominado “G6” se reunió el miércoles por la noche con el gobernador José Manuel De la Sota para tratar temas vinculados a los saqueos de semanas atrás y otros temas de gestión.
Para contar los principales aspectos que se trataron durante el encuentro, Punto a Punto Radio entrevistó al titular de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (Cacec), que brindó algunos detalles de la reunión.
– ¿Qué conclusiones dejó la reunión con el gobernador?
– Tuvimos una larga y positiva reunión, que duró casi dos horas, en donde nosotros le planteamos la necesidad de establecer un canal institucional de diálogo directo entre el sector privado y el sector oficial, a los efectos de que el gobierno tenga una visión bien clara de cuál es el pensamiento y posición del sector privado respecto a temas que son de interés provincial. Sin lugar a duda que en la reunión estuvo presente el tema de los acontecimientos recientes, donde nosotros expresamos nuestra preocupación enfocada en el sentido de decir cómo garantizamos los derechos ciudadanos ante los reclamos de los funcionarios o empleados que cubren servicios esenciales para la población, sin ánimo de hacer valoraciones sobre lo sucedido sino con el ánimo de decir cómo aportamos para que esto no vuelva a suceder y que construyamos los canales de contención y diálogos previos a este tipo de sucesos.
– ¿Cómo lo vio al gobernador? ¿Hizo alguna autocrítica?
– El gobernador reconoce que lo tomó en un mal momento. Estos acontecimientos lo sorprendieron en pleno vuelo, porque había alguna información no confirmada previa pero nada que hiciera pensar que el conflicto iba a estallar de la manera que estalló. Reconoció que tal vez faltaron reflejos o se ajustaron específicamente a procedimientos democráticos, rechazando otro tipo de procedimientos, como escuchas telefónicas y demás, que tal vez hubieran podido evitar esto.
– ¿Cuál es el plan de acción en concreto que llevarán adelante ahora?
– La reunión tuvo como objetivo principal manifestar nuestra necesidad de este diálogo directo con el gobernador y que a partir de ahora instaláramos un canal sistemático, institucional de comunicación, que la comunicación no sea a través de titulares de prensa o a través de hechos que ya acontecieron, si no realmente tener una agenda de trabajo conjunta, a tal punto que ya se agendó la primera reunión para el día 8 de enero del 2014. A partir de ahí pienso que vamos a tener como mínimo una reunión mensual donde vamos ir tratando los temas de interés de la provincia.
– ¿Pudieron hablar del contenido del comunicado que ustedes emitieron posterior a los saqueos, que fue en un tono crítico? ¿Cómo lo tomó De la Sota?
– El comunicado tuvo un tono crítico constructivo. En nuestro comunicado fuimos abordando de distintos ángulos un análisis de lo que había acontecido, analizando la legitimidad de la protesta, buscando luego canales de diálogo para que esto no vuelva a suceder y después enfocándolo desde el punto de vista de lo que estaba revelando respecto a la sociedad y por lo tanto desde el enfoque de la educación. Y un reclamo a la Justicia para que estos hechos no quedaran impunes y para que ante esta situación similar la Justicia actué rápido. En principio esos eran los ángulos de donde se enfoco el documento y en ese sentido el gobernador coincidió en la mayoría de nuestros planteos.
“El incremento otorgado al personal policial y penitenciario en el marco de reclamo salarial que llevó a los graves incidentes de los días 3 y 4 de diciembre tiene un fuerte impacto en las finanzas provinciales” señala un informe difundido por el Observatorio de Finanzas Públicas del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes).
Entre otros aspectos, el estudio manifiesta que estos incrementos ponen a las finanzas provinciales “en rojo”, al punto de que eliminan completamente las previsiones de superávit que el Estado cordobés había estimado en el Presupuesot 2014.
Los principales puntos del estudio, que puede verse completo aquí, son los siguientes:
– Tomando como base un incremento en el salario de bolsillo ($2.000 mensuales en diciembre y enero, y $1.000 más para los agentes que se desempeñan en la calle, el cual se reconoce desde noviembre) y posteriormente un incremento en el salario básico, que a partir del mes de febrero se elevará a $8.000; el incremento en el salario de bolsillo, implica que el Gobierno debió desembolsar en diciembre $60,4 millones, un 15% más de lo que se estima eran las previsiones.
– En enero próximo, considerando la cantidad de efectivos que surge del proyecto de presupuesto 2014, el monto extra que el Gobierno deberá afrontar se estima en $51,3 millones. Sumados a los $60,4 millones que pagó a principios de diciembre totaliza un gasto extra de $111,7 millones a pagar en poco más de un mes.
– La estimación del costo salarial mensual a partir de febrero del próximo año es más compleja. Según cálculos que tienen en cuenta la escalara salarial, el proyecto de presupuesto 2014 y la ejecución al 30 de Septiembre de 2013, indican que con el acuerdo el Gobierno asumiría un costo salarial mensual estimado de $ $438,3 millones, ($369,2 en personal policial y $69,1 en personal penitenciario) un 38,7% más que los $316 millones que se desprenden del presupuesto 2014.
– El nuevo costo salarial mensual implica que en el año la Provincia deberá pagar $1.519,3 millones que no tenía previstos en el presupuesto 2014. Si los cálculos se hicieran suponiendo que la totalidad del personal policial y penitenciario cobra el sueldo mínimo (el sueldo de un agente de un año de antigüedad), dicha cifra se reduce a $1.017,1 millones.
– La magnitud de costo salarial que el Gobierno Provincial asumió en el acuerdo se entiende si se compara con el resultado financiero (superávit) previsto en el presupuesto 2014 que asciende a $942.972.000. Incluso la estimación más baja elimina el superávit previsto.
El ministro de Comunicación y Desarrollo Estratégico, Jorge Lawson, anunció hoy que los comerciantes damnificados por los saqueos quedarán eximidos del pago de Epec, Aguas Cordobesas y Ecogas, por un periodo de tres meses. La decisión fue comunicada durante una conferencia de prensa tras la reunión del gabinete provincial, concretada esta mañana en el Centro Cívico.
Lawson precisó que la Provincia está elaborando un listado de damnificados, sobre el cual se aplicará la eximición del pago de los mencionados servicios. La medida busca aliviar sobre todo la situación de los pequeños negocios y comercios que sufrieron los desmanes.
El funcionario recordó además que “una red solidaria de empresas se ha incorporado a la ayuda impulsada por la Provincia. Allí las empresas tienen facilidades para resolver cuestiones con el cambio de una vidriera y stockearse. Tenemos el compromiso de Sancor, Arcor y Coca Cola, empresas que renovarán las heladeras, marquesinas, exhibidores y darán mercadería con un plazo diferente para que los negocios entren el circuito de pago y puedan recuperarse y volver al trabajo. Hay toda una batería de actividades que estamos desarrollando para que esa gente pueda desarrollar su actividad”.
En otro párrafo, el ministro destacó que al día siguiente de los episodios del 3 de diciembre , equipos de los ministerios Industria y Desarrollo Social, y de la Fundación Banco de Córdoba comenzaron a relevar la situación y atender a los damnificados. La asistencia se está llevando adelante con la participación de Fedecom y la Cámara de Comercio de Córdoba, destacó Lawson.
A su turno, la titular de la Fundación Banco de Córdoba, Adriana Nazario, señaló que ayer se comenzó a entregar la ayuda crediticia a tasa subsidiada y con un año de gracia. “Tratamos de ser los más rápido posible porque sabemos que viene la Navidad y muchos comercios cuentan con esa fecha para incrementar sus ventas”. Al tiempo que adelantó que el Banco de Córdoba está trabajando en una línea de crédito para asistir a los grandes comercios.
En ese sentido, el Gobierno informó que el Ministerio de Desarrollo Social le entregó esta semana a 40 vecinos de la ciudad de Córdoba la asistencia económica para solventar gastos ocasionados, luego de los saqueos del martes 3 y miércoles 4 de diciembre. Son familias y pequeños comercios relevados por la mencionada Cartera los que primero recibieron este auxilio provincial, a través de subsidios y créditos blandos a devolver en hasta 36 cuotas sin interés.
Desde que fue habilitado el 0800 555 8555, el jueves de la semana pasada, 234 vecinos se contactaron para requerir asistencia. De ese total, 181 ya fueron relevados por asistentes sociales que constataron los daños ocasionados tras los saqueos y le dieron curso administrativo a lo solicitado. Los subsidios individuales están dirigidos a familias y los créditos, de hasta $ 20.000 (el 25% no reintegrable), a pequeños comercios de barrio.
Durante toda esta semana, la línea gratuita de contacto seguirá funcionando para todas aquellas personas que hayan sufrido robos en sus viviendas o comercios. El Ministerio de Desarrollo Social asiste a los pequeños emprendimientos; la Fundación Banco de Córdoba y el Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico se ocupan del auxilio de medianas y grandes superficies.
El presidente de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas de la Argentina, Miguel Calvete, vinculó los saqueos y desmanes que se vivieron la última semana en Córdoba y otros puntos del país al contexto político, y admitió que entre sus asociados hay miedo a abrir en las fechas cercanas a Navidad ante el riesgo de que estas situaciones se repitan.
Calvete habló en el programa “Todo Pasa” de Punto a Punto Radio 90.7, oportunidad en la que también dio su visión sobre cómo está el mercado de retail en este momento y de los perjuicios que les generan las grandes cadenas con la apuesta por formatos de proximidad.
– ¿Qué datos tienen sobre los saqueos de los asociados?
– En total, tenemos 28 puntos de venta saqueados y más de 30 que sufrieron tentativas.
– ¿Hay preocupación entre los asociados de cara a las fiestas, por los rumores que existen de nuevos desmanes?
– Sí, se han encendido todas las luces de alarma. Nosotros estamos sugiriendo tomar medidas precautorias: entre ellas, cerrar más temprano, no sobrestockearse y, si no se brindan las garantías mínimas de seguridad, directamente no abrir para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Estamos en lugares y zonas con mucha vulnerabilidad social y, lamentablemente, entendemos que hay que extremar las medidas e instar a los responsables de la seguridad que se concentren en esas zonas donde operan estos grupos de delincuentes, que no son gente carenciada. Acá lo que hemos visto y se ha comprobado es que es gente vinculada a distintos sectores políticos. Lamentablemente estamos viendo una suerte de pase de factura pos electoral sumado a este caldo de cultivo que generó la actitud de la Policía.
– En este contexto complicado, seguramente las nuevas aperturas se van a pensar dos veces…
– Ya no se estaban generando mayor cantidad de aperturas. Lamentablemente hay una concentración por parte de las grandes cadenas que hacen muchas aperturas. El impacto negativo es a todo nivel para las pequeñas y medianas industrias, porque las grandes cadenas se proveen de 25 o 30 multinacionales y no les dan posibilidad a las industrias locales de posicionar sus productos. De hecho, vemos una política en Córdoba muy fuerte de una cadena francesa que perjudica a todo el comercio minorista, sea un súper chino o un almacén de barrio que muchas veces son la vidriera de una pyme, puesto que el 40% de lo que venden pertenece a empresas locales o pymes que les dan posibilidades de desarrollarse.
– ¿Cómo cierran el año en cuanto a las ventas?
– Hay un amesetamiento del consumo, esperábamos diciembre pero con estas circunstancias hay que ver cómo termina. Vamos a esperar que pase para hacer la evlauación final.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, encabezó un encuentro con el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Según afirmaron luego los mandatarios, dialogaron acerca de la deuda pública de la provincia y su refinanciación; obras de infraestructura como el acueducto Los Molinos y la situación de seguridad pública, luego de la protesta policial y los saqueos en la capital de la provincia.
“Acordamos un mecanismo de refinanciación de la deuda pública de la provincia para 2014, por 966 millones de pesos, computando intereses de deuda”, dijo Capitanich en conferencia de prensa desde la Sala de Audiencias de la Casa Rosada.
Además, aseguró que fue posible «elaborar una agenda bilateral con múltiples temas como la autorización para un endeudamiento con la Corporación Andina de Fomento, por 446 millones de pesos, para la obra acueducto Los Molinos».
En este sentido, también anunció el financiamiento, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), para la Central Pilar de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) y el esquema de financiamiento que tiene la empresa Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).
“Nosotros podemos calificarla como una reunión constructiva con objetivos y metas para ir trabajando en políticas públicas de impacto territorial”, dijo el jefe de Gabinete.
Además, el funcionario nacional indicó que en el proceso de refinanciación de deudas de las provincias hay un monitoreo de las metas fiscales, de inversión, de implementación de políticas de seguridad pública, salud y socio-culturales.
Por su parte, De la Sota dijo que se están logrando “caminos de entendimiento para los problemas de los cordobeses” y afirmó: “Nos sentimos reconfortados con este diálogo».
Protestas policiales y saqueos
En cuanto a los reclamos salariales por parte de fuerzas de seguridad de las provincias, protestas que comenzaron en Córdoba el martes de la semana última y en la que hubo saqueos, heridos, muertos y detenidos, Capitanich dijo que siente un “profundo dolor” por los fallecidos y envió sus “condolencias” a los familiares de las víctimas.
“Hoy, celebramos 30 años de ejercicio ininterrumpido de la democracia, garantizando pluralismo. También, significa desterrar el odio y la violencia”, dijo y reiteró la convicción de que las provincias tienen la plena potestad del manejo de sus fuerzas de seguridad.
Capitanich aseguró que los actos de vandalismo fueron perpetrados por “grupos anárquicos, violentos, que promovían saqueos, con grupos organizados” y los calificó como una “extorsión a los gobiernos provinciales”.
De la Sota dijo que en lo que respecta a los sucesos acaecidos “quiero pedirle disculpas a los cordobeses que esperaban más de nosotros, del Gobierno nacional, de la policía y de los propios vecinos”.
El gobernador indicó que “era impensable para cualquier gobernante que una reclamación salarial terminara en lo que vivimos en el país, en la desprotección policial”.
De la Sota le comunicó al jefe de Gabinete que está restablecido el orden en la provincia y que la Justicia está actuando con severidad para encontrar a los responsables de los actos de vandalismo
“Tenemos la mano tendida a aquellos que vivieron momentos horrorosos. Vivir en esas condiciones es muy duro. La Gendarmería nos apoyó muchísimo, se terminó el reordenamiento. Hemos hecho un cambio total de las cúpulas policiales de la provincia. Los nuevos tienen que reconstruir la fuerza y ganarse la confianza de la gente”, aseguró el mandatario provincial.
Además, De la Sota dijo que la situación que se ha vivido en todas las provincias con reclamos en “incalificable” y que “puede haber un reclamo” de los efectivos policiales “pero no bajo extorsión” y la desprotección de los ciudadanos. “Es inaceptable que un policía abandone su función por un reclamo salarial. Mucho menos cuando hay investigaciones que indican que muchos grupos amotinados incentivaron a los saqueos. Necesitamos saber que pasó”, aseguró el gobernador.
El gobernador José Manuel De la Sota le aceptó hoy la renuncia a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien había quedado muy golpeada por la crisis policial que desembocó en la ola de saqueos y actos de delincuencia que afectaron a más de mil comercios de toda la provincia y tuvieron el saldo trágico de dos muertos durante la semana pasada.
El mandatario lo anunció en el marco de una conferencia de prensa en el Centro Cívico en el que designó a toda la nueva cúpula policial. El nuevo Jefe de la Policía es Julio César Suárez, que estará secundado por Héctor Laguía. En tanto, el flamante director General de la Policía en Córdoba capital es Claudio Viñeta, mientras que su segundo será Néstor Gamberte. El resto de los nuevos cargos son los siguientes: director General de la Policía Caminera, Ricardo Domín; director de Investigaciones Criminales, Miguel Ángel Oliva; director de Recursos Humanos, Walter Moyano; director de Lucha contra el Narcotráfico, Walter Díaz; director de Departamentales Norte, Mario Cornavaca; y director de Departamentales Sur, Miguel Castelo.
En el acto, el gobernador les deseó «éxitos en la tarea de reconstrucción y también que pongan todo su empeño para recomponer la relación de amistad que debe existir entre la sociedad civil y la fuerza policial, principal responsabilidad de cuidar la vida, los bienes y la tranquilidad de las familias cordobesas». «El Gobierno respalda a todos estos oficiales que asumen la enorme tarea de devolvernos la tranquilidad y la paz social a los cordobeses», remarcó.
Paralelamente, De la Sota aprovechó para renovar gran parte de su gabinete de ministros, sumando a seis intendentes a sus filas. Walter Saieg (Alta Gracia) será el nuevo ministro de Gobierno (cartera que reemplaza a la jefatura de Gabinete que encabezaba Oscar González quien ocupará su cargo de legislador obtenido en 2011) y Seguridad; y tendrá bajo su ámbito de acción al nuevo secretario de Asuntos Municipales, Juan Rufeil (La Calera); y al de Relaciones Institucionales, Osvaldo Vottero (Oncativo). Mientras tanto, se confirmó que el mandatario de San Francisco, Martín Llaryora, asumirá como ministro de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Tecnológico (reemplaza a Jorge Lawson que asumirá en el nuevo Ministerio de Comunicación y Estrategia); y que el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, será el mandamás de Melo, Julián López. Asimismo, la cartera de Salud, hasta ahora ocupada por Carlos Simon, recibirá al legislador Francisco Fortuna. El otro intendente que ingresará al Gabinete delasotista será el de Morteros, Germán Pratto, como secretario de Ambiente.
Todas estas nuevas figuras asumirán el próximo miércoles a las 17 en el Centro Cívico.
El Banco Credicoop anunció una línea de créditos especiales para aquellos comerciantes o particulares asociados a la entidad que hayan sufrido daños durante las 36 horas de caos que vivió la ciudad de Córdoba entre el martes y el miércoles a raíz del “autoacuartelamiento” policial.
“Con el sentido cooperativista y solidario de siempre, Banco Credicoop ofrece una línea de crédito en condiciones especiales para ser destinadaa recomponer stock, refacción de locales e instalaciones afectadas, a aquellos asociados de la ciudad de Córdoba que se vieron afectados por los hechos de conocimiento público ocurridos esta semana”, informaron desde la entidad cooperativista.
En concreto, desde la compañía financiera decidieron ofrecer préstamos de hasta $ 200.000 con una tasa nominal anual del 15,25%, que deben ser devueltos en un plazo máximo de 24 meses, contando con un período de gracia de seis meses a tal fin.
Quienes deseen más información, deben dirigirse a su filial Credicoop. En la ciudad de Córdoba, el banco cuenta con 8 sucursales: Alem (Leandro N. Alem 1.650), Alta Córdoba (Mariano Fragueiro 2.134), Poeta Lugones (Fray Luis Beltrán esquina Cardeñosa), Centro (Buenos Aires 23/31), Las Flores (Vélez Sarsfield 4.104), Peatonal (San Martín esquina La Rioja), Ruta 20 (Av. Fuerza Aérea 1.811), San Vicente (San Jerónimo 2.692) y Los Boulevares (Avenida La Voz del Interior 7.500).